La edición 2023 del Mapa de Género de la Justicia muestra la persistencia de un techo de cristal en el sistema judicial. Los puestos de mayor autoridad sólo tiene un 29% de representación femenina, ¿por qué debemos promover la paridad entre varones y mujeres? A su vez, ¿qué posibilidades existen hoy para que esto suceda?

Solo 3 de cada 10 mujeres acceden a cargos altos

El pasado 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer, un nuevo informe de la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia señaló que, si bien las mujeres integran más de la mitad del personal total del Poder Judicial, la representación sólo llega al 29% en los cargos con jerarquía más alta. Esto implica que sólo tres de cada diez mujeres son ministras, fiscalas o defensoras generales. A su vez, un análisis en el tiempo evidencia que no hubo mejoras en esta proporción en los últimos 5 años.

El caso más obvio del techo de cristal es la composición de la Corte Suprema, conformada enteramente por varones desde la renuncia de Elena Highton en 2021. A lo largo de la historia, sólo dos mujeres han integrado el Máximo Tribunal. Esto es así, aún pese al Decreto 222/03 que establece el procedimiento para nombrar a los magistrados de la Corte y determina que, al momento de evaluar cada candidatura, el Poder Ejecutivo debe tener en cuenta la composición general del Tribunal para que el nuevo nombramiento contribuya a reflejar “las diversidades de género” que existen en el país (art. 3°).

La brecha de género también se hace evidente en los demás organismos que componen la Justicia Nacional.

Si bien en la Procuración General de la Nación hay paridad entre varones y mujeres (48% y 52%, respectivamente), sólo un 28% de los/as Fiscales/as son mujeres. De forma similar, en la Defensoría General de la Nación, el 38% de los cargos de Defensores/as son ocupados por mujeres, pese a que hay un 59% de personal femenino. En ambos organismos, la categoría con mayor representación femenina es la de “personal administrativo”.

Por otra parte, mirando de forma agregada el plantel de la Justicia Nacional y Federal, salta a la luz que el mismo está compuesto de forma casi igualitaria (54% son mujeres y 46% son varones), pero que la paridad se pierde al escalar en la pirámide, con sólo un 31% de Magistradas y un 24% de Camaristas mujeres. Además, el informe muestra que en el 2023 hubo 3 Cámaras Federales en las que ninguna mujer ocupó el cargo de Camarista: las Cámaras Federales de Apelaciones de General Roca, La Plata y Mar del Plata.

Finalmente, la brecha de género también se hace presente en los Consejos de la Magistratura de la Nación, provinciales y de CABA, donde la distribución de cargos entre mujeres y varones es de 36% y 64%, respectivamente.

¿Por qué es importante romper con el techo de cristal en la Justicia Argentina?

Desde el retorno de la democracia, la denuncia de un techo de cristal en el sistema judicial y el reclamo por más mujeres ocupando roles de magistradas, ha cobrado mayor relevancia. Cada vez más organizaciones de la Sociedad Civil, se manifiestan contra la segregación vertical que impide que las mujeres puedan acceder a cargos más altos en condiciones de igualdad respecto a los varones. Incluso, algunas referentes feministas han llegado a proponer una reforma del Poder Judicial que ponga en crisis a la totalidad del sistema, considerado estructuralmente patriarcal y sexista.

Pero, ¿qué razones hay detrás de estos reclamos? ¿Por qué es necesario romper con el techo de cristal en la Justicia Argentina?

En primer lugar, es preciso eliminar la discriminación por motivos de género en el mundo laboral y asegurar la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres a la hora de acceder a roles con poder de decisión dentro de la estructura del Estado. Tal como explica la organización Fundar en su informe “Techo de cristal en la Justicia. Estudio empírico sobre los procesos de selección de jueces y juezas”, pese a que las mujeres están en promedio mejor capacitadas, son solo el 23% de las personas que se presentan a concursos para convertirse en juez o jueza. Esto se debe a que existen barreras invisibles (no formales/legales) que las desalientan a competir para ocupar puestos de mayor jerarquía. Es probable que lo mismo ocurra para los puestos de fiscalas y defensoras.

En segundo lugar, hay razones de legitimidad democrática que refieren a la incorporación de mujeres en puestos decisorios dentro del Poder Judicial. De acuerdo con la socióloga Beatriz Kohen, una comunidad política que se alce sobre los principios de igualdad y democracia, necesariamente va a incorporar la participación de las mujeres en la justicia como una cuestión de principios. A su vez, una conformación que refleje la diversidad existente al interior de la sociedad es clave para generar confianza en el sistema de justicia, ya que contribuye a que la institución, y las decisiones que ésta dictamine, sean percibidas por la sociedad como justas y representativas.

Un tercer argumento, un poco más controvertido que los dos primeros, hace hincapié en el aporte específico que las mujeres dan a la justicia, como resultado de la socialización diferencial por género y sus diferentes experiencias de vida. En palabras de Kohen:

“Teniendo en cuenta, por un lado, que la aplicación de la ley no es mecánica sino que implica su interpretación por parte del juez o jueza, y que, por otro lado, los jueces traen consigo su identidad y puntos de vista, se sostiene que las diferentes identidades y experiencias de vida de mujeres y varones podrían traducirse en maneras diferentes de ejercicio profesional”.

Vacancias en la Justicia: un arma de doble filo para terminar con el techo de cristal

Al día de hoy, existe una enorme cantidad de cargos vacantes en nuestro sistema de justicia. Por ejemplo, de acuerdo con el Mapa Dinámico de Concursos del Consejo de la Magistratura hay un total de:

• 78 concursos en trámite
• 188 vacantes en trámite en el Consejo
• 85 vacantes en trámite en el Ejecutivo
• 3 vacantes en trámite en el Senado

Estos “casilleros vacíos” representan una ventana de oportunidad única para empezar a corregir las disparidades que existen en la proporción de varones y mujeres que ocupan cargos de jerarquía.

Este hecho invita a prestar atención a los procesos de selección de jueces y juezas, pero también dentro del Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa, ya que sólo será posible romper con el techo de cristal en la medida en que se eliminen los obstáculos que frenan a las mujeres en los concursos, aún pese a tener mejor formación y estar más capacitadas.

De acuerdo con la investigación “La participación de las mujeres en los sistemas de justicia en América Latina” llevada a cabo por ACIJ, en colaboración con DPLF, el grupo de Mujeres por la Justicia, el Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en torno a la Desigualdad y Derechos Humanos (DesDeh) de la Universidad Austral de Chile y el Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer, las barreras que dificultan el acceso de mujeres a cargos judiciales son:

• Una valoración desigual por parte de quienes deben evaluar a candidatos y candidatas a cargos judiciales, especialmente en instancias como la entrevista oral.
• Una conformación mayoritariamente masculina de los jurados de evaluación en los procesos de selección de autoridades judiciales.
• A pesar de haber mujeres en las ternas, el Poder Ejecutivo suele elegir varones en una proporción mayor.
• Menor tiempo para capacitaciones y formación para las mujeres por tener a su cargo tareas de cuidado.
• Presencia de estereotipos, prejuicios y sesgos de género que operan en la carrera judicial (ingreso, ascenso y mantenimiento).
• Autolimitación de las propias mujeres y una falta de asunción de roles de liderazgo, ya sea por aspectos subjetivos (como falta de confianza o) sobrecarga de tareas de cuidado de personas dependientes), como objetivos: la falta de normas que concilien la vida familiar y el desarrollo profesional.

El último punto tiene un correlato evidente en la cantidad de mujeres que se anotan para participar de los concursos. Así, el problema no sólo consiste en que menos mujeres son seleccionadas para ocupar puestos de jerarquía, sino que, de entrada, pocas mujeres concursan por esos puestos.

De acuerdo con Fundar, dentro de los inscriptos para concursar por el cargo de juez o jueza, sólo un 23% son mujeres. A su vez, la investigación “Análisis de género en el trámite de los concursos en el Ministerio Público de la Defensa” de la Defensoría General de la Nación, señala que la participación de las mujeres en los concursos que realizan es del 36%.

En la medida en que no se reformen los puntos señalados, asegurando la igualdad en los procesos de selección, ya sea en la evaluación, como en el momento de la inscripción, la brecha entre varones y mujeres continuará reproduciéndose en el tiempo. Más mujeres en puestos de jerarquía es un llamado feminista a reducir la brecha de género en la justicia, pero también a mejorar la calidad de nuestra democracia participativa y aumentar la confianza en las instituciones que se encargan de proteger nuestros derechos.