La entrevista a Miguel Piedecasas en cinco definiciones:

“La primera etapa de adaptación de los consejeros y consejeras a su rol y función es una de las cuestiones que pueden perjudicar al regular funcionamiento del órgano. Cada etapa es un volver a comenzar”.

“Sería de suma utilidad que se reforme la ley del CM, y se amplíe la representación de la abogacía y de la academia para que exista, a través de estos estamentos, mayor participación ciudadana y porque le aportan una perspectiva diferente, que hoy se encuentra relativizada”.

“Una de las mejores experiencias es la puesta en funcionamiento de nuevos juzgados o tribunales federales, ya que ello es la conclusión de todo el procedimiento en su conjunto: selección de magistrado o magistrada; infraestructura edilicia e informática, y provisión de personal. Genera una gran alegría en la sociedad porque se está dando satisfacción a un requerimiento que es constante en todo el país”.

“Hay que aclarar que la gran mayoría de las denuncias contra magistrados y magistradas se trata con celeridad”.

“Los mecanismos o procedimientos de control de gestión que no afecten de ninguna manera la independencia judicial ni perturben su funcionamiento son de suma utilidad para tener claridad y transparentar el proceder de la Justicia”.

Miguel Piedecasas dejó el Consejo de la Magistratura de la Nación (CM) en 2018 con un ritmo de productividad altísimo especialmente en lo que a sustanciación de concursos para cubrir vacantes judiciales se refiere, según lo que él mismo indica en su página web particular. Durante su actuación como consejero por los abogados del interior -ganó las elecciones con el apoyo de radicales y peronistas afines a Sergio Massa-, vicepresidente y presidente, el órgano envió 309 ternas de candidatos al Poder Ejecutivo de la Nación: la composición anterior (2010-2014) sólo había mandado 45. Pese a que este volumen de tercetos es su marca registrada, de regreso a su actividad profesional y académica en Santa Fe, Piedecasas prefiere no polemizar, defiende su gestión con entusiasmo contenido y se inclina por celebrar el consenso que, según su criterio, abundó en el CM que coexistió con la gestión presidencial de Mauricio Macri.

El doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales se tomó su tiempo para pensar cada respuesta al cuestionario: incluso pidió ser entrevistado por escrito, lo que bloqueó la posibilidad de repreguntar. Luego de casi tres meses de elaboración, mandó un documento que llamó la atención por su inclinación a citar normas y procedimientos, y a evitar las críticas en un momento donde los cuestionamientos hacia la Justicia forman parte de una especie de consenso general. Piedecasas sólo omitió contestar una última pregunta que le requería su posición sobre los traslados de jueces, y el fallo contrario a ese procedimiento que emitió la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de los magistrados Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. En la época de Piedecasas también hubo un volumen significativo de esta clase de movimientos. El nuevo ciclo político e institucional deparó, entonces, modificaciones relevantes en la práctica del organismo. Piedecasas coincide en que las mutaciones son constantes. “Cada etapa en el Consejo de la Magistratura es un volver a comenzar”, reflexiona.

-¿Cuáles son las fallas de funcionamiento que más le llamaron la atención durante su paso por el Consejo de la Magistratura?

-El CM es un órgano constitucional complejo en su propia estructura y conformación, y, por ende, el funcionamiento refleja esa complejidad. En particular, creo que la primera etapa de adaptación de los consejeros y consejeras a su rol y función es una de las cuestiones que pueden perjudicar al regular funcionamiento del órgano. Cada etapa es un volver a comenzar. Cierto es que los expedientes se toman en el estado de desarrollo que tenían con las anteriores gestiones, pero ello no obsta a que hay que volver a estudiarlos y adoptar una posición en cada uno de ellos. Otra cuestión que debería analizarse y resolverse es la referida a la lejanía de la sede del Consejo respecto de los puntos de radicación de la Justicia Federal en todo el país, especialmente para considerar y dar respuesta inmediata a las cuestiones que hacen a la administración de los recursos del Poder Judicial de la Nación, que por disposición constitucional se encuentra dentro de las competencias del Consejo. Podría estudiarse una descentralización de la decisión administrativa por regiones. Un gran problema es la cantidad de vacantes que existieron y existen en el ámbito de la Justicia Federal y Nacional, y debe hacerse un esfuerzo común y conjunto para dar solución a esta problemática. Asimismo, una cuestión que es relevante refiere al reclamo de mayores recursos financieros para dar respuesta acabada a las necesidades en materia de infraestructura edilicia, informática, de personal, que en forma constante y progresiva requiere el Poder Judicial Nacional y Federal para cumplir de manera adecuada con la prestación del servicio de justicia.

