La transparencia y el acceso a la información pública de los sistemas judiciales argentinos fue el tema del primer informe de la Red Federal de Periodismo Judicial, impulsada en conjunto por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). Esos sistemas judiciales, a esta altura del partido, deberían decir, decidir y ejecutar el título de la entrada.

El informe está disponible aquí y es interesantísimo por varias razones que comparto, obviamente: es un trabajo que abarca todas las jurisdicciones del país, es breve, contundente, claro y sobre temas que son fundamentales para una democracia republicana como la que tenemos. Lo repaso punto por punto, por si no se lo quiere leer en su totalidad, aunque quede contaminado con mi visión. Como siempre, recomiendo ir a la fuente original.

1. Una introducción equilibrada

Cuando el informe habla de transparencia se refiere a “una mayor visibilidad y accesibilidad de los procesos judiciales, así como a la claridad en la toma de decisiones y en la gestión de recursos dentro de cada uno de esos sistemas”.

¿Y para qué sirve la transparencia? Para mucho, como lo recuerda el informe: para prevenir la corrupción, los incumplimientos de deberes de funcionario público y para aumentar la garantía de imparcialidad.

Por supuesto, las generalizaciones no son buenas y no todos somos lo mismo. El informe lo deja en claro: “no todos los tribunales trabajan o se comportan como la Justicia Federal porteña de Comodoro Py”.

2. La metodología o el ¿cómo se hizo?

En primer lugar, abarcó a las 23 provincias, a la CABA y al Poder Judicial de la Nación. En segundo lugar, solo se fue a buscar la información disponible en los sitios oficiales del sistema judicial: poderes judiciales, ministerios públicos, Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento. Nada de solicitudes formales de acceso a la información pública ni entrevistas, solo acceso puro y duro, fácil, como cualquier ciudadano a través de la navegación en internet.

En tercer lugar, se priorizó los interrogantes sobre cuestiones elementales en materia de transparencia activa y acceso a la información pública. ¿Cuáles? La publicación de declaraciones juradas, escalas salariales y los procesos tanto de selección como los disciplinarios. También entraron las políticas de comunicación de los poderes judiciales, toda un área en desarrollo, como vimos al comentar un libro sobre el tema, acá.

3. El perfil de lo que se analiza

El resumen, a riesgo de sobresimplificar la cosa, es que los sistemas judiciales argentinos han hecho algo para avanzar en su transparencia, pero, como lo destaca el informe, esto tiene “sabor a poco”. Más allá de algo básico como las guías judiciales, no existe rendición de cuentas. ¿Cuántos cobran los operadores judiciales? Es una pregunta que el informe considera casi imposible de responder, salvo alguna que otra jurisdicción.

Más allá de esa ausencia de información, la cuestión se agrava cuando esta se expande a la productividad de los sistemas judiciales. La “aversión estadística” como la llama el informe, es grave. Más allá de que siempre se puede mentir con estadísticas, como escribí por aquí, son esenciales. En efecto, sirven para hacer aunque sea odiosas comparaciones palaciegas o para echar luz a una justicia que se siente cómoda en la oscuridad. Solo con números se puede averiguar si tenemos una corte (a)morosa o construir el contexto de informes de organismos de selección de magistrados que se presentan como un rotundo éxito. Y la falta de esa información estadística es el fundamento de no entender hacia dónde se dirige esa locomotora de los sistemas acusatorios adversariales que es el Ministerio Público Fiscal. Como se ve, esa aversión judicial a las estadísticas no es poca cosa, pues como recordé por aquí, lo que no se mide, no se puede mejorar y lo que no se mejora, se degrada.

Pero si a lo anterior le sumamos a su majestad, la formalidad, como destaca el informe, es que algo no entendimos bien. La transparencia no es algo que los funcionarios públicos hacen “de onda” o “porque son buenitos”. Es una obligación del Estado de Derecho.

¿Es que la autonomización de la acusación y de la defensa públicas contribuyó en algo a esto? En realidad no, según el informe, no se han emancipado de las malas prácticas de las cortes supremas.

¿Y los nuevos sistemas acusatorios adversariales y los juicios por jurados? Si bien avanzaron en muchas provincias, el informe destaca que la falta de transparencia y el acceso a la información pública ponen en duda los beneficios que en teoría traen.

Por último, la publicidad sobre los concursos para jueces, fiscales y defensores todavía no han logrado interesar a sectores sociales más amplios. Me atrevo a preguntar si esto no es un logro hecho a propósito, ex profeso, por todos los involucrados.

De disciplina, mejor ni hablar, pues en ese ámbito, reina el oscurantismo que redondea así el perfil de los sistemas judiciales que, en general, según el informe, prefieren lavar los trapitos en casa.

4. Los resultados y las conclusiones

Me permito unir ambos puntos en honor a la brevedad, pero haciendo foco en Tucumán. Si alguien quiere más, siempre tiene a mano el informe original.

Nuestra provincia es una de las pocas que todavía deben una ley de acceso a la información pública que permitiría facilitar la situación de los sistemas judiciales respecto de este punto. A pesar de eso, como destaqué por acá, existen ciertos oasis informativos tucumanos, lo que no obsta a que una de las deudas jurídicas de la democracia tucumana deba saldarse lo antes posible. Sería saludable para todo el sistema institucional.

En cuanto a las guías judiciales, ese no es un problema de nuestra provincia, aunque no desentona con el casi nulo acceso a las escalas salariares, que solo publican 5 jurisdicciones a nivel país.

El tema de las declaraciones juradas de jueces, fiscales y defensores se vincula con otra deuda jurídica, que es actualizar la vieja Ley 3.981 que establece su secreto.

Sobre el presupuesto judicial Tucumán no escapa a la regla de la mayoría de las jurisdicciones: oscuridad total sobre su ejecución.

En cuanto al proceso de selección de jueces, fiscales y defensores, el Consejo Asesor de la Magistratura provincial tiene desde hace mucho tiempo, como siempre destaqué, una política de acceso a la información pública muy buena. Sin embargo, es perfectible, sobre todo en los formatos de los documentos, en colgar las sesiones en YouTube y en hacer más amigable la información.

Sobre lo que Tucumán no escapa es a la oscuridad de los procesos disciplinarios contra jueces, fiscales y defensores, más allá de la publicidad de los que terminaron en el Jurado de enjuiciamiento, que tuvieron amplísima repercusión mediática, al menos en los últimos años.

Sobre las reformas institucionales, no me canso de repetir, Tucumán está en deuda con la implementación del juicio por jurados, la frutilla del postre del sistema acusatorio adversarial.

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El informe, como toda base con datos y números, es un buen punto de partida para los sistemas judiciales. Obvio, si se lo quiere tomar, si se quiere recibir su llamado de atención. Lo más simple para todos los sistemas judiciales sería ignorarlo y seguir haciendo su juego, bancado por el “siempre se hizo así”, una de las dos leyes que impera en tribunales.

Sin embargo, lo más simple o fácil no siempre es el camino correcto. Sueño con que algún sistema judicial, desde la punta de su pirámide, ante el cuestionamiento de su proceder entre las tinieblas, recoja el guante, responda, decida y ejecute algo así “¿Dicen que somos oscuros? Aclarémonos entonces”.

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Esta nota fue publicada el día 6 de abril de 2024 en el blog del autor.