Ante la falta de espacios que permitan una efectiva participación de la ciudadanía en el marco del proceso de designación de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, organizaciones de la sociedad civil realizaron una audiencia pública ciudadana en la Cámara de Diputados para expresar sus preocupaciones en torno a los candidatos.

El 22 de agosto, representantes de organizaciones de la sociedad civil especializadas en justicia y derechos humanos, de la academia y del periodismo expusieron sus posturas sobre las candidaturas. El evento también contó con la participación de las y los diputados Fernando Carbajal, Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Marcela Campagnoli, Esteban Paulón, Mónica Fein y Lionella Cattalini, e incluyó un espacio donde ciudadanos y ciudadanas tuvieron la oportunidad de manifestar su opinión.

La audiencia contó con tres paneles. El primero sobre igualdad de género en la composición de la Corte, en el que participaron Mariela Galeazzi (Amnistía Internacional), Laura Clérico (Programa Género y Derecho de la Universidad de Buenos Aires), María Eugenia Chapero (Red Mujeres para la Justicia) y la periodista Ingrid Beck.

La conversación se centró en uno de los aspectos más visibles de las candidaturas: la nula diversidad de género en la potencial composición de la Corte. La pluralidad de género en cargos públicos y en espacios de toma de decisión no es una opción, sino una obligación jurídicamente vinculante que surge de la Constitución y los tratados internacionales. El incumplimiento de una exigencia tan básica en el máximo tribunal constituye una señal negativa para avanzar en las transformaciones que resultan necesarias para alcanzar una justicia con verdadera perspectiva de género.

El segundo panel, conformado por Julián Alfie (INECIP), Celeste Fernandez (ACIJ), Karina Kalpschtrej (Poder Ciudadano) y los periodistas Diego Genoud y Candela Ini, se centró en los serios problemas que presenta la candidatura de Ariel Lijo, juez actualmente a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4.

Las y los expositores hicieron hincapié en que el candidato no cuenta con una trayectoria académica y profesional a la altura del cargo que se pretende cubrir, a los problemas en su desempeño en la investigación de causas penales, y en particular de las causas de corrupción, y a las fundadas sospechas que pesan sobre su independencia e integridad.

El último panel, integrado por Natalia Gherardi (ELA), Claudio Boada (Unión de Usuarios y Consumidores), Mariela Puga (CONICET-UNC) y la periodista Mariana Iglesias abordó la candidatura de Manuel García-Mansilla, académico y actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral.

La discusión se centró sobre posturas públicas de García Mansilla que podrían implicar retrocesos en materia de derechos humanos, con énfasis en sus visiones restrictivas en temas de género.

Finalmente, Fernando Carbajal anunció que los diputados y las diputadas exigirán a la Comisión de Acuerdos del Senado que realice una reunión informativa para que sus integrantes puedan escuchar los planteos que la sociedad civil expresó en esta Audiencia Pública Ciudadana.

La audiencia pública fue convocada por ACIJ, Amnistía Internacional, CELS, ELA, INECIP, Poder Ciudadano y Human Rights Watch, a fin de promover un debate técnico, informado y profundo sobre las personas propuestas para integrar la Corte. Además, adhirieron a la iniciativa Andhes, Asociación Pensamiento Penal, CAIP, Centro de Estudios para la Gobernanza, Directorio Legislativo, DPLF, Escuela de Fiscales, Farn, Fundación Sur Argentina, Fundeps, MEI, Nuestra Mendoza, Fundación Mujeres por Mujeres, Red Mujeres para la Justicia, Red El Ruido, Salta Transparente, Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, Red de Profesoras de la Facultad de Derecho de la UBA, Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y Centro para la implementación de Derechos Constitucionales. Desde nuestras organizaciones, solicitamos al Senado de la Nación que rechace ambas candidaturas en pos de asegurar una Corte idónea, independiente y comprometida con los derechos humanos.