-¿Qué habría que hacer para mejorar el desempeño institucional?

-Entiendo que sería de suma utilidad que se reforme la ley del CM, y se amplíe la representación de la abogacía y de la academia para que exista, a través de estos estamentos, mayor participación ciudadana y porque le aportan una perspectiva diferente, que hoy se encuentra relativizada en virtud de que tienen menos representación que los demás estamentos. Por lo menos deben ser una cantidad igual que los jueces, los senadores y los diputados, ya que no existe razón constitucional para que sean menos. Asimismo debe respetarse la naturaleza federal del órgano y la representación debe corresponderse con esa calidad de estado federal que tiene nuestro país. En consecuencia, todas las representaciones deben cumplir con ese requisito representativo federal, aún la del Congreso. Debe, además, establecerse un sistema que garantice la representación igualitaria en materia de género por estamento, de manera tal de que todos cumplan con este recaudo. Estas modificaciones en la composición ampliarán la perspectiva de las decisiones, y sin dudas hará que el funcionamiento y los resultados consecuentes tengan una mayor correspondencia con la base constitucional de nuestra sociedad.

-Ahora que ya no integra el Consejo y tiene más libertad para hablar de su experiencia, ¿nos puede contar cómo funcionan las negociaciones para lograr los 2/3 en cada concurso de jueces?

-Las mayorías calificadas están expresamente previstas en el cuerpo normativo que rige la actuación del CM. Particularmente se requieren para la elevación de las ternas y para los dictámenes acusatorios ante el Jurado de Enjuiciamiento de un magistrado o magistrada. Las comisiones respectivas (selección o acusación, según el caso) emiten un dictamen, y este debe ser considerado y votado por el plenario. De manera tal que cuando llega al ámbito del pleno, ya hay muchos integrantes que han adoptado posición y, por ende, van a emitir su voto en similar sentido que el expresado en la comisión. En el pleno están todos los consejeros y todas las consejeras. En mi experiencia personal he observado que en la mayoría de los expedientes sometidos a consideración del pleno hay consenso en las resoluciones que se adoptan, y que las discrepancias surgen respecto de determinadas situaciones donde puede haber criterios encontrados respecto de un concurso o una acusación. En esos casos el debate abierto, sincero y plural siempre es importante, y los expedientes pueden ser tratados en varias sesiones hasta llegar al momento de la votación, en uno u otro sentido.

-¿Qué experiencias sobre su paso en el Consejo puede referirnos con la idea de que son de interés para la ciudadanía?

-Son innumerables. El CM es un órgano de notable trascendencia institucional y, por ello, a quien le toque desempeñarse allí debe tener plena conciencia del rol y de la función correspondientes. La participación en los procesos de selección de jueces y juezas es una posibilidad de pensar la mejor Justicia para nuestra sociedad. Es un proceso también complejo y con diversas instancias (antecedentes, oposición, entrevistas, audiencias públicas, impugnaciones y votaciones), que se van superando y donde intervienen jurados, la Comisión de Selección (a su vez las subcomisiones respectivas en una doble instancia) y, por último, el pleno. Cada terna que se eleva es una gran satisfacción por el deber cumplido y seguramente será con el tiempo una vacante menos en el Poder Judicial de la Nación. La participación en los juicios políticos o en enjuiciamiento de magistrados también es una situación de alta responsabilidad institucional. En nuestro período de gestión se tomó intervención en cinco (Nota de la Redacción de JusTA: se trata de los magistrados Axel Gustavo López, Néstor Montezanti, Raúl Reynoso, José Antonio Charlín y Eduardo Freiler). Al primero de ellos lo tomamos en la etapa final, o sea en lo que fue la audiencia de debate, y culminó con la absolución del juez. En los cuatro casos siguientes, la conformación del Consejo que integré participó de todas las etapas. En esos enjuiciamientos, tres magistrados renunciaron durante el curso del procedimiento y, en el otro, el tribunal de Enjuiciamiento dictó una sentencia de destitución. Es bueno que la ciudadanía conozca que el enjuiciamiento pasa por diversas fases: comienza con las respectivas denuncias; luego debe ser considerado y aprobado por la Comisión de Disciplina y Acusación, y, posteriormente, por el plenario, donde se requieren mayorías especiales. Recién allí, el CM, a través de uno o dos representantes que se designan, sostiene la acusación ante el tribunal de Enjuiciamiento, que es totalmente autónomo, y requiere el voto de dos tercios para remover al magistrado o magistrada. El procedimiento es oral y público, y los miembros del cuerpo son elegidos por sorteo público semestral. El Consejo acusa, y el Jurado de Enjuiciamiento remueve o absuelve: ello da garantías de un juzgamiento independiente. Debo agregar que una de las mejores experiencias es la puesta en funcionamiento de nuevos juzgados o tribunales federales, ya que ello es la conclusión de todo el procedimiento en su conjunto: selección de magistrado o magistrada; infraestructura edilicia e informática, y provisión de personal. Genera una gran alegría en la sociedad porque se está dando satisfacción a un requerimiento que es constante en todo el país de mayor presencia de la Justicia Federal y robustecimiento de su infraestructura y así se ha visto reflejado en, entre otros, los casos de Venado Tuerto; Tartagal; Moreno y los juzgados de Ejecución Penal en la Capital Federal.

