Este informe forma parte de un dossier con cuatro partes, que incluye tres investigaciones, una relativa a las cifras registradas en cada etapa de aquel órgano; otra sobre el rendimiento del Jurado de Enjuiciamiento y otra acerca de una encuesta con concursantes.

Se cumplieron hace pocos días 25 años del inicio de actividades del Consejo de la Magistratura de la Nación. Un aniversario muy importante que no trascendió ni siquiera desde el propio organismo, y que llega con pocas razones para celebrar.

En estas páginas intentaremos hacer un breve recorrido histórico, nombrar hitos relevantes, identificar algunas de las razones que impidieron que este organismo cumpliera plenamente con su misión constitucional y proponer brevemente algunas reformas que deben llevarse adelante para que finalmente lo haga. Adelantamos que si no se producen cambios estructurales trascendentes, esta institución irá languideciendo progresivamente, y se rendirá a dejar atrás su función esencial en pos de preservar intereses políticos, perjudicando notablemente el funcionamiento de la justicia argentina.

Para entender la película, conviene empezar por la foto.

En esta nota de JusTA se describía hace unos meses el deterioro actual en que se encuentra el organismo. Prácticamente no hay reuniones plenarias (este año se llevaron adelante solamente cinco, con temas muy puntuales, cuando en los primeros años se realizaban dos por mes con temarios muy amplios), existen muy pocas reuniones de comisiones, caducan prácticamente todos los expedientes disciplinarios por falta de investigación, se demoran cada vez más los concursos y se han producido irregularidades inaceptables para un organismo de esta naturaleza como la desaparición de numerosos anexos a declaraciones juradas de jueces (sobre esta irregularidad, ver esta nota).

Para entender cómo llegamos a esta situación corresponde hacer un poco de historia y entender las distintas etapas por las que fue atravesando el Consejo (que se fueron delineando a partir de las modificaciones de las leyes y de los distintos gobiernos que se fueron sucediendo pues, a diferencia de lo prometido en los debates constituyentes, la política partidaria tuvo cada vez más injerencia en los destinos de la institución).

Primera etapa: La responsabilidad de lo novedoso

A fin de 1998 comenzó a funcionar el Consejo en una sala grande y señorial del palacio de tribunales. Presidía las reuniones plenarias el Presidente de la Corte, Julio Nazareno, quien participaba de muy pocas reuniones plenarias y era reemplazado por el juez Bindo Caviglione Fraga. La estructura administrativa era aún pequeña (alrededor de diez personas en la Secretaría General y seis personas por comisión). Cada Comisión del organismo se reunía una vez por semana y el plenario del Consejo cada dos semanas.

Aún no existía la grieta política que existe hoy, por lo que se iban adoptando normalmente decisiones relativas a los concursos, investigaciones disciplinarias y a la administración financiera. Los estamentos no partidarios (abogados/as, académicos/as y jueces/zas) no estaban alineados con los sectores políticos lo cual -lejos de perfilar dos bandos- generaba distintas fuentes de interés. Quizá el sector más fuerte en esta etapa fuera el judicial -que además de sus representantes- tenía siempre numerosos concursantes generando lobby para ingresar a la judicatura o para lograr el cierre de investigaciones disciplinarias.

Se trataba de un Consejo con muchas más voces que las actuales. Por empezar, los estamentos políticos eran integrados también por un representante de la segunda minoría de cada cámara legislativa. Se trataba de diputados y senadores que no tenían los intereses de los dos bloques mayoritarios y que, por lo tanto, podían controlar lo que los sectores más poderosos hacían. Podemos incluir aquí a Jorge Solana, del Movimiento Popular Neuquino, Oscar Massei, del Frepaso y Marcela Rodriguez del ARI. A su vez, entre las listas de jueces y juezas estaba la Lista Azul, que se mira con nostalgia ahora pues no tenía entre sus fines defender corporativamente a sus representados sino promover mejoras en el sistema judicial. Si eso incluía investigar a jueces/zas que estaban realizando mal su trabajo lo hacían sin pruritos. El representante de la lista Azul en el Consejo era Javier Fernandez Moores, quien poco después de terminar su mandato renunció a la judicatura y se dedicó a la actividad privada.

