Después del fallo de la Corte se vienen días movidos en la justicia. El sistema judicial se tomó quince años para determinar que la ley de 2006 es inconstitucional pese a que ante una situación similar resolvió en muy pocos días la invalidez de la reforma de 2013. En un caso prácticamente de puro derecho (es decir, casi sin necesidad de realizar pruebas de ningún tipo) nos condenó a la ciudadanía a soportar una década y media de un Consejo evidentemente desequilibrado en el que el estamento político y el judicial pudieron realizar acuerdos permanentes sin necesidad de consensuar con el estamento de la abogacía y la academia.

No es casualidad que en las últimas encuestas de imagen casi nueve de cada diez argentinos tengan una perspectiva negativa de los jueces, a quienes les desconfían en su honestidad, les reclaman por no ser veloces y transparentes y por hacer diferencias entre las partes. Es muy pronunciada en los últimos años la caída de confianza en este poder del Estado que, justamente, es el que nos debe proteger de los abusos de los sectores de poder, incluyendo al poder político.

La Corte le dio sólo cuatro meses corridos a los distintos actores involucrados para que designen nuevos integrantes y rectifiquen el entuerto. Bienvenido el apuro aún siendo tan tardío. Pero el problema es que cualquiera puede advertir que el exiguo plazo hace muy difícil imaginar que la nueva integración esté lista hacia mediados de abril o que el Congreso, con la composición nueva tan dividida, se ponga de acuerdo en sancionar una nueva ley. Es posible que el Consejo quede paralizado.

Por causa de la falta de acuerdos políticos, hace doce años que no tenemos Defensor del Pueblo, más de cuatro años que no hay titular permanente del Ministerio Público Fiscal así que ya estamos acostumbrados a ese tipo de problemas. Sin el Consejo paralizado hay casi 250 vacantes sin cubrir en la justicia (una buena parte dependen de la firma del Presidente que no llega) así que debemos prepararnos para una situación aún más intolerable.

Más allá de ese escepticismo, se va a discutir una nueva ley del Consejo de la Magistratura y vale la pena hacer aportes para avanzar hacia un órgano más democrático, abierto y eficaz. Pero, sobre todo, porque un país sin una justicia independiente no tendrá futuro y cualquier oportunidad que se abre debe ser aprovechada por la sociedad civil.

Durante los próximos meses se discutirá cotidianamente la composición del nuevo Consejo (la cantidad de integrantes, la participación de la Corte, la manera de respetar el equilibrio dispuesto por la Corte).

En esta nota nos concentraremos, en cambio, en algunos de los asuntos que deben cambiar en el Consejo y sobre los que se habla mucho menos.

Es imprescindible modificar el sistema de selección de magistrados. El actual es lento y engorroso, deja sin cubrir mucho tiempo las vacantes y, para peor, no tiene salvaguardas suficientes para evitar las fuertes sospechas que es posible favorecer discrecionalmente a ciertos postulantes, entre otras formas compartiendo los los temarios de los exámenes anticipadamente. Junto a otras ONG, venimos alertando desde hace años sobre el problema y realizando propuestas concretas que no son difíciles de implementar (ver propuestas completas). Estas incluyen la necesidad, entre otras, de:

-Convocar a examen general para jueces y juezas de las distintas instancias y fueros, con independencia de las vacantes que ahora existen.
-Hacer de esos exámenes generales una verdadera prueba de aptitudes de todo tipo y no una simple resolución de un caso.
-Establecer jurados técnicos independientes de alta calidad y de completa dedicación al conjunto de exámenes.
-Formar las ternas con los tres primeros de esa lista, y reducir la entrevista sólo a un conocimiento correctivo de los puntajes.
-Incorporar abogados/as a la Comisión de Selección que hasta ahora se encuentran excluidos.

Por otra parte, es fundamental establecer un plazo para que el Poder Ejecutivo envíe al Senado a la persona seleccionada de las ternas. Actualmente tiene ternas hace varios años sobre las que no se expide, lo cual probablemente sea la situación más inadmisible de todas las demoras existentes en el procedimiento para designar jueces.

Otro problema severo que tiene el Consejo es la ausencia de un sistema de rendición de cuentas, lo que se evidencia en la escasísima cantidad de sanciones y juicios políticos impulsados que tiene en su haber. Además de la protección política que reciben los jueces que tienen a cargo expedientes donde se investigan delitos de poder existe un evidente conflicto de interés entre los jueces que integran el Consejo. Todas las listas hacen campaña prometiendo, entre otras cosas, defender a sus asociados de las denuncias que se les hagan. Entre otras ilustraciones de la falta de motivación para investigar, 245 denuncias presentadas ante el Consejo caducaron por haber transcurrido tres años desde su presentación sin que les dieran trámite. Para superar este estado de cosas es necesario revisar el conjunto del sistema disciplinario del Consejo de la Magistratura. Por empezar, habría que reevaluar la participación del estamento judicial en la Comisión de Acusación y Disciplina. A eso hay que sumarle mecanismos que aseguren que las denuncias sean investigadas, mediante el establecimiento de plazos perentorios para producir la prueba y dictaminar que en caso de ser incumplidos acarreen sanciones para el o la consejera a cargo. En el informe “Análisis de los procesos disciplinarios en el ámbito del Consejo de la Magistratura de la Nación” se puede ver un diagnóstico completo de este proceso y recomendaciones al respecto.

Por otro lado, la elección de los académicos a través de los rectores de las universidades es muy poco democrática. Además de que, por ejemplo, universidades muy pequeñas tienen el mismo voto que las más grandes, no les otorga a los profesores un derecho que tienen las y los abogados y jueces: votar a sus representantes. A eso hay que agregar que una elección directa incentivaría que ocupen esos puestos académicos de mayor prestigio.

Un déficit histórico del Consejo es la falta de estadísticas del Poder Judicial. No hay datos sobre tramitación de causas judiciales prácticamente desde 2012. Necesitamos que una reforma del marco normativo vigente explicite la responsabilidad de este órgano sobre la producción de estadísticas y el tipo de datos que debe producir de forma periódica.

La Escuela Judicial aún cumple una función limitada dentro del sistema de promoción del personal judicial y de la selección de magistrados. En España, modelo del que tomamos el Consejo de la Magistratura local, los aspirantes a convertirse en autoridades judiciales deben realizar y aprobar una capacitación full time de dos años en ese ámbito. Sin necesidad de aspirar a un esquema tan ambicioso, debe potenciarse esta oficina que depende del Consejo para que cumpla un rol más trascendente en la formación de quienes tienen o tendrán responsabilidades en la judicatura.

Por último, es necesario generar espacios de participación ciudadana sustantivos en la labor cotidiana del Consejo de la Magistratura, algo actualmente inexistente. Como precondición, es imprescindible que este órgano asegure mecanismos de transparencia sobre sus principales funciones, un camino que debe comenzar por la plena implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública.

En definitiva, cuando los focos están puestos en la composición de cada estamento (la lucha por el poder) debemos seguir estimulando un debate sobre aquellos aspectos menos debatidos pero igual de trascendentes para asegurar un Consejo a la altura de su rol en nuestro sistema democrático.

#Ezequiel Nino. Abogado (UBA) y Master en Derecho (NYU). Co-fundador de ACIJ e integrante de la plataforma JusTA

Podés leer el resto de las notas del Dossier especial de JusTA: ¿Qué pasa con la reforma del Consejo de la Magistratura? en este link.