Los índices indican que los barrios más pobres son los más peligrosos. Las víctimas inocentes como niños y niñas son parte de esa ruleta rusa, y ello queda de manifiesto en el drama que viven jardines de infantes, escuelas y hospitales pediátricos de la ciudad.

Rosario (Santa Fe) es la ciudad con mayor cantidad de homicidios y heridos por arma de fuego por habitante de la Argentina. La violencia impera en los barrios periféricos. En 2022 mataron a 287 personas (la mayor cifra registrada hasta julio de 2023) y hubo 740 heridos con armas de fuego. En el 5% de los homicidios las víctimas eran niños, niñas y adolescentes menores de 15 años. Algunos fueron asesinados durante un ataque planificado: otros recibieron las balas por error. De hecho, el 75% de los crímenes se ejecutan en la vía pública. Lo cual da lugar a que cualquiera que se cruce en ese momento sea blanco de las agresiones. Un daño colateral real.

La Unidad Fiscal de Balaceras contabilizó 522 tiroteos durante los primeros 6 meses de 2023. Algunos de ellos con heridos, aunque no la mayoría. A veces las bandas narcocriminales solamente quieren dejar un mensaje. Otras veces, marcar el territorio cual perro furibundo que escupe plomo. La presencia de armas caseras, y de fabricación nacional e importada que circula entre las bandas de bajo rango dependientes de organizaciones poderosas es visible en la periferia, y decanta en que la mayoría de las víctimas son heridas a solo 500 metros de su domicilio. Es decir, el sólo hecho de vivir en una zona alejada del centro coloca en una situación de vulnerabilidad.

“¿Estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado? Si la mayoría de los ataques con arma de fuego se dan en determinadas zonas geográficas, quienes las habiten siempre estarán en riesgo”, analiza Gustavo González, director de Análisis Criminal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia de Santa Fe. Los índices indican que los barrios más pobres son los más peligrosos. Más allá de los delitos predatorios como robos y hurtos, la cantidad de heridos y asesinados se multiplica en esos entornos. Dos heridos de arma de fuego por día es la estadística anual que se mantiene desde que en 2014 la violencia urbana se desató en la ciudad por razones vinculadas al narcomenudeo.
No se trata de enfrentamientos azarosos. Según los datos del MPA, el 75% de los ataques son planificados casi siempre desde la cárcel. Los videos que filman los gatilleros durante un ataque sirven de prueba para quienes ordenaron su ejecución. Por venganza. Para luego concretar una extorsión. Para dejar claro quién manda. A veces esas imágenes se filtran en la prensa.

Las víctimas inocentes como niños y niñas son parte de esa ruleta rusa. Un fenómeno al que los hospitales pediátricos de la ciudad se han acostumbrado. Por cada caso hay equipos interdisciplinarios que intervienen para ayudar psicológicamente a la víctima y a su familia. En ocasiones lo logran; en otras, no.

Los hospitales

El equipo interdisciplinario del Hospital de Niños Victor J. Vilela de Rosario está compuesto por los directivos médicos, un asistente legal, una especialista en salud mental, un trabajador social y una asesora que lleva minuciosamente las estadísticas. Son reacios a las notas periodísticas. Pero finalmente acceden a abrir las puertas de un mundo interno complejo: el abordaje integral de un paciente cuya niñez queda atravesada por heridas de arma de fuego.

“Desde el área legal siempre nos ponemos a disposición de los organismos de Justicia como colaboradores del proceso penal”, explica el abogado Adrían Céliz. A modo de anécdota el equipo aporta que, cuando comenzaron a aparecer niños y niñas baleados, los fiscales se acercaban hasta el hospital. Ahora no dan abasto. Si son heridas leves ni siquiera preguntan. Hay demasiado trabajo.

-Una criatura baleada luego debe volver al territorio donde sigue en riesgo. ¿Cómo manejan eso?

Viviana Esquivel (directora del Hospital Vilela): -Trabajamos mucho con el centro de salud del territorio y las asociaciones civiles que pueden acompañar porque tienen un conocimiento integral del grupo familiar y de las historias que lo atraviesan. Al momento de la externación ellos continúan la atención. También le damos intervención al centro de asistencia a la víctima.

-¿Funciona este organismo?

Esquivel: -Depende de la familia. A veces algunas plantean el miedo a volver y están dispuestas a hacer un cambio poniendo de relieve la situación de peligro. Pero es un porcentaje mínimo. La mayoría vuelve a su barrio, aunque sea una situación que sigue poniendo al niño en riesgo. Es una cuestión de arraigo. En ese territorio están sus familiares, sus vecinos, la escuela, el club de barrio… Aunque se muden a la casa de un familiar, terminan regresando.

Céliz: -También depende de la colaboración que estén dispuestos a hacer al sistema penal. A veces no quieren brindar información. Por miedo. En algunos casos son familias que integran organizaciones delictivas. En otros casos no, pero prefieren guardar silencio y no brindar ningún dato a la justicia por miedo a represalias. Entonces, no acceden al sistema de protección de víctimas.

