La pandemia fue un punto de inflexión en Corrientes. En cinco meses de 2020 se duplicaron los procesos que había habido en 2019. A partir de allí, el nivel de denuncias siguió ascendiendo. En 2022, la Justicia de Familia, Niñez y Adolescencia emitió casi 4.000 medidas de protección

Un análisis de los registros estadísticos del Poder Judicial de Corrientes revela que fueron presentados 9.377 casos de violencia familiar y de género en el territorio provincial durante los años 2020, 2021 y 2022. Se trata de un aumento de denuncias que enciende las alarmas. La protección a las víctimas y la sanción de los agresores es una garantía que debe proporcionar la Justicia, que se ve desafiada por la necesidad creciente de ofrecer una respuesta rápida y efectiva.

Los registros publicados en la página oficial del Poder Judicial de Corrientes señalan que la violencia es ejercida principalmente sobre las mujeres jóvenes y adultas, y que, en menor medida, alcanza a niñas, niños y adolescentes. La coordinación de la actuación dirigida a frenar las agresiones está a cargo de los juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia, que disponen de mecanismos de atención y respaldo para las víctimas desde la articulación de la denuncia hasta el desenlace del caso.

Peligro extremo en el aislamiento

El número de causas de violencia familiar y de género se disparó en 2020, en coincidencia con el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio decretado para hacer frente al Covid-19. Fueron 2.666 los casos registrados, 882 más que el año anterior. Según un informe de 2020 de la Comisión Nacional de Acceso a la Justicia (CNAJ), “la Justicia de Corrientes atendió un caso de violencia familiar cada 30 horas y tomó medidas cautelares casi inmediatas, dentro de las 24 horas (61%)”.

En los primeros cinco meses de 2020 ingresaron 1.233 denuncias a la Justicia. Este número representa un incremento del 102.5% en relación con el mismo lapso de 2019 (609 casos). Estos registros del Poder Judicial de Corrientes ponen en evidencia los riesgos que afrontaron las víctimas al inicio de la cuarentena por el coronavirus. Más de 800 casos de violencia familiar y de género fueron denunciados entre marzo y mayo mientras que en los siete meses restantes se registraron 1.433.

La realidad no varió durante 2021. Aún en pandemia hubo 2.572 casos abiertos en el Poder Judicial, de los cuales el 98% de víctimas fueron mujeres. Con relación a las edades de las víctimas, el 89% eran jóvenes y adultos que tenían entre 18 y 60 años; el 8% corresponde a adultos mayores de 60 años y el 2%, a niñas, niños y adolescentes.

La cifra se multiplicó en el último año

El informe más reciente publicado por la Oficina de Estadísticas del Poder Judicial subrayó la tendencia a la suba de los casos de violencia familiar y de género. Entre enero y diciembre de 2022 se relevaron 4.139 procesos, una cifra que supera ampliamente los registros de 2020 y de 2021. Además, se indicó que 9 de cada 10 víctimas son mujeres, lo que representa el 94% de los casos.

El artículo N° 4 de la Ley Nacional 26.485 de protección integral a las mujeres define a la violencia de género como “toda conducta, acción u omisión que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes”.

En los casos denunciados en Corrientes, tanto en la capital como en el interior, se advierte que las agresiones verbales y físicas son las que predominaron durante este período. Luego, se ubica la violencia de tipo ambiental, la física, la económica y, en menor porcentaje, la sexual.

El antecedente: un protocolo

El primer protocolo de actuación ante casos de violencia familiar y de género entró en vigencia en 2017. Un año antes, las denuncias ya habían empezado a aumentar. Fue así que se unificó el trabajo de los jueces de Familia, y de los jueces de Niñez y de Adolescencia. En este momento, son seis los Juzgados de Familia, Niñez y Adolescencia que definen las medidas de protección de manera coordinada. Además, con la creación de este protocolo de actuación se configuró un sistema de turnos con el fin de brindar atención a las víctimas durante las 24 horas. El abordaje de los casos se modificó al incorporar una guía de cómo actuar y brindar un servicio continuo, pero esto no implicó que las denuncias por violencia descendieran. Por el contrario, cada vez aparecen más.

En marzo de 2022 entró en vigencia la Ley 6.518, que contiene el nuevo Código Procesal Penal de la provincia (sustituye a la Ley 2.945). Esta normativa propone agilizar el proceso judicial al acortar los plazos y brindar mayor certeza a las partes involucradas. En lo referido a la violencia familiar y de género, la sanción de esta ley también otorga un marco procedimental para investigar las denuncias realizadas. Ahora, los jueces de Familia, Niñez y Adolescencia trabajan de manera articulada. Los datos oficiales exponen que los jueces de la provincia recurrieron con mayor frecuencia a medidas cautelares como la citación y el abordaje interdisciplinario, la cautelar de abstención, la exclusión del hogar y la prohibición de acercamiento.

En los 2.572 casos relevados y procesados durante 2021 se dictaron 381 citaciones y abordaje interdisciplinario, 844 cautelares de abstención, 491 exclusiones del hogar y 819 prohibiciones de acercamiento. Por otra parte, hubo 37 desestimaciones de denuncias al no ser consideradas violencia familiar o de género.

En 2022, las citaciones y abordajes interdisciplinarios ascendieron a 898, y se dictaron 479 cautelares de abstención, 690 exclusiones del hogar, 394 prohibiciones de acercamiento y 1.524 medidas de otro tipo. Además, de los 4.139 casos de violencia se desestimaron 154.

La prevención, sanción y erradicación de cualquier tipo de violencia es esencial para evitar la vulneración de los derechos humanos. El Poder Judicial tiene la responsabilidad de garantizar y proteger estos derechos mediante una intervención que establezca medidas de protección a las víctimas tanto de violencia familiar como de género. Evitar acciones que violenten la integridad física, psíquica y moral de las personas requiere de una Justicia activa, y capaz de resolver las denuncias mediante las leyes vigentes y en un lapso ajustado a la situación de violencia denunciada.

---

Yoana Araceli Nuñez elaboró esta investigación en el ámbito del programa de Periodismo Judicial. Investigar con Datos y en Red desarrollado por el Foro de Periodismo Argentino, y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia durante 2023.

---

Las opiniones y puntos de vista de esta nota son responsabilidad de su autor/a y no necesariamente reflejan la posición de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.