Segunda etapa: un Consejo más atravesado por intereses políticos

En el año 2005 se discutió y aprobó una reforma legal para llevarlo de 20 integrantes a 13. Los siete representantes que se perdieron fueron el Presidente de la Corte, dos de la abogacía, uno por la justicia, los dos representantes de las segundas minorías y un académico/a, que eran quienes dificultaban un funcionamiento más previsible para los factores de poder. La circunstancia de que al sector judicial solo le recortaran un representante en lugar de dos como a la abogacía muestra cabalmente el poder que siempre tuvo en el organismo el sector de la justicia. En la discusión parlamentaria, la diputada Marcela Rodriguez (que también ocupaba un lugar en el Consejo) advertía que con esa reforma “el oficialismo puede bloquear cualquier acusación o nombramiento, ya que al pasar del 25 al 40 por ciento su representación, no hay manera de que los demás integrantes alcancen los dos tercios necesarios”. Las organizaciones de la sociedad civil (entre las que estaban ACIJ, Poder Ciudadano, CELS, INECIP, CIPPEC) reclamamos en ese momento por lo que consideramos una reforma inconstitucional. Recién la Corte en 2021 atendería un planteo judicial por esta situación.

Los números no mentían porque ocurrió lo que se esperaba. Desde 2006 a 2021 los respectivos oficialismos pudieron negociar con el sector de la judicatura para generar los nombramientos que, a cada quien, le interesaban especialmente. Los oficialismos tienen siempre interés en los cargos políticamente sensibles (particularmente, Comodoro Py, la justicia contencioso administrativo federal y la justicia electoral). Los jueces y juezas suelen buscar la designación de sus representados en todos los fueros y protegerlos de las denuncias que se les realizan.

Si se revisa el listado de integrantes del Consejo durante esos años resulta difícil identificar a consejeros que no tengan un perfil de político profesional alineado puramente a los intereses corporativos a defender según la pertenencia estamental. En relación a la primera etapa se perdió cierta espontaneidad que tenía aquélla, seguramente relacionada a la novedad del organismo.

Tercera etapa: la grieta llega a la justicia

En determinado momento, que podemos tratar de situar alrededor de 2010/2011, la grieta política del país empezó a apoderarse del organismo. Paulatinamente, los estamentos de la abogacía, judicatura y academia fueron siendo “tomados” por el enfrentamiento entre los dos sectores políticos mayoritarios. Básicamente, las listas para las elecciones en esos estamentos se fueron tiñendo de colores partidarios, algo que previamente no ocurría. En JusTA tenemos muchos artículos sobre esta situación y el perjuicio que le generó a la justicia esta división (aquí, aquí y aquí algunos ejemplos). Más allá de cuestiones subjetivas, lo que es seguro es que la grieta redujo notablemente la productividad del organismo, pues les resultó muy difícil alcanzar los ⅔ de los votos para tomar las decisiones más trascendentales.

Al poco tiempo de introducirse la grieta en el Consejo comenzaron a reducirse las reuniones plenarias y de comisión, pues se iban logrando cada vez menos acuerdos (en general, los asuntos llegan a las comisiones y al plenario cuando existen ciertos contactos previos que indican que los asuntos podrán ser aprobados).

Lejos de buscar promover un buen funcionamiento de la justicia, comenzó a predominar en el espacio la defensa de intereses políticos. Durante este período se produjeron numerosos escándalos, que incluyeron gritos y casi golpes de puño (aquí un ejemplo en la destitución del juez Freiler impulsada por Juntos por el Cambio).

Cuarta etapa: vuelta a la composición original, parálisis y a la espera del impacto del cambio de gobierno

En diciembre de 2021, luego de 15 años de presentado el caso ante la justicia y con una demora de cinco años por parte de la propia Corte Suprema, el Alto Tribunal declaró la inconstitucionalidad de la conformación del Consejo de la Magistratura de 13 integrantes por violar el equilibrio entre los estamentos (aquí un resumen de los fundamentos y aquí un análisis de Mariela Puga sobre las virtudes y debilidades del fallo). A partir de allí, cada estamento debió organizar la designación de cada representante, los que no estuvieron para nada exentos de polémicas y litigios.

