A comienzos de abril, solicité al Consejo de la Magistratura un informe detallado sobre los inmuebles que el Poder Judicial alquila en todo el país. Así, se solicitó la dirección de cada locación, el monto mensual de alquiler y expensas, y que los datos estuvieran actualizados al último mes efectivamente abonado.

La respuesta, sin embargo, llegó con más de un mes de demora respecto del plazo legal previsto por la Ley de Acceso a la Información Pública, y presentó importantes limitaciones en cuanto al contenido y formato. El documento (que adjuntamos) nos dejó muy asombrados.

Aunque el Consejo remitió una planilla extensa con decenas de locaciones, en muchos casos no se detalla el monto abonado en marzo de 2025 —el mes solicitado—, o faltan las expensas. Además, hay inconsistencias en fechas de vencimiento, montos desactualizados y contratos sin información sobre prórrogas o renovaciones. La presentación general dificulta la lectura y el control ciudadano. Se respondió en formato cerrado cuando la ley establece que debe hacerse en formatos abiertos.

Un dato que llama particularmente la atención es que numerosos contratos figuran como vencidos. Existen casos de sedes judiciales que, según la información oficial, estarían funcionando en inmuebles cuyo contrato finalizó en 2023, 2022 o incluso antes. No se aclara si se trata de situaciones con prórrogas, convenios en trámite o simplemente uso continuado sin respaldo formal.

Este panorama plantea interrogantes sobre la gestión patrimonial del Poder Judicial, particularmente en un contexto de restricciones presupuestarias y de creciente demanda por mayor transparencia institucional.

El pedido también se enmarca en una serie de solicitudes vinculadas al acceso a la información judicial que no fueron debidamente respondidas. En esta oportunidad, el Consejo fue consultado sobre:

• El listado de jueces trasladados sin concurso, cuya respuesta fue remitir a un buscador interno que no permite identificar fácilmente la información requerida.

• Los salarios de magistrados y funcionarios, respecto de los cuales se argumentó que su publicación podría afectar la intimidad de los jueces.

Resulta preocupante la forma en que el Consejo de la Magistratura está respondiendo solicitudes de acceso a la información pública aunque, debe decirse, es coherente con el mal funcionamiento del organismo.

La información patrimonial del Estado —incluidos los alquileres y sueldos judiciales— constituye un elemento esencial para garantizar el principio de publicidad de los actos de gobierno y permitir el control democrático. En ese marco, contar con datos claros, completos y actualizados no es una formalidad: es una condición para fortalecer la confianza institucional.

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Las opiniones y puntos de vista de esta nota son responsabilidad de su autor y no necesariamente reflejan la posición de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.