La entrevista en cinco definiciones

“En 2005 decidí hacer una denuncia penal. ¿Qué es lo que había advertido? Que existía una metodología sistemática implementada donde para acceder a los cargos judiciales había que pasar antes por la Casa de Gobierno y suscribir la renuncia anticipada para el puesto que iba a ser propuesto ante el Senado provincial”.

“Por supuesto que traté de buscar respaldo en algunos colegas, y en amigos y amigas que en ese momento consideraba tales… El temor puede hacer estragos en los vínculos y en las relaciones. También intenté infructuosamente conseguir apoyo en la Asociación de Magistrados a la que yo pertenecía y en la que me desempeñaba como vocal. Por fin pude avanzar con la ayuda de la Fundación Poder Ciudadano”.

“Batallé muchísimo para que la causa continuara en la Justicia Federal. La procuradora general de la Nación en ese momento, Alejandra Gils Carbó, hizo un dictamen a favor de esta competencia con argumentos sobre transparencia y sobre las implicancias para la provincia de San Luis de una denuncia de corrupción de esta magnitud”.

“Logré conservar mi cargo de fiscala gracias a la enorme repercusión pública que tuvo la denuncia, a las instituciones que me acompañaron y al apoyo que recibí. Algunos medios locales y la prensa nacional difundieron el caso, y yo hablé con todos los que me llamaron porque eso me fortaleció. De esta forma pude seguir trabajando, pese a que durante años hubo un pedido de destitución en mi contra”.

“Mi expectativa es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirme el fallo de la Cámara de Casación. Es un hecho de corrupción institucional que no tiene parangón: se llegó a comprobar una versión muy difícil de probar. Aunque la pasé muy mal, sí volvería a denunciarlo”.

“Sí, es cierto, parece de película”. Gretel Diamante, hoy vocal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis, concede que, pese a todas las pruebas y a los fallos condenatorios, el caso de violación de la independencia judicial que expuso sigue luciendo como un producto de la ficción. Ella justamente hace hincapié en ese aspecto: se logró acreditar una práctica muy difundida de presión hacia la magistratura cuya comprobación se creía imposible. Toda la historia se remonta a 2005: 17 años después, Diamante aguarda que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirme el pronunciamiento de 2019 de la Cámara de Casación, y envíe a prisión a los imputados Sergio Gustavo Freixes y Mario Edgar Zavala, dos altos funcionarios de la primera gestión de gobierno de Alberto Rodríguez Sáa.

Los hechos: el oficialismo puntano había promovido una ampliación inédita de la magistratura provincial en medio de tensiones institucionales que alimentaban un movimiento para intervenir la Provincia. En esas circunstancias, Diamante, que entonces era fiscala en Villa Mercedes y estaba concursando, se enteró que para lograr una designación había que pasar previamente por el Poder Ejecutivo y suscribir una renuncia anticipada al puesto pretendido. La denunciante logró filmar a una camarista que había pasado por la metodología, pero recién explicitó la situación cuando el Gobierno de Rodríguez Sáa comenzó a ejecutar las dimisiones, un gesto con el que se intentaba dar a entender a la Nación que la Justicia estaba “autodepurándose” y que no hacía falta intervenirla. En ese punto, Diamante contó lo que sabía y aportó sus pruebas a la Justicia Federal. Pasó el tiempo, hubo fallos condenatorios, pero la causa aún no adquirió la calidad de cosa juzgada.

“En la web hay toda clase de información sobre mí y mi caso porque esto forma parte del disciplinamiento que se hace contra quienes se atreven a dar un paso, y denuncian”, previene la jueza al comienzo de la conversación con JusTA. Y agrega: “San Luis, además, es un ámbito muy particular de control de la información. La mayoría de los profesionales del periodismo, te diré que alrededor de nueve de cada 10, dependen del Estado para subsistir y desgraciadamente esos fondos se utilizan para acicatear. Los periodistas que trabajan con un margen de libertad sufren consecuencias económicas significativas”.

-¿Qué hacía usted al momento en el que se animó a ir contra la corriente?

-Yo ejercía mis funciones en la Justicia, donde tengo 32 años de antigüedad. Empecé como escribiente, mientras estudiaba Abogacía, y fui haciendo carrera en el Poder Judicial provincial. Trabajaba en Villa Mercedes, la segunda ciudad en importancia de San Luis. Llegué al cargo de fiscala en 2000, puesto en el que me desempeñé durante 17 años. Como vivía en la capital, todos los días viajaba 90 kilómetros de ida y otros tanto de vuelta. Esto fue así porque, por diversas circunstancias, nunca conseguí que me trasladaran al centro judicial de mi domicilio. Diría que la razón fundamental es que, cuatro años después de asumir en la Fiscalía, tomé la decisión de denunciar una serie de irregularidades vinculada con la cobertura de cargos en la Justicia.

