La entrevista en cinco definiciones

“La colonización política de la Justicia y la independización de la Justicia del poder político están chocando y a cara descubierta. Estas fuerzas siempre generan tensiones en el Poder Judicial, pero soterradamente. Mi enjuiciamiento explicitó esta lucha entre la independencia y el servilismo”.

“El Jurado de Enjuiciamiento me está sometiendo a un ‘jury’ como una reacción a la remisión a juicio de la causa de corrupción más importante de Entre Ríos, que es el caso ‘Contratos de la Legislatura’. El 1 de junio de 2021 notificaron la elevación de este expediente a la etapa de juzgamiento, y, a los seis o siete días, hicieron una conferencia de prensa para anunciar que buscarían mi destitución y la del procurador general. Allí sugirieron que no habíamos investigado lo suficiente, que habíamos hecho menos de lo que correspondía”.

“Me suspendieron mientras participaba por la acusación en el juicio que derivó en la condena del ex gobernador Sergio Urribarri. La resolución de cuatro líneas dice que debo cesar en mis funciones porque el procedimiento de destitución afecta la estabilidad emocional que necesito para desempeñarme como fiscala. Es decir, presumieron una inestabilidad psíquica para justificar mi suspensión cuando la Ley Nacional de Salud Mental dice exactamente lo contrario: jamás puede haber una presunción al respecto. Una de las firmantes de esta decisión es Claudia Mizawak, jueza del Superior Tribunal de Entre Ríos que llegó a ese cargo tras ser abogada defensora del ex gobernador Sergio Urribarri y que fue designada por aquel”.

“La esencia de los magistrados que han pasado por el sistema de concursos es que se caracterizan por la independencia. Y es por eso que se puede llegar a una sentencia condenatoria como la de Urribarri: hay magistrados que no responden a nadie y son la mayoría. El problema está en el Superior Tribunal”.

“Hay un patrón clarísimo cada vez que la investigación toca a grupos organizados de poder. Este es el problema y el gran desafío para los que investigan la corrupción: sobrevivir”.

Cecilia Goyeneche está segura de que, si no intervienen la Corte Suprema de Justicia de la Nación o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), perderá el puesto de procuradora adjunta encargada de las investigaciones de corrupción de la provincia de Entre Ríos. Goyeneche enfrenta un procedimiento de destitución ante el Jurado de Enjuiciamiento que ya la sacó del juicio oral que derivó en la condena a ocho años de prisión del ex gobernador Sergio Urribarri, y que obligó a este a renunciar a las embajadas de Israel y de Chipre. “Investigar la corrupción y sobrevivir en el cargo es una utopía”, asegura la fiscala suspendida durante una entrevista virtual con JusTA.

El caso de Goyeneche expresa, según ella advierte, la coexistencia conflictiva de dos poderes judiciales en el seno de la misma institución. “La colonización política de la Justicia y la independización de la Justicia del poder político están chocando y a cara descubierta. Estas fuerzas siempre generan tensiones en el Poder Judicial, pero soterradamente. Mi enjuiciamiento explicitó esta lucha entre la independencia y el servilismo”, observa. Las manifestaciones cada vez más feroces de esa batalla, que se reproduce en distintas jurisdicciones del país, llevaron a un conjunto de fiscales a solicitar una audiencia ante la CIDH, un pedido de auxilio inédito en la fase democrática inaugurada a partir de 1983.

La fiscala y profesora de la Universidad Nacional de El Litoral considera que la virulencia del presente era previsible, y cuenta que, de hecho, en Entre Ríos se organizaron para contrarrestarla. Al respecto, refiere: “hace más o menos tres años, cuando comenzaron a aparecer unas causas enormes de corrupción, que son las que derivaron en la situación actual, un grupo de magistrados nos unimos y armamos lo que llamamos el Observatorio de Independencia Judicial para tratar de que ese tema sea visible y esté en el debate frente al Poder Ejecutivo y a los sectores afines de la Justicia, y a los ataques que ya empezaban a aparecer en los medios de comunicación”.

-¿Cuál es su situación laboral actual?

-Estoy suspendida desde el 2 de diciembre de 2021 por el Jurado que componen tres jueces del Superior Tribunal (Daniel Carubia, Martín Carbonell y Claudia Mizawak); dos legisladores (Armando Gay y Gustavo Zavallo) y dos abogados designados por su colegio profesional (Sonia Rondoni y Luis María Campos). Ese día me notificaron de la apertura del procedimiento de enjuiciamiento. Mi suspensión continuará hasta que concluya el “jury” que me tiene como acusada. La audiencia oral y pública comenzará el 2 de mayo. Pero en la fase de preparación del debate han cometido innumerables ilegalidades. El Jurado de Enjuiciamiento rechazó todos mis planteos de nulidades. El “jury” fue abierto como una reacción a la remisión a juicio de la causa de corrupción más importante de Entre Ríos, que es el caso “Contratos de la Legislatura”. El 1 de junio de 2021 notificaron la elevación a la etapa de juzgamiento y, a los seis o siete días, hicieron una conferencia de prensa para anunciar que buscarían mi destitución y la del procurador general (Jorge Amílcar García). Allí sugirieron que no se había investigado lo suficiente la hipótesis delictiva de la causa “Contratos”: dijeron que habíamos hecho menos que lo que correspondía.

-¿Qué funciones cumplía al momento de su suspensión?

-Lideraba la acusación en la audiencia de debate de los cinco expedientes por los que a comienzos de abril de 2022 terminó siendo condenado el ex gobernador y ex embajador Urribarri. Ese juzgamiento comenzó en septiembre del año pasado después de una gran resistencia de las defensas. En el día uno de la audiencia, los defensores plantearon que no conocían la causa y que, por eso, había que dilatar su discusión. La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos se involucró en esa estrategia hasta el punto de que menos de una semana antes del comienzo del juicio, designó relator a uno de los abogados de las partes (Guillermo Vartorelli). La difusión de esta noticia impidió la cancelación o postergación del debate. Pero, después y mientras exponíamos las pruebas que teníamos, empezó a cobrar vuelo la idea de un “jury” en mi contra, que de entrada parecía disparatada e inadmisible. Y la resolución de apertura queda oficializada el 30 de noviembre de 2021, después de semanas de versiones y anticipos dirigidos a erosionar la acusación que estábamos llevando adelante en la sala de juicio: llegaron incluso a difundir los votos previamente a la formalización de la apertura del “jury”. Esto generó una gran zozobra e incomodidad en medio de las imputaciones que, con un esfuerzo colosal, estábamos tratando de probar. Y así fue que en un momento yo quedé afuera del equipo de cuatro fiscales que habíamos formado calculando ya que no iba a ser fácil llegar al objetivo que finalmente conseguimos: una sentencia condenatoria.

-¿Usted dejó de sentarse con los fiscales en un momento del juicio?

-Exactamente. Encabecé la acusación desde mediados de septiembre y hasta el 2 de diciembre, que tuve que separarme. Me sacaron de la acusación. En un contexto general de arbitrariedad, el Jurado de Enjuiciamiento tomó dos decisiones que pusieron en evidencia cómo su finalidad era interferir en la tarea que yo estaba desarrollando en aquel momento. Por un lado sucede que la Constitución y tres leyes prevén que la acusación en el “jury” está en manos del Ministerio Público Fiscal por medio de su cabeza, el procurador general, o de su subrogante legal en el supuesto de que no pueda intervenir: el Jurado vio que si actuaba un fiscal constitucional, la maniobra iba a fracasar. ¿Qué hizo entonces? Resolvió que el Ministerio Público Fiscal no garantizaba la objetividad y, dejando de lado la normativa, designó un acusador ad hoc de la lista de 18 abogados conjueces del Superior Tribunal. Esta medida fue inédita y digna de un acto vandálico: el Ministerio Público Fiscal había ejercido la acusación en otros “juries” contra fiscales. Como el Jurado no puede declarar la inconstitucionalidad de normas, lo que hizo fue directamente incumplirlas. ¿Qué pasó? De la lista de 18, 15 abogados prestigiosos declinaron la tarea con el argumento de que era ilegal; el número 16 estaba excluido por una intervención en el asunto y el número 17 (Gastón Justet), que es un militante político, acepta el encargo. El primer amparo que articulé postula que estoy siendo sometida a una comisión especial inconstitucional: me dieron la razón en primera instancia, pero, luego, el Superior Tribunal revocó la decisión.

-¿Cuál es la segunda decisión a su juicio ilegal?

