La deficiente redacción de los cuestionarios y de la selección de la información dificulta el análisis y la posibilidad de generar conclusiones conducentes a la corroboración o desestimación de los actos ilícitos. Todo ello incide en la demora de los procesos donde la prueba pericial deviene fundamental, además de generar dudas que terminan beneficiando a los imputados.

Las demoras en la práctica de los peritajes contables representa un significativo problema en los expedientes donde se examinan delitos económicos. La dilación obedece principalmente a la errónea redacción de los puntos periciales por parte de los juzgados y fiscalías, que llevan a realizar arduos e innecesarios trabajos, y, también, a la errónea e insuficiente reunión de evidencias necesarias para efectuar los estudios, que en ocasiones adolecen de déficits de documentación, y en otras presentan una innumerable cantidad de documentos excesivos e innecesarios, que no debieron ser obtenidos ni remitidos a los expertos. La preparación previa de cuestionarios y documentos adecuados permitiría ahorrar mucho tiempo en la realización de los informes periciales; una más certera elaboración de las pruebas periciales y, por ende, una abreviación significativa de la duración de los procesos judiciales.

En una causa penal ligada a delitos económicos intervienen distintos factores. Por un lado están los imputados o posibles responsables con sus respectivos defensores. Por el otro, los que llevan adelante la acción penal, que son los jueces o los fiscales federales, si es que los primeros les delegan la investigación. Quienes impulsan la pesquisa y quienes se defienden desarrollan sus estrategias. Las defensas disponen de una serie de artilugios para que los casos no prosperen, se demoren o nunca se terminen. Y a menudo buscan complejizar los procesos o generar confusiones para que al final sea muy difícil llegar a una conclusión contundente. La duda y la falta de claridad siempre benefician al acusado.

En el procesamiento de los delitos económicos, este “juego” se disputa en el peritaje, que la defensa va a tratar de ensuciar todo lo posible. El vehículo para lograr este objetivo es la redacción de los puntos de pericia. Las partes tienen derecho a proponer los aspectos que ha de analizar y responder el perito. Si esas propuestas no apuntan en forma concreta, directa y exclusiva a probar los hechos para que los jueces puedan pronunciarse, y sí sirven para provocar incertidumbre, entonces el peritaje será una pérdida de tiempo y adormecerá la investigación.

El tiempo perdido supone meses y hasta años de demora. Porque los peritajes requieren de debates entre los distintos especialistas designados. Ha habido casos de trabajos donde han intervenido entre 20 y 25 peritos, lo que implica un gran esfuerzo porque no es fácil llegar a un acuerdo en esas condiciones. Cada uno de esos profesionales tiene su propia impronta y apreciación de los hechos, y, si no llegan a un consenso, deben hacer peritajes por separado, que desafían al juez. Si los puntos de pericia son inconducentes a los fines de comprobar los actos, la labor deviene completamente inútil.

La redacción del cuestionario es una operación tan crítica para el resultado del peritaje que los jueces no pueden desentenderse de ella. Ocurre que los peritos no pueden salirse del interrogatorio ni obviar preguntas. Quienes están interesados en llevar adelante el proceso de una manera transparente y clara deben filtrar los puntos de pericia, y sólo permitir aquellos que sean conducentes a corroborar o a descartar la responsabilidad penal.

El otro tema clave es el envío de la documentación que han de analizar los peritos. La información debe llegar en la medida justa: no tiene que haber de más ni de menos. Si se consigue esa proporción equilibrada y se confecciona un cuestionario filtrado, entonces la peritación tendrá posibilidades de desenvolverse con rapidez y precisión. En cambio, en la situación contraria, el peritaje, lejos de contribuir a dar claridad, oscurecerá el panorama y la actuación del sistema judicial.

Por Alfredo Popritkin
Presidente de Contadores Forenses ONG y ex perito contador oficial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Las opiniones y puntos de vista de esta nota son responsabilidad de su autor/a y no necesariamente reflejan la posición de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.