Estamos ante una situación inédita. Pocas veces la Corte Suprema se enfrentó de esta manera a los poderes políticos (hasta ahora la solución más común y menos comprometida en casos institucionales que involucraban a otros poderes había sido similar a la propugnada por Lorenzetti en este mismo fallo: “que el Congreso sancione una ley superadora en un plazo razonable” o directamente la solución que brindó en el caso de la democratización de la justicia: “se deja sin efecto esta ley”). En cambio, ahora, la mayoría del Alto Tribunal le impuso a numerosos actores del sistema una serie de mandatos en un plazo brevísimo (en comparación a los que están acostumbrados). Con la famosa tipografía Courier, los tres integrantes que votaron de esa manera dispusieron:

Ordenar al Consejo de la Magistratura que, dentro del plazo máximo de ciento veinte (120) días corridos contados desde la notificación de la presente sentencia, disponga lo necesario para la integración del órgano, en los términos de los arts. 2 y 10 de la ley 24.937 (texto según ley 24.939). Transcurrido dicho plazo sin que se haya completado la integración mencionada, los actos dictados por el Consejo de la Magistratura serán nulos. Desde la notificación de la sentencia y hasta tanto el Consejo cumpla con este mandato o hasta el vencimiento del plazo de ciento veinte (120) días corridos referido, lo que ocurra primero, regirá el sistema de la ley 26.080.

Pocas veces el Poder Judicial y los actores vinculados a él, tan adeptos al status quo, tuvieron un desafío de esta naturaleza y, por lo tanto, es bastante incierto saber qué deparará el destino.

Una interpretación posible sería que el Consejo puede funcionar alcanzando las mayorías necesarias en una composición de 20 y no ya de 13, aún si el Congreso y la representación de la abogacía no envían sus representantes faltantes(es decir, con 18 integrantes). Sin embargo, la Corte parece haber dicho que hasta que no estén los 20 integrantes no volvería a funcionar el organismo (transcurrido dicho plazo sin que se haya completado la integración mencionada, los actos dictados por el Consejo de la Magistratura serán nulos).

Considerando la actual situación política del país, el contexto de bloqueos cruzados entre distintos sectores de la “grieta” y la comodidad de los jueces con el mecanismo de subrogancias es razonable intuir que la paralización del Consejo luego del 16/04 es el escenario más probable.

En efecto, no imaginamos que se vaya a conformar con nuevos integrantes el cuerpo antes del plazo establecido debido a una serie de trabas. La principal es que, después de la elección de medio término, el Congreso quedó en situación de bloqueo entre las dos fuerzas mayoritarias y, peor todavía, cada una de esos interbloques con duras internas que hacen difícil imaginar los acuerdos que se requieren para que cada Cámara remita el o la integrante de la segunda minoría. La frustrada convocatoria del Poder Ejecutivo a sesiones extraordinarias ilustra claramente algunos de los problemas del oficialismo a la hora de tratar determinados asuntos.

Para peor, en la representación de la Cámara de Diputados hay una situación muy particular: en 2018 se unieron el bloque de Unidad Ciudadana y el Frente Renovador (ahora ambos parte del Frente de Todos) para constituirse en la primera mayoría y lograr dos lugares en el Consejo. Así, el primer lugar por el peronismo kirchnerista lo obtuvo Wado de Pedro y el segundo lugar lo ocupó Graciela Caamaño. Actualmente, la segunda minoría en la Cámara de Diputados es el bloque Alternativa Federal, al que se incorporó Caamaño luego de que el Frente Renovador se integrara al Frente de Todos. Es decir que cumplir el fallo implicaría que la segunda minoría se quede con dos lugares y las fuerzas mayoritarias solo con uno.

Podría llegar a interpretarse que el Consejo puede funcionar sin esos dos representantes del Congresos pero eso choca contra el modo explícito utilizado por la Corte en cuanto a que transcurrido el plazo que otorgó a los distintos actores involucrados sin que “se haya completado” la integración de la ley anterior torna nulos las disposiciones del organismo.

