La agenda de género se aceleró y hoy no podrían nombrarse dos hombres en la Corte como en 2016

por Irene Benito

Autor

Irene Benito

Publicado el

2021-05-26

Tags

GéneroIgualdadCorte Suprema de Justicia de la NaciónPoder Judicial

La jurista Bergallo dice que la igualdad aún está lejos.


La jurista Bergallo dice que la agenda de género se aceleró en los últimos años y que hoy sería más difícil nombrar a dos ministros varones, como ocurrió en 2016

La entrevista en cinco definiciones

“Las mujeres tienen que ir a la Justicia porque es un poder del Estado que debería, en alguna dimensión, reflejar a la sociedad en el sentido de la representación simbólica o de la diversidad”

“Los órganos colegiados o instituciones monopolizadas por varones configuran en sí mismos una vulneración a la idea de la diversidad. Para que esto cambie no hace falta una regla específica”

“Al proponer los nombres para los cargos inferiores de la Justicia, el presidente debería respetar la cláusula de igualdad ante la ley y los tratados que impiden la discriminación”

“Es llamativo que las oficinas de la Mujer de los poderes judiciales del país no lleven un registro de los casos importantes en materia de género que las cortes deben definir”

“El Mapa de Género que elabora la Corte de la Nación se concentra en la magistratura. No existe un estudio de lo que sucede en los otros estamentos ni sobre cómo se distribuyen las oportunidades”

Paola Bergallo defiende que las mujeres deben integrar el sistema judicial no por los resultados que su incorporación vaya a producir sino porque las organizaciones del Estado deben representar a la sociedad a la que sirven. La jurista experta en género refiere que esa idea de representación y de igualdad emanada de la Constitución, del derecho internacional y de la propia jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es suficiente para que el Poder Ejecutivo se autolimite, e impida la configuración de espacios judiciales discriminatorios. Bergallo considera que en los últimos años avanzó el reclamo de diversidad, pero que eso no modificó la matriz conservadora del Poder Judicial y pronostica que la resistencia continuará incluso tras la sanción de la legalización del aborto. “Que la Corte nunca haya sido presidida por una mujer simboliza cuán arraigadas están las estructuras de dominación masculina”, opina.

-¿Qué significa que a las mujeres les cueste más llegar a los cargos de decisión del Poder Judicial en términos de la justicia que este imparte?

-Siempre es difícil hacer esta afirmación empírica de que más mujeres hacen mejor a la Justicia en términos de los servicios que reciben los ciudadanos. Es una pregunta que se ha planteado mucho la investigación en cuanto a la búsqueda de la relación entre la participación de las mujeres, y los resultados judiciales igualitarios o más justos. La discusión intelectual ha tratado de desmarcarse de este punto porque en algunos momentos ocurrió que la evidencia no resultaba concluyente o era contradictoria, y en otros sí se vio que la mayor participación de mujeres en la Justicia generaba efectivamente diferencias. La cuestión ha pasado y pasa por el hecho de que no importa si la inclusión de más mujeres produce mejores resultados porque, en todo caso, esa mirada consecuencialista está asociando la idea de que hay que estar en la Justicia para lograr más pronunciamientos sobre las mujeres. Hay una conversación previa que sostiene que las mujeres tienen que ir a la Justicia porque es un poder del Estado que debería, en alguna dimensión, reflejar a la sociedad en el sentido de la representación simbólica o de la diversidad. Más allá de quiénes sean esas mujeres y, si, cuando llegan, representan más o mejor a la mujer, o se ocupan de los temas que la afectan, existe una dimensión anterior que es que un poder del Estado debe estar integrado con la diversidad con la que está integrada la sociedad.

-Los frutos de la participación de las mujeres no puede, entonces, ser la razón de su inclusión...

-Además, hay que definir qué es una Justicia que beneficia a las mujeres porque podés tener una organización que, por ejemplo, provee muchos avisos de prevención de la violencia basada en el género y hace muy poco para reconocer los derechos laborales de las mujeres. Es muy difícil que esa actuación dé, al final del día, un resultado positivo acerca del acceso de las mujeres a sus derechos. Es suficiente con que haya un argumento ético: el Poder Judicial, como poder del Estado, debe expresar lo que la sociedad es y el género integra una de las categorías de la diversidad social.

