La entrevista en cinco definiciones

“Los candidatos a la magistratura están sometidos a una cirugía muy especial y cruel, donde deben pedir favores, hacer ‘lobbies’ y entrar en los mecanismos de domesticación. Eso produce que al mismo tiempo los cargos quedan vacantes durante dos, tres y cuatro años, y se cuele todo el esquema de interinos que se pacta con el propio Poder Judicial”.

“¿Por qué un concurso tiene que durar tanto? Hay que dar una pelea para que se acabe el nombramiento ‘cargo por cargo’ y se hagan las designaciones por lista, que de alguna manera permiten terminar con la presión política y con el sistema de jueces interinos”.

“Lo que el juez debe tener claro es que no le debe el cargo a nadie. Que nadie puede levantarse y decirle ‘me debés el cargo’. Esa es la clave”.

“Me parece muy importante que los colegios de abogados y las asociaciones de magistrados jueguen a favor de la excelencia, y no ha sido así. Ninguno de los dos lo hizo”.

“Por más que usen palabras grandilocuentes, está todo atravesado por rencillas, codazos y alfilerazos que se dan las tribus judiciales en el día a día”.

Alberto Binder lanza un diagnóstico jugado tras otro con la convicción de que hay que tomar posición y poner los temas decisivos sobre la mesa para que, un día, el Consejo de la Magistratura de la Nación (CMN) se haga cargo de sus falencias y se regenere. Su voz y sus análisis son los de un especialista en reformas judiciales con prestigio internacional que por donde va promueve la instalación de las audiencias orales y públicas del modelo acusatorio adversarial para la resolución de los conflictos. Pero Binder, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), subraya que estos cambios procesales deben conllevar necesariamente una reingeniería del método de selección de magistrados porque de esos actores depende la aplicación recta del derecho. Y porque el funcionamiento del CMN sugiere que todavía están muy activos los vicios, manías y abusos que produjeron el monstruo de Comodoro Py. “El sistema de nombramientos de jueces federales es espurio y obliga a torcerse”, dice Binder en esta entrevista con JusTA.

-¿Cuál es tu principal crítica al funcionamiento del Consejo de la Magistratura de la Nación?

-El punto central allí radica en el modo como se toman los concursos. Hay un tema muy concreto y simple. En el país existe un fenómeno que viene de la época de Carlos Menem y desde el 94, y que el Consejo de la Magistratura debía evitarlo, pero no ha logrado frenarlo, y que es el mecanismo de los jueces interinos. El juez interino es una categoría problemática que está claramente identificada en todos los informes sobre independencia judicial en América Latina. ¿Por qué? Por su debilidad, porque debe favores, etcétera. El establecimiento del concurso y la limitación de la discrecionalidad del Poder Ejecutivo es algo obvio: todo el mundo está diciendo que, para que lleguen los mejores, hay que mejorar la selección de los jueces y sus compromisos éticos. Pero la verdad es que la fenomenología de funcionamiento de los consejos hace que este procedimiento dure años. Durante esos años los candidatos están sometidos a una cirugía muy especial y cruel, donde deben pedir favores, hacer ‘lobbies’ y entrar en los esquemas de domesticación. Eso produce que al mismo tiempo los cargos quedan vacantes durante dos, tres y cuatro años, y se cuele todo el régimen de interinos que se pacta con el propio Poder Judicial. Hay que hacer una investigación sobre las subrogancias porque es obsceno lo que ganan los jueces y fiscales federales. Ellos descuidan sus propias unidades, que están sobrecargadas, para atender mal otras, pero al final del mes se llevan un 33% más de salario. Abultado es poco: estamos hablando de gente que se lleva $ 500.000, $ 600.000 y $ 700.000 mensuales. A mí no me entra en la cabeza que alguien gane tanto: eso te convierte automáticamente en un ciudadano de otro mundo. Es un curro que, además, funciona con la dinámica de la familia judicial: hay hogares que reciben más de un millón de pesos de parte de la Justicia cada mes. Después van a las universidades y copan los cargos allí. Van a los posgrados y copan los cargos allí. Y los pocos que nos dedicamos a la investigación y a la docencia, que no tenemos sueldos judiciales, nos desesperamos.

-Es una estructura de privilegios cada vez más establecida y expandida.

