por ACIJ
Publicamos un informe en el que analizamos la demora en iniciar y tramitar concursos para fiscales que se viene sucediendo hace años en el Ministerio Público Fiscal.
Según la investigación "Vacancias en el Ministerio Público Fiscal" publicada por ACIJ, más del 40% de las posiciones del Ministerio Público Fiscal de la Nación se encuentran vacantes, sin que se convoquen concursos para cubrirlas. Por ello, le remitió una nota al Procurador General, Eduardo Casal, para advertirle sobre el gran perjuicio social que genera que una buena parte de las fiscalías se encuentren vacantes hace tanto tiempo.
Las y los fiscales cumplen un rol fundamental en la tramitación de causas judiciales. En la reforma de la Constitución de 1994 se jerarquizó su función transformando al Ministerio Público en un poder completamente autónomo del resto de los poderes del Estado. En particular en materia penal, sin el trabajo que deben desarrollar las y los fiscales, las investigaciones corren riesgo de quedar en la nada.
Sin embargo, y a pesar del protagonismo que tiene este órgano para la garantía de los derechos de la ciudadanía, según los datos proporcionados el 22 de octubre de este año como respuesta a una solicitud formal de información pública por parte de ACIJ, de las 334 fiscalías habilitadas se encuentran sin cubrir 123 cargos. Además, hay 8 cargos vacantes que corresponden a fiscalías no habilitadas, 14 a fiscales internos de la Procuración General de la Nación y 8 a fiscales de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Entre las vacantes en fiscalías más sensibles se encuentran:
El análisis de las convocatorias efectuadas en los últimos diez años da cuenta de un panorama singularmente preocupante que no se limita a los últimos años. En ese sentido, de acuerdo a la información publicada por el Ministerio Público Fiscal, sólo se llamaron desde 2011 a los siguientes concursos:
Ni el contexto de pandemia, ni la provisionalidad de Casal -que es interino hasta que los poderes políticos designen a un Procurador o Procuradora permanente- son motivo suficiente para que las fiscalías permanezcan vacías. La designación de subrogantes, en la práctica, le otorga más discrecionalidad, altera inadecuadamente los incentivos para las y los fiscales subrogantes, y genera demoras inaceptables así como una afectación de la calidad del servicio de justicia.
Accedé al informe completo acá.