-La suspensión en sí misma: en un párrafo de cuatro líneas dicen que debo cesar en mis funciones porque el procedimiento de destitución que yo estaba enfrentando afectaba la estabilidad emocional que necesito para desempeñarme como fiscala. Es decir, presumieron una inestabilidad psíquica para justificar mi suspensión cuando la Ley Nacional de Salud Mental dice exactamente lo contrario: jamás puede haber una presunción al respecto. Una de las firmantes de la suspensión es Mizawak, jueza del Superior Tribunal de Entre Ríos que llegó a ese cargo tras ser abogada defensora de Urribarri y que fue designada por aquel. Estas son las cosas groseras que están sucediendo en Entre Ríos.

-¿Puede explicar cuál es el argumento central que motiva su sometimiento a un procedimiento de destitución?

-Una de las razones alegadas para llevarme al “jury” es que yo debí haberme excusado en la causa “Contratos”. La ley orgánica reduce las causales de excusación a un mínimo de posibilidades para los fiscales. La idea es que los apartamientos ocurran sólo ante afectaciones graves del deber de objetividad. Pero vamos a la causa “Contratos de la Legislatura”. Esta empezó por azar luego de que un policía descubriera que un grupo de personas sacaba dinero a cuentagotas de un cajero con muchas tarjetas de débito: hay un seguimiento y un allanamiento que permite acceder a documentación que acredita 11 años de sustracción de dinero a partir de contratos falsos en la Legislatura provincial. Se determinó que el monto total extraído asciende a aproximadamente U$S 52 millones. La investigación arranca el 20 de septiembre de 2018 con cuatro imputados iniciales y llega a 32. Al comienzo creímos que era una estafa, pero, después, advertimos que había un estudio contable que, a sabiendas de que se trataba de contratos ficticios, mantenía en orden los papeles de los hasta 800 contratados falsos. ¿Qué hacía el estudio? Pagaba el monotributo para sostener la fachada. En ese estudio trabajaba una persona, Pedro Opromolla, que era muy amigo de mi esposo, no amigo mío. Mi esposo también es contador y trabajaba en una empresa que hacía edificios con venta en pozo. Con mi pareja decidimos invertir en esos proyectos en dos momentos distintos, 2015 y 2017: nosotros ponemos el 50% de los fondos y el otro 50% lo pone Opromolla. Cuando su nombre aparece en la causa “Contratos”, yo aviso a mi equipo, inclusive al procurador, que lo conocía y analizamos qué correspondía hacer. En ese momento todavía existía la segunda inversión conjunta y, entonces, resuelvo desprenderme de ese inmueble. Cedo mi adhesión al fideicomiso y sigo investigando con la convicción de que mi deber de objetividad no estaba afectado, de que estábamos trabajando lealmente y de que no existía ninguna relación personal con Opromolla, sino sólo estas dos inversiones ocasionales.

-¿Qué pasó con ese sospechoso?

-Opromolla terminó siendo imputado y ahora está esperando un juicio. Pero ello dio pie a una campaña de desprestigio y a la instalación de una gran cantidad de mentiras. Finalmente, otros imputados me recusan por este motivo y esa recusación es rechazada en tres instancias judiciales, y nunca ingresa a la órbita del procurador, como correspondía. Aún así, como veía que el ataque era tan intenso, opté por excusarme en abril de 2019.

-Pero ese apartamiento no neutralizó las impugnaciones…

-Así es. Más de dos años después, cuando la investigación de “Contratos” estaba terminada y yo participaba del juicio que derivó en la condena de Urribarri, retoman el tema de la excusación y dicen que merezco ser destituida por eso. Es realmente todo muy burdo. Por ejemplo, a mí me rechazaron los cuestionamientos que hice a integrantes del Jurado, entre ellas a la ex abogada de Urribarri (Mizawak). Si bien el ex gobernador no está directamente implicado en “Contratos”, el caso sí involucra a su cuñado (Juan Pablo Aguilera). Se demostró que el dinero extraído de la Legislatura llegaba hasta este familiar y ex colaborador del entonces gobernador. Mizawak y otro de los jurados, Carubia, también vocal del Superior Tribunal, son los mismos jueces que liberaron al grupo de siete presos con preventiva de “Contratos”, entre ellos el cuñado del ex gobernador, para que pasaran la Navidad en sus casas. La sentencia de cese de prisión preventiva fue firmada el 24 de diciembre de 2018 a las 21. Dejaron sin efecto una privación precautoria de la libertad dispuesta y confirmada por dos tribunales inferiores. Esto fue muy chocante, pero demuestra cómo los hilos responden al mismo patrón. Mizawak y Carubia, a la vez que favorecieron a los imputados para que pasaran la Navidad en sus domicilios a partir de un procedimiento inverosímil jurídicamente, dos años después promueven mi “jury” y mi suspensión. Así está todo hilvanado.

