El Programa Justicia Móvil es una iniciativa impulsada por el Poder Judicial de San Luis, en el que se trasladan las oficinas de atención a zonas vulnerables, barrios y localidades del interior donde no hay edificios judiciales cercanos. Se utilizan los establecimientos escolares de dichas comunidades, gracias a convenios celebrados con el Ministerio de Educación. Actualmente el programa es dirigido por el Ministro del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Eduardo Allende. Su coordinación operativa está a cargo de la Secretaría Administrativa del Superior Tribunal de Justicia con colaboración de la Justicia de Paz Lega, Oficina de Prensa y Comunicación Institucional, Escuela Judicial, Secretaría de Informática Judicial y Unidad de Protocolo y Ceremonial.

Justicia Móvil, cuya jornada inaugural se realizó en junio de 2024 en Nogolí, surge en un contexto de cambio de paradigma en el sistema de justicia que busca priorizar los derechos fundamentales y la proximidad con la sociedad, siguiendo los lineamientos de las Reglas de Brasilia. El programa fue creado mediante el Acuerdo Nº 104/24 del Superior Tribunal de Justicia y se proyecta bajo la Ley Orgánica de Administración de Justicia. Próximamente también se implementará la Unidad Permanente de Atención al Ciudadano, dispuesto por la Ley Orgánica de Administración de Justicia.

El objetivo principal del programa es reducir las barreras geográficas, económicas y administrativas que impiden un acceso real a la justicia. Aborda desafíos específicos como la falta de movilidad de los ciudadanos, las grandes distancias hacia las sedes judiciales, los costos y tiempos de traslado, y el desconocimiento de los servicios y trámites disponibles. A su vez, busca evitar que la ciudadanía deba trasladarse hasta la ciudad capital para recibir asesoramiento o realizar gestiones.

Es una respuesta necesaria para aquellas personas que, por sus condiciones sociales o geográficas, no pueden acceder de manera física o digital a un asesoramiento judicial oportuno.

Principales ejes de la práctica

La implementación de Justicia Móvil presenta las siguientes características:

• Periodicidad y jornada: Las visitas a los lugares lejanos a las sedes judiciales se realizan de manera periódica, cada 30 días aproximadamente. Las jornadas suelen durar 3 horas, inicialmente se dividían en dos sectores: uno para charlas informativas sobre problemáticas sociales (como bullying o violencia de género) y otro con stands de atención personalizada.
• Trámites y servicios: Se reciben denuncias penales (Ministerio Público Fiscal), se gestionan trámites de defensoría (alimentos, divorcios, filiaciones), se brinda información sobre mediación y se ofrece contención emocional o asesoría para personas con discapacidad o víctimas de violencia de género. Asimismo, también las personas pueden consultar sobre sus expedientes en trámite.
• Actores involucrados: Participa un equipo interdisciplinario que incluye a la Oficina de Prensa (coordinadora), Jueces de Paz Legos (logística local), Defensores Oficiales, Fiscales, Mediadores, Jueces de Familia, Penales, Laborales y Civiles, personal de Protocolo, Acompañantes Terapéuticos y el Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario integrado por psicólogos y trabajadores sociales, y agentes judiciales de las dependencias mencionadas.
• Recursos Tecnológicos y materiales: El Poder Judicial provee el traslado de computadoras, materiales de impresión, señalética y arbitra los medios para facilitar el traslado del equipo de trabajo. De manera voluntaria, los municipios de las localidades visitadas proveen de refrigerios y algún insumo que se necesite para realizar la jornada. Los espacios donde se realizan estas jornadas son los establecimientos educativos, lo que ha sido posible gracias a la firma de un convenio con el Ministerio de Educación. Asimismo, mediante el Ministerio de Tecnología, se provee buena conexión de Wi-Fi para el día de la jornada con la colaboración de Autopista de la Información de la Universidad de La Punta.

Impacto de la política

Hasta el momento, más de mil personas han sido beneficiadas directamente por el programa. Este grupo está integrado por quienes asistieron a las charlas y jornadas (un total de 995 personas entre 2024 y 2025), y quienes recibieron asesoramiento legal directo, lo que se traduce en 399 consultas específicas atendidas.
Durante su primer año de implementación (2024), el equipo visitó 7 localidades: Nogolí, San Gerónimo, Juan Llerena, La Punilla, Las Chacras, Arizona y Los Cajones. En 2025, el recorrido continuó en Candelaria, Fraga, San Pablo, San Martín, y Papagayos. Según los registros internos, las localidades de Nogolí y Los Cajones registraron la mayor asistencia con 150 personas cada una, seguidas por Arizona y San Gerónimo con más de 100 asistentes, respectivamente. Los temas más consultados fueron cuestiones de Familia (cuotas alimentarias, régimen de comunicación, divorcios, etc.), seguidos por derechos de propiedad (posesiones), denuncias y cobros de juicios.