Por un lado, en el Senado el bloque del Frente de Todos se dividió para conseguir dos representantes por la mayoría y uno por la primera minoría. La justicia dictó una medida cautelar para que no asuma el senador por la segunda minoría (Martin Doñate) y recién hace pocos días la Corte Suprema resolvió a favor de Luis Juez de Juntos por el Cambio con el argumento de que se trató de una división ficticia. A su vez, en el sector académico, la UBA presentó una acción judicial para que los representantes fueran elegidos de manera directa por los catedráticos en lugar de en un sistema indirecto con electores como existe actualmente (uno por cada cincuenta profesores titulares) y beneficia a las universidades pequeñas que tienen muy pocos profesores titulares. El planteo no prosperó y asumieron dos profesores impulsados por universidades pequeñas y medianas. Por otra parte, la elección de abogados se partidizó de tal manera que asumió Héctor Recalde, que anteriormente había sido representante por la Cámara de Diputados por el Frente de Todos, y Jimena de la Torre, que había sido funcionaria del gobierno de Mauricio Macri.
2022 fue un año prácticamente sin actividad pues todo estuvo orientado a elegir a quienes integrarían el Consejo de 20 miembros. Recién en noviembre del año pasado se les tomó juramento.

2023 tendría que haber sido el año en el que se retomara la labor a todo ritmo para recuperar el tiempo perdido. Sin embargo, nada de ello ocurrió. En esta nota describimos en detalle la escasísima actividad que tuvo el organismo y cómo esta repercute esa inacción en la gestión de la justicia. Entre muchos otros problemas, cada vez hay más juzgados vacantes y jueces subrogantes que deben cubrirlos descuidando sus tribunales de origen, se investigan menos irregularidades por parte de los magistrados y magistradas (de hecho, prácticamente caducan todos por el paso del tiempo), los edificios están deteriorándose rápidamente, las oficinas no volvieron a trabajar presencialmente pese a una orden de la Corte de hacerlo, y se volvieron a detectar problemas de transparencia que habían sido mejorados hace un tiempo.

Cada cambio de titular del Poder Ejecutivo conlleva expectativas de cambios de funcionamiento del Consejo de la Magistratura. De hecho, la designación de Luis Juez y el cambio del representante del Poder Ejecutivo le generarán al oficialismo una mayoría que, aunque no es absoluta, podría utilizar de manera más efectiva que el anterior oficialismo, que no lograba acuerdos con el resto de los sectores. Es vital dilucidar cuál puede ser la relación entre el gobierno y el Presidente de la Corte. En definitiva, estaremos atentos a entender si se abre una nueva etapa en el organismo.

Nota al márgen sobre cantidad de personas que trabajan en el Consejo: para este artículo, hemos pedido formalmente al Consejo información estadística sobre la evolución de personas que trabajaban en el pasado en el organismo y recibimos como respuesta que no se encuentran sistematizados esos datos. Cada vez que el organismo publica la nómina de personal del mes en curso deja sin efecto los listados anteriores. Más allá de la discusión sobre el acceso a la información pública que debiera estar disponible de alguna forma (que daremos ya el próximo año) vale la pena hacer una primera aproximación muy estimativa sobre la planta de personal. Cuando el organismo inició sus funciones allá por 1998 la Secretaría General contaba con menos de diez empleados y actualmente tiene treinta. Cada Comisión tenía, en ese entonces, entre cuatro y cinco empleados y actualmente mucho más: solo la Comisión de Selección cuenta con treinta empleados y funcionarios para los muy pocos concursos que se están tramitando. Es bien sabido que cuando cada Consejero deja su cargo pide por la incorporación a planta permanente de sus asesores transitorios. En muchos casos, las gestiones son efectivas y los asesores pasan a formar parte del organismo.

Por supuesto que esta aproximación no busca discutir el tamaño adecuado del organismo sino alertar que, a primera vista, se ha producido un muy amplio engrosamiento de la planta del Consejo a contramano de una menor actividad en comparación con las primeras etapas.