Este informe forma parte de un dossier con cuatro partes: una columna con un análisis histórico del Consejo de la Magistratura y otras dos investigaciones, una acerca del rendimiento del Jurado de Enjuiciamiento y otra respecto de una encuesta con concursantes.

Las cifras revelan que prevalecieron los déficits y retrocesos en el organismo constitucional decisivo para el acceso a la justicia y la independencia judicial.

Los datos extraídos de las memorias anuales y de los informes periódicos del Consejo de la Magistratura de la Nación reflejan los vaivenes y deterioros que sufrió la institución. Después de tantas subidas y, sobre todo, bajadas, la prestación más dañada es la relativa a la sanción de los magistrados y de las magistradas incursos en conductas configuradoras de mal desempeño. Aunque la capacidad de celebrar concursos salió mejor parada, las dilaciones, y la acumulación de vacantes en la Justicia nacional y federal contribuyen a explicar por qué sus 25 años pasaron inadvertidos.

I) La responsabilidad de lo novedoso (1998-2006)

Esta fase abarca desde la inauguración del organismo en noviembre de 1998 hasta idéntico mes de 2006, cuando comenzó a regir la modificación de la composición original del Consejo de la Magistratura, una reforma legislativa que incrementó su politización y repercutió en su rendimiento. Como ilustran los datos oficiales desarrollados a continuación, en esa etapa fundacional la institución pasó de la nada misma a un desempeño fluido en los campos esenciales de la elevación al Poder Ejecutivo de la Nación de ternas de candidatos y candidatas a la magistratura previa sustanciación de concursos de antecedentes y de oposición, y del control de la disciplina y del buen desempeño de los jueces y juezas en funciones. Por su magnitud y complejidad, los avances del Consejo relativos a la administración de la Justicia nacional y federal quedan fuera de este repaso de cifras.

• Etapa: 1998-2006
• Concursos individuales y múltiples concluidos: 178 procesos para 390 cargos (19 de tribunales no habilitados)
• Ternas remitidas al Poder Ejecutivo: 296
• Designaciones concretadas por el Poder Ejecutivo y el Senado: 244
• Sanciones disciplinarias aplicadas a la magistratura: 25
• Juezas y jueces acusados ante el Jurado de Enjuiciamiento: 24 (el 79% de las acusaciones derivaron en destituciones -50%- y en renuncias -29%-; el 21% fueron rechazadas por el Jurado)

Para dimensionar el nivel de actividad alcanzado en 2006 resulta ilustrativo comentar que hacia el segundo semestre el Cuerpo de Auditores, dependencia creada para detectar falencias del funcionamiento de los tribunales y esclarecer responsabilidades, tenía 17 auditorías en marcha. Además, en el Consejo se tramitaban 336 denuncias y 46 informaciones sumarias.

A finales de 2006, la Comisión de Selección sustanciaba concursos para escoger otros 93 jueces y juezas. Existía un interés relevante por participar en los procesos: sólo en ese año el Consejo había recibido 564 inscripciones de un total de 6.775 acumulado desde 1999.

La Comisión de Disciplina había resuelto 247 expedientes hacia finales de 2006. En ese mismo período, la Comisión de Acusación había celebrado 34 sesiones ordinarias; resuelto 130 expedientes y aconsejado al pleno del Consejo la destitución de 16 magistrados y magistradas por mal desempeño de sus funciones.

El Consejo había llevado adelante la acusación de 9 jueces ante el Jurado de Enjuiciamiento durante aquel 2006.

También en 2006, el Plenario del Consejo había celebrado 18 sesiones ordinarias y 5 extraordinarias.

