Este informe realizado por ACIJ, en el marco de un proyecto financiado por la UNESCO y coordinado por la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, analiza las omisiones y falencias en la producción y publicación de información estadística sobre el funcionamiento del Poder Judicial, y propone recomendaciones para mejorar esta situación.

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La misión esencial del Poder Judicial recae en la responsabilidad que tiene de garantizar el acceso a la justicia y asegurar que los actos de gobierno sean públicos y transparentes. Así es como lo ha establecido la ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, que incluye al Poder Judicial como sujeto obligado a proporcionar información sobre su funcionamiento.

Las estadísticas judiciales permiten, entre muchas otras cosas, informar la toma de decisiones en el diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas; dar a conocer el modo en el que se gestionan los expedientes judiciales y los criterios que rigen el accionar de magistrados y magistradas; detectar problemas en relación con la prestación del servicio de justicia y conocer sus niveles de efectividad; optimizar los recursos y maximizar los resultados para asegurar razonabilidad en la gestión pública; identificar patrones de violaciones a los derechos humanos y déficits en el acceso a la justicia; disponer medidas para abordar las desigualdades estructurales que enfrentan ciertos grupos; y comprender las dinámicas de la conflictividad social.

Sin embargo, la situación en que se encuentra la información estadística publicada es insuficiente, desactualizada y no cumple con los estándares de transparencia necesarios. Esto es así porque el Poder Judicial no cuenta con un sistema unificado de producción y publicación de estadísticas judiciales que sean completas, actualizadas, útiles y accesibles.

En este informe, ACIJ realizó un diagnóstico de la información proactivamente publicada por el Consejo de la Magistratura, así como también de la información elaborada por los distintos tribunales nacionales y federales del país, mostrando las inconsistencias e instando el aprovechamiento de esta información en pos de un mejor sistema de justicia. A continuación, se exponen los principales puntos de abordajes del tema.

La Oficina de Estadísticas del Consejo de la Magistratura

La información estadística del Poder Judicial de la Nación está gestionada principalmente por la Oficina de Estadísticas del Consejo de la Magistratura. Aunque también es cierto que existe una coexistencia de sistemas, dado que la Corte Suprema de Justicia administra la información estadística que le compete a ella misma. Si bien esto puede generar algunas inconsistencias y dificultades para consolidar datos completos y comparables, las dimensiones de los universos informativos son distintas debido a encontrarse dividida la administración de ambos organismos.

En sus comienzos, a partir del año 2002, la Oficina de Estadísticas publicaba información del total de jurisdicciones judiciales nacionales y federales. A su vez, publicaba un resumen general anual, que reseñaba la cantidad total de expedientes tramitados en algunas de ellas. Sin embargo, a partir del año 2013, la Oficina dejó de publicar la información de todas las jurisdicciones, y con el tiempo fueron cada vez menos los datos disponibles, al punto de que para 2023 no se difundió ningún dato.

Además, la información disponible suele enfocarse exclusivamente en medir la cantidad de causas ingresadas y resueltas, sin ofrecer detalles sobre la naturaleza de los casos, su duración ni el perfil de las personas involucradas. Si bien estos datos pueden ser utilizados para medir parcialmente la eficiencia de los juzgados y tribunales, la producción y publicación de datos por parte del Poder Judicial debería ser mucho más robusta, de manera tal que permitiera comprender adecuadamente el modo en que se tramitan los expedientes y las problemáticas sociales llevadas ante los tribunales de justicia.

La información estadística producida y publicada por el Poder Judicial

Información publicada proactivamente

La información publicada por la Oficina de Estadísticas se limita a medir la productividad de los tribunales, indicando casi exclusivamente la cantidad de causas ingresadas, resueltas y en trámite. Sin embargo, esta información no es suficiente para evaluar el funcionamiento del sistema de justicia. No se publican datos sobre el tipo de procesos gestionados, los sujetos intervinientes o las problemáticas sociales llevadas ante los tribunales.

Además, la información publicada no siempre está desagregada por juzgado o tribunal, lo que impide conocer el desempeño de cada organismo judicial en particular. Por ejemplo, no es posible saber cuántos amparos ingresaron y se resolvieron en un juzgado específico, sino que solo se conoce el total de amparos tramitados en una determinada circunscripción judicial.

Información obtenida mediante solicitudes de acceso a la información

Para obtener un diagnóstico más completo, la ACIJ realizó pedidos de acceso a la información pública a todas las cámaras nacionales y federales. Las respuestas recibidas revelaron que, aunque algunos tribunales producen más información de la que se publica, esta no está estandarizada y —muchas veces— es distinta según la jurisdicción de que se trate, impidiendo cotejar los resultados entre unas y otras.

Si bien algunas jurisdicciones remitieron las planillas estandarizadas que elaboran bajo la directiva de la Oficina de Estadísticas del Consejo de la Magistratura, algunas otras cuentan con sistemas propios de registro de tales estadísticas y sólo una jurisdicción no respondió al pedido de información. Todo esto se detalla con mayor nivel de detalle en el informe.

Falencias en la producción y publicación de datos

Problemas en el diseño institucional

Uno de los principales problemas es la falta de una política clara y uniforme en materia de estadísticas judiciales. La Oficina de Estadísticas no ha logrado establecer criterios robustos para la producción y publicación de información, ni ha capacitado adecuadamente al personal encargado de registrar los datos en el sistema Lex 100.

Además, el actual modelo de gestión de la información estadística supone una sobrecarga innecesaria de tareas, ya que los datos deben ser elaborados, controlados y aprobados por múltiples funcionarios antes de ser remitidos a la Oficina de Estadísticas. Esto podría simplificarse si la Oficina tuviera acceso directo al sistema de gestión judicial de forma tal que le permita extraer por sí misma la información necesaria.

Problemas de suficiencia

La información producida por el Poder Judicial no es suficiente para comprender el verdadero funcionamiento de los tribunales. Los datos actuales sólo permiten medir la cantidad de expedientes ingresados y resueltos, pero no brindan ningún tipo de información sobre los sujetos intervinientes, las problemáticas sociales o la duración de los procesos.

Por ejemplo, no existe información acerca de cuántos amparos están relacionados con el acceso a la salud, el ambiente o la mora administrativa, y tampoco se sabe la cantidad de medidas cautelares solicitadas y concedidas, o las recusaciones y excusaciones de magistrados.

Problemas de comparabilidad

La producción y recolección de información dispar entre juzgados no permite realizar análisis comparativos entre distintos tribunales. El hecho de que algunos tribunales produzcan mayores cantidades de información es positivo en tanto permite entender qué sucede en ellos, pero no es del todo útil en la medida en que no se puede comparar con la información producida por otros. Los criterios o pautas técnicas destinados a homogeneizar el proceso de generación y difusión de datos judiciales son imprescindibles, ya que no sólo simplifican la elaboración y divulgación ordenada de la información, sino que también aseguran su calidad, autenticidad y credibilidad, factores cruciales para obtener estadísticas de relevancia.

Problemas de accesibilidad

Las barreras de accesibilidad refieren principalmente a las dificultades que tienen las personas para reutilizar la información existente en cabeza de los juzgados y Cámaras, así como para comprender su contenido. En tanto la información que recibimos frente a los pedidos de información no es idéntica a la publicada activamente en el sitio web, podemos distinguir problemas de accesibilidad en ambos órdenes.

En lo que respecta a la información que está activamente publicada en el sitio web, el problema de accesibilidad se contempla en los formatos en que se dispone la información para ser consultada y descargada, que —en su mayoría— se encuentra en formatos cerrados que impiden la reutilización de los datos.

En relación con la información a la que accedimos por transparencia pasiva, los datos de algunas jurisdicciones tal como se la mantienen registrados y sin ningún tipo de proceso de adaptación, erigen una barrera de acceso a la información para cualquier persona ajena a la jurisdicción de que se trate, en tanto se utilizan códigos que no se explican

Recomendaciones

Para mejorar esta situación, se proponen las siguientes recomendaciones:

1. Realizar un diagnóstico integral del sistema de información y del funcionamiento de la Oficina de Estadísticas para identificar los problemas y definir una política clara en materia de estadísticas judiciales.
2. Definir la información que se debe producir y publicar en todos los juzgados y tribunales, incluyendo datos sobre los sujetos intervinientes, las problemáticas sociales y la duración de los procesos.
3. Fortalecer el rol de la Oficina de Estadísticas como entidad rectora en la materia, garantizando su acceso a la información del sistema de gestión judicial y su autonomía para tomar decisiones sobre la gestión de la información.
4. Formar al personal con injerencia en los circuitos de producción y publicación de información para asegurar que los datos sean registrados de manera homogénea y precisa.
5. Implementar herramientas tecnológicas que permitan agilizar y optimizar los procesos de producción y publicación de información, como la utilización de sistemas de inteligencia artificial para la automatización de tareas.
6. Publicar proactivamente toda la información disponible, asegurando que no haya discrepancias entre la información producida y la publicada.

En conclusión, la mejora en la producción y publicación de estadísticas judiciales es esencial para garantizar la transparencia, la eficiencia y la equidad en el sistema de justicia. Solo con información completa y accesible será posible diseñar políticas públicas efectivas y monitorear el desempeño del Poder Judicial.