-¿Cuál es el contexto de estos hechos?

-En la provincia de Entre Ríos hay que hacer una diferenciación institucional fundamental. Yo distingo dos poderes judiciales en función de cómo se integran cada uno. Los procesos de nombramiento de magistrados definen la posibilidad de existencia de la independencia judicial más allá de los de destitución, que también tienen un impacto esencial. Pero sin un proceso sano de designación no hay chances de independencia. El Consejo de la Magistratura de Entre Ríos en ese sentido ha funcionado muy bien. Creado en 2005, posibilitó el nombramiento de una cantidad enorme de magistrados. Como contrapartida están los resultados de los mecanismos discrecionales que permanecen vigentes para el Superior Tribunal: de allí la enorme diferencia existente entre esa institución y el resto de la magistratura. Esta distancia también aparece en los interinos. La esencia de los magistrados que han pasado por el sistema de concursos es que se caracterizan por la independencia. Y es por eso que se puede llegar a una sentencia condenatoria como la de Urribarri: hay magistrados que no responden a nadie y son la mayoría. El problema está en el Superior Tribunal.

-¿Qué actitud asumió respecto de esta situación el sucesor de Uribarri, Gustavo Bordet?

-Hace tres años, el gobernador Bordet llenó una vacante en la Sala Civil con un juez penal de Concordia (Martín Carbonell). Cuando le preguntaron cuáles eran las razones de esta decisión, él contestó que se trataba de su compañero de escuela. Este perfil contrasta con el de una judicatura seleccionada por sus propios méritos, que es la que está dictando fallos ejemplares a pesar de la interferencia del Superior Tribunal en las causas de corrupción.

-¿Cuál es el método de designación del jefe de los fiscales?

-El procurador también es elegido en forma discrecional por el poder político. El actual jefe del Ministerio Público Fiscal había sido antes camarista por concurso y un profesor destacado de Derecho Penal, además de una persona de bien. Él se ha puesto sobre las espaldas la decisión de investigar las denuncias de corrupción.

-¿Puede resumir su carrera en la Justicia?

-Yo entré a los Tribunales en 2006 como fiscala de Instrucción en primera instancia. Tenía 29 años y me ayudó el hecho de enseñar en la Universidad Nacional de El Litoral. En 2010 ascendí a fiscala de Cámara, también por concurso. Y cinco años más tarde llegué, también por un concurso, al cargo de procuradora adjunta, segunda en el orden jerárquico del Ministerio Público Fiscal. En 2018, el procurador general me asigna las funciones de fiscala anticorrupción.

-¿Considera que la condena de Urribarri y su eventual destitución son dos caras de la misma moneda, como una especie de quid pro quo?

-La condena al ex gobernador patentiza aún más los intentos de interferir con el trabajo de la magistratura que ofrece garantías de independencia. Pienso que a mí me van a destituir porque veo que las resoluciones del Jurado de Enjuiciamiento tienden a eso. Incluso me negaron la posibilidad de producir prueba. Entonces, es un organismo cuya mayoría no tiene imparcialidad. Esto es lo que evidencia su comportamiento y desde ya sabemos que tendremos que litigar: de hecho tenemos un recurso de queja presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

-¿Por qué decidieron acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?

-Hay un patrón clarísimo cada vez que la investigación toca a grupos organizados de poder. Este es el problema y el gran desafío de los que investigan la corrupción: sobrevivir. Investigar la corrupción y sobrevivir en el cargo de fiscal es una utopía. Inmediatamente empiezan las intromisiones y las campañas de desprestigio. Y muchos ya con eso se sienten afligidos. Nosotros vivimos en comunidades pequeñas y no es tan sencillo tolerar el cuestionamiento en la mirada ajena aunque las críticas provengan de operaciones atroces de desinformación.

Las opiniones y puntos de vista de esta nota son responsabilidad de su autor/a y no necesariamente reflejan la posición de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.