Diana Maffia

Directora del Observatorio de Género en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires

Las relaciones entre la justicia y la sociedad civil (en ambas direcciones) son un factor importante de la legitimación de la vida democrática tanto en sus formas de control entre poderes como en la más cercana de herramienta de exigibilidad de derechos. Como ciudadanxs deberíamos ver a la justicia como una institución cercana y accesible y al mismo tiempo como imparcial. Ambas expectativas están ensombrecidas, tanto por el distanciamiento en las formalidades procedimentales y el lenguaje casi incomprensible para quienes son legos, como por los cambios según intereses políticos y económicos en la ya de por sí irritante selectividad de las penalizaciones que surgen del incumplimiento de la ley.

*Desde hace años, organizaciones de la sociedad civil se han preocupado por representar estas expectativas de la sociedad ejerciendo un control ciudadano sobre el dictado de las leyes, su cumplimiento o no por el Estado, el papel de la justicia, su composición y sus líneas jurisprudenciales, en un marco de derechos humanos que agrega al control de constitucionalidad el de convencionalidad. Estas organizaciones no pocas veces han sido la fuente de consultas e incluso el espacio de formación de profesionales que luego desempeñan roles técnicos imprescindibles estrechando los vínculos entre las responsabilidades gubernamentales y no gubernamentales de un modo virtuoso.
Incorporar una perspectiva de género a la justicia es una demanda del movimiento de mujeres y diversidades para lograr igualdad de derechos en el respeto por las diferencias. *

La injusticia testimonial hacia mujeres y niñeces hace necesaria una perspectiva interseccional al caracterizar las personas justiciables, especialmente en contextos de violencia que las afectan de modo principal. La reciente Ley Micaela genera una obligatoriedad en la formación que debe acompañarse con otras medidas urgentes y necesarias. La disparidad en la composición misma del poder judicial está registrada por el Mapa de Género de la propia Corte Suprema de Justicia, testimoniando las deudas de la paridad. Es el momento para incluir en el monitoreo de políticas judiciales una visión específica que nos acerque a las garantías de una ciudanía plena. Saludamos que ACIJ, que lleva muchos años detrás de este ideal, incluya una mirada de género en su programa de exigencia de transparencia del sistema judicial para un mejor control ciudadano.

Alberto Binder

Fundador y Presidente de INECIP

Por largas razones históricas, la administración de justicia tiende a volverse opaca, laberíntica, encerrada en sí misma. Por más que le hayamos explicado a los jueces y funcionarios todo lo que ganan con la transparencia, publicidad, rendición de cuentas y que las fuentes de su legitimidad se encuentran en un determinado tipo de diálogo con la sociedad, se trata de una cultura organizacional proclive a las penumbras. Es una lástima.

Por eso, nada le hace más bien a esa administración de justicia que es nuestra, de todos los ciudadanos, que empujarla hacia ese nuevo diálogo con la ciudadanía donde se encuentran aún reservas de confianza y afán de construcción de un Poder Judicial distinto. Un diálogo que nadie dice que será sencillo. Todavía la justicia debe rendir demasiadas cuentas y aprender a ser criticada, sin sospechar que hay mala fe o intentos de destruirla. Es todo lo contrario, los permanentes agentes de la debilidad del poder judicial también medran en las sombras y aprovechas de esos vicios del ocultamiento.

Por ello, es una muy buena noticia la aparición de esta página que construye una ventana abierta a ese esotérico mundo judicial, que provoca miedo y desconfianza antes que autoridad y respeto. Servirá para críticas; bienvenido el espacio; pondrá a disposición de todos, los números y cantidades de una justicia que los escatima: se agradece profundamente. Será una herramienta utilísima para todos los que trabajan para una justicia de calidad, pilar de la democracia profunda y de calidad en la que queremos vivir.

Federico Delgado

Fiscal Federal - Autor de “República de la Impunidad”, “La cara injusta de la justicia: Por qué la justicia Argentina es su propia enemiga”

Justa admite varias miradas. Voy a escoger dos. La primera tiene que ver con un aspecto vital para la república democrática, porque entraña la decisión de quienes componen el proyecto de intervenir en la vida pública de una manera plural y con solvencia técnica frente a una cuestión dramática de la República Argentina: su sistema judicial. Justa supone el esfuerzo de salir de esa zona de confort de la crítica testimonial, para dar el paso decisivo hacia la participación inteligente que combina propuestas con la exigencia de rendiciones de cuenta. Y aquí yace la otra mirada.

Las propias características de la propuesta, permite exigirle al colectivo un plus. Tiene que ver con ejercer docencia en la opinión pública. No solo en la clave mencionada con anterioridad, sino también para contribuir a que los ciudadanos tomen conciencia de la importancia que tienen las leyes y el trabajo de quienes las aplican en sus vidas. Uno de los tópicos que alimenta la crisis judicial, al menos para mí, se vincula con la lejanía con que los ciudadanos piensan la cuestión judicial. Ello, entre otras cosas, permitió que ese poder de la polis que es la justicia, sea expropiado a las grandes mayorías. La dimensión educativa con la que Justa puede contribuir es uno de los caminos que seguramente permitirá a los ciudadanos reapropiarse de sus instituciones.