-¿Cómo describiría esas anomalías?

-En aquel momento concursaba en simultáneo para muchos puestos: creo que hasta la fecha nadie rindió tantas veces en San Luis. ¿Qué es lo que había advertido? Que existía una metodología sistemática implementada donde para acceder a los cargos judiciales había que pasar antes por la Casa de Gobierno y suscribir la renuncia anticipada para el puesto que iba a ser propuesto ante el Senado provincial. Los aspirantes concretamente debían acudir a la sede de lo que antes se llamaba Ministerio de la Legalidad, y, ante el entonces ministro Freixes o el viceministro Zavala, firmaban una nota que en los hechos autorizaba a hacer en cualquier momento una desvinculación por motivos políticos sin pasar por el mecanismo establecido del Jurado de Enjuiciamiento. Era una suerte de formulario que se repetía en todos los casos. Según la información que yo había recogido, al menos habían procedido de este modo 11 jueces, fiscales y defensores públicos de la provincia.

-¿Por qué avanzó en soledad?

-Por supuesto que traté de buscar respaldo en algunos colegas, y en amigos y amigas que en ese momento consideraba tales… El temor puede hacer estragos en los vínculos y en las relaciones. También intenté infructuosamente conseguir apoyo en la Asociación de Magistrados a la que yo pertenecía y en la que me desempeñaba como vocal. Por fin pude avanzar con la ayuda de la Fundación Poder Ciudadano mediante la participación de Hugo Wortman Jofre y de otra persona muy cercana a nosotros, Carlos March, hoy en la Fundación Avina. A Wortman Jofre la situación que yo refería le pareció sorprendente, escandalosa, preocupante y antidemocrática, y decidió acompañarme en la denuncia que finalmente hice en abril de 2005 ante la Justicia Federal contra los entonces ministro y viceministro de la Legalidad y de las Relaciones Institucionales. Esto tuvo un impacto tremendo, y comenzaron las típicas persecuciones que vemos en estas circunstancias, el aislamiento y las acusaciones ante el Jurado de Enjuiciamiento. Fue un derrotero de muchos años que debí recorrer para llegar a una condena.

-Tras la denuncia, ¿pudo acceder a la investigación?

-En el medio logré que aceptaran mi intervención como querellante, algo que en ese momento era muy restrictivo. Mi denuncia fue anterior a la reactivación de las causas de lesa humanidad que amplió el criterio de interpretación. Pero los imputados cuestionaron mi rol; el planteo llegó a la Cámara Nacional de Casación Penal, y, por dos votos a uno, quedé fuera del proceso y perdí el control de la prueba.

-¿Cuál fue el contexto general de su denuncia?

-En ese momento estaba en trámite un pedido de intervención federal a San Luis. Y, al ser yo una fiscala, mi denuncia fue usada políticamente. Esta situación tan compleja y con muchísima repercusión llevó a que la Provincia exteriorizara la intención de hacer una autodepuración de las instituciones. Entonces, las autoridades políticas convocaron a renunciar a los cargos judiciales y, por supuesto, nadie lo hizo. Allí empezaron a ejecutar las dimisiones previamente firmadas. Los renunciantes se enteraban por la prensa de que se habían quedado en la calle. Y yo aproveché esta oportunidad para contar lo que sabía.

-¿Cómo obtuvo las versiones?

-Había muchos rumores. Un día, un colega me comenta que un concursante había ido al Poder Ejecutivo y que allí le habían dado la renuncia para que la firmara. Puedo asegurar que todos los textos eran iguales porque luego hubo un allanamiento donde se secuestraron tres dimisiones del mismo tenor. Estaban dirigidas al gobernador, sin especificar el nombre; agradecían el nombramiento y alegaban razones personales para una desvinculación indeclinable. Una defensora oficial con la que yo tenía una cierta relación de amistad o de compañerismo me confirmó la maniobra. Me dijo que estaba sola en la oficina del Ministerio; que sentía temor y que, por eso, firmó la renuncia. Recuerdo que entonces le sugerí que se presentara con un escribano en el Poder Ejecutivo y que exigiera el reintegro de la copia de la renuncia que le habían hecho suscribir. Obviamente que el documento no iba a aparecer, pero de ese modo se les impedía ejecutar el mecanismo de condicionamiento a toda esa planta nueva que estaba incorporándose a la Justicia.

-¿Por qué cree usted que comenzaron a efectivizar las dimisiones?

-Creo que es un efecto de la impunidad. Los autores nunca pensaron que iban a recibir un castigo por esto. Siempre habían supuesto que su proceder quedaría en un entorno de clandestinidad y que nadie iba a hablar. Pero eso no fue así. Mientras tanto, a mí me decían que no denunciara porque los hechos no se podían probar y era “mi palabra contra otra palabra”. Pero resulta que me llama una camarista (Marina Ziliotto) que había asumido en las circunstancias descritas y me cuenta que acababa de enterarse que ya no formaba parte del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque se había negado a solicitar la destitución de sus colegas de tribunal, que en ese entonces estaban teniendo roces con el Gobierno provincial.

