El juzgamiento con participación popular se aplicó desde el inicio en toda la provincia de manera simultánea. Hasta la fecha, la mayoría de los juicios por jurados corresponde a casos de homicidios (46%) y de abuso sexual (40%), y casi nueve de cada 10 debates concluyeron con condenas.

Entre Ríos se unió al grupo de jurisdicciones argentinas que instauraron el juicio por jurados en 2019. Desde noviembre de 2020 hasta julio de 2023, ya hubo 50 debates orales resueltos por jueces provenientes de la sociedad. La mayoría de esos casos atañen a homicidios (46%) y a abusos sexuales (40%).

Córdoba fue la provincia pionera en la incorporación de los juicios por jurados en 2005. Luego le siguieron Neuquén en 2014; Buenos Aires en 2015; Chaco y Mendoza en 2019; Río Negro en 2020, y San Juan, Chubut, Catamarca y la Ciudad de Buenos Aires en 2021. En el contexto internacional, esta modalidad de juzgamiento con participación popular es aplicada, entre otros, en todos los países de Europa (menos Holanda), en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Japón, en Taiwán, en Brasil, en Panamá y en Nicaragua.

El instituto permite que la ciudadanía intervenga en la administración de la justicia penal. En el territorio entrerriano, este sistema es usado para los casos en los que se juzguen delitos graves, cuya pena máxima en abstracto sea de 20 o más años de prisión. Cada vez que se da aquella situación, el tribunal está conformado por un juez técnico y un jurado que integran 12 ciudadanos -y cuatro suplentes- en igualdad de género escogidos en el lugar del hecho que se juzga, que deberá decidir si el delito existió, y si la persona acusada es o no culpable.

En el último sorteo público realizado en junio de 2022, 6.500 ciudadanos incluidos en el padrón electoral fueron seleccionados como potenciales jurados para ejercer esa función durante 2023. En el Poder Judicial explicaron que en el conjunto hay un alto porcentaje de personas jóvenes y variedad de perfiles, entre los que se encuentran profesionales, comerciantes, personas desocupadas, jubilados, panaderos, etcétera.

Amplitud entrerriana

El medio centenar de juicios por jurados celebrados desde el primero de noviembre de 2020 hasta mayo de 2023 ubica a Entre Ríos como una de las jurisdicciones que más juzgamientos de este tipo ha llevado adelante en la Argentina. Esto se explica porque, desde el comienzo, la ley se aplicó en toda la provincia de manera simultánea. Además, son muchos los delitos que ingresan a la órbita del enjuiciamiento por jurados, según Fermín Bilbao, coordinador de Juicios por Jurados en Entre Ríos.

“Mendoza, por ejemplo, tenía una competencia exclusiva para los delitos del artículo 80 (del Código Penal). Neuquén define si emplea o no a los jurados en función de si la fiscalía pide una pena de 15 o más años: por eso en la década que lleva en vigencia hubo entre 75 y 76 juicios de ese tipo”, observó Bilbao.

Desde el punto de vista territorial, se ha realizado al menos un juicio por jurados en todos los departamentos de Entre Ríos, con excepción de Feliciano, San Salvador, Diamante e Islas. En este último lugar ocurrió el hecho caratulado “Barrios, Carlos Orlando Exequiel; Velázquez, Elio Enrique Alberto; Barrios, Adrián Andrés sobre Homicidio simple y tentativa de homicidio”, pero el debate se celebró en Gualeguaychú.

Por otro lado y según los datos oficiales, los cuatro departamentos con mayor cantidad de juicios por jurados materializados son también los más poblados de la provincia, según el censo 2022: Paraná, Concordia, Gualeguaychú y Uruguay.

Tendencia a condenar

Además de los homicidios y abusos sexuales juzgados mayoritariamente, pasaron por esta modalidad casos de homicidio en grado de tentativa (6%), lesiones leves agravadas (2%), robo agravado (2%), abuso de armas (2%) y promoción de la corrupción agravada (2%). En el 18% de las causas aparece el contexto de violencia de género como agravante del hecho juzgado.

En casi nueve de cada 10 veredictos, los jurados se inclinaron por la culpabilidad (88% de los casos). El 26% de las intervenciones concluyó con la decisión de una pena de cadena perpetua.

Como los juicios por jurados proceden para casos que involucran penas graves (homicidio o femicidio), la mayoría de los acusados llegan al debate privados preventivamente de la libertad ya sea alojados en una cárcel o con arresto domiciliario. “Esto no limita en absoluto al jurado para ejercer su función aunque, de todas maneras, se busca que este nunca vea a la persona con esposas ni privada de libertad porque es inocente hasta que no haya una sentencia que la declare culpable, y esto se le explica al jurado en el momento de la instrucción inicial y final”, acotó el coordinador Bilbao.

Inconstitucionalidad y anulación

En el caso N° 25, “Cervin, Carlos José sobre Homicidio en grado de tentativa calificado” (por ser cometido contra una persona con quien el acusado mantuvo una relación de pareja y mediar violencia de género), el jurado popular declaró la no culpabilidad en agosto de 2022, en Rosario del Tala. El Ministerio Público Fiscal presentó un recurso de revisión del fallo aunque el veredicto es irrecurrible según la ley. La impugnación no prosperó en la Cámara de Casación. Bilbao explicó que el tribunal rechazó el planteo de inconstitucionalidad respecto de la inexistencia de la posibilidad de recurrir el veredicto por parte de la fiscalía.

“Si el Ministerio Público Fiscal no logra la declaración de culpabilidad por parte del jurado, no tiene capacidad para presentar un recurso. La fiscalía planteó la inconstitucionalidad con el argumento de que esto perjudica a la víctima y va en contra de las reglas del proceso, como la igualdad de armas, que prescribe que todas las partes, acusación y defensa, tienen que tener las mismas posibilidades recursivas. Pero contra el veredicto sólo dispone de recurso el imputado porque los tratados internacionales garantizan el doble conforme, lo que significa que un tribunal superior puede revisar la sentencia dictada en el juicio”, detalló Bilbao.

La discusión aún no ha sido analizada y juzgada por el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que es la máxima instancia judicial provincial. Pero se trata de un tema planteado en numerosas oportunidades en otras provincias y países.

Lo ocurrido en el caso “Christe, Jorge Julián sobre Homicidio agravado por el vínculo, alevosía y por haber sido perpetrado mediando violencia de género” fue más escandaloso y polémico. Christe, hijo de una ex jueza de Entre Ríos, fue condenado por el jurado popular a prisión perpetua en 2021. Lo encontraron culpable de haber empujado a Julieta Riera, su pareja, desde el octavo piso de un edificio céntrico donde ambos compartían un departamento.

La Cámara de Casación Penal confirmó la condena en octubre de 2022, pero el 2 de junio pasado, la Sala Penal del Superior Tribunal anuló el juicio por jurados. La comunicación oficial dio la noticia de esta manera: “la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia resolvió por mayoría admitir el recurso de impugnación extraordinaria presentado por la defensa de Jorge Julián Christe contra la sentencia dictada por la Cámara de Casación Penal, Sala I, que había rechazado el recurso de casación interpuesto oportunamente contra la sentencia de condena a la pena de prisión perpetua tras el veredicto de culpabilidad por la muerte de Julieta Riera emitido por un jurado popular. La resolución de la Sala Penal, integrada por la vocal Claudia Mizawak, y los vocales Daniel Carubia y Miguel Ángel Giorgio, ordenó revocar en todas sus partes la sentencia impugnada, anular el debate celebrado ante el jurado popular y disponer la realización de un nuevo juicio”.

La decisión adoptada por mayoría, con los votos de Mizawak y Carubia, entendió que existieron serias afectaciones al derecho de defensa y vicios en el marco del proceso, “tales como la incorporación en el juicio de elementos de prueba importantes (registros fotográficos) que no pudieron ser controladas por la defensa y con la antelación suficiente, y el haberse impedido el contrainterrogatorio de testigos”, según indica el comunicado.

Los jueces-ciudadanos habían encontrado a Christe culpable del femicidio, veredicto que implicó un golpe para el esquema de protección que suele garantizar la impunidad de sectores sociales cercanos al poder entrerriano. Sin embargo, los jueces superiores Mizawak y Carubia derribaron la decisión popular en un caso que había conmocionado a la provincia.

Para lo que queda de 2023 están planificados al menos 30 juicios más, es decir, se llegaría a un total de 80 en 37 meses de aplicación de la ley. Para consolidarse, el sistema de enjuiciamiento por jurados precisa de capacitación: a ello se dirige el programa Ser Jurado destinado a los estudiantes de los últimos años del secundario.

La Ley de Juicio por Jurados en Entre Ríos es producto del consenso entre distintas fuerzas políticas y el Poder Judicial en general. Este acuerdo permitió incorporar el que suele ser considerado como el más justo de los modelos de juzgamiento. No obstante, esta condición no lo blinda ante las polémicas y conflictos propios de un cuerpo social vivo, ni lo exime de desarrollarse a la par de los cambios y demandas de la comunidad.

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Marlene Vallejos elaboró esta investigación en el ámbito del programa de Periodismo Judicial. Investigar con Datos y en Red desarrollado por el Foro de Periodismo Argentino, y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia durante 2023.

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Las opiniones y puntos de vista de esta nota son responsabilidad de su autor/a y no necesariamente reflejan la posición de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.