El nuevo paradigma de investigación y juzgamiento de los actos delictivos, que puso al Ministerio Público Fiscal en el lugar de los hechos, incrementó el número de causas con fallos, que hasta 2020 era del 7,4%. A partir de la aplicación del sistema acusatorio, en 2021, se logró una tasa del 23,18%.

La Justicia de San Juan hizo un cambio que le permitió revertir el desempeño pobre en la tramitación de causas penales en tiempo y forma. El primer paso se dio con la implementación del Sistema Especial de Flagrancia en 2017. Según comentó el fiscal Iván Grassi, coordinador de la unidad fiscal Delitos Especiales y exfiscal de Flagrancia, todo comenzó por la decisión política de investigar y juzgar delitos como robos y hurtos, cuyos autores eran atrapados in fraganti. Luego se agregaron las lesiones (violencia de género), las amenazas y la privación ilegítima de la libertad, entre otros. Pero estos delitos se incluyeron no porque fueran los más frecuentes, sino porque resultaban fáciles de procesar debido a su escasa complejidad probatoria y de llevar a juicio, según explicó Grassi.

El régimen de flagrancia devino insuficiente para incrementar el índice anual de causas con sentencia. Esto recién sucedió con la aplicación del sistema acusatorio adversarial penal implementado en 2021 que abordó toda clase de delitos: homicidios dolosos y culposos, abusos sexuales, violencia de género, corrupción de menores, pornografía infantil, incumplimiento de los deberes de funcionario público, etcétera.

Casos que tardaban dos o tres años en ser resueltos empezaron a concluir en meses. Delitos que finalizaban en sobreseimientos por prescripción, comenzaron a derivar en condenas a prisión de ejecución condicional o efectiva. También aparecieron sentencias inéditas vinculadas, por ejemplo, a delitos relacionados con el consumo y distribución de la pornografía infantil. De acuerdo a lo que señaló el fiscal Grassi, los logros obedecieron a que ahora “el sistema es más ágil y expeditivo”.

“En el viejo sistema, el juez, que investigaba, cubría una gama inmensa de delitos, lo que lo llevaba a resolver uno que otro porque el proceso era más burocrático y formal, por lo tanto, más lento en su tramitación”, explicó el fiscal. “Y el código procesal le permitía inclinarse por los más complejos, ya sea porque había personas detenidas, implicaba perjuicios contra la administración pública o tenía una importante repercusión social. Por otra parte, los abogados defensores disponían de una serie grande de recursos para presentar en cualquier etapa de la investigación, lo que derivaba casi siempre en una falta de mérito. Los expedientes concluían en un sobreseimiento por prescripción o archivados”, añadió Grassi.

En el sistema acusatorio no existe la falta de mérito: si la causa es formalizada, debe terminar con un sobreseimiento o en un juicio. Por otra parte, la investigación depende de un cuerpo de fiscales especializado por áreas que acude al lugar de los hechos; que toma testimonios sin ninguna citación previa o formalización; que levanta la prueba sin depender de un trámite burocrático, entre otras facultades, lo que lleva a concluir el caso en menos tiempo y con la resolución final de un juez. “También ayuda que no hay tantas instancias de recursos de impugnación o apelación al alcance de los abogados defensores, sino hasta el juicio, la etapa más importante del proceso”, subrayó Grassi.

El veredicto de la estadística

En su página web, el Poder Judicial de San Juan dispone de estadísticas desde 2013 hasta 2022. Según un análisis realizado sobre los datos públicos, el índice de resoluciones de los legajos penales era bajo pese a que el fuero penal se ubicaba en segundo lugar en los Tribunales en cuanto a la cantidad de procesos abiertos.

En 2013 entraron 124.281 expedientes nuevos a la Justicia provincial. De este número, 28.024 ingresaron al fuero penal (22,55%); 10.832 en el Civil y Comercial (8,71%); 1.824 en el Laboral (1,46%); 3.821 en Familia (3,07%); 1.951 en el Contencioso Administrativo (1,56%); 64.528 en la Justicia de Paz (51,92%), y 13.301 en Faltas y Contravenciones (10,70%).

En el mismo periodo se resolvieron 85.885 causas: 6.166 fueron en el Civil y Comercial (56,92%); 1.132 en el Laboral (62,06%); 2.196 en Familia (57,47%); 1.543 en el Contencioso Administrativo (79,08%); 63.215 en la Justicia de Paz (97,96%), y 9.702 (72,94%) en Faltas y Contravenciones. En el fuero penal se concluyeron 1.931 (6,89%) procesos, el desempeño menos efectivo del año considerado. Estos porcentajes de sentencias se obtienen multiplicando el número de casos finalizados por 100 y dividiéndolo por la cantidad de casos nuevos. Las estadísticas indican que en 2013 había 4.528 causas penales en trámite mientras que las latentes, que no registraban ningún movimiento en seis meses, sumaban 1.043.

Los números se mantuvieron en los años sucesivos con una cantidad importante de ingresos de causas, pocas resoluciones, y un aumento de los casos en trámites y latentes. En 2014 entraron 26.169 expedientes en el fuero penal; en 2015, 23.904; en 2016, 28.614; en 2017, 30.363; en 2018, 28.418; en 2019, 29.886 y en 2020, 28.232. En 2021 se abrieron 21.944 procesos y en 2022, 20.474. La Justicia de San Juan atribuye esta disminución de causas a la implementación del sistema acusatorio.