II) Un Consejo más atravesado por intereses políticos (2007-2009)

Entre 2007 y 2009 aparecen las primeras señales de descenso de la productividad, aunque, después de un bajón inicial muy significativo, en 2008 se registra un pico de apertura de concursos. El envión de la época previa sigue activo: ese “viento de cola” permite a esta etapa suministrar al gobierno el 36% del total de ternas de aspirantes a la magistratura producidas desde 1998, que asciende a 461. Durante este período, las instituciones políticas (Poder Ejecutivo y Senado de la Nación) concretaron el 38,5% de los 397 nombramientos perfeccionados con el régimen de los concursos.

La caída más acusada se verifica en el campo de la vigilancia del buen desempeño de la magistratura. En 2006, el Consejo había promovido 9 destituciones: en los ejercicios anuales subsiguientes, esa tarea se contrajo el 60% y la institución impulsó apenas tres procedimientos ante el Jurado de Enjuiciamiento.

• Etapa: 2007-2009
• Concursos individuales y múltiples concluidos: 103 (52 en 2007 -no consta para cuántos cargos-; 24 en 2008 -para 59 cargos-; 27 en 2009 -para 56 cargos-)
• Ternas remitidas al Poder Ejecutivo: 165
• Designaciones concretadas por el Poder Ejecutivo y el Senado: 153
• Sanciones disciplinarias aplicadas a la magistratura: 20
• Juezas y jueces acusados ante el Jurado de Enjuiciamiento: 3

Durante 2007, el plenario del Consejo había celebrado 17 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias, respectivamente una y tres menos que en 2006. En 2008 volvió a aumentar la frecuencia de reuniones plenarias, y hubo 19 ordinarias y 3 extraordinarias. La tendencia se desinfló en 2009, con 17 ordinarias y 1 extraordinaria. A partir de allí y con algunas excepciones, tiende a disminuir el ritmo de sesiones, lo que afecta en forma directa el dinamismo del Consejo y su capacidad para tomar decisiones.

Entre 2007 y 2009, el Consejo había iniciado 94 concursos públicos de antecedentes y de oposición correspondientes a 173 cargos. En 2007 apenas hubo 4 llamados nuevos. En 2008 se registra el récord consistente en la apertura de 59 procedimientos para 109 puestos vacantes. A fines de 2009, el Consejo de la Magistratura tenía en trámite 48 concursos para la selección de otros 132 magistrados y magistradas.

Persistía el interés por concursar: a estos tres años pertenecen el 43,5% del total de inscripciones acumuladas desde 1999 (10.123).

En esta fase se unifican las atribuciones de disciplina y de acusación en una sola comisión. Y aumenta el volumen de denuncias sin resolver: en 2009, la Comisión de Disciplina y Acusación había llegado a manejar 611 expedientes, de los que había resuelto 431, pero sólo había aplicado sanciones en 13 correspondientes a 9 magistrados y magistradas.

III) La grieta llega a la Justicia (2010-2021)

Son tres las notas salientes de esta tercera etapa de 12 años (2010-2021): a) se naturalizan las prórrogas de los concursos; b) baja considerablemente la capacidad de generación de ternas con la excepción del año 2018, y c) deviene irrelevante la potestad para sancionar magistrados y solicitar su destitución. El Consejo evidenciaba dificultades severas de funcionamiento en 2019: la irrupción de la pandemia de la Covid-19, que llevó a suspender las oposiciones durante 2020, sólo profundizó aquel statu quo. La prueba de ello es la generalización del régimen de subrogancias y la extensión inusitada de los procesos de selección de la magistratura. A diferencia de lo que sucedía en el pasado, el Consejo dejó de rendir cuentas en las memorias anuales sobre la cantidad de sesiones ordinarias y extraordinarias que había celebrado en los respectivos ejercicios.

• Etapa: 2010-2021
• Concursos individuales y múltiples concluidos: 196
• Ternas remitidas al Poder Ejecutivo: 542
• Designaciones concretadas por el Poder Ejecutivo:(1) 512
• Sanciones disciplinarias aplicadas a la magistratura: 13
• Juezas y jueces acusados ante el Jurado de Enjuiciamiento: 20
  (1) Es posible que algunos de estos pliegos no hayan recibido el acuerdo del Senado.

