Una foto tomada en el ingreso de los tribunales federales de la Capital Federal lo dice todo: once juzgados del fuero civil y comercial federal, distintos pisos, distintos horarios. Algunos atienden desde las 7:30 hasta las 13:30. Otros recién abren sus puertas al público a las 9:30 y cierran a las 12:30. La diferencia no es menor: son tres horas menos de acceso para quienes tienen expedientes en esos juzgados.

El cuadro exhibe que los juzgados 4, 5 y 10 tienen horario de atención al público de 9:30 a 12:30, mientras que el resto —juzgados 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 y 11— atienden en el horario más amplio de 7:30 a 13:30, con la excepción del juzgado 6, que según el cartel tiene horario de 9:30 a 13:30. En total, dentro de un mismo fuero y en un mismo edificio, conviven al menos tres franjas horarias distintas.

Lo que dice la Corte

La situación adquiere otro matiz a la luz de una respuesta de la Dirección de Relaciones Institucionales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fechada el 6 de mayo de 2026, a un pedido de acceso a la información pública. En ese documento, la Corte recuerda que el artículo 6° del Reglamento para la Justicia Nacional establece que "el horario no podrá ser inferior a seis horas". La atención a abogados y justiciables es parte consustancial de esa función: si los tribunales deben funcionar al menos seis horas, deben también estar abiertos al público durante ese período.

Ese piso de seis horas es, de por sí, reducido. Los abogados litigantes suelen tener causas en múltiples juzgados y fueros, y deben distribuir sus presentaciones y consultas a lo largo de la mañana en distintos edificios. Cuando algunos juzgados reducen su ventana de atención a apenas tres horas —de 9:30 a 12:30—, la agenda se vuelve prácticamente inviable. La disparidad entre juzgados del mismo fuero agrava aún más el problema: no alcanza con conocer el horario general, hay que saber el de cada juzgado en particular.

Sin teléfono y sin horario uniforme

A la restricción horaria se suma otra dificultad concreta: a diferencia de lo que ocurre en otros fueros, los juzgados civiles y comerciales federales no atienden por teléfono. Eso significa que cualquier consulta sobre el estado de un expediente, una notificación o una diligencia requiere presencia física. Si el juzgado ya cerró su ventanilla o el profesional no pudo concurrir ese día, la gestión queda postergada sin alternativa.

El problema más profundo

La disparidad de horarios no es un dato aislado: refleja un problema estructural más amplio en la gestión judicial. En el fuero civil y comercial federal, como en muchos otros, la diferencia entre juzgados no se limita al horario de atención al público. La forma en que se gestionan los expedientes varía enormemente de un juzgado a otro: mientras algunos despachan escritos en dos o tres días, otros demoran tres o cuatro meses para dar la misma respuesta. Los tiempos de resolución, la comunicación con las partes y el uso de herramientas digitales también presentan diferencias notables, sin que exista una lógica clara que las justifique.

Lo paradójico es que no siempre los juzgados con más horas de atención al público son los que mejor gestionan sus causas. La extensión horaria no garantiza eficiencia, y la disparidad no regulada termina generando una justicia desigual: el resultado de un proceso puede estar condicionado, entre otros factores, por cuál fue el juzgado sorteado.

El detalle no es menor: el Consejo de la Magistratura de la Nación, organismo constitucional encargado de seleccionar, disciplinar y remover magistrados, funciona en el mismo edificio donde está colgado este cartel —Libertad 731—. Ninguno de sus integrantes ni de sus asesores parece haberse percatado de la irregularidad, o al menos no hay registro de que se haya actuado en consecuencia.

Desde organizaciones como ACIJ vienen señalando esta falta de uniformidad y de transparencia en el funcionamiento del Poder Judicial. La respuesta de la Corte al pedido de información ilustra la dificultad para obtener datos concretos sobre algo tan básico como cuándo y cómo atienden los juzgados.

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Las opiniones y puntos de vista de esta nota son responsabilidad de su autor y no necesariamente reflejan la posición de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.