La entrevista en cuatro definiciones

“No estamos viendo que la composición del Jurado de Enjuiciamiento que propone la iniciativa legislativa con media sanción así como el Jurado actual tienen el mismo vicio de falta de equilibrio que desencadenó la declaración de inconstitucionalidad para el Consejo de la Magistratura”.

“Le habrá sido funcional (al Gobierno de Macri) esto que la Corte dice sobre que en ese Consejo había un desequilibrio tal que permitía a los gobernantes de turno incidir y lograr las mayorías que necesitaba para tomar decisiones”.

“En el segundo plenario tuvimos que archivar cinco denuncias de mal desempeño que habían caducado por el vencimiento del término de los tres años. Cuando voy a mirar qué grado de avance tenían los trámites, sin fijarme en los nombres, encuentro que en cuatro casos no se había hecho nada”.

“Quiero que cuando haya una denuncia infundada e improcedente contra un juez lo digamos con todas las letras y desestimemos el tema: no dejemos eso abierto durante tres años para después archivarla porque tenemos miedo a decir que no corresponde seguir adelante”.

Esta entrevista forma parte de una serie de solicitudes realizadas a las cuatro nuevas consejeras incorporadas al Consejo de la Magistratura a partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia para conocer su mirada sobre los desafíos del órgano al que se incorporaron. Hasta la fecha fue posible realizar la entrevista a las consejeras Pamela Tolosa y Jimena de la Torre.

Jimena de la Torre está en un raid de conversaciones con la abogacía de todo el país, el estamento que la erigió como su representante en las elecciones de abril del Consejo de la Magistratura de la Nación (CM). En el mismo viaje visitó La Rioja, Catamarca y Tucumán, y participó de numerosas reuniones con colegas y jueces. Apremiada por el tiempo y las demoras típicas de esta clase de giras, a comienzos de julio se sentó en un café de la zona del Palacio de Justicia tucumano a responder las preguntas de JusTA. En ese diálogo, afirma que le “obsesiona” transparentar el proceso de selección de la magistratura con la idea de que se trata de algo que trascenderá su gestión, incluso si consigue la reelección. “Necesitamos revisar el proceso entero porque sabemos perfectamente que, en cada una de las etapas, cuando haces doble clic, hay margen de manipulación. Revertir esto es mi gran objetivo”, afirma mientras bebe un trago de agua.

-¿Cuál es su posición respecto a los debates en curso sobre la composición del Consejo de la Magistratura y las reformas en torno a su funcionamiento?

-En primer lugar, creo que necesitamos una nueva ley aún a costa de que yo pueda quedar afuera. Una ley que esta vez respete la Constitución. No creo que el proyecto que logró media sanción lo haga, especialmente porque la inconstitucionalidad permanece en la conformación del Jurado de Enjuiciamiento. Estamos enfrascados en el debate acerca de si la Corte debe o no integrar y presidir el Consejo, o sólo integrarlo, pero no estamos viendo que la composición del Jurado de Enjuiciamiento que propone la iniciativa legislativa con media sanción así como el Jurado actual tienen el mismo vicio de falta de equilibrio que desencadenó la declaración de inconstitucionalidad para el Consejo de la Magistratura. Cuando en 1998 nace el primer Consejo con 20 miembros, el Jurado estaba integrado por tres legisladores, tres jueces y tres abogados: allí estaba la Corte y los abogados eran designados por elección directa de sus pares, como me eligieron consejera a mí. En 2006 y por impulso del Gobierno de Cristina Fernández, se desequilibran las composiciones tanto del Consejo como del Jurado. ¿Qué pasó en este último órgano? Redujeron a los abogados a un miembro; sacaron a la Corte y dejaron dos jueces, y aumentaron a cuatro el número de legisladores. No solamente cambiaron el equilibrio entre estamentos, sino que también alteraron la forma de designación y dispusieron que la elección del representante de la abogacía se resolviera por sorteo, y no por medio de una votación. Ahora funciona un bolillero, y el que “toca toca, la suerte es loca”. Es decir, una locura. Ese Jurado de Enjuiciamiento desequilibrado es el que tenemos hoy, pero la Corte no pudo declararlo así porque el tema no estaba judicializado. Sostener un Jurado de estas características deja al sistema totalmente rengo porque en el Consejo sólo podés llegar hasta la acusación de un juez, pero es en el enjuiciamiento cuando se decide si ese juez realmente incumplió su deberes o no, y le corresponde ser destituido.

-Si bien la representación de los estamentos técnicos del CM fue pensada como independiente de las representaciones de los partidos políticos, en esta última elección se volvió a ver que ello no es necesariamente así. Los medios asociaron la elección de las cuatro nuevas consejeras técnicas a diferentes espacios del espectro de partidos, en su caso a Juntos por el Cambio. ¿Qué opina al respecto?

-Una no puede desconocer ni ser inocente al respecto: nadie está despojado de cierta ideología. Siempre una hace política. Después está el partido, pero, si yo estoy trabajando en el Consejo de la Magistratura y tengo que negociar con otros 19 miembros, estoy haciendo política. Yo trabajé en el Gobierno de Cambiemos con Mauricio Macri. Me había especializado en impuestos; tuve un derrotero y terminé como número dos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). A mí lo que me pasó personalmente es que yo no había intervenido en política hasta ese momento. Trabajaba en estudios jurídicos y para el sector privado. Luego funcionarios de Cambiemos me convocaron a participar en lo que fue el sinceramiento fiscal y, a partir de ahí, fui jefa de Gabinete de la UIF (Unidad de Información Financiera) y pasé a la AFIP. Se trató de un recorrido técnico-administrativo. Me sucedió que, para alguna campaña política, me pidieron que llevara a los abogados de la AFIP y yo me resistí porque es algo que no corresponde hacer. Me parecía una vergüenza: lo que se critica de La Cámpora. Y yo dije que no. Ahora, después de las primarias de 2019, me encontré a los 46 años y con tres hijos con ganas de irme del país. Veía que otra vez volvíamos a un esquema autocrático y populista que iba a poner en juego nuestras instituciones republicanas. Mis hijos son adolescentes y era difícil irnos, entonces, yo dije “me quedo, pero me involucro”. Ahí empezamos a armar la agrupación que se llama “Abogados en acción”. Muchos trabajamos en el Gobierno y no podemos negarlo, pero nuestro objetivo fue defender los valores de la Constitución y de la república. Empezamos a crecer. Somos 500 abogados en todo el país: gente que dice “basta” a los abusos, y que dice “sí” a la Justicia independiente; a las libertades individuales y a la vigencia de la Constitución. La polarización hace que por un lado estén los “K” y, por el otro, estemos los demás. Pero en “Abogados en acción” hay gente del peronismo, del radicalismo, del Pro… No es que soy la abogada del PRO.

-Este proceso sobre el Consejo que concluye en una declaración de inconstitucionalidad pudo haber terminado antes con el mismo resultado si el Gobierno de Macri desistía de un recurso que había heredado del Gobierno de Fernández de Kirchner. Juntos por el Cambio fue muy crítico de la reforma del Consejo, ¿cómo se explica que no haya actuado para restablecer una integración equilibrada cuando tuvo la posibilidad de hacerlo?

-Le habrá sido funcional (al Gobierno de Macri) esto que la Corte dice sobre que en ese Consejo había un desequilibrio tal que permitía a los gobernantes de turno incidir y lograr las mayorías que necesitaba para tomar decisiones. Voy a ser muy sincera. Esto que vos me estás diciendo es algo que a mí me llegó como rumor. No me consta que haya habido una intención de dilatar el fallo de la Corte. Yo no estaba en el Ministerio de Justicia tampoco, sino en los temas impositivos.

-No sólo hubo una continuidad en ese tema, sino que todos los partidos coinciden en que la Justicia es ineficiente y no garantiza la independencia. ¿Por qué, si existe un consenso al respecto, los cambios no ocurren?

-Y lo que pasa es que son muy diferentes las soluciones que se proponen de un lado y del otro, y, además, no sé bien en realidad si deberían venir de la política o de la sociedad civil: pienso en organizaciones no gubernamentales y otras asociaciones. ¿Por qué? Porque es muy grande la tentación de la política por manejar a la Justicia. En un régimen presidencialista, cuando vos tenés la suma del poder público, estás en el mejor de los mundos: nadie te pone un freno. Pero nuestro sistema republicano está fundado en los frenos y contrapesos entre poderes. Esto requiere de una Justicia muy fuerte para poner límites y plantarse frente a los abusos, sin importar de qué Gobierno provengan. La otra función de la Justicia es resolver los problemas de la ciudadanía, algo que generalmente está a cargo de los Tribunales ordinarios de las provincias, pero no todo, porque los juicios previsionales y los amparos de salud van a la Justicia Federal. Cuando se habla de “una Justicia que no funciona” pareciera que se mezclan dos planos muy distintos: la tarea de poner límites al poder político con la de solucionar los conflictos de los ciudadanos. Cuando la política plantea una reforma judicial está tentada de modificar sólo los controles que le importan y no el servicio dirigido a la ciudadanía. Entonces, un Gobierno como este, donde el presidente de la Nación destinó el discurso de tres sesiones de apertura del Congreso a plantear reformas judiciales y está obsesionado con eso, explicame por qué en el censo que hicieron no preguntaron a los ciudadanos qué tipo de servicio de justicia reciben. Si realmente querés una reforma judicial, tenés que basarte en datos y en las necesidades de la población, no de la política porque lo que no funciona es la respuesta que la Justicia da a la sociedad. Y no es sólo culpa de la magistratura. Yo vengo de reunirme con jueces federales en La Rioja, Catamarca y Tucumán, y veo una falta de los recursos que habilita el Poder Ejecutivo. Yo sí creo que necesitamos una reforma judicial, pero una reforma judicial para la gente.

-La mayoría de las encuestas de opinión pública subrayan una amplia mirada de la sociedad respecto del Poder Judicial en la que se destacan la desconfianza y la percepción de una élite privilegiada. ¿Cuál es su posición al respecto?

-Ahí tenés de vuelta una generalización que en algún orden se da y en otro orden, no. Existe una Justicia Federal muy bien pagada en los cargos más altos, pero también tenés una Justicia Federal que no retribuye de esta manera en los cargos más bajos que corresponden a los ingresantes que, además, enfrentan muchas dificultades de movilidad, algo que genera muy malos incentivos. En las justicias provinciales hay que mirar la realidad salarial de cada provincia, pero, en general, suelen ser salarios sustancialmente más bajos. Eso que se llama “oligarquía” alcanza a los tres poderes del Estado, que contrata cada vez a más gente. Esto está diezmando a la abogacía independiente: me lo decían algunos colegas de Tucumán.

-¿Cuál es su compromiso con el acceso de las mujeres a los cargos de la magistratura? ¿Qué cree que debería pasar para que la integración del Poder Judicial sea más diversa, y haya más igualdad de oportunidades entre varones y mujeres?

-Ahí tenemos un camino largo por recorrer. Celebro lo que nos pasó en esta elección atípica del 5 de abril de 2022 en la que yo participé. El mismo Consejo de la Magistratura resolvió que debía tratarse de una competencia electoral entre candidatas mujeres para equiparar los géneros. Las consejeras que ingresamos de este modo empezamos a emparejar el camino. ¿Con qué nos encontramos? Con ternas de concursos pendientes de aprobación exclusivamente integradas por varones. Y estamos reparando en esto y buscando la forma de evitarlo. Ya somos más las mujeres atentas a esta clase de situaciones.

-¿Cuál es su prioridad como consejera? ¿Qué es lo que le gustaría considerar como el logro de su gestión?

-Llevar transparencia al proceso de selección de jueces: esa es mi obsesión. Yo hoy estaré hasta el 20 de noviembre (de 2022) en este cargo. Si el 18 de octubre los abogados me vuelven a elegir, tal vez me quede cuatro años más, pero tarde o temprano me fui. Entonces, más allá de estar tranquila con mi gestión, lo que quiero es dejar un mejor proceso donde haya mayor participación ciudadana y más transparencia, que todo suceda más a la vista de la gente y que se puedan ver los exámenes. Necesitamos revisar el proceso entero porque sabemos perfectamente que, en cada una de las etapas, cuando haces doble clic, hay margen de manipulación. Revertir esto es mi gran objetivo.

-¿Cómo definiría el funcionamiento del CM que encontró? ¿Cuál es su falencia más grande?

-En el momento en el que la Corte Suprema me tomó juramento como consejera, yo puse las manos sobre la Constitución y los Santos Evangelios, y sentí una gran responsabilidad. Después está el día siguiente, cuando abrís la puerta del CM, y decís “hola, qué tal, acá estoy…”. Hay mucho por mejorar y por hacer en el Consejo, empezando por los plazos. En el segundo plenario tuvimos que archivar cinco denuncias de mal desempeño que habían caducado por el vencimiento del término de los tres años. Cuando voy a mirar qué grado de avance tenían los trámites, sin fijarme en los nombres, encuentro que en cuatro casos no se había hecho nada. Cuando miro lo que tenemos por delante, advierto que ya hay alrededor de seis denuncias contra magistrados en la misma situación. En muchas se produjo prueba y no se llegó a constatar la acusación. Pero en otras no se hizo nada. Yo quiero que cuando haya una denuncia infundada e improcedente contra un juez lo digamos con todas las letras y desestimemos el tema: no dejemos eso abierto durante tres años para después archivarla porque tenemos miedo a decir que no corresponde seguir adelante. Y si tenemos denuncias que corresponden ser instruidas, que así se haga y se llegue hasta el final. Pero lo que no nos puede pasar es esta desidia.

#Jimena de la Torre. Consejera del Consejo de la Magistratura de la Nación por el estamento de la Abogacía.

Las opiniones y puntos de vista de esta nota son responsabilidad de su autor/a y no necesariamente reflejan la posición de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.