-Es tan difícil para una persona llegar a una terna por puro mérito académico o reconocimiento, que se ve obligada a entrar en todos los “lobbies” posibles. Es repudiado en general, pero nadie lo cambia. El sistema de nombramientos de jueces federales es espurio y obliga a torcerse. ¿Por qué un concurso tiene que durar meses o años? Uno ve la estructura del Consejo de la Magistratura y es enorme. Nosotros impulsamos una doble pelea: una para cambiar la composición porque creemos que la Constitución no dice que tengan que integrarlo senadores, diputados y jueces en ejercicio, sino representantes de los organismos. Si uno es juez, diputado o senador, debe ejercer tales funciones a tiempo completo, no para desarrollar otra actividad. Un “representante” puede ser cualquier otra persona. La otra pelea es para que se acabe el nombramiento “cargo por cargo” y se hagan los nombramientos por lista, que de alguna manera permiten acabar con la presión política y con el sistema de jueces interinos. El inciso 6 del artículo 7 de la Ley del Consejo de la Magistratura de la Nación dice que por mayoría absoluta de los miembros de la Comisión de Selección se pueden concursar anticipadamente las vacantes. Es factible tomar el examen general y a fondo de todos los candidatos a jueces penales una vez al año; hacer un listado por orden de mérito y, cuando ocurre la acefalía, entrevistar a los tres primeros, y ahí ya tenés la terna. Se acaba la discrecionalidad y el tiempo, y en una semana es posible pasar la propuesta al Poder Ejecutivo.

-¿Qué asegura este sistema en vigor?

-Que el nombramiento sea el resultado de un juego político y de pactos con las tribus judiciales. La palabra endogamia ya no representa a este orden de poder. Estas tribus colocan a su gente, y tienen sus propios intereses, y una pata en la universidad, en los clubes de fútbol, en los estudios jurídicos y, durante mucho tiempo, también en los servicios de inteligencia. Son las que tallan en los interinatos y los que están afuera de esa organización casi no pueden competir. Es lo que se quería impedir con el Consejo de la Magistratura. Pero en la Ciudad de Buenos Aires es peor: si no arreglás con (el dirigente macrista y vicepresidente de la Asociación de Fútbol Argentino) Daniel Angelici o con (el jefe de asesores del presidente Alberto Fernández) Juan Manuel Olmos, no tenés chances de entrar en la Justicia. Es vergonzoso cómo, para lograr esas ventajas, llegaron a manipular los puntajes otorgados en las entrevistas. El sistema está manipulado para obedecer a una dinámica política que a su vez responde a intereses empresariales que están con el financiamiento de la política. Este régimen se extiende a las provincias, que a su modo también lo reflejan. Por eso hay que tender hacia la normalización de los exámenes y que haya evaluaciones en serio, con tribunales sólidos y prestigiosos.

-¿Para fortalecer la independencia judicial ayudaría el establecimiento de reglas que veden concursar a quienes hayan ocupado cargos públicos electivos o sido, por ejemplo, apoderados de partidos políticos?

-Si establecés tantos requisitos podés terminar atrapando a la gente de menor calidad. La Corte de Estados Unidos es una prueba de que la independencia judicial no está ligada necesariamente a una biografía aséptica. Por ejemplo, (Earl) Warren había sido gobernador de California antes de presidir la Corte y su tribunal es ejemplo que se estudia. Lo que el juez debe tener claro es que no le debe el cargo a nadie. Que nadie puede levantarse y decirle “me debés el cargo”. Esa es la clave.

-¿Tiene sentido que los consejeros puedan modificar el orden de prelación en la entrevista personal?

-Lo que sucede es que esta etapa del concurso debe tener muy poco peso. Si analizás los distintos reglamentos de los consejos se ve una tendencia a aumentar su importancia cuando su incidencia tendría que ser mínima, apenas un correctivo que nunca supere los 10 puntos sobre 100 posibles. Por otro lado la entrevista requiere una técnica y una seriedad de la que carece. Necesita más tiempo y proporcionalidad. Y jamás puede ser dirimente.

-¿Conocés buenas prácticas en otras jurisdicciones que puedas recomendar?