No es inimaginable entonces que el Consejo quede paralizado, al menos hasta diciembre. El bloqueo cruzado entre oficialismo y oposición hace que ya de por sí salgan pocos acuerdos (sobre todo en selección de magistrados y magistradas). Además, el oficialismo tiene mucho interés en que el Presidente de la Corte no vuelva a presidir el organismo por diversas razones: hasta ahora ha logrado que sus aliados (los consejeros Lugones y Molea) se queden con la Presidencia; sería una señal de mucha debilidad ante quien le acaba de torcer el brazo y, además, preferirían que nadie lo tenga antes que ceder ese bastión que tiene una importancia estratégica en el uso de recursos y designaciones.

En nuestra triste experiencia institucional ya hay antecedentes de organismos públicos paralizados. El caso más claro es el de la Defensoría del Pueblo, que está hace más de doce años vacante. Por otra parte, el Ministerio Público Fiscal lleva cuatro años y medio con un titular interino y, por algún motivo, tiene parte de su funcionamiento paralizado. En este informe ACIJ detalló que hay una cantidad de vacancias inauditas que afectan el funcionamiento de buena parte de las fiscalías.

¿Qué sucedería con un Consejo paralizado al menos hasta diciembre? Los aumentos de salarios del conjunto del Poder Judicial de la Nación los define -extrañamente- la Corte Suprema, por lo que no hay ningún riesgo por allí para integrantes del sistema judicial. Además, a ningún actor judicial le molesta mucho que no funcione la Comisión de Acusación y Disciplina ni tampoco la Comisión de Reglamentación es muy activa promoviendo reformas en la organización del sistema judicial. Quizá el punto más crítico sea el de la Comisión de Administración Financiera que tiene a cargo renovaciones de contratos de alquiler, licitaciones de obras, compras, reparaciones y mantenimientos de los edificios y vehículos del Poder Judicial. Es probable que ante un pedido de aclaración la CSJN le otorgue la posibilidad de seguir definiendo ese tipo de cuestiones cotidianas.

En principio, **la parálisis podría llegar hasta diciembre porque es de suponer que los distintos estamentos elegirán todos sus nuevos representantes para esa fecha que es cuando se debe producir la renovación total.**También podría suceder que se produzca un acuerdo político entre las dos principales fuerzas políticas para sancionar una nueva ley del Consejo antes de ello. El principal punto de disputa es si el Presidente de la Corte también va a presidir el Consejo y aquí la oposición parece haber advertido la relevancia que tiene para el oficialismo que esto no ocurra y, por ende, presentar un proyecto unificado con esa incorporación específica. Antes que el oficialismo expusiera tan claro su repulsión a tener al Presidente de la Corte en el Consejo hubieran podido llegar a un acuerdo con un proyecto que tenga equilibrio entre estamentos, lo que ahora parece bastante más difícil.

Sin perjuicio de todo lo dicho, existe alguna posibilidad de que finalmente la mayoría en el Congreso cambie de opinión y remita los integrantes por la segunda minoría para evitar la paralización del organismo. Si eso ocurriera, se generarían cambios importantes debajo de la superficie. Además de renovación de autoridades (con menor peso del oficialismo) seguramente se producirían nuevos nombramientos en los puestos intermedios, principalmente en el área de administración de los recursos económicos. Dependiendo de cómo sea el resultado de las elecciones de abogados y jueces existe la posibilidad de que se conforme una mayoría contraria al actual poder político de turno, quizá anticipándose a la percepción que tiene la justicia de que 2023 traerá un cambio en el balance político de fuerzas (la justicia suele anticiparse a los tiempos). Quizá por esta razón el oficialismo prefiere la parálisis a un Consejo poco favorable a sus intereses.

En fin, falta poco para la fecha clave y el conflicto en Ucrania seguramente le sacará centímetros a la noticia haciendo que el costo de dejarnos sin organismo que regula la justicia sea menor. Pero lo cierto es que ya nos han dejado sin Defensoría del Pueblo, prácticamente sin Ministerio Público Fiscal y ahora van por más.