La Comisión de Disciplina y Acusación había cerrado sin sanción ni acusación 179 expedientes durante 2021 (en la mayoría, 115, había propuesto la desestimación in limine). Además, había archivado 27 denuncias por haber vencido el plazo para resolverlas. A finales de 2021, la Comisión continuaba tramitando 200 expedientes. En promedio, este comité había iniciado cada año de los 12 del período con 242 casos acumulados.

En 2021, la Comisión de Selección había abierto 23 concursos nuevos destinados a cubrir originalmente 36 vacantes, ampliada luego a un total de 42. En 2020, había habido 20 aperturas (para 21 puestos acéfalos); en 2019, 18 y en 2018, 26 (para 55 vacantes).

Con 154 ternas remitidas al Poder Ejecutivo de la Nación, 2018 fue el año de mayor productividad del Consejo en cuanto a la cobertura de vacantes. Pero en 2019 hubo un retroceso mayúsculo: la entidad mandó 25 tercetos al gobierno. En 2020 mejoró un poco la actividad con la aprobación de 43 propuestas, pero en 2021 el Consejo tocó un mínimo histórico al elevar solamente 5 ternas.

IV) Vuelta a la composición original, parálisis y a la espera del impacto del cambio de gobierno (2022 en adelante)

Esta etapa, que empieza en 2022 y llega hasta diciembre de 2023, se caracteriza por un Consejo ensimismado, y en cierta medida absorbido por el reemplazo del diseño institucional que rigió entre finales de 2006 y 2021, y la trabajosa restitución del paradigma original (1998-2006). Los números evidencian un desempeño pobre de las funciones constitucionales, que en esencia suponen una continuidad de la corriente registrada en los últimos dos ejercicios del período anterior. El Consejo que debía recuperar agilidad, profesionalismo, eficiencia y equilibrio político aún no arrancó. Y así termina este itinerario de 25 años.

• Etapa: 2022-2023
• Concursos individuales y múltiples concluidos: 9
• Ternas remitidas al Poder Ejecutivo: 28
• Designaciones concretadas por el Poder Ejecutivo:(2) 25
• Sanciones disciplinarias aplicadas a la magistratura: 2
• Juezas y jueces acusados ante el Jurado de Enjuiciamiento: 1
  (2) Es posible que algunos de estos pliegos no hayan recibido el acuerdo del Senado.

Durante 2022 -año en el que se volvió al esquema de separar las funciones de control de la disciplina y de acusación en dos comisiones distintas- se mantuvo la tendencia a descartar masivamente las denuncias contra jueces y juezas. El Consejo, por ejemplo, desestimó in limine 53 expedientes y archivó 22 por considerarlos caducos. La Comisión de Disciplina únicamente aconsejó la aplicación de una multa del 30% de los haberes a una jueza, pero el dictamen no prosperó en el plenario.

En 2022, el Consejo abrió 6 nuevos concursos destinados a cubrir originalmente 7 vacantes para distintos cargos de la justicia nacional y federal.

Si bien los números de 2023 aún podrían variar, en octubre el Consejo aplicó la sanción de multa equivalente al 50% de sus haberes por única vez a dos jueces (Javier Anzoátegui y Luis María Rizzi).

La novedad de 2023 fue la reanudación de las acusaciones de mal desempeño ante el Jurado de Enjuiciamiento mediante el caso de Walter Bento, el exjuez mendocino que terminó destituido.

A diciembre de 2023, estaban vacantes el 27,7% de los 1.002 cargos en la Justicia Nacional y Federal (incluye los no habilitados). Mientras que del Consejo dependían 189 vacantes (176 de ellas vinculadas a 73 concursos en trámite), en el Poder Ejecutivo de la Nación y en el Senado había respectivamente 41 y 47 coberturas pendientes de resolución.