La entrevista en cinco definiciones

" El Consejo ha tenido siempre un grado mayor o menor de publicidad de los asuntos, y esto sí que me parece un avance. Por ese motivo no estoy de acuerdo con liquidar la institución"

" Estoy convencido de que la sociedad debe observar qué tipo de jueces se están eligiendo"

" El Consejo debe recuperar el debate abierto que, según mi punto de vista, se fue perdiendo por la partidización y por los acuerdos políticos. En general y lamentablemente, estos entendimientos terminan en un reparto de cargos y no en la mejora de la Justicia"

" En los cuatro años en los que fui consejero tuvimos alrededor de 13 enjuiciamientos de magistrados. Nadie pudo superar este nivel de actividad. Y no lo digo porque a mí me guste echar a los jueces, sino que se trata de una función esencial del Consejo para que exista un sistema judicial acorde a la letra de la Constitución"

" La institución no puede ser una representación de intereses sectoriales. Perfectamente es posible hacer una elección popular de estas autoridades sin necesidad de modificar la Constitución"

Tiene 89 años, pero advierte que está a punto de cambiar de década. Sonriente, el abogado Beinusz Szmukler dice en esta entrevista telefónica que aún confía en la promesa de más y mejor justicia con la que el Consejo de la Magistratura llegó a ser incorporado al sistema judicial durante la última reforma de la Constitución. Szmukler está autorizado para expresar lo que expresa por haber participado en la segunda gestión (2002-2006) del organismo en representación de la abogacía. Eran los tiempos iniciales de una institución que anunciaba igualdad de oportunidades y la prevalencia del mérito para el acceso a la magistratura federal y nacional, y transparencia en la selección y el control disciplinario de la judicatura, además de en la administración del presupuesto judicial. "Yo aún tengo esa aspiración, aunque sé que no la voy a ver realizada", confiesa. Y en otro tramo de la entrevista agrega: "sin controles, la magistratura deviene en monarquía".

-¿Cuáles eran sus ilusiones cuando recibió el diploma de consejero?

-No tenía demasiadas ilusiones cuando me integré al Consejo, pero sí creía que era posible librar una batalla para tratar de mejorar el Poder Judicial. Esa fue mi expectativa y el argumento de mi campaña en la abogacía. La ley que regía en aquel momento no era la que yo hubiese querido, pero era lo que había. Existía una representación igualitaria y no equilibrada, como dice la Constitución, entre los distintos estamentos: ocho legisladoresas, cuatro jueces, cuatro abogados, dos académicos, un representante del Poder Ejecutivo y un representante de la Corte de la Nación. En 2006 vino esta reforma impulsada visiblemente por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner que redujo el número de miembros, y cuyos grandes promotores fueron el riojano Jorge Yoma y el rionegrino Miguel Pichetto, que estaban en el Consejo.

-¿Qué pasó a partir de allí?

-La nueva composición empeoró las cosas (seis legisladores, tres jueces, dos abogados, un académico y un representante del Poder Ejecutivo). Pero más allá de esto el Consejo ha tenido siempre un grado mayor o menor de publicidad de los asuntos, y esto sí que me parece un avance. Por ese motivo no estoy de acuerdo con liquidar la institución. La discusión pública es una ventaja enorme y puedo dar fe que en mi período funcionó así. Para tener una idea de ello basta con recordar que los integrantes de las comisiones más importantes, que son las de Selección, y de Acusación y Disciplina, nos reuníamos en forma pública durante horas en los que ocurrieron debates relevantes. Esta tradición se deterioró enormemente y empezaron los arreglos fuera de las sesiones de tal forma que se llegaba a ellas con todo arreglado.

-¿Los arreglos abrieron la corriente vigente de sospechas de intercambio de favores?

-La discusión pública siempre me pareció algo fundamental porque eso permitía mostrar lo que pasaba y las posiciones de cada consejero. Además, estoy convencido de que la sociedad debe observar qué tipo de jueces se están eligiendo. Por supuesto que no había la cantidad de asistencia y de participación que deseaba, pero esto funcionaba como una forma de control. Hay una diferencia sustancial entre la reunión de comité y la reunión que expone ante la sociedad. Nunca será lo mismo. Y el Consejo debe recuperar esta virtud que, según mi punto de vista, se fue perdiendo por la partidización y por los acuerdos políticos. En general y lamentablemente, estos entendimientos terminan en un reparto de cargos y no en la mejora de la Justicia. En los cuatro años en los que fui consejero tuvimos alrededor de 13 enjuiciamientos de magistrados. Nadie pudo superar este nivel de actividad. Y no lo digo porque a mí me guste echar a los jueces, sino que se trata de una función esencial del Consejo para que exista un sistema judicial acorde a la letra de la Constitución.

