Rodolfo Tailhade, consejero de la Magistratura en representación de la Cámara de Diputados (bloque Unión por la Patria), aceptó ser entrevistado para una investigación que lleva adelante el equipo de JusTA-ACIJ sobre la manera en la que el Consejo de la Magistratura de la Nación investiga y eventualmente sanciona a jueces y juezas denunciados. Tailhade fue invitado a contestar preguntas en su carácter de integrante de la Comisión de Acusación del Consejo. El reportaje se hizo vía Zoom el 31 de agosto de 2026, y duró aproximadamente una hora y media. Allí Tailhade manifestó de modo tajante: “el criterio político siempre va a prevalecer a la hora de las sanciones a la magistratura”.

Durante la charla, el diputado se abrió a los distintos temas que se le propusieron, y se mostró especialmente crítico con los jueces que forman parte del Consejo y con los funcionarios estables del organismo. Lo que sigue es un resumen de los aspectos más relevantes de la conversación.

¿Cómo evalúa la productividad de la Comisión de Acusación?

La Comisión de Acusación nunca fue muy productiva ni tuvo demasiadas virtudes en su funcionamiento. Durante mucho tiempo confluyeron en un mismo ámbito los hechos que podían derivar en un Jurado de Enjuiciamiento y los que se resolvían como sanciones disciplinarias menores. La enorme cantidad de expedientes de disciplina conspiró contra un tratamiento razonablemente rápido y una respuesta en un plazo razonable para el denunciante y para la sociedad. Cuando aparecen denuncias manifiestamente improcedentes, el organismo elige "pinchar" la cuestión —dejarla pasar— antes que encararla de forma directa y, en algún momento, la resuelve en un paquete de expedientes para cerrar. Nunca hubo, para mí, un abordaje serio de esa cuestión, en buena medida porque durante años ambas comisiones (Disciplina y Acusación) funcionaron juntas y estaban integradas por jueces. A partir del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que separó ambas comisiones, la de Disciplina —pese a haber ganado cierta agilidad bajo la presidencia actual— sigue siendo un cuello de botella donde los temas "se terminan con el paso del tiempo", mientras que la de Acusación quedó, en cambio, con muy pocos expedientes. Con el ingreso del consejero Luis Juez, considero que la Comisión de Acusación ganó en legitimidad y productividad, independientemente de si uno está de acuerdo con los resultados o las conclusiones a las que se llega en cada caso.

¿Considera que hoy la Comisión de Acusación da una respuesta adecuada a quienes formulan denuncias?

Es subjetivo. Cito el caso de la denuncia de los consejeros (Vanesa) Siley y (Mariano) Recalde contra la jueza de San Isidro, (Sandra) Arroyo Salgado: se ordenaron medidas de prueba poco habituales para ese tipo de expediente, pero, antes de completarlas, se presentó un pedido de desestimación; se logró postergarlo, pero apenas terminaron las medidas pendientes, se insistió con la desestimación y se cerró el expediente. Lo mismo ocurrió en un expediente contra la jueza (María Eugenia) Capuchetti. Para mí esa respuesta no fue adecuada, porque el bloque de poder que controla el Consejo hizo valer su número y enterró de inmediato la investigación cuando había margen para seguir.Aun así, sostengo que hoy hay una respuesta razonable —no necesariamente adecuada— porque en la mayoría de los casos se producen medidas de prueba que antes, con el senador Eduardo Vischi en el lugar que hoy ocupa el consejero Juez, no se hubieran votado.

¿Qué criterios se usan para decidir si una denuncia va a Acusación o a Disciplina, y cómo deberían aplicarse?

El criterio "común" y, a mi juicio, más adecuado es estrictamente procesal: cuando el cuestionamiento apunta a temas jurisdiccionales —demoras o prueba no producida en un juicio—, corresponde a Disciplina. Pero ese criterio se aplica de manera discrecional. Doy un ejemplo: el juez Raúl Ojeda dictó una cautelar contra la reforma laboral (promovida por el Gobierno de Javier Milei); la apelación fue concedida con efecto suspensivo y la camarista (Macarena) Marra Giménez dio vuelta esa resolución de inmediato. Ojeda, como juez de primera instancia, terminó denunciado por haber dictado la cautelar en esas condiciones. El presidente de la Comisión de Acusación pidió que fuera a Acusación; el presidente de Disciplina, aplicando el criterio procesal "correcto", pidió que fuera a Disciplina. El desempate —por ser una denuncia con numeración impar— quedó en manos de la vicepresidenta de disciplina, (María Alejandra) Provítola, quien la derivó a Acusación. Claramente aquí el criterio no fue la gravedad de un hecho, sino el interés del Gobierno, que presiona para que determinado expediente vaya a determinada comisión. También pesa, en otras ocasiones, el perfil político del juez denunciado. Mi síntesis es que no hay criterios objetivos consolidados: se maneja con eminentes vectores políticos, y eso explica en parte la falta de productividad y de respuestas a la sociedad. Como muestra de esto, las denuncias contra los jueces que participaron del viaje a Lago Escondido fueron todas a Disciplina por decisión del Comité de Asignación.

La ex consejera Marcela Rodriguez nos decía hace poco que mandar una causa a Disciplina era equivalente a salvar al juez denunciado, ¿coincide?

Sí. Antes de la separación de comisiones, cuando funcionaban juntas, ese era el único lugar posible y de todos modos los jueces terminaban protegidos igual. Mi propuesta de reforma: una sola comisión de Acusación y Disciplina, que funcione con mayor seriedad y sin jueces en su integración: hoy son cuatro sobre diez en disciplina, un número suficiente para bloquear. El patrón se agudiza, sostengo, en la previa a las elecciones del Consejo o de la Asociación de Magistrados, cuando aparecen proyectos de desestimación para "salvar" jueces cuyo respaldo luego se necesita.

¿Presentó algún proyecto de reforma normativa para incrementar los niveles de eficiencia y de transparencia del proceso disciplinario?

No. No presenté ninguno.

Una encuesta reciente mostró que el 79% de los abogados porteños sondeados dijo haber detectado mal desempeño, pero sólo el 3,5% hizo la denuncia ante el Consejo. ¿Cómo explica ese dato?

Por una combinación de factores: desconocimiento del funcionamiento del Consejo —responsabilidad, aclaro, del Estado y del Consejo, no de los abogados—, y la certeza, entre quienes sí conocen el sistema, de que la denuncia "no sirve" y puede además generarle al denunciante la enemistad de colegas del juez denunciado. A esto se suma cierto desconocimiento sobre qué conductas justifican una denuncia más allá de la corrupción. Que los propios abogados reconozcan que menos de un 4% de los hechos que conocen fueron denunciados es un número absurdo y muestra hasta qué punto la respuesta corporativa termina desalentando la denuncia.

¿Existe algún beneficio en sostener el expediente físico en los procesos disciplinarios?

El Consejo es, para mí, un órgano "colonizado" por los jueces, con prácticas de trabajo judiciales: resoluciones de 40, 50 o 60 páginas, y la misma lógica burocrática que impera en la Justicia nacional y federal porteña. No creo que exista un interés genuino en cambiar el sistema mientras el resultado —protección corporativa— se mantenga con o sin expediente digital, aunque reconozco que el formato digital dificultaría prácticas como antedatar resoluciones o certificar hechos falsos, algo que vi en el pasado en la Comisión de Selección. Esas cosas ya no se van a poder hacer más. Hace poco se votó por unanimidad, impulsada por la consejera (Jimena) de la Torre, la puesta en marcha de la primera fase del expediente digital, que va a ser un avance importante aunque no alcance, por sí solo, para romper la inercia de impunidad y acomodos que describo.

El artículo 8 de la Ley 24.937 exige publicidad especial a los procesos contra magistrados. ¿Ese mandato se cumple?

