La reforma judicial en México puso a todo el Poder Judicial en comisión y reemplazará a cada magistrado por jueces elegidos por el voto popular.

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En forma resumida, la reforma implica que las y los once ministros de la Suprema Corte, así como el resto de las y los jueces y magistrados, sean elegidos por voto popular directo. Así, el Poder Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial podrán presentar candidaturas en sus listas. La primera elección se realizó el domingo 1 de junio y solamente votó el 13% del padrón. La oposición al gobierno denunció que muchos votantes llevaban una misma hoja -entregada por personal vinculado al gobierno- con las mismas instrucciones sobre a qué candidatos votar.

Francisca Pou Giménez, una jurista de necesaria consulta en esta materia, es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e integrante del Sistema Nacional de Investigadores de México, es maestra y doctora en derecho por la Universidad de Yale (EEUU) y licenciada en derecho por la Universidad Pompeu Fabra.

-¿Cuáles fueron las razones políticas/jurídicas que generaron esta reforma judicial?

-Los motivos son fundamentalmente políticos, no jurídicos. Por supuesto, el sistema de justicia mexicano tenía —y sigue teniendo— muchísimos problemas. Sin embargo, la reforma no los aborda en lo más mínimo. Si hubiera tenido motivaciones jurídicas —o sociales—, hubiera tenido un contenido muy distinto. La reforma se limita a sustituir a los jueces/zas existentes por otros/as con escasas garantías de independencia y fortaleza institucional, sin abordar los déficits de acceso a la justicia padecidos por millones de personas, sin simplificar el derecho aplicable y sin atajar los enormes problemas que aquejan en México al funcionamiento de las fiscalías y de la policía.

Aunque la judicatura mexicana, si la comparamos con otras en otros países, ha sido poco activista, el anterior presidente, López Obrador, quedó contrariado por la invalidación de algunas de sus medidas de gobierno y, tras intentar una estrategia de cooptación buscando la cercanía con el anterior presidente de la Suprema Corte, pasó a los ataques frontales. Tras la contundente victoria electoral obtenida en junio de 2024, la coalición gobernante tuvo la posibilidad de cumplir el deseo del expresidente de avanzar hacia el control de los tres poderes del Estado y así se hizo.

-¿Cuál es la situación actual en el poder judicial? ¿Creés que van a asumir los jueces elegidos por voto popular tal y como está establecido?

-Sí, los nuevos jueces asumirán el 1 de septiembre, no hay signo alguno de que no vaya a ser así. En la judicatura federal, la mitad de los juzgadores/as anteriores han sido destituidos; para la otra mitad, la destitución se actualiza en 2027, pero muchos/as se han jubilado (si podían hacerlo) o han presentado la renuncia al no ver la manera de seguir haciendo su trabajo en el nuevo entorno. Los 32 poderes judiciales estatales han adaptado la reforma —como estaban constitucionalmente obligados— dentro de un margen. Algunos han decidido destituir y reemplazar a la totalidad de la judicatura en 2025, en lugar de hacerlo por mitades, mientras que otros han buscado un reemplazo gradual y unos pocos han tratado de esquivar la reforma empatando el número de candidaturas con los puestos vacantes u organizando una elección por bloques o planillas.

En estos momentos el poder judicial está, esperablemente, más débil que nunca. Las nuevas personas juzgadoras se encontrarán con equipos de apoyo muy mermados y con una gran acumulación de asuntos pendientes. Deberán enfrentar una altísima curva de aprendizaje, puesto que muchos tienen poca o nula experiencia en las tareas de administrar justicia. Las deudas políticas que han contraído durante la campaña que los ha llevado al puesto y la amenaza que representa el nuevo tribunal de disciplina ejercerán presión. Las fiscalías, intocadas, seguirán siendo un problema, y la impunidad sin fin y las violaciones sistémicas a los derechos de defensa y de debido proceso subsistirán. Las reformas que el sistema judicial requería con urgencia siguen pendientes, igual que antes de la reforma.

-¿Por qué creés que el poder judicial no se pudo oponer? En Argentina, la justicia declaró inaplicable la ley que organizaba la elección popular de consejeros de la magistratura, así que nos llama la atención que no se haya defendido de manera más firme.

-A diferencia de Argentina, en México esta reforma —y las otras reformas concentradoras de poder aprobadas por López Obrador o ya bajo la gestión de Sheinbaum— han sido incorporadas a la Constitución. La reforma judicial fue impugnada ante la Suprema Corte, pero la Suprema Corte no había desarrollado una doctrina fuerte de control de constitucionalidad de las reformas constitucionales y faltó un voto para cambiar los precedentes. Por otro lado, y a pesar de que hubo algunas manifestaciones contra la reforma, no tuvieron eco suficiente para contrapesar los efectos del discurso gubernamental a favor de la reforma. Se ha comprobado también que las personas no tienen una percepción clara de qué hace el poder judicial (en una encuesta reciente, la mayoría de los encuestados/as cree que la policía y las fiscalías dependen de los jueces) y no perciben muchos beneficios directos de su actuación —aunque hay mejores percepciones entre los usuarios que entre las personas que no han tenido contacto con los tribunales—. Ello apunta, de nuevo, a una agenda de reforma y política pública que sabemos desde hace mucho que México necesita y que no está siquiera insinuada en la reforma que se ha aprobado.

-¿Qué evaluación hacés de la reforma y qué consecuencias creés que puede tener para México?

-La reforma es, desafortunadamente, disparatada. No parte de un diagnóstico sobre el estado de la justicia, es técnicamente muy deficiente, no aborda los problemas urgentes y generará otros nuevos. No me preocupa tanto la Suprema Corte porque, aunque estará integralmente compuesta por las personas promovidas en campaña por la coalición gobernante, es probable que pronto vea abrirse en su seno diferencias internas capaces de generar una dinámica de contrapesos y de debate. Sí resulta muy preocupante el Tribunal de Disciplina (que está diseñado para poder ir contra los jueces/zas casi ante cualquier tipo de alegación) y la situación de la judicatura de primera y segunda instancia, estatal y federal, incluida la de judicatura de amparo. México está inmerso en una situación desafiante desde todas las perspectivas imaginables (violencia, economía, relaciones con EE. UU., migración, riesgos energéticos y medioambientales...). Muchas personas creen que la reforma será reformada, pero ahora mismo todo es muy incierto y no me animo a avanzar predicciones específicas.

-¿La comunidad internacional no ha presionado suficientemente para que se retire la reforma tal y como está planteada?

-No. A pesar de que el gobierno de AMLO desplegó políticas de derecha (militarización de la vida pública, destrucción de la capacidad administrativa del estado, desguace del sistema educativo y de salud, aumento de la prisión preventiva automática, retrocesos graves en transparencia y protección medioambiental, etc.), siguió siendo percibido como un gobierno de izquierda en el contexto de las alineaciones regionales, y la presidenta Sheinbaum se beneficia ahora de su rol como factor de resistencia frente al presidente Trump. La comunidad internacional de negocios parece asumir que podrá sortear los efectos de la reforma judicial recurriendo al arbitraje y a la presión política —y seguramente será así, dado el interés del gobierno en atraer inversión—. La Corte Interamericana de Derechos Humanos con toda probabilidad declarará la reforma contraria a la Convención, pero el procesamiento de los asuntos ante el Sistema lleva tiempo. También me parece que fuera de México se tuvo muy poca información sobre la reforma y que no se entendió su radicalidad (el hecho, por ejemplo, de que afecta a todas las instancias judiciales, estatales y federales, y no solo a la Suprema Corte) hasta muy tarde.

-¿La falta de participación de la ciudadanía en las elecciones para jueces debilitó la reforma?

-Sí. La participación fue muy baja (alrededor del 13%). Las personas no sabían nada de los candidatos. Las boletas, llenas de nombres, siglas y abreviaturas diminutas, eran extraordinariamente difíciles de descifrar. En la CDMX, por ejemplo, las personas debían poner números en nueve boletas de colores distintos. El tiempo medio de votación no bajaba de los 20 minutos. También debilitó la legitimidad de la reforma el que la totalidad de los candidatos que resultaron electos para la Suprema Corte y para el Tribunal de Disciplina fueran los incluidos en los “acordeones” (machetes) promovidos por el oficialismo —o el hecho de que el 70% de los magistrados de circuito electos fueran los integrantes de la lista del poder ejecutivo—.

Así que sí: la falta de participación debilitó la reforma, pero desafortunadamente la elección judicial también debilitó el sistema electoral mexicano, más en general. Las garantías de confiabilidad electoral que se habían construido a lo largo de tres décadas (como el conteo de los votos por los ciudadanos en las casillas, la anulación de las boletas no usadas y el programa de resultados preliminares) no se aplicaron. La inminencia de una reforma constitucional al sistema electoral mexicano en los próximos meses no augura nada bueno.

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Las opiniones y puntos de vista de esta nota son responsabilidad de su autor y no necesariamente reflejan la posición de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.