Litigo diariamente en diversos fueros, principalmente en Civil y Comercial Federal, Contencioso Administrativo Federal, y el fuero en lo Contencioso, Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la CABA (CAyT). Y si hay algo que salta a la vista en todos esos fueros —incluso desde el primer escrito— es la brutal disparidad en los tiempos de despacho entre juzgados del mismo fuero, bajo las mismas reglas y utilizando los mismos sistemas digitales.

Hay juzgados que despachan siempre los escritos simples el mismo día en que se presentan. Otros, en cambio, demoran dos, tres o incluso más semanas para resolver exactamente la misma clase de presentación. Esto me representa siempre un motivo de sorpresa y me pone a reflexionar sobre cómo y por qué se producen semejantes diferencias. Es probable, incluso, que los propios integrantes de los juzgados no sean conscientes de que sus procesos internos son tan diferentes.

Los tiempos de despacho de proveídos simples no son un mero dato técnico: es un factor determinante en la duración total del proceso. Si por cada escrito se suman dos o tres semanas de espera, los plazos procesales se incrementan enormemente, y la acumulación de estas demoras puede extender el expediente durante años adicionales. Aún en los juzgados que han logrado profesionalizar y acelerar el despacho, los tiempos judiciales son extensos. En aquellos que no tienen aceitado el engranaje administrativo, el trámite se vuelve directamente insufrible.

Las razones detrás de esta disparidad seguramente son múltiples, algunas de las cuales creo poder identificar en base a la experiencia profesional pero también por haber sido empleado en tribunales.

En algunos juzgados en determinado momento se realiza un gran esfuerzo por ponerse al día en el despacho administrativo. Es normal que durante algunos períodos se produzcan demoras pero a partir de esos puntos de inflexión, se produce una modificación estructural. Luego de ello, mantienen una rutina sostenida: despachan diariamente todos los escritos ingresados, evitando el rezago cíclico.

Otros avanzaron un paso más y generaron verdaderos procesos de desburocratización, donde múltiples instancias procesales se resuelven unificando etapas procesales. Esta dinámica reduce la cantidad de planteos y agiliza el expediente.

En relación a aquellos juzgados que no despachan con celeridad, hay que observar una clave estructural que guarda relación con las personas que forman parte del área administrativa del juzgado. Esta área, liderada por prosecretarios administrativos —el escalafón más alto del personal no letrado—, cumple un rol determinante. Muchos de estos agentes llevan años —o incluso décadas— trabajando en la mecánica formal del expediente, y en muchos casos, no tienen formación jurídica ni posibilidades reales de ascenso más allá de ese cargo. La permanencia prolongada en una tarea meramente formal, sin incentivos ni posibilidades de desarrollo, puede desalentar el interés en lograr mejoras procedimentales. Y si ese equipo no tiene interés —ni liderazgo— para modernizar procesos, el juzgado entero se resiente.

En contrapartida, los juzgados más ágiles suelen haber profesionalizado su área administrativa, liderándola con perfiles técnicos, capacitados, comprometidos con la mejora continua. Es posible que incluso hayan seleccionado a su personal con criterios meritocráticos, no por antigüedad sino por capacidades reales. La diferencia es muy notable.

Ahora bien, el problema de los despachos lentos se vuelve muy trascendente cuando lo situamos dentro del modelo procesal argentino: un sistema aún profundamente basado en el expediente escrito. A diferencia de los sistemas judiciales más avanzados, donde la oralidad representa el núcleo del proceso, en nuestro país sigue primando una lógica casi puramente escrita.

La falta de audiencias reales, de contacto directo entre partes, jueces y prueba, convierte al expediente en un mecanismo pesado, despersonalizado y formalista, donde cada escrito se transforma en una pieza más de una maquinaria que avanza a ritmo incierto. Si a eso se le suma la ineficiencia de los despachos, el expediente se transforma en un obstáculo procesal.

La tecnología de digitalización (con muchos defectos, sobre todo el Lex 100) de los expedientes llegó con la pandemia pero paradójicamente, en muchos tribunales, no mejoró los tiempos de despacho. El Poder Judicial no puede seguir ofreciendo niveles tan dispares de servicio dentro de un mismo fuero. Porque no se trata solo de eficiencia, sino de garantías procesales mínimas y tutela judicial efectiva.

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Las opiniones y puntos de vista de esta nota son responsabilidad de su autor y no necesariamente reflejan la posición de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.