Se creó un registro en 2011, pero los distintos gobiernos no pudieron darle volumen; al mismo tiempo la Corte maneja un listado reservado; la revisión del GAFI, en la mira.

Si los datos fueran confiables, se podría decir que Argentina recuperó en los últimos doce años 10.042 bienes por delitos de narcotráfico, crimen organizado y otros vinculados a la corrupción. Así se desprende del registro de bienes decomisados y/o secuestrados creado en 2011 dentro de la órbita del Ministerio de Justicia, y actualizado hasta diciembre de 2022. Sin embargo, ese listado se encuentra incompleto, con algunos bienes duplicados y varios detalles por sumar.

Las 665 máquinas que formaron parte de las empresas Austral Construcciones y Kank y Costilla del empresario kirchnerista Lázaro Báez -condenado por lavado de dinero- expone el funcionamiento de la recuperación de bienes de origen ilícito. La maquinaria fue entregada para hacer obra pública y luego subastada. Algo similar ocurrió con sus dos aeronaves, y con el yate del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, dado a la Prefectura.

A esos casos, se le suman otros. Inmuebles utilizados para la trata de personas, que después fueron destinados para asistir a las víctimas, o vehículos que integraron una extensa red de narcotráfico y a los que luego se les dio un fin específico. Hace poco la Justicia argentina recuperó incluso US$ 900 millones que un narco había escondido en un paraíso fiscal en la Isla de Man. Esos casos dan cuenta de una acción creciente en recuperación de activos. Sin embargo, hay un punto débil.

La información sobre las propiedades, los vehículos y el dinero recuperado del crimen organizado se encuentra fragmentado en distintas áreas del Estado. Y hasta con un situación legal que choca con el espíritu de la difusión pública: la Corte Suprema dictaminó en 2013 que los juzgados deben informarle solo a ella los bienes que se secuestren -medida provisoria durante la investigación- o que se decomisen, medida firme, en general después de una condena.

En ese marco, la situación del registro de bienes del Ministerio de Justicia quedó casi en un limbo. Tan solo una pincelada da cuenta de la precaria situación de las estadísticas públicas en este ámbito. En 2021 y 2022 solo se ingresaron 123 elementos al listado: 122 armas y una aeronave. Todos provinieron apenas de una veintena de juzgados, de los más de 260 que tiene el país.

Estos números quedan lejos del espíritu con el que se creó el registro en 2011, a través del decreto 826. Entonces se menciona que el país avanzaba con la medida para asumir “el compromiso internacional de avanzar en las acciones necesarias para lograr la identificación de bienes y el recupero de activos de origen ilícito”.

No solo eso. Allí se hace mención al motivo medular que derivaba en la creación del registro. Una recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2010 había expuesto que existían en Argentina dificultades para el rastreo de bienes debido “a la falta de una base de datos centralizada y unificada de bienes inmuebles y otros bienes importantes”.

Después de estar acéfalo desde 2019, el Registro recién tuvo un titular designado en abril de este año. El Gobierno nombró a Agustín Carrara, excoordinador de la comisión antilavado del Ministerio de Justicia.

“Lo que tiene el Estado son distintas bases en distintos organismos pero fragmentadas y lo que tenemos que apuntar es a poder unirlas para tener una seguridad lógica”, admitió Carrara ante la consulta de Justa.

La designación está en línea con un desafío por delante. Argentina tiene este año y el próximo otra revisión del GAFI. El organismo incluyó recientemente al fortalecimiento del recupero de activos como una de sus cuatro prioridades globales.

Entre otros puntos, el Estado argentino debe demostrar que es efectivo en el decomiso de los productos e instrumentos del delito. Operadores judiciales, funcionarios y organizaciones destacan que el país ha progresado considerablemente en el último tiempo en la recuperación de bienes. No obstante, permanece como una mancha la falta de datos claros globales.

“El registro había arrancado muy bien, pero los cambios de gestiones y los desacuerdos con el Poder Judicial hicieron que entre en un proceso de electrocardiograma: por momentos se informaba, y por momentos no. Eso no nos da un panorama real”. Así se expresó Lucas Manjon, representante en Argentina de la organización Libera, promotora en Italia de la recuperación de bienes de la mafia desde los años ‘90.

Proceso

A raíz de la revisión del GAFI, el Estado inició un proceso para corregir la falta de datos. La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte Suprema de Justicia (DAJuDeCO) -el organismo conocido por estar a cargo también de las escuchas- comenzó a centralizar información sobre los juzgados como parte del programa de coordinación contra el lavado de activos, en el que confluyen el Gobierno y distintos organismos de la Justicia.

La DAJuDeCO reunió información de una muestra de juzgados, según un documento al que tuvo acceso Justa. En primera instancia, indagó sobre montos y bienes decomisados entre 2017 y 2020. En ese sentido, sobre causas de delitos de lavado de activos: requirió información a 58 autoridades judiciales y obtuvo 43 respuestas. Sobre causas de delitos asociados al lavado de activos, solicitó datos a 49 autoridades judiciales y respondieron de 44. En la actualidad, avanza con el análisis del período 2021-2022. Brindaron respuesta 105 autoridades judiciales.

En paralelo, Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes de la Procuración da cuenta de un avance sobre la política de recuperación de activos. Se trata de un organismo de asistencia a los fiscales de todos el país que ha intervenido en 397 casos y que ha puesto su foco en investigaciones patrimoniales.

Según datos de este organismo, el trabajo conjunto con procuradurías y fiscales de todo el país permitió entre 2015 y 2022 inmovilizar bienes por más de 164 mil millones de pesos en la justicia federal, a través de distintas medidas cautelares.