No. No hay publicidad, no hay comunicación, y sostengo que la conducción actual del Consejo busca profundizar ese apagón informativo. Cuando asume (Horacio) Rosatti en la presidencia se discontinúa, sin resolución formal conocida por alguien, la transmisión de los plenarios por YouTube con primeros planos de cada consejero: tras el reclamo de la consejera Vanesa Siley se restableció la transmisión, pero sin identificar a quién habla en cada momento, sino que se muestra al orador entre los veinte cuadraditos de los consejeros. Esto pone en evidencia el terror que tienen los jueces a todo lo que sea publicidad de lo que hacen adentro del Consejo. Soy un tipo repudiado por la mayoría porque por lo menos intento ventilar cosas que deberían ser públicas y que de ninguna manera lo son.

Cuestiono, además, que la comunicación institucional y el área de acceso a la información pública estén de hecho a cargo del funcionario Guido Stochyk, que responde, directamente, a la presidencia de la Corte y no al plenario del Consejo en lugar de la oficina específica de acceso a la información conducida por Ricardo Gómez Diez, que sí fue votada por el plenario. Cualquier pedido de acceso a la información pública termina siendo respondido por Stochyk y no por la oficina especializada. Señalo también que el artículo 11, que exige notificar al magistrado denunciado —y, por extensión, comunicar a la sociedad—, sigue discutido treinta años después de la primera ley del Consejo

¿Qué condiciones hacen que una denuncia efectivamente progrese?

Identifico dos reglas empíricas vigentes desde hace quince o dieciséis años, más o menos desde la muerte de Néstor Kirchner. Primera: las denuncias impulsadas por el peronismo, minoría estructural en el Consejo, tienen bajísimas chances de prosperar. Nunca alcanzamos los dos tercios necesarios para las decisiones más relevantes, algo que sí logró en otros momentos el bloque de Poder Judicial-corporativo: en el Consejo de trece miembros de la gestión (de Mauricio Macri), por ejemplo, con la jueza Gabriela Vázquez y yo prácticamente solos enfrente, avanzó de manera irregular el caso del juez Eduardo Freiler.Segunda regla: progresan las denuncias con fuerte legitimidad social, especialmente en casos de género —que antes de ninguna manera hubiesen avanzado y ahora sí lo hacen—, o casos de extrema gravedad donde ya no hay margen para defender al magistrado. Menciono el caso del juez de Rosario, Gastón Salmain, suspendido, y situaciones similares en sede penal con jueces muy comprometidos que ya no tienen defensores posibles.El mejor ejemplo es el juez Alfredo López, de Mar del Plata, recién destituido por el Jurado: los mismos hechos que llevaron a su expulsión habían sido denunciados por mí más de cuatro años antes. Denuncié lo mismo que después denunciaron la DAIA y la diputada Sabrina Ajmechet. Ahí lo que cambió no fue la gravedad de los hechos sino que la cabeza del reclamo dejé de ser yo y pasó a ser el senador Juez, que lo motorizó. Recién entonces avanzó. Mi conclusión es que el criterio político es el que siempre va a prevalecer a la hora de las sanciones y en doble sentido: el criterio político del Gobierno de turno y el criterio político en términos de interna judicial.

¿Hace alguna autocrítica sobre lo sucedido en el Consejo durante las gestiones presidenciales de su propio espacio político?

