El artículo 8 de la ley 24.937 establece que “Los expedientes que tramiten en el Consejo de la Magistratura serán públicos, especialmente los que se refieran a denuncias efectuadas contra magistrados”. Ante la falta de publicidad de esta información en la web del Consejo de la Magistratura, ACIJ realizó varios pedidos de información durante los últimos años en los que la información fue denegada o bien habilitada para su vista con muchas limitaciones. En esta ocasión, el pedido de información fue respondido con la entrega de los expedientes en formato digital, lo que representa un nuevo hito en la publicidad de esta información.

El artículo 114 de la Constitución Nacional establece que entre las funciones del Consejo de la Magistratura de la Nación se encuentra la de imponer sanciones a jueces y juezas por conductas indebidas y, en caso de que éstas sean graves o repetidas, puede disponer la apertura de un procedimiento para su remoción. En el Consejo, es la Comisión de Disciplina la que tiene competencia para iniciar de oficio o ante una denuncia una investigación por el accionar de un magistrado o magistrada y quien deberá proponer al plenario la imposición de sanciones.

El ejercicio de la potestad disciplinaria es una de las funciones más relevantes que tiene a su cargo el Consejo, ya que se trata de una de las pocas instancias de control y rendición de cuentas que deben enfrentar jueces y juezas. En este sentido, la transparencia del accionar del Consejo de la Magistratura es fundamental para que la ciudadanía pueda examinar el modo en que ejerce esta facultad. La información completa, precisa y actualizada sobre qué jueces y juezas son denunciadas, quiénes presentan las denuncias, qué medidas de prueba se producen en la investigación y si se encuentra debidamente sustentada la aplicación o no de una sanción, son fundamentales para un adecuado control público.

A pesar de las obligaciones de publicar proactivamente los expedientes de los procesos disciplinarios, actualmente el Consejo solo pone a disposición un archivo excel que cuenta con datos sobre el estado de cada proceso (abierto o cerrado), la carátula del expediente, quién es el juez o jueza denunciada, la persona denunciante (aunque hay casos que dicha información no resulta del todo clara), el consejero o consejera a cargo de su tramitación, la fecha de inicio y el género de la persona denunciada. Dicha información impide conocer, por ejemplo, el motivo de la denuncia y los movimientos del expediente así como las medidas de prueba requeridas. Si bien se publican los dictámenes de la Comisión de Disciplina, esto ocurre una vez que las denuncias ya están resueltas. Con la información publicada actualmente por el Consejo es imposible controlar los procesos disciplinarios mientras están siendo desarrollados.

Desde ACIJ hemos remarcado la importancia respecto al control sobre el accionar del Consejo en materia disciplinaria y que el organismo publique adecuadamente dicha información (en 2016 publicamos el informe “Transparencia y rendición de cuentas en los procesos disciplinarios del Consejo de la Magistratura de la Nación”). A su vez presentamos varias solicitudes para que el Consejo brinde copia de los expedientes disciplinarios. En junio de este año presentamos una solicitud de acceso a la información pública pidiendo que el Consejo brinde copia digitalizada del expediente en el que se encuentran denunciados los jueces José Anzoategui y Luis María Rizzi. En tiempo y forma, y por primera vez, el Consejo remitió copia digitalizada de todas las actuaciones que conforman el expediente disciplinario que se encuentra actualmente en trámite.

Celebramos que el Consejo haya respondido adecuadamente a la solicitud de información y haya enviado la copia del expediente. Aún es necesario que avance hacia la publicación proactiva de este tipo de información, garantizando la protección de los datos sensibles que pudieran encontrarse en los expedientes disciplinarios. Será solo a partir de la publicación proactiva y de forma actualizada de la información sobre el accionar del Consejo que permitirá que desde la ciudadanía podamos verificar el adecuado cumplimiento de las funciones que tiene a su cargo.