Recientemente, ha habido casos en Argentina y en el extranjero de mala conducta de jueces federales y debates políticos que dejan a los jueces en el centro. Teniendo esto en cuenta, este artículo examina estas controversias tanto en casos individuales de corrupción como en ataques más amplios a los sistemas para destituir a los jueces. El resultado es una imagen más clara de los desafíos a la independencia judicial en Argentina, los Estados Unidos, Brasil y México y lo que podemos aprender de cada uno de estos casos.

Casos de Corrupción

Ha habido casos de corrupción financiera en Argentina, como son los jueces federales Walter Bento de Mendoza y Carlos Soto Dávila de Corrientes. Ambos fueron destituidos por cargos de cobro de sobornos y la protección de redes criminales, incluidos narcotraficantes. La remoción y el procesamiento de estos jueces fue importante para el mantenimiento de la integridad judicial, pero la existencia de los casos indica un problema más grave sobre la continuación de la corrupción en el sistema judicial de Argentina.

Similar a Argentina, Brasil ha tenido problemas de corrupción con jueces federales. En abril de 2024, el Consejo Nacional de Justicia destituyó a la jueza del 13º Tribunal Federal de Curitiba, Gabriela Hardt, y a dos jueces de apelación. Esto se hizo después de que una investigación revelara la aceptación ilegal de fondos y una posible actividad criminal.

Por su parte, México no divulga los nombres de todos los jueces federales destituidos; sin embargo, recientemente ha habido varios casos notables. En 2021, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal destituyó a un juez federal “por actos de hostigamiento sexual”. El expresidente del Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de México, Arturo Zaldívar, dijo que quería reformar el Poder Judicial para reducir la corrupción y los abusos, incluida la violencia sexual. No obstante, en febrero, el Senado presentó un exhorto para destituir al juez federal Manuel Alejandro Martínez por absolver a un abusador sexual de una menor de cuatro años.

Confianza del Público

Los ejemplos de corrupción criminal y política han disminuido la confianza del público que sus poderes judiciales son independientes y justos. En 2021, se ha registrado que “79% de los argentinos tiene poco o nada de confianza en la Justicia y el 71 por ciento no cree en la independencia de la Justicia del gobierno de turno”. Aproximadamente el 58% no sabe qué es lo que hace el Consejo de la Magistratura, y la mitad dice que funciona mal. En 2023, la insatisfacción con el Poder Judicial de Argentina fue del 75%, por su bajo nivel de desempeño. De una encuesta de Gallup de 2014, menos del 40% de ciudadanos de Argentina y Brasil y el 44% de México tenían confianza en sus sistemas judiciales y los tribunales.

La confianza del público en los Estados Unidos es similarmente mala pero por una razón levemente diferente. Ha habido menos casos de corrupción en los Estados Unidos y no hay destituciones recientes; la última vez que un juez federal fue destituido fue en 2010. En 2023 la confianza del público en el Poder Judicial de los Estados Unidos era el 42%, una caída desde el 59% que tenía en 2020. La confianza ciudadana en la Corte Suprema alcanza su mínimo histórico del 25%. Esto es después de que el actual tribunal conservador haya emitido muchos fallos controvertidos, como revocar a Roe v. Wade y el derecho al acceso al aborto en los Estados Unidos. Además, hubo acusaciones recientes contra los magistrados de Clarence Thomas, Samuel Alito y Sonia Sotomayor por haber aceptado regalos. Aunque ha habido una controversia alrededor de la Corte Suprema recientemente, no hay mucha preocupación en las noticias ni la población estadounidense sobre el sistema o destitución de los otros jueces federales.

Amenazas de Reforma y Agitación

Debido a la baja confianza del público y tensiones entre de los poderes del gobierno, ha habido llamadas recientes a reformar los sistemas y remover a jueces. Ya sea en nombre de la reforma democrática o por motivos de agitación, estas llamadas al mismo tiempo generan más dudas sobre la legitimidad de los sistemas judiciales.

En 2023, el expresidente de Argentina, Alberto Fernández, presentó una solicitud para la remoción de todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Además, propuso ampliar la Corte Suprema de 5 a 15 magistrados, lo que según la ONG Human Rights Watch va en detrimento de la independencia judicial en Argentina. En lugar del poder ejecutivo, en los Estados Unidos, algunos miembros del Congreso han dicho que van a presentar un pedido de impeachment contra los magistrados, aunque parece ser un pedido mayormente simbólico. La Comisión Judicial del Senado propuso un código de ética más estricto el año pasado pero, como era de esperar, no prosperó. Para apaciguar al público la Corte Suprema adoptó un código de conducta no vinculante, similar al código de conducta por los jueces federales, pero más débil y sin una ley federal aplicable que lo acompañe.

