En medio de crecientes preocupaciones y amenazas sobre la independencia judicial en las Américas, un factor importante es la remoción de los jueces federales. Si los sistemas se hacen bien, los actores corruptos pueden ser removidos de los poderes judiciales, aumentando su legitimidad. Sin embargo, los actores externos también pueden influir en estos sistemas, sometiendo al poder judicial a fuerzas partidistas o ejecutivas. Esto corre el riesgo de reducir la calidad del trabajo judicial y disminuir la separación de poderes en una nación, amenazando así la justicia y la democracia en términos más amplios. Para investigar más este fenómeno, este artículo va a describir y evaluar los sistemas de remoción de jueces federales en Argentina, Brasil, México y los Estados Unidos.

Los sistemas

En Argentina, la Constitución de 1994 provee los sistemas actuales para destituir a jueces federales y de la Corte Suprema. Según el artículo 115, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación decide si destituye al juez después de un juicio y, según el artículo 114 de la Constitución, el Consejo de la Magistratura es el encargado de decidir la apertura de este procedimiento. El Jurado de Enjuiciamiento está compuesto por legisladores, magistrados y abogados de la matrícula federal y puede remover un juez federal por mal desempeño o por crímenes. Los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) de Argentina pueden ser destituidos, por los mismos motivos, si la Cámara de Diputados los acusa y dos tercios del Senado deciden que son culpables. Si se vota culpable, el magistrado será destituido de sus cargos y perderá las inmunidades procesales de las que gozaba.

En Brasil, el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) fue creado por Enmienda Constitucional Nº 45 en 2004 y está compuesto por “representantes de la magistratura, del ministerio público, de la abogacía y de la sociedad civil”. La composición actual incluye varios jueces y ministros junto a dos abogados y dos ciudadanos. Después de una denuncia formal contra un juez federal, la Inspección Nacional de Justicia del CNJ lleva a cabo una investigación. Con los resultados, el CNJ puede decidir destituir al juez o iniciar un proceso disciplinario. Para acusar a un juez del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, un ciudadano necesita presentar una denuncia ante el Senado brasileño y el presidente del Senado necesita decidir si recibe la denuncia. Después del debate oral y las deliberaciones en un juicio, los senadores pueden votar sobre la remoción.

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de México, establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de 1996, es responsable de las acciones disciplinarias contra jueces. Está compuesto de cuatro miembros del Poder Judicial incluido el presidente de la Corte Suprema, dos miembros nominados por el Senado y un nominado por el Ejecutivo. Se puede realizar una investigación formal destituyendo a un juez federal. Para empezar una investigación para remover un magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México, la Cámara de Diputados decide por mayoría de votos si hay o no causa para remover. El Senado luego decide la sanción del caso, que puede incluir la destitución del cargo. La Cámara de Representantes puede votar por mayoría absoluta si remite el caso a la justicia penal.

En los Estados Unidos, el sistema para remover un juez federal y un magistrado del Tribunal Supremo es el mismo. Según el artículo 1 de la Constitución de Estados Unidos, los jueces federales y magistrados pueden ser sometidos a juicio político por la Cámara de los Representantes con un voto mayoritario. Los jueces federales y de la Corte Suprema pueden ser destituidos del poder si dos tercios de los votos del Senado en un juicio los condenan.

En resumen de los sistemas de remoción en estos países, consulte el cuadro a continuación.

La Evaluación

En la teoría, los organismos independientes como el Consejo de la Magistratura de Argentina, Consejo Nacional de Justicia de Brasil y Consejo de la Judicatura Federal de México son beneficios para la independencia judicial. Al estar compuestos de personal de los diferentes poderes, pueden detener el dominio de un poder y aumentar la rendición de cuentas. De hecho, en todos estos casos, se trata de organismos gubernamentales que fueron creados en los últimos 20-30 años, y que son mejoras de los sistemas en comparación a los anteriores. Sin embargo, en la práctica, todavía hay lugares donde los poderes legislativos o ejecutivos ejercen influencia en la independencia judicial, utilizando la remoción de magistrados como herramienta para interferir en las decisiones de los poderes judiciales.

En Argentina, la participación de los legisladores en el Consejo de la Magistratura puede crear influencia partidista. Esto ha sido evidente durante las transiciones de poder entre líderes y partidos políticos. Entre 2003 y 2006, cinco magistrados de la CSJN de la presidencia de Carlos Menem fueron acusados ​​y destituidos de sus cargos o renunciaron debido a procedimientos de impeachment bajo la presidencia de Néstor Kirchner. Los cargos en sus contra iban desde aceptar sobornos y mostrar parcialidad en sus decisiones hasta facilitar la extralimitación del ejecutivo de Menem. Los juicios políticos subrayaron las preocupaciones públicas sobre la independencia judicial en Argentina, revelando cómo las influencias políticas se habían infiltrado profundamente en el sistema judicial.

