Salta es una de las provincias argentinas que desde 2014 apostó por el traspaso de la persecución del narcomenudeo a la Justicia provincial. Los Tribunales locales carecen en la actualidad de un registro de datos específicos sobre la labor que realizan y numerosos funcionarios del fuero federal consideran incluso que los avances contra los pequeños comerciantes de estupefacientes atenta contra la investigación de las grandes organizaciones.

Desde el año 2014 la provincia de Salta se adentró en el camino de la desfederalización para intentar dar respuestas a las problemáticas generadas por el narcomenudeo. La Ley Nacional de Desfederalización -sancionada en 2005- estableció la posibilidad de que las jurisdicciones provinciales que adhieran a la norma asuman la competencia penal de delitos por estupefacientes considerados menores (tenencia simple y tenencia para consumo personal -artículo 14 de la ley 23.737-) y el comercio al menudeo (comercio fraccionado en dosis destinadas directamente al consumidor -artículo 5-). Mientras tanto, el tráfico ilícito que excede el menudeo, el contrabando de estupefacientes y los restantes delitos previstos en la Ley 23.737 se mantienen dentro del ámbito de la competencia federal. Más allá de lo establecido en la normativa para los administradores de justicia, la diferenciación entre narcotráfico y narcomenudeo sigue siendo un gris que se resuelve, mayoritariamente, desde la subjetividad personal de los agentes judiciales.

Los datos dicen que, desde 2019 a la actualidad, el trabajo de la Justicia provincial ha aumentado en relación a los delitos vinculados a la droga que tiene a su cargo. Ni siquiera las medidas de aislamiento adoptadas a raíz de la pandemia de coronavirus han permitido bajar significativamente las estadísticas. Cinco años después de la implementación de la desfederalización, la Unidad Coordinadora de Lucha contra las Drogas y el Narcotráfico de Salta informó que un total de 349 personas (187 pertenecientes al Distrito Judicial del Centro y 162 del interior) fueron privadas de su libertad por delitos de microtráfico de estupefacientes. Fuentes judiciales destacaron que, en 2019, 45 personas habían recibido una condena judicial por violar la Ley de Estupefacientes.

En una revisión más reciente, el Poder Judicial de Salta informó que en 2022 se concluyeron 663 causas por el delito de ‘tenencia de estupefacientes con motivos de comercialización’. Este año, hasta el 17 de mayo pasado, se contabilizaron un total de 228 causas.

A pesar de estas cifras, resulta importante señalar que en la provincia los datos relacionados a esta problemática son aislados porque se carece de una base integral y eso dificulta exponer la situación con mayor precisión.

¿Intereses contrapuestos?

En el distrito judicial del Centro -jurisdicción que agrupa a 12 de los 23 departamentos de la provincia- la entidad que se aboca al combate de la narcocriminalidad es la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (Ufinar) y aunque las cifras oficiales sobre su labor son escasas, el fiscal Santiago López Soto destaca el trabajo que se realiza sobre bocas de expendio y pequeños comercializadores de estupefacientes. Respecto de esto, López Soto señala que en la provincia podría periodizarse el trabajo de la desfederalización en dos etapas. “Del 2014 al 2017 hubo muchas detenciones y muchos procedimientos. A partir del 2017 se empezó a ser un poco más detallista. En algunas investigaciones se trató de ir un poquito más a lo que son las organizaciones que están detrás de todos estos vendedores que realizan la venta al menudeo con resultados muy interesantes porque logramos desarticular organizaciones con mucha logística para realizar este tipo de actividades desde adentro de las unidades carcelarias y desde afuera”, manifestó.

Para el funcionario provincial, los cuestionamientos sobre la desfederalización no se corresponden con la realidad porque no se interfieren las investigaciones y trabajos que lleva adelante el fuero federal. “Existe una labor mancomunada con la Justicia Federal. Nosotros lo que hacemos es compartir la información. Si nosotros estamos viendo que en el ámbito de nuestras competencias tenemos una pequeña organización que se abastece de una organización más grande, de un transportista o de más personas que pueden llegar a constituir una organización, compartimos la información. De hecho, actualmente el Código Procesal Federal permite la habilitación del trabajo conjunto entre el fiscal provincial y el fiscal federal. A través de una causa en la cual estamos trabajando podemos realizar un convenio en virtud de una causa”, enfatizó.

En relación a esto, los informes de gestión anual de la Procuraduría de Narcocrimanalidad (Procunar), que depende del Ministerio Público Fiscal Nacional, permiten tener una radiografía más precisa de la realidad que atraviesa esta jurisdicción del noroeste argentino en torno a la problemática. En el transcurso del año 2018, la Procunar intervino en 64 causas en la provincia de Salta (30% más que durante 2017), mientras que en 2019 esa cifra trepó a 78. En 2020 se iniciaron 131 investigaciones, entre investigaciones preliminares de oficio e investigaciones autónomas, con el objeto de perseguir a organizaciones que distribuyen o ingresan estupefacientes a la región NOA con la finalidad de transportarlos a grandes centros urbanos o exportarlos a otros países. En este tiempo, la regional del noroeste ha sido la dependencia que más audiencias ha tenido en la Unidad Fiscal Salta, aún en un contexto de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). Como consecuencia del trabajo conjunto se obtuvieron 18 condenas por casos de narcocriminalidad durante 2020.

En 2021 se iniciaron 112 investigaciones, entre investigaciones preliminares de oficio e investigaciones autónomas. Los casos tuvieron su origen en denuncias remitidas por el Ministerio de Seguridad de la Nación, informes de inteligencia criminal de las fuerzas de seguridad, denuncias recibidas en la Procunar por intercambio de información con la Ufinar; iniciándose la mayoría de ellos primeramente como investigaciones preliminares de oficio, continuando luego como investigaciones previas a la formalización al requerir una intervención jurisdiccional. En ese mismo sentido, se obtuvieron 25 condenas por casos de narcocriminalidad durante este año.

Finalmente, en 2022 se iniciaron 78 investigaciones. De este conjunto de investigaciones, 45 continúan en instancia de investigación previa a la formalización; otras 18 investigaciones se consideraron preparatorias y en 13 ya obtuvieron condena. En este año también se obtuvieron 25 condenas por casos de narcocriminalidad.

Ante este panorama, el fiscal federal Carlos Amat reconoce que el narcotráfico se origina a partir del microtráfico y, aunque destaca la importancia del trabajo conjunto entre Nación y provincia, expresa diferencias sobre la división de la ley de estupefacientes. “Yo creo que en algún tiempo se debería terminar la cuestión del narcomenudeo porque por ahí uno investiga y tiene una gran investigación cerrada, con muchos imputados, y sobre el final aparece el ‘dealer’ o vendedor que, por hacer el procedimiento rápido, por sacar un kilo de circulación, compromete una investigación federal”, destaca.

En consonancia con lo expresado, Amat remarca que la desfederalización puede contraponerse y debilitar la lucha contra el narcotráfico y subraya que en algunas oportunidades las intervenciones del fuero local pueden truncar las investigaciones sobre grandes organizaciones criminales que encaran en el fuero federal. Si se analiza la postura de Amat con los datos de los informes anuales de la Procunar pueden encontrarse relaciones respecto a una disminución en la cantidad de intervenciones federales, a excepción de 2020, a medida que avanzó la actividad provincial. Incluso, sobre este año que ha resultado bisagra por la aparición del coronavirus, Amat afirmó que en ese año la narcocriminalidad se especializó y promovió modificaciones en la manera de vincularse con sus clientes. “En el último año y medio hemos registrado el retorno de un tráfico hormiga porque se terminaron, por lo general, los grandes embarques. Personalmente, tengo la teoría de que se hace ese tipo de contrabando hormiga, se acopia en algún lugar y después se distribuye”, relató.

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Nahuel Gabriel Toledo elaboró esta investigación en el ámbito del programa de Periodismo Judicial. Investigar con Datos y en Red desarrollado por el Foro de Periodismo Argentino, y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia durante 2023.

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Las opiniones y puntos de vista de esta nota son responsabilidad de su autor/a y no necesariamente reflejan la posición de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.