También existen amenazas del Poder Legislativo y Ejecutivo de Brasil. En 2016, el STF destituyó a un miembro de la Cámara baja y suspendió al senador Aécio Neves, mientras era investigado por corrupción. Después de que un juez del STF decidió unilateralmente destituir al presidente del Senado, Renan Calheiros, él y la Junta Directiva del Senado se negaron a aceptar la decisión a menos que fuera confirmada por el pleno del STF. El STF accedió a esta solicitud y acabó no destituyendo al senador, simplemente sentenció que el senador sería apartado de la línea de sucesión a la presidencia de la República. En este sentido, el STF pareció quedar debilitado ante los ojos del público al ceder a las presiones del Congreso. Recientemente, el presidente Jair Bolsonaro intentó socavar al STF criticando públicamente al tribunal y ejerciendo presión. En 2020, Bolsonaro dijo que no cumpliría un fallo del STF, poniendo en duda la legitimidad judicial. A pesar de que Bolsonaro ya no está en el cargo, ha habido una disminución en la percepción pública de la credibilidad de los tribunales y un aumento de las llamadas a destituir a los magistrados del STF.

El poder judicial mexicano enfrenta las amenazas más graves actualmente. El presidente saliente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha propuesto que se vote sobre todos los jueces, reemplazando potencialmente a la Corte Suprema y alrededor de 1.600 jueces federales más. Además, quiere que una mayor parte del poder judicial federal pueda ser acusado y enfrentar procedimientos penales. Las enmiendas constitucionales propuestas transferirían funciones disciplinarias del Consejo de la Judicatura Federal a un Tribunal de Disciplina Judicial elegido popularmente. El Tribunal de Disciplina Judicial tendría 6 miembros, uno elegido por el ejecutivo, dos por el Senado y tres por el pleno de la Corte. El nuevo organismo asumiría la función de investigar y destituir a los jueces federales. La lógica es que las reformas aumentarían la confianza pública en el sistema, pero otros señalan que permitirían el lobby o cabildeo en el sistema judicial. Mientras las reformas parecen democráticas, también reflejan la inestabilidad del Poder Judicial de México ahora. Transfieren más poder al poder ejecutivo, en un desafío a la independencia judicial y a la idea de contrapesos del poder. Si bien la presidenta electa Claudia Sheinbaum no ha respaldado las mismas reformas, López Obrador y el partido Morena la han presionado para que no se desvíe mucho. Entonces, es muy probable que haya un cambio sustancial en el sistema de México.

Análisis

Actualmente, existen dudas públicas sobre los poderes judiciales de Argentina, Estados Unidos, Brasil y México. Examinar los casos y las motivaciones por las que se destituyó a los jueces federales ayuda a explicar algo de esto. Casos recientes para destituir a jueces federales en Argentina y Brasil han involucrado la aceptación ilegal de sobornos, lo que revela corrupción. En México ha habido preocupación por la violencia sexual junto con los delitos financieros. También ha habido controversias sobre otros poderes del gobierno que intentan ejercer influencia en los poderes judiciales. Considerando que los jueces imparciales son clave para proteger los derechos de los ciudadanos, cada uno de estos casos disminuye la legitimidad de los sistemas judiciales.

En los cuatro países, las sospechas sobre jueces corruptos y su influencia en el poder judicial han llevado a debates políticos sobre reformas. En Argentina, Estados Unidos y Brasil ha habido intentos de destituir a algunos o a todos los magistrados de las Cortes Supremas. Estas se han mostrado en su mayoría simbólicas porque no han logrado la destitución efectiva de ningún magistrado, pero sí lograron dañar aún más la confianza del público en las instituciones judiciales. En México, las amenazas de agitación al sistema actual son más inminentes, con el presidente López Obrador presionando por una reforma total. Sin embargo, hay indicios de que estas reformas, en lugar de mejorar la democracia, permitirían un mayor control del poder ejecutivo en el poder judicial.

Por lo tanto, para la verdadera defensa de la democracia, es importante que los jueces sean removidos formalmente por delitos; pero es igualmente esencial que los puestos de los jueces no se vean amenazados por razones políticas. Si los jueces no pueden funcionar libremente por temor a ser destituidos o a cambios en el sistema, la independencia judicial está en riesgo. Entonces, en lugar de reformas totales que permitan espacio para la manipulación política, los sistemas pueden fortalecerse promoviendo una mayor rendición de cuentas para los jueces y contrapesos en los sistemas para su destitución.

Si esto se hace, tal vez los ciudadanos puedan recuperar cierta confianza en los sistemas judiciales de las Américas. Mientras tanto, es necesario aumentar la confianza pública y la independencia de los jueces para garantizar que todos tengan acceso a la justicia.

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Sage Mehta es estudiante de la Universidad de Pennsylvania en Estados Unidos. Fue pasante de ACIJ durante junio y julio de 2024.

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Las opiniones y puntos de vista de esta nota son responsabilidad de su autora y no necesariamente reflejan la posición de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.