Pese a que hace seis meses fue imputado por varios fiscales como parte de una trama narco

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En noviembre de 2024, un equipo de tres fiscales imputó al juez federal de Rosario Marcelo Bailaque. La imputación se basó en presuntas maniobras dilatorias en favor de una persona acusada de narcotráfico. Además, se le atribuyeron irregularidades en el manejo de una cooperativa de trabajadores portuarios que se encontraba intervenida, con el objetivo de favorecer a un financista allegado. También lo imputaron por presuntamente haber actuado en una red de funcionarios de la agencia impositiva para favorecer a grandes contribuyentes con deudas impositivas. Hace pocos días el juez de garantías de Rosario, Eduardo Rodrigues Cruz, dictó prisión preventiva en su contra pero no se pudo efectivizar por los fueros que aún conserva.

La imputación se produjo luego del secuestro del teléfono celular del juez Bailaque durante un allanamiento de Gendarmería. Unas semanas más tarde un exjefe de ARCA declaró como arrepentido ante los fiscales y reconoció que junto al juez tramaron una extorsión hacia dos empresarios demandados por la agencia fiscal.

Sin embargo, la Comisión de Acusación recién se reunió luego de seis meses el último 28 de abril para solicitar los expedientes a la justicia federal de Rosario. No haber pedido esos expedientes en los meses previos hace que todo se siga demorando aún más. Por ese motivo, Bailaque sigue dictando resoluciones como si nada hubiera pasado. La inacción de la Comisión de Acusación impacta en que estas decisiones que son fundamentales que se adopten en relación con el sistema de justicia no se concreten, siendo cada vez más difícil revertir el estado de dilaciones que hay en los expedientes disciplinarios, que se siguen acumulando.

La anterior reunión de la Comisión de Acusación había tenido lugar en noviembre de 2024 y no adoptó ninguna medida sobre el caso de Bailaque. Recién el 23 de abril se conformaron las comisiones para el año 2025 (es decir que durante todo este año no se reunió ninguna comisión de este organismo clave para las instituciones democráticas argentinas). Ni siquiera para tratar un caso extraordinario como este (en el que tres fiscales involucraron a un juez federal en hechos gravísimos vinculados al narcotráfico) pudieron ponerse de acuerdo y hacer a un lado las serias diferencias que mantienen. Es llamativo que no haya avanzado una investigación contra un juez acusado de complicidad con narcotraficantes y de haber cometido otros delitos gravísimos, teniendo en cuenta que es una de las denuncias con mayor sensibilidad de las que ha recibido la Comisión de Acusación.

Mientras tanto, resulta difícil ponerse en el lugar de los judiciables que deben recibir decisiones fundamentales para su vida de parte de este magistrado. Bailaque decide cotidianamente sobre la libertad de las personas, entre muchos otros aspectos centrales de tanta gente que pasa por su juzgado.