-¿Cuánto tiempo había transcurrido entre la firma de la renuncia anticipada y el acceso al cargo, y el cese de este?

-La camarista había asumido en enero y en marzo ya estaba en la calle, de la noche a la mañana. Lo mismo les pasó a otros: todo está acreditado en la causa. El Gobierno hacía aparecer las renuncias para vender a la Nación que la Justicia se estaba saneando por sí sola. El clima institucional estaba muy enrarecido por múltiples circunstancias. Un día y de la nada, removieron a casi dos decenas de funcionarias judiciales, un caso que llegó hasta instancias judiciales internacionales. Había un desconocimiento de la personería jurídica a los colegios de abogados… todo esto hacía pensar que la petición de intervención federal podía prosperar. En paralelo, el Gobierno ampliaba la magistratura con el mecanismo de la renuncia anticipada para asegurarse aliados, aunque fuera de manera coactiva. A todo esto yo incluso grabé una conversación con una implicada en el mecanismo: fue algo que me causó una gran violencia personal, pero que hice asesorada por quienes me acompañaron en la denuncia y que hoy agradezco porque, de otra manera, habría sido colgada en la plaza pública. Ya percibíamos que nadie iba a hablar: nadie iba a dar un testimonio comprometedor ante la Justicia.

-¿Se admitió la validez de esos audios?

-Absolutamente porque se registraron en un despacho público, con todas las previsiones de día y horario, y, además, esa grabación fundamental no fue inducida por mí, sino por la jueza Martha Vallica, que me citó a conversar para contarme lo que había vivido. Antes de ese encuentro yo la había confrontado: la había felicitado por la designación, pero le había preguntado por qué había ido al Poder Ejecutivo. Ella me contó la verdad, pero no quiso hacer la denuncia y se cortó la relación. Yo estaba muy decepcionada. Un día, ella me llamó para conversar y yo fui preparada para hacer la filmación. Antes de entrar, me filmé a mí misma, y explicité la fecha, que la camarista me había convocado y que estaba entrando en su despacho. Me siento y lo primero que ella hace es pedirme disculpas, y comienza a explicar por qué no podía denunciar. Me contó todo, incluso qué renuncias había visto firmadas ya en el escritorio del viceministro de la Legalidad. Después de esto, comienzan a ejecutarse las renuncias.

-¿Qué significó para usted dar este paso?

-Siempre tuve fuerza, pero la situación fue muy desgastante. La pasé mal. Enfrenté grandes costos personales, ataques y confrontaciones. Batallé muchísimo para que la causa continuara en la Justicia Federal, que se declaró incompetente después de que yo dejo de intervenir como querellante. La procuradora general de la Nación en ese momento, Alejandra Gils Carbó, hizo un dictamen a favor de la competencia federal con argumentos sobre transparencia y sobre las implicancias para la provincia de San Luis de una denuncia de corrupción de esta magnitud. Finalmente, el proceso volvió a la Justicia Federal, donde todos habían sido nombrados discrecionalmente antes de la reforma constitucional de 1994 que creó el Consejo de la Magistratura. La primera jueza que pasó por esa institución fui yo. Rendí en 2009 y accedí a una vocalía en el Tribunal Oral en febrero de 2015. Me eligió la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner quien, como senadora, tuvo un gran protagonismo cuando hice la denuncia. El Congreso recibió declaraciones y todas esas actuaciones se incorporaron al expediente. Pero yo pedí que no me citaran porque no quería politizar el tema.

-¿Por qué?

-Mi suegro (Carlos Ponce) había fallecido unos meses antes de que yo hiciera la denuncia, pero él era intendente de San Luis y era inevitable la lectura política que vinculaba mi denuncia con su persona [Nota de JusTA: Diamante está casada con el hijo de ese funcionario y actual intendente de la capital puntana, Enrique Ariel Ponce]. Él venía del Justicialismo, pero tuvo problemas con los hermanos Rodríguez Sáa y ganó la Intendencia en 1999 con un frente opositor que se había creado. Cuando yo hago la denuncia, él ya había muerto, pero la conexión igualmente se hizo.

-¿Cómo hizo para sostenerse como fiscala?