-¿Qué les cuentan los niños baleados?

Esquivel: -El fenómeno está totalmente naturalizado. Expresan que tienen miedo o directamente no hablan. Pero las balaceras son parte de su cotidianeidad. Lo que notamos es que años atrás había una familia ampliada más presente, más integrantes dispuestos a acompañarlos. Hoy no lo estamos viendo. No hay abuelos o tías en condiciones psíquicas de hacerlo por el consumo de estupefacientes o porque pertenecen a un circuito delictivo. Entonces no pueden alojar a ese niño para que no esté en riesgo. No es el cuidador que uno necesita. Nos cuesta encontrar referentes dentro de la familia ampliada. Ojo, no sucede solo cuando son baleados. Es una situación que se repite cuando hay padres que no respetan los tratamientos médicos de un niño o niña.

** -¿Hay un crecimiento en el número de casos de heridos de arma de fuego?**

Carolina Binner (vicedirectora): -Sí, claramente. Aunque para descomprimir la situación, el Hospital de Niños Zona Norte también incorporó servicios de traumatología y eso hizo descender la curva. De todas formas el hospital atiende 80.000 consultas anuales. De ese total es muy bajo el porcentaje que llega con heridas de bala. Pero cada uno que ingresa tiene mucha relevancia. Es un niño que quedó en medio de un conflicto de adultos. No debería haber ningún niño herido con un arma de fuego.

Gonzalo López (trabajador social): -Lo que sí es cierto es que las dificultades para trabajar cada caso son mucho mayores que en años anteriores. Nos encontramos con que en esa familia hay otras intervenciones de la fiscalía por economías delictivas o heridos. O que no toman dimensión del riesgo al que exponen a los niños.

Esquivel: -A veces evaluamos que ese niño no puede seguir en su lugar de residencia o núcleo familiar, pero como equipo de salud no tenemos las herramientas para tomar decisiones. Eso corresponde a la Secretaría de Niñez: creo que deberían escucharnos más, pero eso no ocurre.

-¿Les ha pasado que niños heridos de arma de fuego regresen heridos nuevamente?

Esquivel: -Nos ha pasado que niños con los que trabajamos en situación de vulneración de derechos luego son adultos jóvenes que terminan muertos a tiros. O presos.

-¿Reciben a niños con consumo problemático de estupefacientes?

López: -Sí, desde los 10 años en adelante hay muchos casos.

-La mayoría de las heridas de arma de fuego en niños son leves, ¿algunos han quedado con secuelas graves?

Esquivel: -Tuvimos un nene de seis años con lesiones en la columna, que no podrá volver a caminar. Se han ido con colostomía, es decir, que la lesión genera una lesión en el intestino y se coloca una bolsa externa para el tránsito intestinal. Otra nena tuvo una lesión cerebral. Y a otro tuvimos que hacerle un stent vascular. Pero en la mayoría de los casos son fracturas.

Al terminar la nota todos concluyen en que necesitan una articulación con organismos específicos del Estado para abordar adecuadamente los casos. Salud sola no puede, repiten.

Las cifras

De enero a junio de 2023, el Hospital de Niños Victor J. Vilela atendió a 19 niños y niñas heridos de arma de fuego. Seis fueron ingresados a la Unidad de Cuidados Intensivos y uno falleció.

El 94% habita en barrios periféricos de los distritos Oeste, Noroeste, Sur y Sudoeste de Rosario.

Duelo múltiple en el jardín de infantes

En el Poder Judicial la realidad se acepta y se naturaliza. Lejos de revertirse, la tendencia se mantiene: en lo que va de 2023 ya 358 personas resultaron heridas en ataques armados, el 5% menores de 15 años.

Los niños que sobreviven a las balas interrumpen momentáneamente su escolaridad. Vuelven con secuelas a intentar reinsertarse en una sociedad donde el tejido social está roto por los enfrentamientos que en la mayoría de los casos se dan dentro de un mismo barrio. Bandas que responden a distintos carteles se disputan la venta de cocaína y marihuana a sangre y fuego.

La dimensión del fenómeno y sus distintas aristas quedó expuesto en lo ocurrido en un jardín de infantes llamado “El Sapo Pepe”, ubicado en Alsina al 3.900, en la zona sur de Rosario, que en 2022 perdió a dos de sus alumnas pequeñas a causa de las balas.

El viernes 6 de mayo por la noche, una nena llamada Ámbar Auriazul fue a casa de su abuela en el Barrio Tablada, junto a sus padres. Cuando descendieron del auto y comenzaron a ingresar al pasillo que habitan sus familiares, 37 tiros salieron disparados hacia ellos desde un auto marca Chevrolet Corsa color gris. La feroz balacera mató al papá de la nena de 27 años, a la mamá de 25 y a Ámbar, de solamente 6.