-¿Cómo se consigue que eso suceda?

-En mi tesina de maestría de la Universidad de Stanford, que terminé en 2004, sobre la selección de jueces y juezas con asiento en la Ciudad de Buenos Aires sugería que debía haber un cupo. Tiene que haber una política de acción afirmativa, que puede ser una cuota, un porcentaje de asientos o la aplicación de criterios de diversidad. Esto último implica el compromiso de asumir que es necesario constituir órganos diversos. Los órganos colegiados o instituciones monopolizadas por varones configuran en sí mismos una vulneración a la idea de la diversidad. Para que esto cambie no hace falta una regla específica, sino que es suficiente con el deber ser fundado en la Constitución, en el derecho internacional y en las interpretaciones que hizo la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la igualdad.

-¿Con la voluntad basta, entonces, para resolver el choque de cláusulas constitucionales que existe, por ejemplo, entre la potestad del presidente de la Nación para elegir a quien desee dentro de la terna, y los principios de igualdad y de promoción de los sectores más postergados?

-El presidente (Néstor Kirchner), por ejemplo, con el Decreto 222 de 2003 se autorrestringió comprometiéndose a hacer designaciones para la Corte de la Nación que fuesen diversas en materia de género y de origen territorial. Ahí el Poder Ejecutivo interpretó que el respeto por la diversidad es un compromiso establecido por la Constitución. Me parece que ese mismo mandato se aplica a la lectura sobre cómo ordenar las ternas para cubrir cargos judiciales inferiores. Al proponer los nombres para los cargos inferiores de la Justicia, el presidente debería respetar la cláusula de igualdad ante la ley y los tratados que impiden la discriminación.

-¿Cómo evaluás el funcionamiento de las oficinas de la Mujer creadas en la Corte de la Nación y en los poderes judiciales provinciales?

-Abordé este tema con Aluminé Moreno en un trabajo titulado “Hacia políticas judiciales de género” que desarrolla una investigación exploratoria de estos espacios hacia diciembre de 2015. Hicimos unas encuestas muy profundas y lo que vimos era que se trataba de ámbitos en construcción con distinto tipo de avance, y que habían producido un primer tipo de incidencia en el Poder Judicial vinculada con la sensibilización en una temática que estaba totalmente afuera del radar de formación de los actores. Veíamos experimentos en curso con poco presupuesto; recursos humanos insuficientes; mucho foco en violencia y gran dificultad para avanzar en otros temas. Es cierto que en los últimos cinco años hubo modificaciones sustanciales por el movimiento #NiUnaMenos y los cambios estructurales que experimentó la agenda de género del país, de modo que sería necesario hacer una revisión de las oficinas de la Mujer. Habría que ver si la creación de ministerios y agencias específicas en los poderes ejecutivos cubrió el vacío que había en materia de políticas públicas y si eso no requiere otro tipo de trabajo para las oficinas de la Mujer. Es llamativo que esas organizaciones no lleven un registro de los casos importantes en materia de género que las cortes deben definir. Trabajan en capacitación, en sensibilización y en la producción de algunos recursos, como los mapas de género, pero no llevan los debates judiciales ni los acompañan ni generan materiales que contribuyan a la toma de decisiones. Tampoco aportan información para que la sociedad civil lo haga mediante, por ejemplo, la presentación de amicus curiae. Ahí ya ves cierta desconexión. Otra cuestión es que dentro de las mismas cortes no hay políticas de promoción de las funcionarias. El Mapa de Género que elabora la Corte de la Nación se concentra en la magistratura. No existe un estudio de lo que sucede en los otros estamentos ni sobre cómo se distribuyen las oportunidades. Las posibilidades de intervención son, en general, limitadas. Quienes están a cargo de las oficinas se mueven con pasos pequeños a medida de que ganan confianza en la institución y preferentemente en los asuntos consensuados, y menos en los disruptivos, como las que tienen que ver con la igualdad en el interior del Poder Judicial. Al mismo tiempo son un avance frente a lo que ocurría antes, que no había nada.

¿Cómo creés que va a influir la reedición del debate sobre la legalización del aborto en el espacio judicial?

