La actuación de una ONG logró poner fin al secretismo que regía la vida de la Legislatura provincial, en un antecedente relevante para el resto de las jurisdicciones.

La historia que relato en este artículo —aun con final parcialmente incierto— resulta fundamental para entender por qué existe una imperiosa necesidad de que la justicia recepte los planteos de la sociedad civil para transparentar la actuación de la administración en el Estado nacional y los Estados subnacionales y, así, mejorar la calidad del sistema democrático.

Una mañana de septiembre de 2018, un grupo de policías leales a su función se interesaron por tres personas extrayendo dinero en cajeros, con múltiples tarjetas, del Banco de Entre Ríos. Luego de seguirlos hasta su domicilio se inició la trama del descubrimiento de uno de los hechos de corrupción más escandalosos del país: un esquema armado y aceitado de contratos de obra fraudulentos a través de los cuales se sustrajo un monto aproximado de 53 millones de dólares entre 2008 y 2018. Aquellos tres ejecutores iniciales, y varios de sus familiares, eran contratados en la legislatura entrerriana y también lo eran en la Honorable Cámara de Senadores de la Nación.

Durante más de 10 años, en una ciudad relativamente chica, se había montado un engranaje de sustracción masiva de dinero público en base a la contratación fraudulenta de personas que prestaban su nombre, y a veces su firma, para que otros cobraran los cheques que salían masivamente de ambas cámaras de la Legislatura. Ello fue posible debido al secretismo reinante en relación con las contrataciones de personal del poder legislativo.

Durante aquella investigación penal, la legislatura se negó a proporcionar a la Fiscalía los nombres de los contratados de obra y de su personal de planta. A esta decisión se llegó, en 2018, con el voto unánime en el Senado y con un único voto disidente en la Cámara de Diputados.

Si recorremos los diarios, veremos que exactamente lo mismo ocurrió en la provincia de Buenos Aires en 2023, no sólo se descubrió un esquema similar de sustracción de dinero, el caso “Chocolate”, sino que también se replicó la negativa a proporcionar a la fiscal la información sobre las contrataciones.

Indudablemente estos antecedentes pusieron el foco sobre la opacidad en el manejo de las cuentas públicas de los órganos legislativos provinciales.

Atentos a ello, la Asociación Civil “Entre Ríos Sin Corrupción” presentó en mayo de este año, ante ambas cámaras legislativas de Entre Ríos, un pedido de acceso a la información pública, solicitando se informe de manera accesible a toda persona interesada (vale decir, con publicación en la web), los contratos de locación de obra y de servicio realizados por las Cámaras durante los años 2022, 2023 y 2024; el listado completo de personal de planta permanente y el listado de destinatarios de subsidios.

Ninguna de las Cámaras contestó el pedido. “Entre Ríos Sin Corrupción” promovió, entonces, dos acciones de amparo para que se ordene a las Cámaras proporcionar esa información no sólo a los peticionantes, sino haciéndolo de manera que cualquier ciudadano pueda acceder a la misma.

Pese a que en la provincia de Entre Ríos no hay ley de acceso a la información pública, la Constitución provincial del año 2008, dedicó dos artículos a reconocer este derecho y hacerlo operativo, por lo que ambas acciones de amparo fueron receptadas positivamente en primera instancia. Aunque fueron recurridos por las demandadas.

Hace pocos días, el Superior Tribunal de Justicia confirmó los fallos de primera instancia y ordenó (aquí y aquí) a ambas Cámaras legislativas que proporcionen la información solicitada en el término de 15 días hábiles, enfatizando que el nombre, DNI, identificación tributaria o laboral, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio, nunca pueden ser considerados datos reservados.

Dando un paso gigante en pos de la transparencia de la gestión pública, la Cámara de Diputados provincial, el pasado lunes 30 de septiembre, acató el fallo y publicó en su sitio web toda la información solicitada.

El viernes 4 de septiembre, dejando de lado una resolución con la que los senadores habían anunciado un posible recurso ante la CSJN para evitar cumplir el fallo, finalmente también accedieron a difundir la información, publicando en la página web del senado provincial todos los datos solicitado.

Con ello, la provincia de Entre Ríos se convierte en la primera de todas las provincias argentinas en transparentar los datos de las contrataciones de personal de sus cámaras legislativas.

A partir de ello, el periodismo independiente ha comenzado a analizar esta información, mostrando a la opinión pública posibles situaciones de abuso o de nepotismo (ver por ejemplo aquí y aquí), permitiendo así a la ciudadanía estar al tanto no sólo de la aplicación de los fondos públicos, sino también de los vínculos personales y funcionales que pueden incidir sobre las decisiones de los funcionarios.

El proceso que muy resumidamente he narrado pone en evidencia la importantísima labor que puede asumir la ciudadanía para mejorar los estándares de transparencia de la función pública. Con su esfuerzo, los integrantes de la Asociación Civil Entre Ríos Sin Corrupción han hecho un aporte valioso para prevenir el nepotismo, los abusos y la impunidad.

La corrupción se hace posible y prospera en la desconfianza y el desánimo de las mayorías, que observan afligidos e impotentes que algunos se aprovechan injustamente de los sacrificios de todos.

Sabemos ahora, con el ejemplo de estos entrerrianos, que si bien hay mucho por hacer, una parte no menor está en manos y al alcance de los ciudadanos.

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Cecilia Goyeneche es abogada especialista en derecho penal, profesora universitaria y exprocuradora adjunta y fiscal anticorrupción de la provincia de Entre Ríos.

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Las opiniones y puntos de vista de esta nota son responsabilidad de su autora y no necesariamente reflejan la posición de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.