Ahora que el Consejo de la Magistratura se puso de moda, podemos decir que nosotros lo conocemos desde muy chiquito (desde Cemento, dirían algunos). Quienes venimos siguiendo su recorrido prácticamente desde su creación entendemos que es una institución vital de la democracia, fundamental para el sistema de división de poderes y para la consecución del objetivo de mantener una justicia independiente.

Venimos diciendo desde estas páginas que el funcionamiento de este organismo tuvo un recorrido de declive severo, con forma de serrucho porque hubo algunas mejoras transitorias que rápidamente se disiparon. Si hubiera que definir lo que pasó durante estos poco más de veinte años, habría que decir que los estamentos con mayores intereses en el Consejo se lograron adaptar al medio y llevar agua para sus respectivos molinos. Este fallo de la Corte genera un signo de interrogación a futuro y, por eso, es tan resistido en algunos sectores.

Entre las consecuencias negativas más apreciables del declive encontramos, por un lado, la casi imposibilidad de que se sancione o remueva a un magistrado por la presión que ejercen los representantes de los jueces para defender a sus electores y, por el otro, la designación de jueces afines al poder político de turno en los cargos más sensibles.

En aquellos primeros tiempos del Consejo, que tampoco eran la panacea pero se podían ver movimientos menos predecibles, se eligieron algunos y algunas representantes que tenían mayor libertad de acción que los actuales y un verdadero compromiso por un mejor servicio de justicia. Entre otros, y bajo riesgo de incurrir en cierta arbitrariedad, podemos recordar, no sin alguna nostalgia, al juez Javier Fernandez Moores, que tenía la visión de que el cuerpo de jueces se beneficia cuando quien incurre en faltas es sancionado o removido, a los abogados Oscar Massei, Mario Gersenobitz, Beinusz Smuckler, Diego May Zubiría (constituyente en la reforma de 1994) y los diputados Marcela Rodriguez y Oscar Massei (ambos por una real segunda minoría y sin posibilidad ni ánimo de pelear por designar jueces afines).

Quien tenga memoria de esa primer época recordará que, quizá por la novedad y la necesidad de mostrar públicamente mejoras respecto al sistema anterior que dependía del Senado de la Nación, se elegían jueces y juezas que no se encontraban apadrinados como ocurre actualmente. También se sancionaban algunos por faltas disciplinarias muy evidentes y se producían acusaciones contra otros. En estos dos últimos puntos vale la pena traer a colación dos estadísticas muy ilustrativas(fuente https://justa.acij.org.ar/procesos-disciplinarios):

• en cuanto a sanciones disciplinarias aplicadas, de las 34 que se impusieron hay 29 hasta el año 2010. Las otras 6 tuvieron lugar desde 2010 hasta 2016 y desde aquel año en adelante, ninguna.
• en cuanto a juicios políticos, de los 34 pedidos de remoción, 29 se sustanciaron hasta el 2010. Y de los 5 restantes el último fue de 2015.

¿Qué pasó desde 2015 a la fecha?

La grieta tuvo muchísimo que ver con esta decadente situación que quedó a la vista de todo el mundo en las últimas semanas.
En los últimos años, se tomó al Consejo como un River-Boca en el cual cada integrante que ingresa tiene que tener predeterminado el bando al que se va a integrar y luchar contra el otro. Así, en lugar de cinco estamentos formados por miembros con pensamientos autónomos, dispuestos a formar mayorías distintas según el tema que se trate y con el objetivo de mejorar el sistema de justicia tenemos dos equipos en lucha permanente con desconfianzas mutuas incesantes, poquísimos acuerdos y sin evidencia de preocupación por el acceso a la justicia de la población.

Por ejemplo, hasta estas últimas elecciones de abogadas (las que se hicieron como consecuencia del fallo de la Corte) se disimulaba la pertenencia partidaria de los candidatos. En cambio, en la reciente fue tan manifiesta esa adhesión que la candidatura de la abogada Jimena de la Torre surgió de una reunión partidaria de referentes de Juntos por el Cambio.

De las tres listas de jueces hay dos -que son las que más votos obtienen- que se pueden identificar con los sectores en pugna (la lista Bordo con Juntos por el Cambio, la lista Celeste con el Frente de Todos; la lista Compromiso Judicial no tiene una adhesión tan clara).
El sector académico es un mundo en sí mismo. A muy grandes rasgos, la UBA en Derecho tiene una tradición radical desde 1983 y las universidades del conurbano son mayoritariamente peronistas (la mayoría kirchneristas). En el interior, las universidades del centro del país son radicales y las del norte y sur, peronistas (similar al color del país en las elecciones nacionales). Si votan en elecciones indirectas (un representante por universidad o a lo sumo dos como en las últimas elecciones) tiene mayor peso el peronismo, si votaran directamente los profesores titulares tendría mayor peso la UBA porque tiene un cuerpo de docentes por concurso muchísimo más grande que el de las demás universidades.

A todo esto, asoman dos nombres como hombres fuertes del nuevo Consejo, uno por bando: Diego Molea, de la Universidad de Lomas de Zamora y vinculado al peronismo, que aparentemente fue influyente en la designación de la abogada María Fernanda Vazquez y el famoso Daniel Angelici, ligado a JxC y que aparentemente acordó con Molea la designación de Pamela Tolosa de la Universidad de Bahía Blanca como segunda académica (fue una elección no competitiva de la que no se sabe demasiado y en la que no hubo ninguna otra candidata).

En definitiva, si bien se vuelve a la ley que regía el Consejo antes de 2006, que en ciertos aspectos hacía funcionar mejor al organismo, son distintas las circunstancias y no es esperable que mejore su labor sino que se trabe en partes iguales a quienes les será prácticamente imposible llegar a las mayorías agravadas que requieren las decisiones más importantes.