Jürgen Habermas

El Poder Judicial se acostumbró a hablarse a sí mismo y a usar una jerga que resulta incomprensible para la ciudadanía a la que sirve o debería servir. Un movimiento pretende deconstruir este resabio colonial o inquisitorial, para que la lengua comience a expresar los derechos universales de un modo crítico, a la luz del derecho a las diferencias.

El Estado está obligado a garantizar el acceso a la justicia sin discriminación. En consecuencia, debe eliminar todos los obstáculos que enfrentan las personas y comunidades vulnerabilizadas para hacer efectivos sus derechos.

En la actualidad, existen diversos usos del lenguaje que refuerzan las asimetrías de poder presentes en el tejido social. El Poder Judicial no escapa a ellos, sino que -en muchos sentidos- puede decirse que los legitima. En efecto, el lenguaje utilizado habitualmente en sus sentencias, resoluciones y comunicaciones no suele ser comprensible para las personas a las que están destinadas ni para las que se ven alcanzadas por sus impactos. El modo en el que el Estado se expresa puede erigirse, entonces, en un muro infranqueable para que la población pueda ejercer plenamente sus derechos, máxime en sociedades con una distribución desigual del capital económico, social y simbólico.

En ese contexto, el lenguaje claro deviene una cuestión esencial en las prácticas y procedimientos que despliega el Poder Judicial en su funcionamiento cotidiano. Así, favorece una mayor apropiación de contenidos; suprime obstáculos vinculados con la falta de alfabetización legal y mejora el uso de los mecanismos de acceso a la justicia. En definitiva, democratiza el derecho, permitiendo que todas las personas puedan conocerlo, usarlo y transformarlo.

Según la International Plain Language Federation, "una comunicación está en lenguaje claro si la lengua, la estructura y el diseño son tan claros que el público al que está destinada puede encontrar fácilmente lo que necesita, comprende lo que encuentra y usa esa información".

Este nuevo paradigma supone la eliminación de los latinismos, de las palabras exclusivas del acervo judicial, de las estructuras gramaticales complejas y de ciertas formas de redacción que resultan arcaicas. Fundamentalmente, implica la eliminación del verticalismo con el que se expresa el Poder Judicial, que tributa a la idea de una Justicia alejada de las personas. Y una Justicia alejada de las personas es una Justicia que no puede entender sus necesidades y sus demandas.

En tal sentido, el lenguaje claro implica un esfuerzo de adaptación del Estado a las formas de hablar y a las situaciones en las que se encuentran las personas. No es solo cuestión de que sea sencillo, sino también inclusivo y accesible, lo que requiere tener en cuenta las necesidades específicas de distintos colectivos, y las diferencias interculturales, etarias y de género. Por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad, debe garantizarse que todas las comunicaciones judiciales estén disponibles en formato de fácil lectura, para lo cual es esencial crear sistemas que permitan que ellas mismas las validen. Incorporar a diversos grupos en las instancias de elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas y procesos que aborden estas temáticas reviste una importancia vital.

No cabe duda, entonces, de que el Estado debe fortalecer y promover una verdadera apropiación del derecho por parte de la ciudadanía, iniciando procesos de simplificación del lenguaje jurídico, de empoderamiento y de alfabetización legal.

Existen diversas iniciativas estatales que se proponen la utilización del lenguaje claro en la producción de documentos e informes, y en el servicio público de justicia. Así, se diseñaron sitios web de derecho fácil, y también se conformó una Red de Lenguaje Claro, que promueve su uso en los organismos públicos. A su vez, se ha avanzado en la elaboración de talleres, materiales y capacitaciones sobre el tema.

Entre esas experiencias, cabe destacar la Guía de Lenguaje Claro y Estilo elaborada en 2019 por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene por objetivo modificar el vocabulario y fomentar la utilización de terminología de uso corriente; disminuir el uso de términos complejos o muy técnicos; abandonar el lenguaje androcéntrico; uniformizar criterios y estilo en la confección de documentos y resoluciones, mejorar la redacción, y elaborar modelos estándar que faciliten la visualización de la información. La guía contiene pautas generales relativas al lenguaje en los textos, y enumera palabras y fórmulas que es conveniente evitar (tales como "adujo", "avizora", "comparecer", "desinsacular", "emplazado", "encartado", "endilgado", "a sus efectos", "autos y vistos", entre otras). En este juzgado también dispusieron criterios para la comunicación de resoluciones mediante la utilización de las redes sociales.

