Este informe forma parte de un dossier con cuatro partes: una columna con un análisis histórico del Consejo de la Magistratura y otras dos investigaciones, una acerca de las cifras de cada etapa de aquel órgano y del rendimiento del Jurado de Enjuiciamiento.

El organismo obtuvo una calificación promedio de satisfacción de cuatro sobre 10 puntos en el sondeo promovido por ACIJ.

Como parte de este informe especial (nota 1, nota 2, nota 3) por los 25 años del Consejo de la Magistratura de la Nación (CM), durante noviembre de 2023, con ACIJ realizamos una encuesta a participantes de concursos para cargos de jueces y juezas que haya realizado aquel organismo a lo largo de su historia. La mayoría de las y los postulantes reprobó al CM en cuanto a sus estándares de tiempo, acceso a la información, transparencia, justicia, imparcialidad e igualdad. Si se aplicara la propia normativa de la institución, esta quedaría descalificada: ocurre que su desempeño obtuvo la nota promedio de 4 puntos sobre 10 posibles.

El objetivo de la iniciativa consistió en tener un feedback cualitativo (una especie de focus group virtual) a partir de las experiencias vivenciales de distintos postulantes que dedicaron mucho tiempo a intentar alcanzar la judicatura. Quienes no hemos sido parte de esos procesos podemos tener cierta idea generalizada de cómo funcionan pero no hay nada cómo escuchar en detalle a los que han atravesado el proceso completo, la mayoría más de una vez.

Todo el material que recibimos será muy útil para promover mejoras durante el año próximo. Hasta ahora no se había escuchado la voz de los participantes para diseñar un paquete de medidas que sirva para perfeccionar los resultados, pero, también, las experiencias de las personas que deben dedicar tanto tiempo a afrontar estos largos y complejos procesos, desde luego costosos desde el punto de vista material y psicológico.

Pese a que durante varias semanas se llevó adelante una campaña muy intensa de difusión de la encuesta por medio de correos electrónicos, de las redes sociales y de invitaciones personales, se consiguió la participación de 54 concursantes, eso sí, con una alta diversidad de los fueros para los que compitieron y de sus procedencias. Por supuesto que ACIJ (organización editora de JusTA) garantizó la confidencialidad de los datos personales y de las respuestas. Aún así, supimos de muchas personas que no se animaron a responder por temor a que de alguna manera se filtraran sus nombres y esto pudiera repercutir en futuros concursos.

Los intercambios privados que venimos teniendo con postulantes denotan un temor muy generalizado de que cualquier reclamo sea valorado negativamente y genere, a modo de represalia, la inclusión en una “lista negra”. Por ese motivo, es muy infrecuente que se hagan cuestionamientos públicos contra decisiones del Consejo o del Poder Ejecutivo. Este primer hallazgo de la encuesta, el miedo a opinar incluso de manera anónima, plantea un interrogante significativo acerca de los niveles de independencia imperantes entre los futuros candidatos y las futuras candidatas a la magistratura.

En esta muestra de 54 postulantes, el promedio de la cantidad de concursos en los que participaron fue de 3,72 por lo que cada respuesta se torna muy valiosa porque lleva implícita varias experiencias. Si se multiplica el número de participantes en la encuesta por el promedio de concursos en los que aquellos intervinieron, se obtiene que este sondeo comprende hipotéticamente a por lo menos 200 experiencias de procedimientos de selección de jueces y de juezas, más del 40% del total (486) de los concluidos por el Consejo durante sus 25 años de existencia. El 37% de las personas que respondieron la encuesta concursaron para fueros penales seguido por el 26% que concursaron para juzgados o cámaras de apelaciones multifueros (que se encuentran en el Gran Buenos Aires o en el interior del país).

Plazos excesivamente largos

El dato más importante de la encuesta es que el nivel de satisfacción global de las y los concursantes es muy bajo. Del 1 al 10, el promedio fue de 4.05 puntos, con bastante dispersión entre casi el 25% de los concursantes que calificaron con un (1) punto al proceso, 11% que pusieron 2 puntos y 10% que lo calificaron con 3 puntos, y un 8% y 9% que calificaron respectivamente con 7 y 8 puntos. Hubo muy pocas calificaciones en el medio de esos extremos.

Entre quienes pusieron las notas más bajas, las críticas se focalizaron en estos aspectos:

• las demoras del proceso
• la discrecionalidad en los tipos de entrevistas (en el mismo concurso a algunos postulantes los interrogan muchísimo, y a otros, muy poco o nada)
• la falta de criterios objetivos para las modificaciones realizadas en el orden de mérito a partir de las entrevistas.
• las sospechas sobre la filtración de exámenes
• que las consignas son preparadas por jurados que no son de la jurisdicción y, en consecuencia, no conocen el tipo de asuntos que se tratan en los respectivos fueros.

Quienes tuvieron mejor opinión sobre el trámite subrayaron que el mecanismo permite descartar rápidamente a quienes no tienen condiciones para ser magistrados y magistradas, y la buena atención que prodigan los empleados y funcionarios de la Comisión de Selección del Consejo.

En relación con la información que se les brinda durante el concurso, la gran mayoría de los participantes de la encuesta manifestó que resulta difícil enterarse en tiempo real de las novedades y que sería importante recibir correos electrónicos con la resolución de cada etapa.

La mayoría de los encuestados refirió que había participado o estaba participando en concursos con entre tres y cinco años de antigüedad. Un número relevante de postulantes contestó que intervino en procesos con demoras de hasta seis años. Algunos respondieron a la pregunta “¿cuánto demoró el concurso en el que participaste?” con conceptos como “muchísimo”; “bastante”; “lleva más de 5 años y aún no hay ternas aprobadas”, y “es un concurso para un tribunal oral del interior y lleva 18 meses sin que hayan resuelto las impugnaciones”.