Del total de casos en los que intervino la Dirección de Recupero de Activos, el 26% corresponde a expedientes relacionados al lavado de activos, seguido por aquellos vinculados a la trata de personas (20%), el narcotráfico (18%) y la corrupción (15%).

El Gobierno y organismos del Poder Judicial pusieron al recupero de activos como uno de los objetivos prioritarios en el marco de la “Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”, aprobada en 2022.

Sin embargo, la falta de datos claros no se condice con una óptima generación de políticas públicas. “No nos permite tomar las decisiones adecuadas de políticas criminales, por ejemplo, para saber dónde tenemos los mayores inconvenientes, en cuáles zonas se avanza y en cuáles no”, explicó a Justa la titular de la Dirección de Recupero de Activos del MPF, María del Carmen Chena.

Hacia delante, el titular del registro de bienes del Ministerio de Justicia identifica como desafío que una mayor cantidad de juzgados federales informen sobre sus medidas y, como paso complementario, lograr una adhesión de las provincias para nutrir con datos de sus oficinas judiciales.

Deudas y desafíos

La Corte Suprema destacó la importancia de avanzar en el recupero de activos como forma de tender hacia “una reparación” de la sociedad después de un ilícito cometido. No obstante, mantiene sin publicidad los datos sobre los bienes recuperados al crimen organizado. Justa consultó consultó al máximo tribunal, pero al cierre de artículo no obtuvo respuesta.

La Corte creó en 2015 la “Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Decomisados en causas penales de competencia de la Justicia Nacional y Federal”. Y expresó que los juzgados deberán elevarán “únicamente” a la Corte -en subrayado en el original- los bienes que sean alcanzados por medidas judiciales.

Más tarde, a través de la acordada 2/2018, el máximo tribunal dispuso que los datos de ese registro fueran públicos “resguardando la identidad de sus titulares y los detalles concretos de su identificación” y “en virtud de la política de gobierno abierto” que lleva. Sin embargo, esa intención no se materializó.

Martina Cirimele, miembro de la Comisión Directiva del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), remarcó a Justa que la corrección eventual de la información que pueda llegar a realizarse no implique solo “números aislados” y especificó que deben estar asociados a documentos que den cuenta de la relación con los “mercados y fenómenos criminales” y que sean útiles para adoptar políticas públicas.

En ese sentido, el país estimó una amenaza económica por delitos del crimen organizado equivalente a un monto anual superior a US$ 230 millones. En el caso del contrabando, lo calculó en torno a US$ 415 millones anuales y, respecto de la evasión, en US$ 33 millones. Así se desprende de las Evaluaciones Nacionales de Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo aprobadas en 2022 y publicadas parcialmente. La versión original quedó bajo reserva.

A la par de esta situación, el Estado sí tiene una política de recuperación de activos que es destacada en distintos sectores. Se trata de aquellos bienes productos del delito de trata y que, como parte de la investigación penal, pasan a formar parte de una fondo de asistencia a las víctimas, a quienes les otorga una reparación económica. En un año y medio de funcionamiento, se otorgaron 45 restituciones a personas por un total de $11.280.394 después de una sentencia.

La administración de los bienes

En 2021, dos aviones que había pertenecido a Lázaro Báez -un Learjet y un Rockwell Commander- se vendieron en una subasta por menos de US$30.000. Las aeronaves había sido secuestradas en 2017 y si se hubieran mantenido en condiciones, el precio podría haber superado el millón de dólares, según publicó el diario LA NACION. El problema fue el mal estado en que se encontraban.

Con el sistema actual, los jueces tienen que tomar decisiones sobre la administración de bienes. Sin embargo, no tienen formación ni capacitación específica para esa responsabilidad, como puede ser la siembra de un campo, el mantenimiento de un departamento o el manejo de una empresa.

“El Estado gasta muchos recursos, humanos y materiales para conservar bienes judicializados, pero en varios casos no lo hace bien. Se van desvalorizando por la cuestión del tiempo, y los vehículos se terminan destruyendo de manera completa, o incluso se terminan pagando impuestos para mantenerlos sin ningún beneficio”; analizó Majon de la organización Libera.

Majon es referente de un conjunto de entidades que promovió un proyecto para crear una política integral de recuperación de bienes que prevea su uso social, a través de un proceso abierto y participativo y mediante un listado público. Es decir, que asociaciones civiles puedan utilizar, por caso, inmuebles o vehículos para un fin social, pero bajo controles estrictos.

La iniciativa, denominada “Bien restituido”, tiene financiamiento de la Unión Europea, y promueve la creación de una agencia que administre los bienes decomisados o secuestrados a grupos criminales en la misma línea de las experiencias llevadas adelante por Italia, y por otros países de la región como Colombia y Costa Rica.

Detrás de “Bien restituido”, se encuentran las organizaciones Libera, Circolo Giuridico di Argentina; ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) y Fundación Multipolar. Las entidades presentaron el año pasado un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que reunió una veintena de firmas de legisladores de diferentes fuerzas políticas.

Si bien el Gobierno recibió durante 2022 a funcionarios italianos que respaldan el proyecto y que expusieron los alcances de la reutilización social de bienes que formaron parte de actividades ilícitas, el proyecto en la Argentina está frenado. La iniciativa se encuentra detenida en la Comisión de Justicia sin tratamiento y a fines de este año podría perder estado parlamentario.

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Las opiniones y puntos de vista de esta nota son responsabilidad de su autor/a y no necesariamente reflejan la posición de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.