La investigación judicial concluyó en que se trató de un crimen “por error”. Una pareja venía siendo perseguida por narcocriminales a bordo de ese auto. Acorralados, se escondieron en el pasillo contiguo al que habitaba la abuela de la nena. Las luces mortecinas no permitieron a los criminales distinguir a la familia de Ámbar de la pareja que iba a ser blanco del ataque y los tres recibieron una descarga letal. Sobrevivió una criatura de 4 años, que presenció la muerte de sus padres y de su hermana. Quedó al cuidado de sus tíos. La pareja en cuestión fue imputada por falso testimonio y los criminales finalmente detenidos. Pero pocas horas después del ataque, el lunes 9 de mayo, las docentes del jardín Sapo Pepe tuvieron que anunciar a sus alumnos una noticia devastadora: su compañerita Ámbar Morera había sido asesinada.

Siete meses después se repetiría la escena: Candelaria, alumna del mismo jardín de infantes, murió en la medianoche del 24 de diciembre de 2022 a causa de una bala perdida cuando se asomó a la vereda de su casa, en el Barrio Alvear. Intentaba ver los fuegos artificiales de esa Nochebuena. El jardín organizó una suelta de globos por la paz.

Lejos de la tan anhelada paz, en lo que va de 2023 ya hubo 23 menores de 15 años heridos de arma de fuego. Todos habitan en barrios periféricos de Rosario, lo que equivale a decir que todos son pobres. Una vez más, los episodios transcurren a una distancia menor a cinco cuadras de los domicilios.

Los niños y niñas, sin embargo, no son el blanco predilecto. Al igual que en 2022, el 58% del total de víctimas tiene menos de 30 años. La franja etaria juvenil que va de 19 a 24 años se lleva la peor parte.

La Unidad Fiscal de Homicidios Dolosos, que investiga tanto los homicidios como las tentativas, engloba a los más pequeños dentro de una estadística donde son minoría. No hay un seguimiento de los casos que permita aislarlos del resto de la población víctima para prevenir el fenómeno. No hay un agravante en la ley por matar o herir a una criatura.

Pueblada por Jerez

Lo que sí existe es desborde: falta de recursos, de presupuesto y de perspectiva hacia las infancias atravesadas por la violencia armada. No sorprende si se tiene en cuenta que en 2022 cada fiscal de esa Unidad debió investigar e intentar esclarecer 35 crímenes y 92 tentativas. ¿Puede un fiscal resolver 127 casos? Resulta cuanto menos una tarea titánica.

Los barrios mencionados en el informe del Observatorio de Seguridad son siempre los mismos. Los escenarios de los muertos y heridos a tiros se repiten año tras año: Vía Honda, Tablada, Villa Banana, Villa Moreno, Barrio Alvear, Ludueña, Empalme Graneros y Los Pumitas. Este último barrio fue noticia nacional cuando el 5 de marzo de 2023 asesinaron a Máximo Jeréz, de 11 años, mientras iba con sus primos a un kiosco y pasaba frente a un búnquer de venta de drogas. Es difícil esquivar estos puntos ya que en una cuadra puede haber más de uno. Los atacantes, que se desplazaban en auto, quisieron dar un mensaje a quienes regenteaban el negocio, y mataron al niño que caminaba junto a sus primos de 2 y 13 años.

Al día siguiente una pueblada destruyó a mazazos la propiedad donde se comercializaban los estupefacientes. Fue una respuesta espasmódica que culminó con la detención de uno de los gatilleros y dos de sus encubridores. Un hastío generalizado, que no sirvió para frenar el fenómeno de tiros, sangre y muertes violentas.

Por si fuera poco, los únicos espacios de contención de esos niños y niñas, como la escuela, el club, y los centros de salud, también son blanco de balaceras donde aparecen mensajes mafiosos. Mensajes que las bandas se envían entre sí utilizando de “sobre” a instituciones públicas con el fin de lograr atención mediática.

Según un informe de AMSAFE Rosario (el gremio que nuclea a los docentes), en los primeros 6 meses de 2023 unas 52 escuelas públicas “debieron suspender las clases en distintos períodos por balaceras, amenazas y otras formas de violencia”. Se incrementaron el ausentismo escolar y la cantidad de consultas psiquiátricas de maestros y maestras que temen por sus vidas cuando concurren a sus lugares de empleo.

Lejos de abordarse como una problemática integral, cada institución -los hospitales, el Poder Judicial, las escuelas y los clubes- buscan la salida propia sin una intervención conjunta que evalúe el fenómeno en todas sus aristas. La violencia armada en Rosario es una estadística que duele. Los niños y niñas son parte de ella. Un porcentaje casi invisible de una realidad dramática.

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Evelyn Arach elaboró esta investigación en el ámbito del programa de Periodismo Judicial. Investigar con Datos y en Red desarrollado por el Foro de Periodismo Argentino, y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia durante 2023.

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Las opiniones y puntos de vista de esta nota son responsabilidad de su autor/a y no necesariamente reflejan la posición de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.