Ha habido preocupaciones similares en Brasil. Ningún magistrado del STF ha sido destituido de su cargo ni ningún caso de impeachment contra los jueces ha recibido nunca la aceptación preliminar del Senado para conocer el caso. Pero, ha habido casos políticamente controvertidos contra jueces federales. En el año pasado, el juez federal Marcelo Bretas de Río de Janeiro que trabajó en casos de corrupción, incluido del expresidente Michel Temer, fue destituido de su cargo por procesos judiciales irregulares. Otro juez involucrado en la operación Lava Jato, Sergio Moro de Curitiba, quien también fue encontrado incorporando políticas partidistas conservadoras en sus decisiones. El potencial de influencia política plantea dudas sobre la imparcialidad del poder judicial.

En México, la inclusión del ejecutivo en el Consejo de la Judicatura Federal genera preocupaciones adicionales. Se cree que el actual presidente ejerce control en el poder judicial, como lo demuestra la renuncia en 2019 del juez Eduardo Medina Mora de la SCJN. Medina Mora fue el primer juez en ser destituido o renunciar a la Suprema Corte de México contemporánea de 1994. Él renunció luego de que la Unidad de Investigación Financiera comenzara a investigarlo por irregularidades financieras y fuera sospechoso de lavado de dinero. Sin embargo, no hay detalles sobre por qué renunció. Algunos sospechan que hubo presiones del ejecutivo, cuyo partido Morena ganó más poder en la SCJN al reemplazar a Medina Mora.

Los Estados Unidos no tiene un organismo separado para realizar la supervisión de su poder judicial, dejando toda la responsabilidad al Congreso. Pero los altos umbrales de representantes de la mayoría y dos tercios del Senado hacen que la destitución de jueces sea mucho más difícil. Esto brinda protección contra cualquier partido que destituya a los jueces por razones partidistas, lo que se evidencia en el hecho de que los juicios políticos en los EE. UU. son muy raros. Sólo 15 jueces han sido acusados ​​y sólo 8 fueron condenados en casi 250 años. El único juez de la Corte Suprema que fue acusado fue Samuel Chase en 1804, pero no fue condenado en el Senado.

Aunque es bueno para la independencia judicial, esta dificultad para destituir a los jueces también puede ser una limitación del sistema estadounidense. La Constitución de EE. UU. no es específica sobre lo que exige un juicio político, por lo que generalmente se piensa que su uso sólo es aceptable en casos de cuestiones éticas extremas o delitos graves. Especialmente a medida que EE. UU. se polariza cada vez más, existe la posibilidad de que jueces corruptos no sean procesados ​​debido a disputas partidistas. Otra limitación del sistema estadounidense es que la atención del Congreso está muy dispersa, lo que hace que la supervisión esté menos garantizada. Sin un grupo específico que busque proactivamente las amenazas o un espacio formal para escuchar los reclamos ciudadanos, la responsabilidad judicial tiene que provenir de la sociedad civil. Entonces, los casos suelen ser de alto perfil antes de llegar al Congreso y, dado que hay más atención en la Corte Suprema, la mayoría del discurso civil se refieren a los magistrados.

En comparación, ha habido más destituciones de los jueces federales en Argentina. En los 170 años de historia de Argentina, hubo 66 juicios políticos a jueces federales y resultaron en 44 destituciones y 15 absoluciones. La pregunta sigue siendo si hay más jueces corruptos que justifican la destitución o simplemente hay más amenazas y presiones injustificadas para la destitución. De las 44 destituciones, 32 fueron entre 1998 y 2006. No obstante, la prevalencia de la corrupción judicial y las continuas controversias políticas muestran que todavía hay problemas en el sistema argentino.

Conclusiones

Los nuevos organismos de supervisión judicial son buenas etapas para mejorar los sistemas de destitución de los jueces federales pero necesitan ejecutar sus responsabilidades con la independencia e integridad que requieren. El principal riesgo parece ser la influencia continua, por parte de los legisladores en Argentina y Brasil y del ejecutivo en México, en las decisiones para acusar o remover jueces por los organismos correspondientes. Los Estados Unidos muestran que tener estándares altos que sean más duraderos ante cambios en el poder político es importante para esta independencia y puede disminuir casos y polémicas; sin embargo, el sistema de EE. UU. también destaca la necesidad de supervisión y rendición de cuentas en el sistema para detectar indiscriminadamente casos de corrupción.

Todos los sistemas de remoción de los jueces federales enfrentan amenazas de corrupción debido al partidismo y la polarización. Para el fortalecimiento de los poderes judiciales, es clave eliminar el potencial de influencia política a través de más controles sobre el poder y una mayor transparencia en los casos de corrupción. Si se hace bien, aumentar la rendición de cuentas de los jueces y sus sistemas de destitución puede mejorar la eficacia de los poderes judiciales y, por extensión, de las democracias.

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Sage Mehta es estudiante de la Universidad de Pennsylvania en Estados Unidos. Fue pasante de ACIJ durante junio y julio de 2024.

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Las opiniones y puntos de vista de esta nota son responsabilidad de su autora y no necesariamente reflejan la posición de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.