"La abogacía debe ser una élite ética controlada por todo el mundo"

por Irene Benito

Autor

Irene Benito

Publicado el

2021-10-12

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ÉticaTransparencia

Böhmer dijo que cambiaron los planes de estudio de derecho, pero no el profesorado


La entrevista en cinco definiciones

“El de las áreas de vacancia es un concepto genial porque cuando uno le decía a la gente que no estaba en la facultad de derecho, que la en la facultad de derecho no se enseña a leer a escribir, a hablar, a entrevistar clientes, a interrogar testigos o peritos, que no se enseña a persuadir y a litigar, que no se enseña a probar hechos, que no se enseña ética profesional o los códigos de ética que los abogados y abogadas juran cuando ingresan a la profesión, la pregunta que recibía es: ‘pero, entonces, ¿qué enseñan?’”.

“Esto de que haya facultades de derecho con 10.000 o 15.000 ingresantes que vienen directamente del secundario, que apenas saben leer y escribir, y que no pueden comprender textos, obliga a las instituciones a pasar, en el mejor de los casos, el primer año tratando de cerrar estos huecos y, en general, no lo consiguen”.

“Nosotros nos tenemos que presentar a la comunidad como gente confiable, pero, ¿qué hacemos con los no confiables? Bueno, alguien los tiene que echar, ¿por qué eso no sucede? Es algo que ocurre en la abogacía, pero también en la magistratura. Los jueces y las juezas se quejan de que hablan mal de ellos, pero no separan a las manzanas podridas, pese a que controlan los consejos de la magistratura”.

“La situación es horrible, pero a mí parece que logramos poner en la agenda temas que estaban afuera por casualidad, por suerte, y porque me acompañaron algunos decanos nuevos y decanas nuevas por primera vez profesionales, no abogados que están en el estudio o en la fiscalía o en la Corte, y van corriendo al decanato a las cinco de la tarde a ver qué pasa”.

“Los mejores abogados son captados por el Poder Judicial y colocados en esa especie de jaula de oro donde la gente va a morir con un sueldo increíble”.

A Martín Böhmer el paso por la función pública en la administración anterior le dejó un sabor dulce, aunque su tarea consistió en enfrentar una realidad muy amarga como las deficiencias estructurales de la enseñanza del derecho. Dice este académico, ex Director Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y Sociedad Civil y ex decano de las facultades de derecho de la Universidad de Palermo y San Andrés, entre muchos otros cargos relevantes.

En el Ministerio de Justicia tuvo la oportunidad de ayudar a reformar los planes de estudios de las facultades, pero esa remodelación quedó trunca en el momento en el que debía comenzar la revisión del profesorado. Según el criterio de Böhmer, hace falta más calidad y fiscalización. “La abogacía debería ser una élite ética controlada por todo el mundo”, propone.

-Durante el Gobierno anterior vos desempeñaste este cargo tan particular que te mandaba a velar por las relaciones entre la sociedad civil y la comunidad académica. ¿Qué sacaste en claro de esa experiencia?

-La verdad es que tuve mucha suerte. Por un lado, ingresé al Estado con una función soñada, que parecía hecha para todas mis obsesiones: la enseñanza del derecho; el rol de la profesión del derecho en la democracia constitucional; la relación entre Justicia y sociedad civil... Tuve mucha suerte, además, porque, increíblemente, antes de irse del poder, (la ex presidenta y hoy vicepresidenta) Cristina Fernández firmó un decreto que iniciaba por primera vez en la Argentina la evaluación y acreditación de carreras de Abogacía en la CONEAU (Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria). Las facultades de derecho, y en esto me incluyo, habíamos tratado de que eso no suceda por diferentes motivos, pero, finalmente, ese decreto se firmó y Mauricio Macri lo publicó, nunca sabré el porqué. Entonces se inició por primera vez todo el proceso de evaluación de acreditación y eso generó mucha ansiedad en las facultades de derecho, y en todos los decanos y decanas.

Yo me involucré en eso: tuve una ventana de oportunidad para ayudar a la academia a atravesar ese proceso, donde una parte importante de los contenidos mínimos eran las destrezas profesionales y la ética. Esas cuestiones estaban vacantes en viejos planes de estudio que lo único que hacían era enseñar los códigos tradicionales. Entonces lo que le propuse al equipo con el que trabajé fue financiar la creación de materiales para enseñar las áreas de vacancia. El de las áreas de vacancia es un concepto genial porque cuando uno le decía a la gente que no estaba en la facultad de derecho que no se enseña a leer; a escribir; a hablar; a entrevistar clientes; a interrogar testigos o peritos; que no se enseña a persuadir y a litigar; que no se enseña a probar hechos; que no se enseña ética profesional o los códigos de ética que los abogados y abogadas juran cuando ingresan a la profesión, la pregunta que recibía es: “pero, entonces, ¿qué enseñan?”. Por eso nos concentramos con la ayuda de colegas, de gente del Ministerio y del Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ) en hacer estos manuales: todo lo demás para mí era secundario. Y lo que sucedió y yo estoy muy contento con eso, fue que la facultad de derecho cambió los planes de estudio, no por mí, sino por la CONEAU, y la convicción de muchos decanos y decanas que creían que había que cambiar la forma de enseñar. Los planes cambiaron, pero la siguiente etapa que quedó trunca es la necesidad de que haya profesores y profesoras para esas materias, es decir, la formación de formadores y formadoras que hoy no hay. Este es un trabajo no para cuatro años ni para un solo mandato de un decano, sino que se trata de un trabajo enorme porque la formación jurídica argentina está muy mal comparada con la del resto de la región y del planeta.

-¿Por qué?

-En Latinoamérica tenemos una tradición y la Argentina la sigue de que la facultad de derecho es una facultad a la que uno ingresa apenas sale del secundario; dura cinco años y los egresados entran directamente a la profesión sin examen. Esta total desregulación de la profesión del derecho en la Argentina, donde no hay examen de ingreso a la facultad ni a la profesión; donde no resulta obligatorio para ejercer la abogacía y la magistratura rendir exámenes periódicos y tener una capacitación permanente, sucede en muy pocos lugares del mundo. En Brasil hay miles de facultades de derecho, pero sólo el 5% de los egresados entran en la profesión después de superar un examen sumamente exigente.

-¿A qué se dedica el resto de abogacía?

-Va al Estado o trabaja en otros asuntos. Con la excepción de Latinoamérica, en el resto del planeta conocido no hay carreras de derecho que duren menos de seis, siete u ocho años. En Estados Unidos hay que ir al “college”, a la universidad, cuatro años y, después, hacer tres años más en la escuela de derecho. A eso se suma que los litigantes deben rendir un examen ante el colegio de abogados, que se llama “bar”. Lo mismo pasa en Francia, Alemania y en casi todos lados. En Francia, para ser juez tenés que hacer 31 meses de curso después de superar un examen y de obtener una maestría. Esto de que haya facultades de derecho con 10.000 o 15.000 ingresantes que vienen directamente del secundario, que apenas saben leer y escribir, y que no pueden comprender textos, obliga a las instituciones a pasar, en el mejor de los casos, el primer año tratando de cerrar estos huecos y, en general, no lo consiguen. Estas deficiencias van arrastrándose hasta quinto año y es lo que hace que tengamos una de las tasas más altas de deserción del sistema universitario. Pero la gente que se recibe, ¿cómo lo hace? Sin profesores con dedicación exclusiva; sin oficinas para hacer consulta a los docentes; sin investigación... La Argentina perdió, y es otra cosa que intenté en mi paso por el Ministerio, las publicaciones científicas jurídicas. No hay ninguna revista argentina entre las 25 mejores no del mundo, sino de América Latina, cuando en otra época nosotros exportábamos conocimientos jurídicos. Está muy mal la enseñanza de derecho, aunque, obviamente, hay excepciones. Lo que pasa es que otra vez creemos que esto tiene que ser amateur: algo para que los abogados y abogadas, y jueces y juezas hagan en su tiempo libre de manera gratuita. En el Conicet casi no hay investigadores de derecho: somos el 2% del total. Entonces, queremos tener un Poder Judicial fuerte, consistente, que entienda los problemas de la Argentina, que ayude a mejorar el Estado de derecho, pero esto no está entre nuestras prioridades en función de las decisiones y los diseños institucionales que existen.

