A poco más de cuatro años de la vigencia de la ley 27275, ésta se ha convertido en una herramienta valiosa, no sólo para el empoderamiento de la ciudadanía en su derecho al saber sino también para las propias instituciones públicas. En el ámbito del Ministerio Público de la Defensa, la implementación de la ley ha permitido mejorar la gestión de la información, y conocer los perfiles de solicitantes que interactúan con el organismo, así como el tipo de información que demandan. Resulta primordial reforzar el compromiso con el cumplimiento de esta ley, y afrontar nuevos desafíos.

Los Ministerios Públicos como sujetos obligados a entregar información

En el año 2017 comenzó a regir en nuestro país la ley 27275 que busca garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, y promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública.

Esta ley introdujo varias novedades importantes en el tema. Una de ellas fue la ampliación de los sujetos obligados a brindar información pública, entre los que se encuentran no sólo los tres poderes del Estado (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial) sino también los Ministerios Públicos Fiscal y de la Defensa.

La ley 27275 estableció obligaciones precisas para estos Ministerios: por un lado, dar trámite en un plazo breve a las solicitudes de información presentadas por cualquier persona; y, por el otro, facilitar la búsqueda y el acceso a la información pública a través de sus páginas web oficiales, de una manera clara, estructurada y entendible para las personas interesadas.

El caso del Ministerio Público de la Defensa

En el caso del Ministerio Público de la Defensa, el cumplimiento de ambas obligaciones produjo avances significativos hacia el interior del organismo. Mejoró los sistemas de gestión de datos que generan información pública relevante, desde su origen mismo hasta su archivo, pasando por distintas etapas de procesamiento. También permitió conocer qué tipo de información pública es la más requerida por los usuarios del sistema, y con qué frecuencia se solicita, y así poner foco en las distintas demandas de las personas que interactúan con la institución.

De hecho, desde que se implementó la ley 27275, el organismo ha tramitado 830 pedidos de acceso a la información(Al 31/01/2022). Entre los temas más solicitados se encuentran pedidos de dictámenes e información sobre los criterios de actuación e intervención de la defensa pública, consultas sobre patrocinio y asistencia jurídica, cuestiones relacionadas con los recursos humanos de la institución, y los concursos públicos, estructura e informes sobre las actividades desarrolladas por el Ministerio.

El 94% de esas solicitudes fueron tramitadas dentro del plazo establecido en la ley 27275, y más de un 70% se realizaron por vía del formulario web que se encuentra disponible en el sitio de la Oficina de Acceso a la Información de la institución (https://oaip.mpd.gov.ar/). Ello ha facilitado la celeridad de los trámites y colaborado en el proceso de despapelización llevado a cabo por el organismo.

Por otro lado, se han contabilizado en promedio 17000 sesiones en el portal de Transparencia Activa cada año. La información que tuvo más descargas en el sitio mencionado -sección denominada “Conocé los datos públicos abiertos del MPD”- fue la referida a las compras y contrataciones, las escalas salariales, las resoluciones y el presupuesto del organismo.

En el mismo portal puede consultarse toda la información referida al funcionamiento del Ministerio (su estructura orgánica, funciones, nómina de autoridades y personal, escalas salariales, presupuesto, listados de contrataciones públicas, etc.), al tipo de servicios que brinda, y a los supuestos en los que se puede recurrir a la defensa pública. También se puede consultar información sobre los casos judiciales en los que interviene el Ministerio, desagregados por año, fuero y tiempo de tramitación de los procesos.

Ello permitió que gran parte de la información que produce el organismo se encuentre publicada en un mismo sitio, en forma actualizada y en formatos abiertos, de modo que pueda ser consultada, analizada y reutilizada por cualquier persona.

Todo esto, como puede verse, ha convertido a la ley 27275 en una herramienta esencial para el fortalecimiento del Ministerio Público de la Defensa, facilitando el control ciudadano sobre la gestión pública, acercando información relevante a distintos sectores de la sociedad y robusteciendo los lazos de la institución con las personas que interactúan con ella, en especial con aquellas que se acercan al servicio de defensa pública en busca de acompañamiento legal o judicial o para conocer el trabajo y las funciones que allí se llevan a cabo.

Desafíos pendientes

A poco más de cuatro años de vigencia de la ley, debemos reforzar el compromiso con su cumplimiento, y afrontar algunos desafíos por cumplir. Uno de ellos es la continua formación de les empleades y funcionaries que gestionan información en el uso de las herramientas necesarias para mejorar la carga y generar la trazabilidad de los documentos y datos públicos. Para eso, la aprobación de guías o manuales de estándares y las capacitaciones en materia de gestión documental resultan fundamentales.

Otro desafío imperioso es la incorporación de nuevas variables a la hora de procesar y publicar información pública, haciendo cruces relevantes -por ejemplo, en materia de género- para pensar en la creación de estándares de publicación de datos desde nuevas perspectivas. También resulta necesario fomentar el uso de lenguaje sencillo y claro en la información que es publicada en el sitio web, para que ella pueda ser fácilmente entendible por cualquier persona interesada.

Otra práctica por demás valiosa es la participación y opinión de les usuaries de los datos y de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en estos temas para incorporar su visión en materia de publicidad de información relevante y generar una fiscalización más eficaz de la labor de las instituciones públicas. Ello se complementa con el empoderamiento de la ciudadania, la difusión del derecho de acceso a la información, su regulación, el tipo de información que puede requerirse a los organismos públicos, y los remedios que brinda la ley en caso de denegatorias u otros incumplimientos.

En último lugar, siempre es importante recordar cuál es la finalidad que debe perseguirse al momento de publicarse información. No se trata sólo de dar cumplimiento a una norma legal ni de producir mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sino también de generar información relevante que pueda promover un acceso a la justicia más igualitario y, por ende, de mejor calidad.

#Ornela Mazza Gigena es la Directora de la Oficina de Acceso a la Información del Ministerio Público de la Defensa de la Nación.

Las opiniones y puntos de vista de esta nota son responsabilidad de su autor/a y no necesariamente reflejan la posición de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia