El presupuesto de los Estados es el reflejo de sus prioridades y principales compromisos. Allí se expresa cómo, cuándo y cuántos los recursos piensa gastar. Entre estos gastos se encuentran aquellos referidos a funciones indelegables de nuestras instituciones públicas y que hacen al correcto funcionamiento de los tres Poderes públicos.

La asignación de recursos tiene impactos muy concretos en la vida de las personas y el ejercicio efectivo de sus derechos. La discusión sobre la relación entre derechos humanos y el diseño presupuestario de los Estados ha ocupado la centralidad de numerosos debates durante los últimos años. Incluso, es cada vez más frecuente que los órganos del sistema de justicia se encuentren requeridos de evaluar la adecuación de las decisiones sobre el presupuesto público a las normas locales e internacionales que imponen obligaciones en materia de derechos humanos.

Sin embargo, aún es poca la atención que ha tenido la asignación, distribución y ejecución de los presupuestos hacia el interior de los poderes judiciales, sobre todo teniendo en cuenta su especial relevancia para la garantía del derecho de acceso a la justicia.
En el marco de la séptima semana de presupuesto publicamos dos informes con el objetivo de analizar el presupuesto del Poder Judicial y Ministerio Público, así como los fondos destinados a garantizar el acceso a la justicia. También realizamos una conversación a través de Instagram con la especialista Andrea Castagnola. Podés acceder al video en este link.

En el informe “El Poder Judicial y el Ministerio Público en el presupuesto 2022” analizamos el presupuesto requerido por las instituciones de justicia y aquel efectivamente incorporado en el proyecto de ley elaborado por la Oficina Nacional de Presupuesto y presentado al Congreso en los términos de Ley de Administración Financiera (n° 24.156). Podés descargar el informe completo acá.

El informe examina los recursos que fueron efectivamente aprobados por el Congreso de la Nación, el distribuido por el Poder Ejecutivo al inicio del ejercicio, el asignado según variaciones posteriores y la cantidad de recursos efectivamente distribuida -a septiembre de 2021- para el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Incluimos a continuación algunos de los hallazgos del análisis:

• El presupuesto estimado para el Poder Judicial en el proyecto de 2022 es un 29% superior, en términos reales, al aprobado en la ley de 2021.

• Si bien el presupuesto estimado para los organismos del Ministerio Público también es mayor al de 2021 (en un 19,5% en promedio), se encuentra entre un 14 y 15% por debajo de los pisos de autarquía financiera de las leyes 27.148 y 27.149.

• En todos los años analizados, el presupuesto solicitado por las instituciones de justicia al Poder Ejecutivo fue menor al incorporado al proyecto de ley. También se observa una subestimación anual de recursos, que luego se ajusta durante la etapa de ejecución con la aprobación de nuevas partidas por el PEN.

Por otro lado, publicamos el informe “El presupuesto para el acceso a la justicia. Desafíos y lineamientos para su identificación”, en el que describimos algunas problemáticas vinculadas con la asignación, distribución y ejecución del presupuesto del acceso a la justicia en el Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Asimismo, formulamos algunos lineamientos y recomendaciones para generar procesos de mejoras en el diseño, ejecución, control y rendición de cuentas del gasto destinado a garantizar este derecho.

Las siguientes son algunas de las problemáticas que identificamos:

• Los presupuestos de las instituciones que cuentan entre sus funciones la de garantizar el derecho de acceso a la justicia no proporcionan información suficiente para determinar cuántos son los fondos asignados y ejecutados a ese fin.

• La escasa desagregación en los programas presupuestarios y la ausencia de metas físicas específicas que incluyan objetivos de acceso a la justicia impiden un adecuado control sobre las políticas y una verificación sobre la progresividad en la asignación de recursos a estas políticas.

• La falta de información y de rendición de cuentas sobre la utilización de fondos extrapresupuestarios para financiar las políticas de acceso a la justicia en el Ministerio de Justicia y DDHH impide conocer el modo en que se ejecutan estos recursos y evaluar su suficiencia y adecuación.

A partir de los problemas identificados, incluimos en el informe una serie de recomendaciones para generar procesos de mejoras en el diseño, ejecución, control y rendición de cuentas del gasto destinado a garantizar el derecho de acceso a la justicia.

Podés descargar el informe completo acá.