-En su presidencia se aceleraron los procesos y hubo numerosas ternas. ¿Cómo lograron ese ritmo y qué cree que ha pasado con él en los últimos años?

-Entiendo que se logró un buen funcionamiento colectivo y que ello fue la base del necesario consenso. Siempre debe recordarse que el CM y el Jurado de enjuiciamiento fueron dos grandes apuestas de la Convención Constituyente de 1994 tendientes a lograr la mayor participación, y el control ciudadano en los procedimientos de selección y remoción de magistrados y magistradas; de administración de los recursos financieros del PJN y de reglamentación de la organización judicial. El sistema anterior solo contaba con la participación de los estamentos políticos: ahora intervienen representantes de la magistratura; de la abogacía y de la academia, y existen procedimientos reglados para acreditar los requisitos que la Constitución ha impuesto para cada objetivo.

-¿Qué factores conspiran contra la posibilidad de esclarecer con rapidez las denuncias contra los jueces?

-Lo primero que hay que aclarar es que la gran mayoría de las denuncias contra magistrados y magistradas se trata con celeridad, y son desestimadas por carecer de motivos o fundamentos que hagan al mal desempeño u otras causales. Luego existen denuncias que se tramitan ante la Comisión de Disciplina y Acusación, que requieren de la producción de pruebas, emisión de dictámenes, votación y aprobación, y pase al pleno, donde se somete a la consideración y votación. Una discusión que en nuestro período de gestión se dio y que tal vez en una reforma legislativa deba contemplarse es la referida a la amplitud de las facultades de investigación de la Comisión de Disciplina, donde se plantearon criterios amplios y restringidos. Esta es una cuestión que debe tener solución legislativa, ya que ello sería de mucha importancia al momento de la mayor celeridad y profundidad que se le pueda dar a la investigación.

-¿En qué medida ayudaría que la magistratura tenga un Código de Ética?

-Existen diversos instrumentos jurídicos relacionados con la conducta judicial, entre ellos los “Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial” de la Organización de las Naciones Unidas y el “Código de Ética de la Cumbre Judicial Iberoamericana”. También existen diversos códigos de ética de las organizaciones de Justicia de las provincias; normas contenidas en las leyes orgánicas de la Justicia en cada jurisdicción y en los respectivos código de procedimientos, y según mi interpretación personal, las “100 Reglas de Brasilia” de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que han sido adoptadas en nuestro país a partir de acordadas de la Corte de la Nación, y de las cortes y tribunales superiores de las provincias. Por supuesto que todos estos instrumentos normativos ayudan a la prestación de un mejor y más eficiente servicio de justicia, y queda en los diversos actores del sistema cumplir acabadamente con ellas.

-¿Cuál es su evaluación sobre las auditorías en causas de corrupción?

-Entiendo que son positivas la decisión e implementación del procedimiento de auditoría en materia de corrupción, narcotráfico, fuero laboral y cualquier otra materia. En primer lugar porque en el período anterior ha quedado definida la legitimación constitucional y legal del CM para llevarlas adelante, cuestión que en su momento fue debatida. En segundo lugar porque permite un relevamiento de datos de mucha utilidad para el propio sistema de Justicia como para la sociedad, ya que los resultados se exponen en portales públicos, lo que hace a la transparencia de los procedimientos. Tercero porque permite que desde el propio Poder Judicial o de aquellos órganos que tienen a su cargo la organización de la Justicia se puedan plantear o proyectar reformas para un mejor funcionamiento del sistema.