Con respecto a la resolución de causas, en 2014 hubo 2.320 (8,86%); en 2015, 1.739 (7,27%); en 2016, 4.031 (14,08%); en 2017, 2.205 (7,26%); en 2018, 2.286 (8,04%); en 2019, 2.721 (9,10%) y en 2020, 2.091 (7,40%). A partir de la aplicación del sistema acusatorio, en 2021, se pasó a una tasa de resolución del 23,18% (5.088 causas), con una baja de cinco puntos porcentuales (17,19%) en 2022 (los expedientes previos a la puesta en marcha del nuevo paradigma pasaron a la Unidad Conclusiva de Causas, mientras que algunos delitos se siguieron instruyendo por medio de los juzgados tradicionales). Los cambios pueden ser observados en el cuadro presentado a continuación.

¿Qué pasó con las causas en trámite?

En 2014, los legajos en trámite se duplicaron (pasaron de 4.528 a 9.789) y los latentes se sextuplicaron (de 1.043 a 7.305). En 2015 bajó el primer índice a 6.524, pero el segundo seguía en aumento, con 13.738 causas latentes. Ya para 2016 había 9.674 expedientes en trámite y 17.972 latentes: este fue el último año que la Justicia de San Juan informó estas cifras.

En 2017 había 8.008 causas en trámite; en 2018, 8.906 y en 2019, 11.367. Pero en 2020 se informó una baja considerable: 4.832 expedientes en trámite. En 2021 fueron 1.116 y en 2022, apenas 321. El descenso rotundo coincide con la aplicación del sistema acusatorio.

Una respuesta para la mayoría de los casos

Según un informe de gestión presentado por la Oficina Judicial Penal, entre 2021 y 2022 se registraron 3.520 legajos para los que hubo al menos una audiencia. De ese volumen sólo se formalizó la investigación penal preparatoria de 2.991: 1.449 casos en 2021 y 1.542 en 2022, siempre según el Poder Judicial. De la totalidad de las causas formalizadas, el 85,29% fue resuelta o se llegó a un modo alternativo de solución del conflicto, mientras que el resto continuaba en trámite.

De la cantidad de causas formalizadas, es decir, donde se decidió presentar una acusación, 1.690 terminaron con una sentencia definitiva, 861 con modos alternativos de solución de conflicto y 440 siguen en trámite. Con estos datos, el informe oficial de los Tribunales de San Juan concluye que la tasa de resolución judicial al 31 de diciembre de 2022 era de 56,50%.

El liderazgo de los juicios abreviados

El juicio abreviado fue aplicado en el 40% de las causas resueltas entre 2021 y 2022. Se trata de una instancia previa al juicio donde la persona sospechosa de haber cometido un delito acepta la culpabilidad y una pena para evitar el juicio y, a veces, hasta una condena mayor. La “probation” o suspensión del juicio a prueba se usó en el 30% de los procesos resueltos: este instituto implica que los imputados se someten voluntariamente a una serie de reglas de conducta sin que ello implique aceptar su culpabilidad. A cambio, la “probation” paraliza la actuación judicial y la mantiene frenada mientras se honran los compromisos asumidos. Este beneficio sólo está disponible para personas que no han sido condenadas antes o no son funcionarios públicos.

Fuente: Informe de la Oficina Judicial Penal - Poder Judicial San Juan

En el otro extremo

Si bien el trabajo del fuero penal es más ágil y efectivo, no todos están conformes con el modelo. Guillermo Chirino, referente de la Asociación Familias del Dolor (es un grupo de personas que perdieron parientes en siniestros viales), señaló que, si bien el sistema acusatorio trajo mayor cantidad de resoluciones en menos tiempo, aún falta en el Ministerio Público Fiscal y en el Poder Judicial mejorar la comunicación y la empatía con las familias de víctimas.

Si la reforma hubiera sido aplicada antes, Chirino tal vez habría gozado de sus ventajas, aunque no fuesen perfectas. Ocurre que este ciudadano perdió a su hijo menor de edad en un siniestro vial ocasionado por el choque de un patrullero comunal. Chirino luchó durante cinco años para que avanzara una causa penal que concluyó en un sobreseimiento por prescripción. Al cabo de ocho años, la demanda civil también quedó en la nada. Con esta experiencia, su crítica al sistema acusatorio apunta a cierta falta de criterio derivada del afán de imprimir velocidad a los trámites: se pasó de un extremo al otro.

Chirino contó, por ejemplo, que en un caso parecido al suyo, mientras la familia velaba los restos del ser querido fallecido en otro siniestro vial, la Justicia llevaba a cabo la audiencia de formalización del caso. “No dieron tiempo a los familiares de la víctima para que envíe a un abogado a la audiencia”, observó.

---

Germán Alejandro González Ramos elaboró esta investigación en el ámbito del programa de Periodismo Judicial. Investigar con Datos y en Red desarrollado por el Foro de Periodismo Argentino, y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia durante 2023.

---

Las opiniones y puntos de vista de esta nota son responsabilidad de su autor/a y no necesariamente reflejan la posición de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.