Sí, soy profundamente crítico de muchos aspectos de nuestra gestión en materia judicial, sobre todo del período de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, no tanto del Gobierno de Alberto Fernández, donde no sé si había margen para hacer mucho más. Hubo un momento en el que había condiciones para avanzar en una reforma más profunda de la ley 26.080, y nos quedamos cortos, en particular respecto de la Comisión de Selección, donde la entrevista personal sigue siendo, a mi juicio, la puerta de entrada para criterios políticos ajenos al mérito que debe regir el concurso. Tampoco avanzamos en una verdadera democratización de los concursos que diera oportunidades reales a personas ajenas a la carrera judicial; al contrario, con cuestiones reglamentarias fuimos consolidando, sin quererlo tal vez, la lógica que favorece a quienes ya están en la Justicia.Sobre la integración por estamentos, creo que debimos dar la discusión acerca de la desproporción representativa donde jueces y abogados están sobrerrepresentados frente a los integrantes de la política, que representan a todo el electorado antes de que la Corte, años después, la resolviera por vía judicial exigiendo paridad numérica. No dimos la discusión sobre por qué cuatro jueces, que representan a menos de 1.200 personas, tienen que tener el mismo número de representantes que la política, que representa a todo el país.Respecto del paquete de leyes de democratización judicial impulsado por Cristina Fernández de Kirchner, considero un error el tratamiento exprés que tuvo, sin la construcción de mayorías amplias que sí tuvo, por ejemplo, la Ley de Medios. Eso facilitó que la Corte declarara inconstitucionales varias de esas normas poco después: el Poder Judicial es un tema demasiado serio como para no abrirlo a la sociedad. Y perdimos un tiempo precioso: cuando pudimos hacer las cosas, no fuimos lo suficientemente decididos.

¿Puede dar ejemplos concretos de concursos manipulados?

Menciono dos casos perfectamente actuales. El primero es el concurso de la Cámara Federal: el Senado acaba de aprobar los pliegos de (Pablo) Yadarola y de (Pablo) Bertuzzi para dos vacantes, ambos ubicados por debajo del puesto 20 en el orden de mérito. Con el reglamento propuesto (por los ministros Carlos) Rosenkrantz y (Ricardo) Lorenzetti, cuyo diagnóstico sobre la entrevista personal como puerta de entrada de los criterios políticos comparto, ni en pedo hubiesen sido jueces: la entrevista es el dispositivo que permite trastocar todo un orden de mérito. Menciono además la actuación posterior de Bertuzzi como camarista federal y de Yadarola como juez penal económico, incluido un viaje a Lago Escondido.El segundo caso es el del concurso de la Cámara Federal de Casación Penal, con cuatro vacantes: cuando el orden de mérito dejó mal ubicado al candidato que quería el bloque de Mariano Pérez Roller, secretario general del Consejo sin experiencia en los tribunales penales, surgió una iniciativa legislativa para reducir la cantidad de miembros del tribunal. Para mí el objetivo real no es "eficientizar" nada ni "pasar la motosierra", sino evitar cubrir esas vacantes con candidatos que no responden al bloque que hoy controla el Consejo.

¿Qué le diría a alguien con pruebas y razones para pedir que se investigue a un magistrado?

Mientras exista la herramienta actual, recomendaría igualmente hacer la denuncia: es indispensable que el Consejo tenga una política activa de difusión, como hacen otras dependencias que reciben denuncias —las oficinas de violencia doméstica y de género—. A mi juicio es un tema demasiado serio como para dejarlo únicamente en manos de abogados; esa recomendación se la haría directamente al ciudadano porque la sociedad en su conjunto debería involucrarse.A la vez, cuestiono la herramienta en sí: el año pasado estuve como observador de la elección popular de jueces en México, donde dejó de existir un Consejo de la Magistratura muy similar al nuestro, y se creó un tribunal disciplinario cuyos miembros se eligen por voto popular y deben rendir cuentas de sus resultados. Ya dejaron de ser los jueces los que investigan y juzgan a sus pares. Es un cambio de paradigma cuyo funcionamiento habría que seguir de cerca.

Cuando advierte demoras en expedientes que tienen a cargo otros consejeros, ¿usted pide medidas de prueba?

No lo hago de manera unilateral. Sí ocurre entre otros consejeros.. En mi caso, cuando me interesa un expediente ajeno, prefiero hablarlo directamente con el consejero a cargo antes de presentar una medida por mi cuenta: después, la decisión vuelve a ser de él. Me parece, en cambio, totalmente legítimo que alguien de la sociedad civil se presente, y pida medidas de prueba o señale una inactividad. De hecho, impulso eso y muchas veces me sentí en soledad durante años en esa tarea.