La actuación de los Tribunales federales y nacionales con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dista de ser ideal, según un estudio de ACIJ y el CPACF basado en un sondeo anónimo. El 79% de los y las profesionales afirma haber detectado situaciones de mal desempeño, principalmente vinculadas a demoras excesivas en la tramitación de causas, falta de aplicación de la ley y parcialidad en las decisiones, pero casi nadie activó el mecanismo disciplinario establecido para esos casos.

La abogacía que litiga en los Tribunales Federales y de la Nación con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) está en general poco satisfecha con el funcionamiento de esas instituciones, con la particularidad de que el desencanto alcanza a los mecanismos disponibles para sancionar a la magistratura incumplidora, lo que permitiría mejorar aunque sea parcialmente el servicio. Este es el resultado a grandes rasgos de la encuesta anónima en la que participaron 2.118 litigantes, y que desarrollaron en conjunto durante 2025 la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ, entidad editora de JusTA), y el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF). Dos hallazgos interrelacionados se destacan: si bien el 79% afirmó haber detectado situaciones de mal desempeño, sólo el 3,5% -menos de 4 de cada 100 personas que observaron una irregularidad- informó que había formulado la denuncia ante el Consejo de la Magistratura de la Nación (CM) para que ejerza sus facultades disciplinarias.

El informe “El funcionamiento de la Justicia: una mirada desde la abogacía” publicado el 22 de diciembre de 2025 precisa que el mal desempeño que registraron casi cuatro quintas partes de la muestra -1.674 litigantes- se vincula a demoras excesivas en la tramitación de causas (77,7%); a la falta de aplicación de la ley (38,1%) y a la parcialidad en las decisiones (37,9%). Como se podía marcar varias opciones, el 20,4% mencionó abuso de poder; el 19,5%, la desviación de los parámetros jurisprudenciales habituales utilizados por el tribunal; el 8,8% entrevistas privadas y actos ocultos, y el 2,7%, dádivas. El 8,1% de quienes observaron actos de mal desempeño señalaron otro tipo de anomalías, entre ellas, fundamentos ideológicos más allá del derecho; falta de conocimiento de los expedientes y uso de “formularios estándar” para resolver; regulación de honorarios profesionales por debajo de lo establecido por la normativa; resoluciones contrarias a la prueba producida y falta de aplicación de principios de derechos humanos.

¿Cuál fue la reacción de la abogacía ante el mal desempeño más allá del número excepcionalmente bajo, 3,5%, que acudió al CM? La mayoría (44%) prefirió presentar una queja o reclamo en el expediente. El 35,5% declaró no haber adoptado ningún tipo de medida, e indicó como razón principal la creencia de que no conduciría a nada (48,3%), seguida por el temor a sufrir represalias dentro la misma causa (23,9%). La tercera razón más elegida para justificar la inacción fue carecer de pruebas suficientes del hecho (11,8%), y la cuarta, el miedo a tener un caso con el mismo juez o jueza en el futuro (11,6%). En este punto de la encuesta, quienes seleccionaron la opción “otra” (4,4%) esgrimieron la falta de conocimiento de cuál era la vía idónea; la creencia de que no había intencionalidad en las demoras, sino que se debían a una cuestión estructural, y la pérdida de tiempo.

Ante el mal desempeño detectado otros solicitaron la recusación del juez o jueza (9,7%); informaron a alguna organización profesional (6,2%), o difundieron la situación en redes sociales o medios de comunicación (5,1%). La alternativa menos elegida fue el contacto con organizaciones de la sociedad civil (1,7%). Quienes mencionaron haber usado alternativas diferentes a las incluidas en el cuestionario (14,5%) enumeraron, entre otras, que solicitaron una audiencia privada con el juez o jueza; que presentaron un “pronto despacho”; que realizaron una consulta o queja presencial y telefónica con el juzgado; que acudieron a la Corte Suprema, y que denunciaron ante la Cámara por retardo de justicia y al Ministerio Público de la Defensa.

Resultados de la denuncia y un contraste

El segmento compuesto por 58 litigantes (3,5%) que se dirigieron al Consejo de la Magistratura para denunciar el mal desempeño obtuvo un resultado magro. El 50% de ese grupo señaló que su denuncia fue desestimada in limine (sin más trámite). El 12,1% detalló que se avanzó en la producción de prueba, pero que luego su denuncia se archivó. El 10,3% declaró que la denuncia pasó al archivo porque transcurrieron más de 3 años (plazo de caducidad que produce el cierre automático de las denuncias sin actividad en el CM). “Sólo el 3,4% indicó que se dispuso la sanción del juez o jueza, y el 1,7%, que el caso generó un proceso de destitución ante el Jurado de Enjuiciamiento, pero que no se llegó a la expulsión. El 10,3% declaró que la denuncia todavía está abierta, a la espera de resolución”, detalla el informe que redactaron dos integrantes del equipo de ACIJ, María Hegglin y Ezequiel Nino.

Existe un contraste relevante entre el 79% que dijo haber observado una situación constitutiva de mal desempeño, y el 21% que expresó que no había visto ninguna circunstancia de aquel tipo en la Justicia Federal y Nacional porteña. ¿Por qué? Porque, consultado ese segundo segundo grupo sobre qué haría si se topara con faltas de la magistratura, el 94,5% respondió que adoptaría una postura activa. ¿Cómo? La mayoría dijo que informaría los hechos ante alguna organización profesional (41,9%) o que los denunciaría ante el Consejo de la Magistratura (40,3%), entre otras alternativas.

“En el 5,4% de quienes dijeron que no harían nada frente a un caso hipotético de mal desempeño (24 respuestas), el 66,7% declaró que el motivo principal por el cual no impulsaría acciones es la percepción de que hacerlo no conduciría a nada. En segundo lugar, el 16,7% mencionó que se abstendría de actuar por si volvía a tener al mismo juez o jueza en el futuro, y el 12,5% expresó el temor a posibles represalias dentro de la misma causa. Tanto entre quienes decidieron no actuar ante situaciones reales de mal desempeño, como entre quienes no observaron ninguna, pero manifestaron que tampoco lo harían en un escenario hipotético, predomina la misma motivación: la creencia de que impulsar acciones no produciría efecto alguno”, expresa el informe.

Relojes descompuestos

La cuestión del mal desempeño y de las acciones para revertirlo es uno de los ejes de la investigación de ACIJ y del CPACF, que cubre otras cuatro aristas, como la calidad de las resoluciones y la percepción de la independencia judicial, todas con calificaciones entre medias y negativas. Si se le pide a una inteligencia artificial (IA), por ejemplo, Gemini Pro, que analice la investigación de ACIJ y del CPACF, su veredicto será que “el Poder Judicial nacional y federal porteño opera bajo una ‘mediocridad crónica’ signada por la lentitud exasperante y una desconfianza sistémica”. Y añadirá que si hay una queja que resuena con fuerza unánime, esa es la del reloj: “para el 77,6% de los litigantes, los plazos de la justicia son ‘lentos’ o ‘muy lentos’. La agilidad es una excepción reservada para una minoría estadística del 3,7%. El informe revela que la percepción de colapso no es igual en todos los fueros. Mientras que el Comercial recibe algunas miradas más benévolas, el Laboral y el de la Seguridad Social son percibidos como verdaderos agujeros negros: casi el 90% de quienes litigan allí califican los tiempos negativamente”.

¿Cuánto dura un juicio? La mayoría de quienes llenaron la encuesta calcula que obtener una sentencia definitiva lleva entre 2 y 4 años, pero un preocupante 34,1% eleva esa cifra a un rango de 5 a 7 años. El cuello de botella tiene nombre y apellido: la primera instancia señalada por el 73,7% de los encuestados como la etapa donde se prolonga la tramitación del expediente. Las personas que eligieron para responder el fuero Civil (nacional); Civil y Comercial Federal; Comercial (nacional); Laboral (nacional) y Penal Económico señalaron a la Cámara de Apelaciones como el segundo ámbito de mayor mora. En cambio, quienes eligieron el Contencioso Administrativo Federal; el Criminal y Correccional Federal, y el de la Seguridad Social identificaron a la Corte Suprema. Sólo quienes seleccionaron el Criminal y Correccional (nacional) para completar la encuesta votaron en segundo lugar a la instancia de Tribunal Oral como la que presenta mayores demoras.

La dilación se proyecta sobre el campo de las medidas cautelares, que se suponen urgentes. “Al analizar las respuestas de quienes sí solicitaron estas órdenes precautorias (1.728 de 2.118), surge que más de la mitad considera que los tiempos de dictado son excesivos para salvaguardar adecuadamente el derecho en cuestión (58,6%). Esta tendencia está especialmente marcada en los fueros Penal Económico (100%), de la Seguridad Social (63,6%) y Laboral nacional (63,5%). El fuero Criminal y Correccional Federal fue el único donde la mayoría de las personas encuestadas opinó que los plazos son apropiados (52,9%). En el resto de los fueros, más del 50% tuvo una percepción negativa”, precisa el documento.

La modernización del trámite como consecuencia de la digitalización trajo alivio, pero no soluciones mágicas. Si bien ya no es necesario "ir a Tribunales" para todo, la comunicación con los juzgados sigue siendo deficiente. La mayoría de los abogados (47,3%) afirma que los juzgados responden consultas solo "a veces". La queja recurrente es que la Justicia sigue operando en un cómodo "modo pandemia", con poca presencialidad y canales telefónicos que nadie atiende.

Más allá de la burocracia, el informe destapa una realidad institucional inquietante. La confianza en la independencia judicial pende de un hilo, con una calificación promedio de apenas 4,6 sobre 10. Quizá en este escenario general de entusiasmo escaso con el funcionamiento tribunalicio incida el dato de que casi la mitad de las encuestas (46,3%) asegura que los honorarios se regulan con parámetros inferiores a los establecidos por la ley -le siguen las respuestas que indican que depende del caso (34,56%) y aquellas que manifiestan que se regulan de conformidad con la normativa vigente (14,73%)-. "Cada juez tiene su criterio y procede según la cara de la parte", expresa uno de los testimonios anónimos recogidos por el informe. Esta situación golpea con mayor fuerza a profesionales independientes y a los pequeños estudios, quienes ven en la arbitrariedad judicial una amenaza directa al carácter alimentario de estas remuneraciones.

En definitiva hay más críticas que beneplácito con el funcionamiento de los Tribunales federales y nacionales de la CABA. Sin dudas parte del problema está dado por los numerosos cargos vacantes; la baja efectividad del Consejo de la Magistratura para custodiar el buen desempeño y la falta de políticas adecuadas de capacitación para el personal. Pero en este contexto no resulta extraño que cada vez más litigantes se planteen ingresar al Poder Judicial o dejar la profesión como salida a un déficit estructural de servicio que se percibe casi sin posibilidad de solución desde la vereda del ejercicio de la abogacía.

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Las opiniones y puntos de vista de esta nota son responsabilidad de su autora y no necesariamente reflejan la posición de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.