-¿Qué resultó dirimente para perder ese ritmo?

-A mí me parece que en los retrocesos tuvo que ver la reducción del número de abogados. Y no porque sus representantes sean una maravilla: advierto que algunos de ellos están bastante vinculados a los partidos políticos. Pero la realidad es que el otro estamento en teoría independiente, el de los jueces, se presenta como una corporación. Eso se ve en las defensas que hicieron de colegas impresentables, que habían violado todo mandato legal.

-En virtud de su experiencia, ¿qué reformas propondría?

-Sí es posible mejorar la ley del Consejo de la Magistratura y hacer que los consejeros, por ejemplo, sean elegidos por el pueblo y no por sus propios colegas. Propongo esto porque la institución no puede ser una representación de intereses sectoriales. Perfectamente es posible hacer una elección popular de estas autoridades sin necesidad de modificar la Constitución. Y que la gente vote a los consejeros de los distintos estamentos como lo hace para el resto de los cargos electivos. Otra reforma que encuentro necesaria es la de los legisladores: ¿por qué están ellos en el Consejo si la Constitución indica que su función es hacer las leyes? Los representantes del Congreso no tienen por qué ser los propios diputados y senadores.

-¿Qué puede decir sobre la demora excesiva de la sustanciación de los concursos?

-El tiempo justo no es ni un trámite ultraveloz, ni un trámite de un año de duración o más. Tres o cuatro meses es un plazo razonable para sustanciar un concurso. La mora desprestigia el trabajo del Consejo e impide a este ganarse el respeto de la gente. Si todo funcionara de manera correcta, ningún concurso debería durar más de seis meses: no hay nada que lo justifique. Y el efecto de la demora es muy negativo porque alimenta las subrogancias. Pero esto de que un juez atienda dos juzgados al mismo tiempo en realidad es una circunstancia que perjudica al Poder Judicial porque descuida el cargo propio. Para mí la mejor solución para los suplentes es la actuación de un cuerpo de subrogantes destinado a cubrir las vacancias allí donde estas se presenten. No existe el sistema perfecto, pero sí existen muchas cosas que se pueden hacer para marchar hacia una Justicia comprometida con la Constitución, y con los derechos y garantías de la ciudadanía. Eso es lo que el pueblo reclama: justicia.

-La independencia judicial está severamente en tela de juicio. ¿Cómo lo ve usted que ha militado tanto en este tema? ¿Ve justa o injusta la desacreditación de los Tribunales?

-A mí me gustaría hacer diferencias. No todos los jueces son lo mismo. Hay que evaluar el desempeño de integrantes de la magistratura en particular, no al Poder Judicial en su conjunto. Englobar al conjunto es injusto. Pero sí creo que estamos muy lejos de la Justicia que deseamos. La independencia judicial es la condición de ejercicio del juramento de aplicar la Constitución y los pactos internacionales con jerarquía constitucional, no un principio para que los jueces hagan lo que les venga en gana. Y las malas actuaciones deben ser juzgadas y sancionadas. Según mi criterio esta fiscalización del desempeño deja mucho que desear y ha sido escasa en atención a que la magistratura es vitalicia y no elegida por el pueblo: sin control, deviene en una especie de monarquía. Insisto en que la independencia judicial no es un derecho a hacer cualquier cosa. Carlos Menem tenía una condena, pero, aún así, ocupaba un escaño en el Senado porque la Corte Suprema nunca resolvió la apelación. Los magistrados deben rendir cuentas por esto si estamos en una república democrática. Yo tengo esta aspiración, aunque sé que no la voy a ver realizada.

#BIO

Beinusz Szmukler es presidente consultivo de la Asociación Americana de Juristas, además de ex consejero de la Magistratura por los abogados en el período 2002-2006, donde tuvo una presencia destacada. Una investigación de la ONG Poder Ciudadano lo incluye entre los seis integrantes de la institución que acudieron a todas las reuniones plenarias del segundo semestre de 2005. Los otros son Marcela Rodríguez, Claudio Kiper, Victoria Pérez Tognola, Juan Carlos Gemignani y Juan Mínguez.