Por su parte, las 399 consultas atendidas abordaron cuestiones de familia (137), posesiones (101), derechos de propiedad (86), denuncias (48) y cobros de juicios (27).

Justicia Móvil ha permitido avanzar hacia la eliminación de obstáculos geográficos y económicos, permitiendo el acceso a quienes no tienen recursos para trasladarse hasta las ciudades donde se encuentran las dependencias judiciales. A su vez, la iniciativa contribuye directamente al Estado de derecho al garantizar el ejercicio pleno de los derechos fundamentales a través de la proximidad con la sociedad. Esto no solo facilita el acceso físico, sino que genera confianza pública y transparencia institucional al mostrar una justicia más humana y presente.

El programa representa un cambio de paradigma en el sistema judicial, pasando de una actitud pasiva a una proactiva de atención al ciudadano. Institucionalmente, ha impulsado la creación de la Unidad Permanente de Atención al Ciudadano, que se implementará próximamente, y ha fomentado nuevas prácticas como el uso de lenguaje claro para que las decisiones sean comprensibles para todos. Además, ha generado un cambio en la motivación del personal judicial, quienes reciben un reconocimiento con puntaje por su labor en territorio, como mencionamos anteriormente.

Principales desafíos

Los principales desafíos han sido de carácter logístico y de coordinación: el traslado de personal, notebooks y cartelería hacia zonas rurales, y la necesidad de asegurar que los espacios cuenten con conectividad Wi-Fi y condiciones de accesibilidad e higiene adecuadas. Asimismo, fue un reto planificar la periodicidad (cada 30 días) de modo que no se afectara la prestación normal del servicio en las sedes centrales.

La experiencia subraya que el éxito depende de la escucha activa. Tras las primeras jornadas, los Jueces de Paz sugirieron cambios clave, como realizar actividades por la mañana o incluir charlas sobre estafas virtuales, alcoholismo y sucesiones, adaptando el contenido a las preocupaciones reales de cada comunidad. Se aprendió que la participación de los municipios locales es vital para la organización y convocatoria.

Elementos para replicar la práctica

Justicia Móvil se posiciona como una buena práctica con potencial de ser visibilizada y replicada en otros ámbitos del Poder Judicial como un modelo de gestión judicial eficiente. Su enfoque interdisciplinario, que une a jueces, fiscales, defensores, secretarios, integrantes de los cuerpos profesionales, mediadores y operadores judiciales en un solo operativo, sirve como hoja de ruta para otras cortes de justicia que buscan reducir la desigualdad territorial.
Para replicarla, los elementos que no pueden faltar son:

1. Equipo interdisciplinario: Presencia de jueces, defensores, fiscales, secretarios, integrantes de los Cuerpos profesionales, mediadores y operadores del servicio de justicia.
2. Alianzas estratégicas: Convenios con el Ministerio de Educación y Municipios para el uso de espacios públicos.
3. Comunicación institucional: Una oficina que coordine la logística y difunda/promocione los servicios en lenguaje accesible.
4. Flexibilidad territorial: Capacidad de adaptar los horarios y las temáticas según la demanda local, la que se determina a través del juez de paz de la zona, quien realiza un relevamiento previo de las problemáticas del lugar.

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Silvana Lucero Barzola: Magíster en Comunicación Institucional (UNSL). Licenciada en Comunicación Social (UNSL). Jefa de la Oficina de Prensa del Poder Judicial de San Luis desde 2017, como agente judicial desde 2004. Especialista en comunicación judicial, es integrante de JUSCOM y del Foro de Prensa de JUFEJUS.

Roberto Ángel Aníbal Quevedo: Licenciado en Periodismo (UNSL). Se desempeña en la Oficina de Prensa del Poder Judicial de San Luis, gestionando contenido audiovisual sobre actividades institucionales, cobertura de audiencias judiciales, realización de entrevistas, elaboración de contenidos vinculados al programa Justicia Móvil, Centros de Mediación, Secretaría Electoral provincial, capacitaciones del Superior Tribunal de Justicia, y actividades específicas de otras circunscripciones judiciales de la provincia.

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Las opiniones y puntos de vista de esta nota son responsabilidad de su autor y no necesariamente reflejan la posición de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.