-Logré conservar mi cargo de fiscala gracias a la enorme repercusión pública que tuvo la denuncia, a las instituciones que me acompañaron y al apoyo que recibí. Algunos medios locales y la prensa nacional difundieron el caso, y yo hablé con todos los que me llamaron porque eso me fortaleció. De esta forma pude seguir trabajando, pese a que durante años hubo un pedido de destitución en mi contra. Mientras tanto yo seguí concursando: participé en 15 procedimientos en la provincia y en dos federales. En 2015, cuando asumo en el Tribunal Oral, mi causa todavía no estaba elevada a juicio oral. Yo no podía intervenir, por supuesto, de modo que el estrado se integró jueces de Mendoza, quienes terminaron haciendo una condena. Pero solo se enjuició el hecho que admitió Ziliotto. Todos los demás jueces desmintieron el modus operandi.

-¿Esto quiere decir que mantuvieron la fidelidad al poder político incluso algunos de los que habían perdido el cargo por la ejecución de las renuncias?

-Es que hubo una gran operación de encubrimiento. Posteriormente todos los que habían hecho renunciar negociaron: recibieron un premio por el silencio. Quizá los cambiaron de jurisdicción o de fuero, y actualmente algunos siguen en funciones. Yo no quedé del todo conforme con el fallo del Tribunal Oral.

-¿Por qué?

-A mí me interesaba la interpretación de que el exigir la renuncia anticipada a un juez ya era un acto coactivo en función de las circunstancias corroboradas. El tribunal declaró que esa conducta era atípica, es decir, que no encajaba en una figura del Código Penal, porque, en definitiva, habían firmado sin que nadie les exhibiera un arma o les hiciera una amenaza explícita. El tribunal sólo encontró una coacción calificada respecto de Ziliotto, que relató que a ella le habían exigido que acusara a sus colegas de tribunal y, como se había negado a hacerlo, le habían ejecutado la renuncia. El Ministerio Público Fiscal recurrió la declaración de atipicidad, y el planteo ingresó a la sala de la Cámara de Casación de Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo. Ellos no solamente revocaron la interpretación, sino que condenaron por ese hecho como amenaza coactiva calificada y aumentaron la pena.

-¿Qué pasó con los imputados?

-El ministro y el viceministro no están en la cárcel porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene pendiente resolver un recurso. Cuando fue el juicio, el ministro Freixes era senador provincial con licencia en ejercicio del Ministerio de la Producción. El caso fue mencionado primero por Transparencia Internacional y, luego, en un informe de cinco organizaciones no gubernamentales [incluida ACIJ, editora de JusTA] como un ejemplo de corrupción judicial en las provincias argentinas. Mi expectativa es que la Corte de la Nación confirme el fallo de la Cámara de Casación. Es un hecho que no tiene parangón: se llegó a comprobar una versión muy difícil de probar. Aunque la pasé muy mal, sí volvería a denunciarlo. Asumí que podía quedarme en la calle y me preparé para tener que adaptarme a eso. Tuve el apoyo de mi esposo y de mis hijos, que es fundamental porque este tipo de acciones los llevan a la rastra. Como decía antes, sufrí ataques increíbles. Una vez me encontré con esvásticas pintadas en la puerta de mi despacho, algo que está claramente vinculado al origen judío de mi padre.

-A diferencia de la mayoría de la judicatura, usted enfrentó el problema de la falta de independencia judicial. ¿Cuál es su conclusión?

-En el fondo no están dadas las condiciones para que los jueces probos, que los hay y en gran cantidad, puedan mantener sus cargos si denuncian las presiones. En términos generales no veo tampoco demasiado compromiso al momento de tomar decisiones difíciles. Los magistrados no asumen riesgos: es lo que he visto en mi experiencia. Creo que debe darse un cambio desde las más altas esferas políticas e institucionales para que haya un vuelco, y se generen los canales de información que permitan esclarecer muchas situaciones irregulares que suceden. En la Justicia Federal hay una deuda relevante en cuanto al ingreso a sus empleos: en general no se aplican los concursos. Esto genera lealtades en todos los niveles. Y ocurre que, ante situaciones inadmisibles, empleados, funcionarios y jueces hacen la vista gorda y miran para el costado. En la Argentina hay mucha naturalización de la corrupción judicial.

-Que es la más grave de todas.

-Hay distintos tipos de corrupción en el interior del Poder Judicial. Existe una corrupción si se quiere leve que corresponde a una falta de ética y que es la más extendida. Creo que hace falta una política de capacitación donde hasta el empleado más raso del Poder Judicial pueda darse cuenta cuando está ante una conducta corrupta. En ese sentido puede ser algo positivo la puesta en marcha del sistema acusatorio en el fuero penal federal. Es una reforma que está demorada: si bien no podemos depositar allí todas las expectativas, sí vemos que en los lugares en los que ha comenzado a ser aplicada aumentan los grados de celeridad y de oralidad, y cede ese gran oscurantismo que ha habido siempre. En definitiva, el nuevo procedimiento pone más en la palestra la actividad que desarrollan los jueces. Eso va a ayudar mucho en términos de transparencia junto a la digitalización aplicada a propósito de la pandemia, que erradicó la posibilidad de guardar un expediente en un cajón.