Hemos visto durante estas semanas del proceso abierto de participación ciudadana que, como nunca antes, numerosos jueces presentaron apoyos para la candidatura de Ariel Lijo para convertirse en juez de la Corte Suprema. Así, por ejemplo, se difundió que la Cámara Federal en pleno adhirió a su candidatura, lo mismo que numerosos jueces de la Cámara de Casación Federal y de primera instancia de distintos fueros del país.

La periodista Paz Rodriguez Neil describió muy detalladamente la forma en la cual el propio candidato gestionó sus respaldos. Así, el juez envió notas estándar a través de su secretaria personal solicitando el respaldo a colegas y a superiores. Incluso, el propio Ricardo Lorenzetti gestionó otros apoyos a través de colaboradores. En la investigación se detectó que al final del proceso se produjo un llamado constante a los despachos judiciales mientras que colaboradores cercanos al juez iban actualizando la lista de apoyos como si se tratara del cierre de una campaña electoral.

El decreto 222/03, que creó el proceso de participación ciudadana para las postulaciones de jueces y juezas de la Corte Suprema, establece que podrán opinar sobre los candidatos, “ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales y las entidades académicas y de derechos humanos”. La interpretación que parece más acorde al espíritu de la norma, es que se refiere a la sociedad civil y no a representantes del Estado. Si hubiera buscado opiniones estatales lo hubiera enunciado expresamente y no se hubiera focalizado en actores cuyas características tienen que ver con la de ser usuarios, analistas o investigadores del sistema judicial.

Para mostrar situaciones bien ilustrativas, el término “ciudadanos en general” parece referirse a quienes se encuentran fuera del Estado y, en cambio, no -por ejemplo- a Horacio Rosatti, quien eventualmente compartiría cuerpo colegiado con Lijo, o al ciudadano Mariano Borinsky, a quien le revisará muchas de sus sentencias. Tampoco parecen ser los destinatarios de la norma ministros o ministras del Poder Ejecutivo, gobernadores provinciales o diputadas, quienes tienen participación en numerosas tomas de decisiones públicas.

Los procesos participativos representan una oportunidad para que la sociedad civil tenga la posibilidad de dar una opinión sobre determinada propuesta de forma de mejorar la calidad democrática. No han sido creados para escuchar las opiniones de integrantes del Estado pues para eso existe un mecanismo de división de poderes en el cual cada poder tiene su rol específico. Así, por ejemplo, no se espera que en las audiencias públicas sobre aumentos en los servicios públicos se puedan presentar empresas ligadas al sector energético que se beneficiará de los incrementos.

Que los propios jueces tengan la opción de avalar a un colega podría representar una oportunidad para realizar una defensa corporativa para que sea alguien de dentro del sistema judicial quien ocupe una posición jerárquica trascendental en lugar de alguien que provenga de otro sector. Este tipo de posiciones socava la confianza pública en la imparcialidad e independencia de este poder del Estado. Al postulante, por su parte, le representa una posibilidad de mostrarse fuertemente apoyado.

Pero más allá de esta interpretación jurídica, lo cierto es que los detalles que fueron filtrándose de la manera en que pidieron las adhesiones para la candidatura de Ariel Lijo ilustran la nocividad para el Poder Judicial de que ocurra una situación de este tipo. Por un lado, representa una presión indebida para quienes se enfrentan a un pedido de esta naturaleza por parte de un potencial juez de la Corte. Por el otro, deja en una posición de desventaja hacia futuro a quien, pese a la presión, se niega a firmar el aval pues, como juez del Alto Tribunal, Lijo tomaría decisiones relevantes sobre ese magistrado, lo cual demuestra que el pedido no es inocuo. Todo esto genera un clima de internismo que resulta completamente alejado de los ideales de un sistema judicial en el que deben primar las relaciones ajenas a conflictos de intereses entre sus integrantes.

La justicia, a diferencia de los poderes legislativo y ejecutivo, es un ámbito en el cual los mandatos son a perpetuidad mientras dure la buena conducta de los magistrados (incluso, como el sistema de investigación contra jueces en el Consejo de la Magistratura está desactivado estarán allí hasta que se retiren). Por ese motivo, por los privilegios que tienen quienes integran el sistema judicial y por la relevancia que tiene su función, debiera ser un ámbito muy resguardado para que cada magistrado pueda tener la tranquilidad de trabajar de manera resguardada, alejada de cualquier presión y con total independencia de actores externos pero también internos. La iniciativa de Lijo de mandar modelos de adhesión a buena parte de sus colegas y requerirles su firma va en sentido totalmente contrario y es otra razón para demostrar que no merece ser magistrado del Alto Tribunal.