-En esa masividad o mediocridad que estás describiendo, ¿pensar la ética es como pensar una quimera?

-Hacés muy bien en vincularlo porque, efectivamente, hay pocas profesiones que se obligan a un código de ética y las profesiones de derecho lo hacen por un motivo muy particular, que es que el derecho se parece en ese sentido a la medicina o a la ingeniería: nosotros hacemos mal las cosas y la gente pierde sus derechos así como si los médicos se equivocan hay pérdidas de vida o salud, o si les pasa esto a los ingenieros, se les caen los puentes. Derecho no es filosofía, sociología o ciencias políticas con todo lo importante que son esas materias: en derecho vos le tocás el cuerpo a la gente. Hay un policía que te agarra y te lleva preso; hay un oficial que se mete en la cuenta del banco y te saca la plata o te saca los hijos... Entonces, nosotros tenemos que ser una élite ética controlada por todo el mundo. Y tenemos que ser los mejores de los mejores porque tomamos decisiones respecto de cuáles son los valores últimos de nuestro país; de qué dice la Constitución; de cómo vamos resolver nuestros conflictos; de cómo hacer para parar a una persona que daña a otra. Efectivamente tenemos que ser una élite: entonces, si hay gente que tiene muchas ganas de estudiar derecho, que lo haga, ahora que sean abogados y abogadas es otra cosa. Creo cada vez más que tenemos que hacer cosas que la tradición universitaria argentina no quiere, que es restringir el acceso; restringir el egreso; restringir el acceso a la matrícula, pero no restringir por restringir, sino para que ahí entren las y los mejores.

-¿Se puede empezar por elevar los estándares de evaluación y de control?

-Pensalo vos como una usuaria o consumidora de estos servicios. Vos vas a un estudio jurídico, y, como está prohibida la propaganda de abogados y abogadas, tendrías que ir a cualquiera para recibir el mismo servicio con los ojos cerrados. ¿Quién controla eso? Bueno, la facultad de derecho y los colegios de abogados. ¿Ah, sí? ¿Cuándo los controlan? ¿Les toman exámenes? ¿Los obligan a tener una formación jurídica continua? ¿Los echan de la matrícula cuando hacen barbaridades en la función o fuera de la función? Vemos abogados y abogadas como administradores públicos que mantienen su título sin importar lo que hagan con él. Nosotros nos tenemos que presentar a la comunidad como gente confiable, pero, ¿qué hacemos con los no confiables? Bueno, alguien los tiene que echar, ¿por qué eso no sucede? Es algo que ocurre en la abogacía, pero también en la magistratura. Los jueces y las juezas se quejan de que hablan mal de ellos, pero no separan a las manzanas podridas, pese a que controlan los consejos de la magistratura.

-No, lo que pasa es que las autoridades y profesionales pretenden ganar prestigio sin que haya heridos.

-Ah bueno, pero así no funciona el sistema. En la abogacía y la judicatura saben cuáles son los malos, los que destrozan sus prestigios, ¡échenlos! Lo mismo pasa en la facultad de derecho. ¿El titular no va a dar clase? Echalo. ¿El adjunto no da clase? Echalo. ¿Qué hacen los centros de estudiantes con los profesores que dan malas clases? ¿O que no van? Si los estudiantes son los dueños de la facultad, pueden echarlos si quieren. Nosotros los abogados y abogadas no podemos culpar a nadie del desastre que estamos haciendo en el país: somos los dueños de todas las instituciones.

-En tu recorrido por el país con estas ideas, ¿qué reacciones recogiste?

