La inadecuada duplicación de servicios de peritos se suma a concursos de ingreso a los cargos cuestionados por ciertas discrecionalidades. Faltan, además, incentivos para ascender y mejorar el desempeño. Este panorama incide negativamente en procesos sensibles como las causas de corrupción.

Los peritos contadores oficiales que intervienen en los principales casos penales sobre delitos económicos revisten una singular importancia por la trascendencia y magnitud de aquellos procesos. Por esa razón deben gozar de las mismas garantías de independencia, actuar con similar objetividad e imparcialidad, y poseer idénticos principios morales, idoneidad y formación profesional que la magistratura. Ello no obsta a que tengan que subordinar su actuación a las pautas técnicas y los mecanismos de control y, eventualmente, rendir cuentas para evitar procederes irregulares, inapropiados o contrarios a la ley.

La estructura vigente dispone de un cuerpo de peritos contadores oficiales y de un cuerpo de peritos anticorrupción, ambos dependientes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No hay una justificación formal para esta división. El de peritos contadores oficiales tiene entre 70 y 80 años: nació improvisadamente, y con el tiempo logró consolidarse y desarrollar su estructura propia. El cuerpo de peritos anticorrupción es relativamente nuevo y su creación se remonta a una reunión en Mar del Plata donde participaron el entonces presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y los jueces federales, en particular los de Capital Federal, que son los famosos miembros de Comodoro Py. Allí surgió la idea de armar una organización separada con la finalidad de asistir a quienes investigan hechos de corrupción, pero nunca hubo certeza sobre por qué esa tarea debía recaer en un cuerpo pericial distinto al existente.

El mecanismo paralelo, con el tiempo, se tergiversó y la propia Corte luego derivó en otras oficinas la competencia sobre este nuevo cuerpo. La visión y la inquietud originales que había llevado a formar un equipo especializado en la persecución de la corrupción no dieron los resultados esperados, y hoy esa herramienta está desdibujada. Si bien algunos de sus peritos son respetados y capaces, otros llegaron a esos cargos por alguna recomendación política y sin tener los antecedentes morales y técnicos idóneos para ejercer esa función.

Según mi criterio, los contadores de ambas oficinas deberían concentrarse en un único servicio. Además, sucede que algunos jueces en ocasiones recurren a la asistencia de peritos contadores de otras entidades u organismos sin una razón visible que lo justifique, lo que agrega cierta discrecionalidad a la tramitación de las denuncias. Me refiero a universidades, fuerzas armadas u organismos de seguridad. Conformar dos estructuras periciales paralelas integradas por contadores resulta ser inconveniente debido a la duplicación de los costos administrativos, y al desaprovechamiento de los recursos técnicos y económicos.

El modo de acceso a los cargos de esos organismos por parte de los aspirantes a ejercer estas funciones judiciales ha sido cuestionado en muchas ocasiones y a menudo los participantes reciben innumerables objeciones, pese a que las vacantes se cubren mediante concursos de oposición y antecedentes. Un número significativo de las impugnaciones apunta a que las decisiones relativas a los concursos no observan suficientes garantías de objetividad y a que las designaciones recaen, en ciertos casos, en profesionales que no reúnen los requisitos para el cargo o que no son los más reconocidos y destacados entre los postulantes. Estos concursos de peritos contadores tienden a estar envueltos en sospechas de falta de transparencia: así los mira la comunidad profesional donde existe la creencia de que, por ejemplo, los jurados no son los más reconocidos en los aspectos técnico-contables de la materia forense.

Otro falencia que se observa es la inexistencia de una carrera pericial penal dentro de la Justicia que permita el ascenso de los peritos más destacados en el ejercicio del cargo o que hayan desarrollado los mejores trabajos profesionales de modo tal que el esfuerzo y la idoneidad reciban como incentivo la posibilidad de obtener una promoción y una retribución diferenciada.

La existencia de un cuerpo pericial anticorrupción con integrantes de distintas disciplinas (ingenieros, arquitectos, abogados y contadores) no constituye una buena idea toda vez que la reunión de especialistas en ciertas materias no resulta compatible ni conveniente. Un abogado, por ejemplo, no tiene nada que hacer en un cuerpo pericial. En la historia de los casos de corrupción los arquitectos casi nunca han sido llamados a practicar un peritaje. Eventualmente pueden hacer una valuación o chequear cómo se realizó una obra. Algo parecido sucede con los ingenieros, aunque estos pueden hacer algún aporte en el supuesto de licitaciones públicas. Pero, de nuevo, se trata de casos muy concretos. La experiencia indica que cada disciplina maneja su propio idioma y que mezclarlas no es recomendable.

Personas de distintas profesiones no deben firmar el mismo dictamen pericial porque cada quien está en condiciones de comprometer su nombre y su actuación respecto de la profesión que domina. Esto es bastante difícil de compatibilizar y cada vez que se ha intentado los desenlaces son negativos porque luego los peritos tienen que dar explicaciones, y rendir cuentas ante los tribunales acerca de sus opiniones y conclusiones, y es complicado hacer cualquier contraste entre profesionales de distintas carreras. Un arquitecto no puede justificar el trabajo de un contador y viceversa. Aunque parezca un detalle, la imposibilidad de entender la metodología y la técnica ajena es susceptible de generar responsabilidades para los peritos intervinientes, y, lo más importante, de frustrar las investigaciones de delitos graves cuya complejidad torna determinante la prueba pericial.

#BIO
Presidente de Contadores Forenses ONG y ex perito contador oficial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación