“El acceso a la información pública está instalado: no hay posibilidad de retroceder”

por Irene Benito

Autor

Irene Benito

Publicado el

2021-08-12

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Acceso a la informaciónMinisterio Público FiscalTransparenciaBuenas prácticas

Es necesario mejorar estándares y metodologías de producción de datos, según los funcionarios de la Procuración


La entrevista a Johanna Cristallo y a Luis Lozano en cinco definiciones

“La ciudadanía tiene el derecho a pedir información, y nosotros debemos trabajar para ella y rendir cuentas con la máxima publicidad posible. Pero uno de los escollos que enfrentamos al comienzo es que, si bien queríamos entregar los datos, no siempre disponíamos de ellos”.

“No es fácil responder a un pedido de acceso a la información pública: nosotros hemos entendido que debemos entrenar y sensibilizar al personal en forma permanente. Es un trabajo silencioso que no se ve, del día a día, pero existe”.

“Quizá antes todavía había algún debate sobre por qué era necesario difundir un dictamen o un documento de la Procuración: hoy nadie duda del valor que esto tiene para la sociedad, y el periodismo y la academia en particular”.

“En la práctica advertimos que la mirada es mucho más amplia que la transparencia en términos de rendición de cuentas y de políticas contra la corrupción. La potencialidad de este derecho es enorme”.

“Hubo un cambio cultural. Esta política fue fortalecida por el paso de las gestiones: empezó en la de la procuradora (Alejandra) Gils Carbó y siguió en la de su sucesor interino, Eduardo Casal. Eso también tiene un valor”.

La Agencia de Acceso a la Información Pública del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF) nació en 2017 luego de la sanción de la Ley 27.275. Este órgano de control estuvo a cargo del fiscal general Carlos Ernst hasta finales de 2020. Actualmente ocupa dicho rol de forma interina la funcionaria Johanna Cristallo, quien, junto a Luis Lozano, son las autoridades responsables del acceso a la información pública. Ambos mantienen este desempeño, pese a que en el ínterin hubo un cambio de cabezas en la Procuración General de la Nación. Aunque la institución está en el ojo de la agenda política y sobre ella se ciernen propuestas muy debatidas de reforma, Cristallo y Lozano consideran que los avances no peligran. “El acceso a la información pública está instalado en nuestra organización: no hay posibilidad de retroceder”, coinciden la funcionaria de la Procuración General de la Nación (JC) y el director de Relaciones Institucionales (LL).

-¿Cómo fueron los comienzos de este cambio institucional?

JC: -Nosotros empezamos a trabajar con el acceso a la información pública incluso antes de que se implementara la Ley 27.275 (en septiembre de 2017). Viajamos a Chile con Luis y tuvimos una experiencia muy enriquecedora con una pasantía en el Consejo para la Transparencia de ese país. Allí nos mostraron cómo funcionaba esta política y nos llevamos ideas para aplicarla aquí. ¿Qué hicimos a la vuelta? Ya con la norma sancionada advertimos que esta había sido muy pensada para el Poder Ejecutivo, no para organismos judiciales como el nuestro. Esto nos obligó a imaginar una adaptación que se ajustara al funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, es decir, a buscar un equilibrio entre los principios y estructura propios, y lo que dispone la ley. La ciudadanía tiene el derecho a pedir información, y nosotros debemos trabajar para ella y rendir cuentas con la máxima publicidad posible. Pero uno de los escollos que enfrentamos al comienzo es que, si bien queríamos entregar los datos, no siempre disponíamos de ellos. Con Luis veníamos trabajando desde hacía tiempo para revertir el déficit de sistematización de la información. Si bien no dejamos de pertenecer a un organismo que tiene dificultades burocráticas, en los últimos diez o 12 años nos fuimos modernizando. Este trabajo nos permitió conocer la institución, y saber quiénes tienen los datos y cuáles son los problemas que deben sortear. No es fácil responder a un pedido de acceso a la información pública: nosotros hemos entendido que debemos entrenar y sensibilizar al personal en forma permanente. Es un trabajo silencioso que no se ve, del día a día, pero existe. Hemos desarrollado procesos para contestar en el tiempo y en la forma que corresponden. Desde que comenzamos a aplicar la ley y hasta abril de 2021 sólo rechazamos una solicitud por tratarse de un caso que encuadraba en las excepciones. Y nunca hemos tomado más de los 15 días hábiles para responder: es algo que no nos permitimos. Sabemos que hay alguien del otro lado que está necesitando la información y, si podemos acelerar la respuesta, también lo hacemos.

-¿Qué grado de convicción y de consenso dirían que alcanzaron?

LL: -Nos hemos formado en un modelo académico de transparencia y acceso a la información pública que no tenía correlato con la vivencia de nuestras instituciones. A lo largo de los últimos diez o 15 años hubo una evolución enorme en esta materia pendiente, pero claro que falta muchísimo. Sí es importante subrayar que el avance es significativo. A partir de 2017 esto dejó de ser una discusión o una opción voluntaria: ello impulsó el trabajo previo de generación de sistemas de información, de “despapelización”, de creación de una oficina de comunicación institucional…Todo eso coadyuvó para poner en valor el trabajo de los fiscales. Me parece una consecuencia positiva, que es cada vez más reconocida. Quizá antes todavía había algún debate sobre por qué era necesario difundir un dictamen o un documento de la Procuración: hoy nadie duda del valor que esto tiene para la sociedad, y el periodismo y la academia en particular. Y existe una expectativa respecto de las opiniones de la Procuración en las causas de interés público o con trascendencia institucional; de la estadística del Ministerio Público Fiscal sobre procesos de género, de narcotráfico, de secuestro extorsivo, de lesa humanidad… Todo ese prestigio y esa riqueza institucional se construyó de la mano de una política de apertura, de transparencia y de acceso a la información. Esto nos permite situarnos en un universo totalmente distinto del que existía cuando empezamos.

-¿Cómo están organizados?

LL:-Pertenecemos a dos áreas que se ocupan de muchas otras tareas. La resolución que creó la responsabilidad de dar acceso a la información pública puso la función de transparencia pasiva en cabeza de la Secretaría de Coordinación No Penal que está a cargo de Johana y la de transparencia activa en mi ámbito, que es la Dirección de Relaciones Institucionales. Nuestros equipos son pequeños y vemos todo.
JC: -Más que la formación, importa el compromiso. Creo que eso es lo que finalmente hace la diferencia. Es cierto que nos ocupamos de una variedad de asuntos, pero todo confluye en el punto de la transparencia. Cada vez tenemos más pedidos de acceso a la información pública.

-¿Cómo introdujeron desde el punto de vista operativo la nueva función de la transparencia?

JC: -Durante el primer año y medio hicimos capacitaciones con los fiscales a lo largo y ancho del territorio con el objetivo de seguir profundizando el servicio, etapa en la que ya estamos. Nosotros diseñamos un proceso bastante centralizado para garantizar el cumplimiento de la ley: vimos que era lo que convenía en esta primera etapa.
LL: -Hay un condicionamiento muy intenso porque la resolución de denegación de la información debe ser firmada por la Procuración General de la Nación. Nosotros insistimos en esto porque cualquier reclamo llega a la máxima autoridad. La idea es que desde el primer momento trabajemos juntos en la respuesta.

-¿Cómo es el monitoreo de los pedidos que reciben?

JC: -Primero analizamos a qué área corresponde la solicitud. A veces nos piden datos que involucran a varias oficinas a la vez, quienes se ven entonces obligadas a trabajar simultáneamente en la respuesta. Cuando les derivamos la consulta les damos tres días hábiles para que nos hagan una devolución con el fin de disponer de un margen de tiempo para trabajar. ¿Qué hacemos a continuación? Revisamos la información, y, si entendemos que está incompleta o que existe alguna clase de error, llamamos y buscamos la forma de superar los inconvenientes. Con el tiempo creo que ganamos cierta autoridad en esta temática y vemos los beneficios de contar con esa legitimación: observamos que nos escuchan y que nuestra palabra vale. Muchos fiscales y fiscalas a veces nos consultan por temas relacionados con causas judiciales específicas: por ejemplo, cuando deben dictaminar sobre cuestiones de acceso a la información pública. En una oportunidad recibimos una pregunta acerca de cómo denunciar hechos de violencia de género: no era un asunto de nuestra competencia, pero advertimos que podía haber cierta gravedad y urgencia, y conectamos a las partes.

-¿Consideran que la existencia de una ventanilla para la transparencia genera confianza en la comunidad que precisa de la intervención del Ministerio Público Fiscal?

JC: -La institución es una sola y, si bien nosotros estamos implicados en el acceso a la información pública, siempre debemos dar un servicio a la población.
LL: -En la práctica advertimos que la mirada es mucho más amplia que la transparencia en términos de rendición de cuentas y de políticas contra la corrupción. La potencialidad de este derecho es enorme. En 2020, en plena pandemia, contestamos pedidos que apuntan a múltiples aspectos relativos al funcionamiento del Ministerio Público Fiscal.

-¿Existe el riesgo de dar pasos hacia atrás?

LL: -En este momento no puedo imaginar un retroceso porque hubo un cambio cultural. Esta política fue fortalecida por el paso de las gestiones: empezó en la de la procuradora (Alejandra) Gils Carbó y siguió en la de su sucesor interino, Eduardo Casal. Eso también tiene un valor. Es algo que está instalado y no lo veo con posibilidades de reversión. Insisto en que por delante hay un camino largo que debemos transitar, que incluye cuestionarnos nuestra política documental. No alcanza con la voluntad de dar acceso a la información si trabajamos de una manera que no nos permite sistematizar los datos. Tenemos desafíos múltiples, pero no veo que podamos retroceder. Lo que a veces sí ocurre y a nosotros nos genera mucha impotencia, y se vuelve en contra de este cambio cultural es que algunas voces de afuera del organismo aparecen con críticas fundadas en comparaciones con dependencias del Poder Ejecutivo que, primero, tienen dinámicas de funcionamiento completamente distintas y experiencia en el acceso a la información desde 2003: bien o mal, había un decreto presidencial, el 1.172, que regulaba la materia. Este tipo de miradas fortalece a los sectores más refractarios del sistema judicial.
JC: -Coincido. No veo posibilidades de retroceso. El acceso a la información pública está incorporado en el Ministerio Público Fiscal. Sí hay un trabajo por delante en cuanto a mejorar los estándares de la información y a certificar la metodología de producción. Nosotros estamos contentos con lo que hicimos con los recursos disponibles y vemos que de entrada hubo una decisión de colocar a altos funcionarios al frente del tema, estrategia que genera un mensaje porque, mal que nos pese, estamos insertos en una estructura jerárquica. Independientemente de quién esté a cargo, el Ministerio Público Fiscal otorga una importancia mayúscula a la transparencia y al acceso a la información pública.

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