-La parte pesimista es que uno habla de estas cosas y recibe esa famosa mirada de colectivero que pone el colectivo en medio de la bocacalle. ¿Viste cuando se puso en rojo, pero el tipo pasó en verde pese que era obvio que no iba a entrar en la siguiente calle? Y vos lo ves al tipo ahí en medio de la bocacalle, bloqueando el tránsito con el colectivo, con la mirada hacia adelante sin hacerse cargo, ni pedir perdón ni disculpas, la nada, bueno, esa mirada recibía muchas veces. Todos sabemos que estamos haciendo las cosas mal, pero, a la hora de pensar en esto, la respuesta es: “¿qué querés que haga?”. Yo imagino que hay mucha gente que tiene familia; que ha comprado coches, ha comprado casas, vive una vida súper cómoda; gana muchísimo dinero y que debe tener miedo de mover las cosas. Estas situaciones de las que hablamos tienen nombre y apellido, no son entelequias: si hay una persona que llegó con todos los diplomas de las mejores universidades y quiere ser profesor, desplaza a otro que no los tiene. Sólo queda insistir: si uno insiste, la gota horada la roca. Yo ya venía diciendo estas cosas en el llano, y, después, pude hacerlo como política pública durante cuatro años en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Algo de esto entró. ¿Qué tomaron? Las cosas que creen que no van a dañar demasiado a la gente. No hubo grandes cambios de programas, pero sí algunas adaptaciones. Uno va horadando así y la piedra se quiebra en los lugares más raros. De repente el lenguaje claro se puso de moda. Es algo importante, pero ¿por qué se puso de moda? Y porque no le cuesta demasiado a nadie y es un tema lindo, parece bonito. Ahora bien, ¿agarraron únicamente el lenguaje claro de todo el proyecto político que tenemos por delante? Necesitamos ocho años de formación; que la profesión sea una élite ética; que haya 150 profesores “full time” más y revistas jurídicas de verdad... Lo que yo me digo es que al menos tomaron algo y que, si insistimos en que el lenguaje claro es parte de un proyecto político mayor que tiene que ver con la ética de la democracia constitucional, bueno, la cosa empieza a tener un poco más de color.

-¿Dentro de todo terminaste tu gestión con una mirada optimista?

-A mí me encantó lo que pude hacer. La situación es horrible, pero a mí parece que logramos poner en la agenda temas que estaban afuera por casualidad, por suerte, y porque me acompañaron algunos decanos nuevos y decanas nuevas por primera vez profesionales, no abogados que están en el estudio o en la fiscalía o en la Corte, y van corriendo al decanato a las cinco de la tarde a ver qué pasa. No, no, trabajé con gente que está todo el día en el decanato preocupada por la enseñanza de derecho en la Argentina y que me hace pensar que algo va a tener que pasar, aunque no sé si hay disposición para dejar los privilegios. Los mejores abogados son captados por el Poder Judicial y colocados en esa especie de jaula de oro donde la gente va a morir con un sueldo increíble. De este modo, los perdemos para la academia, para los consejos de la magistratura y los demás lugares importantes.

-Hay quienes dicen, a la vista del desastre, que las facultades de derecho deberían cerrarse por un tiempo.

-Cuando empiezo las clases de ética profesional les digo a mis alumnos y alumnas de cuarto año de la facultad: “bueno, en la primera clase ustedes me tienen que odiar”. Y empiezo a preguntar “¿Cuántos de ustedes trabajan?”. Y resulta que todos o casi todos levantan la mano. Yo les contesto: “bueno, entonces ustedes no son alumnos de derecho, ustedes son trabajadores que vienen a la facultad un rato al final de la jornada laboral y nosotros tampoco somos profesores derecho, no tenemos la oficina acá, la plata de nuestras familias no depende de este sueldo, nosotros trabajamos de otra cosa. Por lo tanto, si ustedes no son estudiantes de derecho y nosotros no somos profesores de derecho, esto no es una facultad de derecho, sino un lugar de encuentro”. Vos decís “tiene que cerrar”, pero no, lo que hay que hacer es convertirla en facultad de derecho.

#BIO
Abogado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) con un máster y un doctorado en Derecho de la Universidad de Yale. Fue Director Nacional de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en el período 2015-2019. Se desempeñó como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo y director fundador de su Clínica de Derecho de Interés Público. Ha sido investigador Principal del Centro para la Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y director fundador de su Área de Justicia. Fue vicepresidente y socio fundador de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), entre otras organizaciones. Actualmente enseña en la UBA, en la Universidad Nacional de Río Negro y en la New York University School of Law. Es consejero Honorario de ACIJ y miembro del Consejo Consultivo de Chequeado.com

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