-En la Argentina y en América Latina no conozco buenas prácticas en este sentido. En el mundo anglosajón usan otro modelo de controles mutuos, donde también la abogacía juega un papel muy importante porque a nadie se le ocurre poner jueces impresentables, aunque sí los hay y los ha habido: siempre digo que en los años 30 la mitad de los jueces de Chicago estaban en la nómina de la mafia. Tampoco idealicemos. Los países que han avanzado en esto es porque hicieron un esfuerzo muy grande. Los nazis no cambiaron todo el Poder Judicial, sino que usaron el que venía de antes. Han sido peleas grandes y fuertes, como también va a pasar en la Argentina. No hay magia aquí. La pelea por el Poder Judicial es y será de larguísima data.

-¿Qué opinás de los reproches que aparecieron últimamente cuando el presidente de la Nación deja de lado a la mujer ganadora del concurso? ¿Hay que atender este tipo de reclamos de diversidad de género en la resolución de una terna para cubrir vacantes judiciales?

-Estoy muy a favor de las acciones afirmativas y creo que los cupos deben existir. Eso ayuda a diversificar las designaciones y la configuración del Poder Judicial. Hay una disputa relativa a si siempre debe ser nombrado quien termina primero o si el Poder Ejecutivo dispone de la posibilidad de hacer una mínima selección discrecional entre los tres miembros de la terna. Si lo tomáramos en serio y hubiera un criterio, no luce muy grave que exista la facultad de elegir dentro de una propuesta cerrada. Para elegir al tercero en vez de al primero hace falta algún tipo de justificación. Pero todo se vuelve “cualquier cosa” si al final sólo se pretende una afinidad política, como pasó en el caso de (Daniel) Bejas.

-¿Qué rol debe jugar la sociedad civil en este tema?

-Si por sociedad civil se entiende a las organizaciones que nos dedicamos a la Justicia, la cuestión se está volviendo algo agobiante. Sí me parece muy importante que los colegios de abogados y las asociaciones de magistrados jueguen a favor de la excelencia, y no ha sido así. Ninguno de los dos lo hizo. La Asociación de Magistrados es un sindicato y una agencia de colocación de sus propios miembros. Y los colegios de abogados están viendo cómo sus integrantes litigan por influencias. Si hubiese preocupación por la excelencia, no habríamos tenido un juez tan increíble como (Norberto) Oyarbide. Y nunca la Asociación de Magistrados dijo nada al respecto. Hay un pacto espurio entre las asociaciones de magistrados, los jueces, la política y las tribus judiciales que ha convertido a la Justicia en un espacio de influencias, y de arreglo de negocios antes que un espacio donde se juegue la legalidad y la institucionalidad. Por más que usen palabras grandilocuentes, está todo atravesado por rencillas, codazos y alfilerazos que se dan las tribus judiciales en el día a día. Hay quienes quieren hacer las cosas bien, pero terminan construyendo un nicho individualista, donde tratan de que no los molesten y se desentienden de la totalidad del sistema.

-¿Cómo definirías el producto final que fabrica el sistema de selección de jueces federales?

-Es un producto final que no expresa la excelencia ni el mérito, y que está al servicio de demorar lo suficiente las coberturas para que funcione el negocio político y económico de las coberturas interinas, y que busca que quienes llegan a la magistratura tengan una larga historia de deber favores. Entonces, quienes llegan a los cargos ya han tenido que actuar en el mercado de favores durante demasiado tiempo, y, por lo tanto, no se escandalizan si alguien los llama y les pide que hagan tal o cual cosa. Ese es el núcleo del problema. El mercado de favores se acabará cuando haya jueces y fiscales que no jueguen ese juego. Se normalizan tanto las conductas que se deja de ver como inconveniente, por ejemplo, el nombramiento de familiares en los cargos de la Justicia.

#BIO
Alberto Binder es doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y profesor de posgrado de Derecho Procesal Penal. Tiene una trayectoria inmensa como asesor de reformas del Poder Judicial en la Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Honduras, El Salvador, Guatemala y República Dominicana. Ha publicado numerosos libros, entre los que sobresalen “De las repúblicas aéreas al Estado de derecho: ideas para un debate sobre la reforma judicial en América Latina”; “Justicia penal y Estado de derecho”; “Iniciación al proceso penal acusatorio”; “Policías y ladrones: una guía para discutir el problema de la seguridad” y “Derecho procesal penal. Tomos I y II”. Es cofundador y presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip).