por Ezequiel Nino
Los programas de chimentos se nutren de la falta de protocolos de confidencialidad
El interés que existe en el periodismo de la farándula por brindar información de lo que ocurre en los tribunales pone en evidencia la ausencia de una política de comunicación uniforme por parte de la justicia y los manejos espurios que pueden producirse a partir de ese déficit. Los programas de chimento suelen tener acceso a información privilegiada, producto de un tráfico opaco entre periodistas y el personal de los tribunales. Al no existir reglas para la difusión oficial de novedades sobre los casos de trascendencia pública, la prensa busca hacerse con datos a través de distintas formas.
La difusión de las cuestiones íntimas que se ventilan durante este tipo de procesos no solo es grave por el perjuicio que le ocasiona a las partes sino también por el mensaje social que significa explicitar que la justicia no puede guardar confidencialidad en casos tan delicados y que todo lo que ocurra en las investigaciones va a ser obtenido y difundido por los medios de comunicación.
En este artículo vamos a poner de ejemplo tres casos, dos de ellos sucedidos el año pasado (los casos de los futbolistas Salvio y Villa, quienes fueron denunciados por violencia de género) y el otro el caso de Insaurralde y Sofia Clerici. El caso del futbolista Eduardo Salvio tramitó en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires; el de Sebastián Villa, ante la justicia provincial de Buenos Aires; y el de Insaurralde y Clerici en la justicia federal de La Plata.
En lo que sigue se transcriben una cantidad de filtraciones a la prensa de material muy sensible. Como se verá, no importa la jurisdicción, cuando hay interés mediático, los juzgados no resisten la tentación de ventilar cualquier tipo de documentación.
El jugador de Boca tuvo una pelea con su exesposa y ella lo denunció por lesiones que presuntamente le habría provocado en el marco de una discusión. Esto se filtró a la prensa a los pocos días de haber sido incorporado al expediente:
La investigación fue llevada por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de José Ernesto Sylvié, y fue archivada a fin del año pasado.
El jugador fue denunciado por su exnovia por haber abusado de ella luego de fuertes agresiones verbales que le propinó.
El caso tramita todavía ante el Juzgado de Garantías Nro. 2 de Lomas de Zamora a cargo de Javier Maffucci Moore.
En el marco de las investigaciones por lavado de dinero, luego de la información que salió a la luz sobre el viaje que hicieron a España, se realizó un allanamiento en la casa de Sofía Clerici en Nordelta. El mismo día del operativo judicial, salieron a la luz 15 fotografías del interior de la casa de la modelo sacadas por la Unidad Investigativa contra la Corrupción dependiente de la Policía Federal Argentina. Las fotos muestran cómo quedaron los baños, el vestidor, la cocina, el living, el dormitorio y el comedor luego de la revisión exhaustiva que hizo la policía. De hecho, se ve mucha ropa tirada, osos de peluche, perfumes, productos higiénicos y otros elementos que hacen a la intimidad de la persona.
No es poco habitual que alguien con acceso a los expedientes venda información a la prensa. Lo hemos escuchado varias veces. La dificultad del asunto reside en que, por el secreto de las fuentes periodísticas, no es posible saber cómo accedieron a esos detalles. Además, algunas de las filtraciones pudieron haber sido originadas en alguna de las partes por lo que tampoco puede suponerse que todas hayan provenido de los juzgados o comisarías. Sin embargo, hay indicios de que algunas noticias se filtraron desde la policía o los juzgados como, por ejemplo:
En cualquier caso, estos dos casos sirven como ilustración de un problema muy severo que tiene la justicia de nuestro país en causas donde se ventilan asuntos privados muy sensibles. Así como en casos de corrupción pregonamos la publicidad y transparencia, en casos de cuestiones íntimas y, particularmente aquellos en los que se investigan hechos de violencia de género, los tribunales y las dependencias policiales deben ser extremadamente estrictos con la difusión pública. Una alternativa posible sería que las partes se sometan a un deber de confidencialidad respecto de la información que recaban pues su exposición pública vulnera el derecho a la privacidad, y debería ordenarse alguna investigación en caso de que esta se vulnere.