-Es muy difícil saberlo. El Poder Judicial ya está atravesado por este tema. Durante muchos años la Acción Católica trabajó para ubicar a sus miembros en los poderes judiciales del país. Esto comienza a ser así en los años 30 y se siente hasta hoy. El feminismo debió hacer un esfuerzo contramayoritario en los Tribunales para que haya avances en los derechos reproductivos porque había decisiones muy conservadoras en este tema. Esta estrategia fue exitosa por goteo en algunos tribunales y en algunos momentos, pero siempre convivían con jueces que seguían plasmando una visión muy sesgada y de índole religiosa. Hay una narrativa que dice que había una situación neutral y que, llegó el debate, y la gente se polarizó. La versión que yo conozco de la historia, a partir de observaciones llevadas adelante en los últimos 20 años, indica que la Justicia fue un lugar de la batalla conservadora de esos derechos en los que el feminismo, de a poco y con otros actores dotados de una mirada más liberal o moderna del derecho constitucional, pudo empezar a desandar esa construcción. Pero ese trabajo no está hecho en todo el país y no ha logrado cambiar al Poder Judicial. Si avanzara el debate del nuevo proyecto de ley de legalización del aborto y el Congreso de la Nación sancionara una ley, la posibilidad de que los Tribunales vayan a dejar de ser un espacio de confrontación política es remota, sobre todo en ciertas provincias donde los poderes judiciales siguen tomados por las concepciones afines a la Acción Católica. En la Ciudad de Buenos Aires los casos se ganan con mayor facilidad y, también, en Chubut, pero allí ya aparecieron jueces que intentaron revertir la jurisprudencia más progresista. En otros lugares hubo triunfos con cuentagotas, y casi siempre vinculados a una presión nacional en el seguimiento y la cobertura mediática. Esto va a seguir siendo así y tampoco habrá una expresión homogénea. Hay jueces convencidos en sus posiciones religiosas, otros moderados, y otros que simplemente son oportunistas y protegen su carrera. Se ve, entonces, una militancia activa de un lado y del otro; militancia más legal; ultramontanos y ultramontanas, y quienes son deliberadamente ambiguos en estos temas por conveniencia profesional. Todo eso está ocurriendo al mismo tiempo.

-Que nunca una mujer haya llegado a la presidencia de la Corte de la Nación, ¿es un síntoma de las dificultades que enfrentan las mujeres en la Justicia o directamente expresa una discriminación?

-Simboliza lo arraigada que están las estructuras de dominación masculina. Refleja un fenómeno más estructural respecto de la exclusión de la mujer de los espacios de poder y de decisión. Lo interesante de advertirlo en la Corte es que uno esperaría que las instituciones del Estado, de la democracia y de la Justicia fueran representativas de la sociedad, y vemos que en más de 150 años de funcionamiento continúa la preeminencia masculina hasta para el reemplazo de una ministra (Carmen Argibay), como sucedió en 2016. Eso refleja que en el sentido común de la dirigencia no era obvio que cada vez debía haber la misma cantidad o más mujeres que las incorporadas. Hace cuatro años ese consenso no existía, y, por ello, fueron nombrados Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Me atrevo a pensar que eso hoy sería más difícil.

BIO

Paola Bergallo es profesora asociada de la Escuela de Derecho de la Universidad Torcuato Di Tella e investigadora adjunta del Conicet. Es abogada graduada con honores de la Universidad de Buenos Aires; doctora en Derecho y magíster en Investigación Socio-Jurídica de la Universidad de Stanford (Estados Unidos) y magíster en Derecho de la Universidad de Columbia (Estados Unidos). Ha sido becaria de las Universidades de Stanford y Harvard; de la Fundación Hewlett y del Consejo de Investigaciones de Noruega. Enseñó en las universidades de Palermo y San Andrés, y en instituciones extranjeras como las universidades Pompeu Fabra (España), de Los Andes (Colombia) y de Puerto Rico. Sus áreas de investigación y docencia incluyen el derecho público; los derechos a la salud; los estudios de género y la investigación sociojurídica.

GéneroIgualdadCorte Suprema de Justicia de la NaciónPoder Judicial

Ver otros artículos relacionados

  Cargando artículos