Dentro de los trámites a cargo del Consejo, se destaca entre los encuestados la apreciación de que la corrección de los exámenes escritos y la resolución de las impugnaciones son las tareas que más tiempo conllevan. Otros encuestados apuntaron que la fase más larga de su experiencia había tenido lugar a partir de la remisión de la terna al Poder Ejecutivo de la Nación.

Otro resultado impactante de la encuesta es que apenas un cuarto (25,9%) de los 54 concursantes que la completaron consideraron que el Consejo había tomado las medidas adecuadas para asegurar la reserva de las consignas antes de la prueba escrita y, a posteriori, el anonimato de las oposiciones. La mayoría, el 74,1%, planteó dudas acerca del mecanismo previsto con el fin de que no se filtre la información y de que algunos aspirantes gocen de una ventaja indebida. A continuación se incluyen respuestas representativas a estos interrogantes:

• “Muchos concursantes suelen tener antes el examen o los temas que se van a tomar. El examen debería ser oral”.
• “A nivel formal, las medidas se adoptan siempre”.
• “El caso seleccionado era idéntico a la sentencia de uno de los miembros del tribunal examinador”.
• “Los casos son remitidos por los jurados en sobres cerrados y firmados. Es la única medida de seguridad y puede ser violada fácilmente”.
• “No aplicaron el reglamento en cuanto a las normas destinadas a anonimizar el examen. Justamente la persona que salió primera era el secretario del juez que presidía la Comisión de Selección en el Consejo. Identificó su examen con letras mayúsculas en los nombres, citas de pie de página y subrayado de títulos, todo lo cual está prohibido por reglamento, y que debió ser excluido de oficio por el jurado y no se hizo. Al momento de las impugnaciones por tales motivos, todas fueron rechazadas con alegaciones genéricas, sin aplicar el reglamento vigente”.

“Sesgo ideológico”

En línea con lo anterior, el 79,6% de los encuestados rechazó que el concurso y sus resultados hayan sido justos e igualitarios. En la justificación de esta respuesta se repite la idea de que el desenlace del concurso “estaba cantado de antemano”, es decir, que su desarrollo validó la presunción de que existían favoritos para los cargos en disputa por razones ajenas al mérito. En esa parte del sondeo, los aspirantes cuestionaron los resquicios de discrecionalidad que permiten a las autoridades del Consejo subir y bajar nombres de la tabla de posiciones. En particular, objetaron el margen de actuación que otorga la entrevista. “Las entrevistas siempre conducen a resultados que no son justos” manifestó una de las personas encuestadas, mientras que otra dijo que “había un sesgo ideológico permanente”.

Uno de los formularios de la encuesta advirtió que el sistema de calificación de los antecedentes discriminaba a las concursantes: “en particular perjudica a las candidatas mujeres, que a la par de su desempeño profesional, atienden la demanda de tareas de cuidado familiar y, por lo tanto, tienen menos disponibilidad para desempeñar actividades de docencia universitaria, y hacer publicaciones académicas y prolongados cursos de posgrado”.

En el segmento del 20,4% de quienes dijeron que el concurso y sus resultados sí eran justos e igualitarios no hubo, en general, justificaciones que profundizaran aquella perspectiva más allá de algún comentario genérico. Una excepción es la del concursante que dijo lo siguiente: “salí primero en el orden de mérito, y nunca tuve contacto ni con el jurado ni con los consejeros ni con los funcionarios del poder político”. Otro manifestó: “nunca sentí o sospeché (en mis ocho concursos con distintos rendimientos) que los resultados no fueran genuinos”.

La encuesta incluyó el siguiente interrogante: “¿sentís que el concurso se desarrolló con imparcialidad? En el caso negativo, ¿en qué situaciones se expresó la falta de imparcialidad?”. El 70,3% dijo que sentía que no. Los fundamentos de esa mayoría abarcan desde la politización del Consejo hasta la impresión de que se trata de “una farsa”. Otros reprocharon que, por ejemplo, en la corrección de la prueba escrita se premie a quienes hayan resuelto el caso del mismo modo que el jurado que lo propuso o que en dos concursos se califique de una manera diferente a iguales antecedentes. Alguien contestó que se percibían diferencias de trato favorables a quienes cumplen funciones en el Poder Judicial o son allegados de los evaluadores. Al respecto, alegó: “si bien esto no es (per se) una imparcialidad, sí crea una imagen deslucida, y discrimina a postulantes de otros fueros y jurisdicciones, a abogados y a docentes”.

En la minoría (29,7%) que dijo que sí sentía que el concurso se había desarrollado con imparcialidad aparecen respuestas que señalan que el principal problema del Consejo es la demora. Otro encuestado o encuestada valoró en este espacio que los jurados hayan modificado un enunciado de la prueba escrita ante una petición de mayor claridad de parte de los y de las aspirantes.

Los hallazgos de este primer ejercicio independiente de consulta dirigida a postulantes del Consejo de la Magistratura de la Nación evidencian falta de credibilidad, desconfianza, pesimismo y un campo amplio de trabajo si lo que se quiere es prestigiar y profesionalizar los concursos, y, por ende, aumentar el nivel técnico y ético de la magistratura nacional y federal. Una manera de empezar a hacerlo podría ser la institucionalización de esta clase de encuestas anónimas de calidad: cuesta entender en estos tiempos donde es tan sencillo y barato recopilar datos por qué los consejeros y las consejeras no se han preocupado aún por saber qué opinan de su desempeño quienes lo soportan de manera directa. A 25 años del establecimiento del Consejo, los resultados revelados por los y las concursantes sondeados no son alentadores, pero conocer y enfrentar esta realidad ofrece la única oportunidad verdadera de remediarla.