La Ley 27.150, de 2015, que determinó la forma de implementación del sistema acusatorio penal estableció la creación de un Consejo Asesor interinstitucional, con la participación de representantes del Consejo de la Magistratura, de los Colegios de abogados, de los magistrados del PJN, del MPF, del MPD y de las organizaciones de la sociedad civil y gremiales vinculadas con el sistema judicial, como un espacio fundamental para el diálogo y el seguimiento del proceso de reforma. El DNU 188/2024, que impuso nuevas condiciones para la transición, mantuvo el Consejo con el mismo formato.

Sin embargo, este Consejo no se puso en funcionamiento adecuadamente. No hay una reglamentación formal que lo ponga en funcionamiento y solo se produjeron dos reuniones de trabajo informales sin la presencia de representantes de colegios de abogados, ONG ni sindicatos. Así llegamos a la situación actual en la que reina un completo caos, con peleas públicas entre integrantes del Poder Judicial, el MPF y el Ministerio de Justicia.

La visión detrás de la implementación al sistema acusatorio es transformar el sistema de justicia penal hacia un modelo más ágil e imparcial. Sin embargo, como suele pasar en muchas situaciones institucionales, la falta de interés real de los actores políticos y jurisdiccionales en avanzar hacia reformas que traigan beneficios reales a los justiciables está poniendo en grave riesgo la decisión legislativa.

En este contexto, el Consejo Asesor debía jugar un rol central al reunir a representantes de los distintos poderes y estamentos involucrados para decidir sobre la mejor manera de producir los cambios. Este diseño plural buscaba fomentar un intercambio de ideas y construir consensos para una implementación exitosa.

La exclusión de actores clave, si bien es un problema grave en sí mismo, es sintomática de un problema aún mayor: la falta de diálogo interinstitucional. Los Colegios de Abogados, las organizaciones gremiales y la sociedad civil no son meros espectadores del proceso de reforma, sino actores fundamentales que pueden aportar perspectivas valiosas, identificar problemas y proponer soluciones. Su exclusión evidencia la falta de un espacio de diálogo donde sus voces puedan ser escuchadas y tenidas en cuenta.

Como leemos estos días en los medios de comunicación, la implementación del nuevo sistema acusatorio ha desatado una ola de conflictos y cambios internos en Comodoro Py, el centro de las investigaciones federales por delitos de poder. Este cambio, que otorga mayor poder a los fiscales federales, ha provocado disputas internas significativas, evidenciando una profunda crisis institucional.

Por ejemplo, se ha producido una agitación en la Cámara Federal que resultó en el desplazamiento de un funcionario de larga trayectoria y el planeado traslado de un fiscal de Cámara fuera del edificio, lo que refleja la intensidad de las tensiones generadas por la reforma. Además, el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ha sido denunciado por un fiscal federal de Mar del Plata. A su vez, el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, ha expresado públicamente su preocupación, alegando que el nuevo sistema no puede funcionar adecuadamente sin la asignación de fondos suficientes.

Esta penosa situación es claramente el resultado directo de la falta de diálogo interinstitucional que persiste desde la sanción de la ley 27.150 en 2015. La ausencia de un espacio de encuentro formal y regular entre todos los actores involucrados impidió abordar de manera oportuna los desafíos y problemas que inevitablemente surgieron durante el proceso de implementación.