Según la ley del Consejo de la Magistratura si a los tres años de una denuncia contra un juez el plenario no emite ninguna resolución, el expediente caduca. De acuerdo a los propios registros del Consejo, lo más probable es que en los próximos 9 meses (noviembre 2022 - agosto 2023) caduquen un total de 41 expedientes de procesos disciplinarios. Esto constituye un récord en relación a otros períodos que ya de por sí tenían altos índices de caducidad.

En diciembre de 2020, en un informe realizado por ACIJ, ya habíamos advertido una situación muy desalentadora: en sólo en el 22% de los casos el Consejo de la Magistratura realizó alguna medida probatoria, las cuales constituyeron casi exclusivamente en solicitud de copias de expedientes judiciales. Del total de 3.584 casos que conformaban la base a la fecha de corte de este informe caducaron 224 expedientes. Es decir, que desde el establecimiento del plazo de caducidad mediante la modificación de la ley 26.080, y hasta 2019, el promedio de expedientes terminados por caducidad anualmente era de 22,5 causas(una cifra ya altísima), mientras que en los próximos nueve meses podrían caducar hasta 41 causas.

Si bien esta propensión a la inacción es un problema general de las Comisiones que tienen a cargo estos trámites (antes estaba unificada en Acusación y Disciplina, ahora quedó dividida), hay algunos consejeros y consejeras que cuentan con más expedientes por caducar a su cargo. Diego Molea tiene a su cargo 17 de los 41 expedientes aquí considerados. De las 24 restantes, la consejera Vanesa Siley es la responsable de llevar adelante la investigación de siete de ellas, y Gerónimo Ustarroz, quien actualmente ya no es miembro de ninguna de las Comisiones era el encargado de otras siete. De las diez causas que quedan tres están a cargo de Pablo Tonelli, tres de María Pilatti Vergara, una de Ricardo Recondo, una de Silvia Giacoppo y una de Alberto Lugones.

Entre los jueces denunciados podemos destacar al juez federal de Corrientes, Juan Carlos Vallejos. El titular del juzgado federal Nro. 2 de esa localidad suma un total de siete denuncias en su contra, aunque seis fueron acumuladas a un solo expediente por estar vinculadas. Entre los denunciantes, se encuentra la propia Cámara de Apelaciones. Sin embargo, ni siquiera esto generó algún incentivo para que lo investiguen.

Otro juez que seguramente tendrá una denuncia que caduque es el titular del juzgado federal de Lomas de Zamora Federico Villena, que cobró notoriedad en la causa de espionaje ilegal en el gobierno de Mauricio Macri y por investigar al avión venezolano con tripulantes iraníes. La denuncia en su contra por presunto mal desempeño se originó en una causa en la que allanó un domicilio en busca de una mujer acusada de narcotráfico, y se encontró con que se trataba de la vivienda de otra persona, no la buscada, sino una de las hijas de Hugo Moyano, donde se confiscó una gran cantidad de dinero, que luego fue devuelta y la acusada resultó sobreseída. En esa causa, la Comisión de Disciplina postergó cinco veces el pedido para que el juez sea citado por el artículo 20 del Reglamento, que prevé la citación del magistrado para ser oído.

La situación es especialmente preocupante pues, al analizar los trámites de los procesos disciplinarios, advertimos que la inmensa mayoría muestra un estado de inacción casi absoluta, sin medidas relevantes para investigar los hechos que denuncian los presentantes. Así, de los 41 expedientes próximos a caducar, en un 82,92% de estos no se tomó ninguna medida relevante a fin de promover el tratamiento de las causas. En sólo un 12,19% la Comisión de Disciplina y Acusación se expidió acerca de la adecuación de las denuncias a los requisitos formales mínimos establecidos en el artículo 5 de la ley del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación n° 24.937 y sus modificatorias. Y en apenas un 4,87%, es decir, en solamente dos causas de las que integran la muestra aquí tomada, se ha ordenado la producción de alguna medida de prueba.

Es evidente que las excesivas demoras en el tratamiento de los expedientes disciplinarios no se encuentran justificadas por la realización de medidas durante ese período de tiempo. Esto ocurre, no solo por la falta de actitud investigativa de parte de los Consejeros/as a cargo de los expedientes, sino también por la ausencia de voluntad deliberativa de la Comisión a cargo. En el pasado, la Comisión de Disciplina y Acusación se reunía semanalmente y cada integrante relataba acciones que se encontraba realizando, obstáculos y discutían dudas reglamentarias que iban surgiendo a medida que avanzaban trámites. En cambio, en el transcurso del corriente año, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura, que en la actualidad funciona de manera separada, ha sesionado tan solo siete veces.

Desde ACIJ enviamos una nota al Presidente del Consejo, Horacio Rosatti -con copia a cada Consejero/a- en el que manifestamos profunda preocupación por esta situación (link de la nota). Allí planteamos que se adopten las medidas necesarias para que los expedientes disciplinarios actualmente abiertos sean resueltos a través de los procedimientos regulares, evitando que finalicen por el simple paso del tiempo.

¿Por qué es tan grave que caduquen las denuncias?

Por un lado, es una afrenta hacia los denunciantes. Son personas que hicieron planteos para que se investigue presuntas irregularidades de magistrados. Cualquier denunciante tiene derecho a que su presentación tenga una resolución favorable o desfavorable a su petición pero no a que sea dejada un cajón estatal sin movimiento. Es parte del derecho de peticionar ante las autoridades que surge del art. 14 de la Constitución Nacional y que no se agota con el hecho de que el ciudadano pueda pedir, sino que exige una respuesta. Frente al derecho de petición se encuentra la obligación de responder en un tiempo razonable.

En muchas ocasiones, los denunciados también son perjudicados por la inacción. Que exista una causa abierta en contra de un juez o jueza durante tres años enteros sin que se defina si se trata de una mera disconformidad con una sentencia o de una denuncia con alguna entidad que merece una defensa, pone a quien tiene la delicada labor de impartir justicia en una situación de incertidumbre durante mucho tiempo. Para algunos magistrados puede no ser relevante pero para otros les representa una carga que pueden considerar injusta y gravosa. En muchas ocasiones, se utilizan las denuncias ante el Consejo como una herramienta de presión para lograr la excusación por violencia moral. Los únicos beneficiados son aquellos jueces que efectivamente son responsables por las irregularidades cometidas y consiguen evadirse del peso de la ley ya sea por omisión intencional o inintencional.