Además, se realizaron avances significativos en materia de lenguaje claro en el Juzgado N° 13 del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la misma ciudad. Esta unidad diseñó un nuevo documento de notificaciones, que fue validado con la ciudadanía a través de las redes sociales y con especialistas en el tema.

En la provincia de Tucumán, recientemente cobró notoriedad un fallo de una jueza que utilizó lenguaje claro, y adecuó el contenido, el mensaje y el formato según la edad de quien recibía la información legal (en este caso, una niña). También resulta pertinente mencionar la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº 4 en lo Contencioso Administrativo de La Plata en el marco de una causa sobre el derecho de las personas con discapacidad a contar con asistentes personales para vivir de modo independiente, que fue redactada en formato de fácil lectura.

Por otro lado, el Poder Judicial de Formosa avanzó con una guía sobre el tema, y la provincia de Buenos Aires estableció, mediante la Ley Nº 15.184, el uso y desarrollo del lenguaje claro en los textos legales y formales emitidos por los tres poderes del Estado provincial.

Si bien estas experiencias son muy valiosas en términos de democratización del discurso jurídico, no pueden quedar libradas al "voluntarismo" de cada juzgado, sino que se requiere la adopción del lenguaje claro, con perspectiva de género y diversidad, como una política pública transversal a todo el Poder Judicial.

El lenguaje claro debe ser tenido en cuenta en el marco de las reformas judiciales y surgir como parte de una propuesta elaborada, de manera horizontal y relacional, entre el Estado y la comunidad. Debe abarcar no solo las resoluciones y sentencias, sino también las plataformas web, aplicaciones móviles, publicaciones, folletos y campañas de difusión que se realicen desde el Poder Judicial.

La asimetría en la utilización del lenguaje, el clasismo, el elitismo, la falta de adecuación de los contenidos a comunicar, y el excesivo e innecesario tecnicismo en las formas de expresarnos atentan contra la construcción de ciudadanía. En virtud de ello, el lenguaje claro se presenta como una herramienta estratégica y política, en tanto habilita la constitución de sujetos de derechos. Avanzar en su reconocimiento permitirá la apropiación del lenguaje jurídico por parte de colectivos históricamente excluidos del conocimiento de los derechos y de su reivindicación, lo que, a su vez, fortalecerá la democracia y la igualdad.

En ACIJ, organización de la sociedad civil editora de JusTA, venimos impulsando el Acuerdo por el Acceso a la Justicia, documento que contiene propuestas de política pública consensuadas con más de 80 organizaciones de la sociedad civil. Una de ellas insta a la incorporación del lenguaje claro, sencillo e inclusivo en todas las resoluciones, actos procesales, procedimientos, e instancias judiciales o administrativas.

Los desafíos son múltiples y variados. Si bien se produjeron avances significativos, aún queda mucho camino por recorrer. La deuda con las niñas, niños y adolescentes; con las personas con discapacidad; con las personas con baja alfabetización; con las personas mayores; y con las personas que pertenecen a comunidades indígenas o migrantes sigue sin ser saldada.

El lenguaje claro implica para el Estado asumir una definición técnica, política y -fundamentalmente- ética, en pos de suprimir todo tipo de barrera que obstaculice el acceso a derechos por parte de la sociedad en general, y de los colectivos vulnerabilizados en particular. Transformar el lenguaje es, definitivamente, un paso que no podemos dejar de dar si queremos desarticular las relaciones de poder imperantes, y alcanzar sociedades más democráticas, igualitarias y justas.

#BIO

Natalia Echecoyemberry es magíster en Salud Pública (UBA), abogada (UNL) y psicóloga (UP). Candidata a doctora en Ciencias Sociales (UBA). Trabaja en el Programa de Acceso a la Justicia de ACIJ.

Celeste Fernandez es abogada (USAL), Máster 1 en Derecho (Universidad Paris I Panthéon-Sorbonne), Especialista en Derecho Procesal Civil (UBA) y candidata a Magíster en Políticas Públicas (UTDT). Actualmente coordina el Programa de Derechos de las Personas con Discapacidad en ACIJ.