Hay más de 700 vacantes de magistrados sin cubrir en la provincia de Buenos Aires a julio de 2023. La campaña y la falta de acuerdos políticos trabaron las coberturas de cargos. Mientras tanto, un fallo de primera instancia puede demorar más de cinco años.

Un total de 702 cargos vacantes de magistrados repartidos en todos los fueros hay actualmente en la Justicia de la provincia de Buenos Aires, según datos oficiales del Consejo de la Magistratura (CdeM) a julio de 2023. De estas sillas vacías, 314 corresponden a jueces, según registros oficiales informados por la Suprema Corte de Justicia bonaerense (SCBA), aunque su titular, Sergio Torres, reveló que son “592 y contando” en junio y durante una exposición en la ciudad de Mar del Plata.

Con 2.180 cargos totales, el Poder Judicial bonaerense es el segundo más grande de América del Sur. Sólo se ve superado por el del poderoso y populoso estado de San Pablo (Brasil), según estimaron en el CdeM. La cobertura del 81% de las vacantes, 572, está en trámite en aquella institución. El CdeM es el organismo que realiza los concursos públicos con los postulantes que se anotan para cubrir las unidades desiertas. Del resto de los despachos acéfalos, 80 están en el Poder Ejecutivo y 50, en el Senado bonaerense, según datos del 23 de mayo de 2023.

La mayoría de los nombramientos permanecen bloqueados. El motivo: poca actividad en el Senado bonaerense por la campaña electoral, y una compleja e interminable negociación política (coloquialmente conocida como “rosca”) para el nombramiento de jueces, fiscales y defensores oficiales.

El grueso de los lugares vacíos -572, como se dijo- estaban en trámite en el Consejo. La mayor cantidad corresponde a vacantes de cargos de jueces -58%-. Le siguen los de fiscales -23,4%-, los de defensores oficiales -15,3%- y los de asesores de incapaces -2,2 %-.

Los juzgados vacantes concursados en el Consejo son 336. La mayor parte corresponde a unos de los temas más importantes para la sociedad: la inseguridad. Carecen de titulares 132 cargos penales para distintas instancias, como juzgados de garantías del joven, juzgados correccionales, tribunales correccionales, juzgados de responsabilidad penal juvenil y juzgados de ejecución. Al mismo fuero pertenece la mayoría de las fiscalías vacantes.

Otra cantidad importante de vacantes corresponde al fuero laboral: son 122 que tramitan en el Consejo (juzgados de primera instancia y vocalías de cámara). Y existen 41 vacantes entre la primera y la segunda instancia de lo civil y comercial.

El problema de las vacancias afecta también a la cima del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires ya que la Suprema Corte exhibe tres acefalías. La Ley Orgánica del Poder Judicial (5.827) establece en el artículo 27 que ese tribunal “se compondrá de siete (7) miembros”. En la actualidad hay cuatro. La cobertura de esos cargos requieren la propuesta directa de candidatos de parte del gobernador de la provincia y que el Senado preste acuerdo a la designación.

Un lustro en promedio

De las 314 plazas sin jueces, 32 pertenecen al Departamento Judicial de La Plata, uno de los más importantes de la provincia, y donde se asientan las sedes de la Suprema Corte, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Consejo de la Magistratura. Todos estos organismos intervienen en el proceso de selección y de nombramiento de magistrados. En un podio imaginario, al Departamento Judicial de La Plata le siguen los de Lomas de Zamora y San Martín, ambos del conurbano bonaerense.

El déficit de magistrados y magistradas no impide que el servicio de justicia sea prestado, pero es una de las causas del retraso crónico en la resolución de causas en todos los fueros. A modo de ejemplo, en promedio un proceso laboral puede tardar más de cinco años en llegar a la sentencia de primera instancia y al menos otros dos en el supuesto de apelación ante la Suprema Corte bonaerense, según datos de la Mesa de Entradas Virtual de aquella institución. En miles de causas esos tiempos son más largos, situación que se vio potenciada por la paralización del servicio de justicia durante el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) causado por la pandemia del covid-19.

La falta de cobertura de vacantes genera una sobrecarga de trabajo tanto para empleados como para magistrados. El solo nombramiento de funcionarios no es la solución final para el deficitario servicio de justicia, pero, para revertir la imagen negativa que tiene la sociedad del Poder Judicial, es necesario que haya tomadores de decisiones. Un estudio reciente de la Consultora de Imagen y Gestión Política (CIGP), publicada en el diario El Cronista, revela que apenas el 12,38% de los encuestados confía en la Justicia.

Los ministerios no responden

Los únicos datos oficiales disponibles sobre el Ministerio Público (tanto Fiscal como de la Defensa) son los ya mencionados. Para la realización de este trabajo se consultó al área de Comunicación, pero aquella dilató la respuesta con argumentos como que la relatora asignada (a la cuestión de las vacancias) “estaba enferma”. En las actas oficiales del CdeM consta que al 4 de abril de 2023 hay, al menos, 114 vacantes a cubrir en todo el territorio provincial.

“Vacantes que atormentan”

El 15 de junio de 2023 se desarrolló en la ciudad de Mar del Plata el “Congreso de la Magistratura y la Función Judicial”. La apertura estuvo a cargo del titular de la Corte bonaerense, el exjuez federal Torres, quien trazó un panorama dramático en relación con la cantidad de cargos vacantes de jueces. “Nosotros tenemos actualmente 592 vacantes en la provincia. Y contando”, informó. Además, diagnosticó: “cuando nosotros tenemos una vacante se resiente el servicio de justicia, lo reemplazamos con subrogantes, con suplentes, nos cubrimos, pero todos sabemos que eso es insuficiente”. Torres reclamó “a las autoridades constitucionales competentes (Poder Ejecutivo y Poder Legislativo) la urgente e inmediata cobertura de todas las vacantes disponibles en la provincia de Buenos Aires”.

En otro pasaje de su discurso quitó lastre a la responsabilidad de CdeM, organismo que él mismo preside, al confirmar: “este año se elevaron 41 ternas para cubrir 65 cargos. Y esas vacantes son de exámenes que se tomaron entre junio, agosto y septiembre (de 2022), es decir, el Consejo el Consejo de la Magistratura está trabajando fuertemente para dar una respuesta a esas vacantes que tanto nos atormentan”.

Cifras distintas y parciales

La disparidad de cifras relativas a las vacancias existentes en la Corte y el Consejo de la Magistratura, y el silencio de la Procuración General bonaerense indican que falta comunicación interna y externa entre los organismos involucrados en la administración del servicio de Justicia. Esta dificultad torna más compleja la toma de decisiones adecuadas para la resolución de problemas y confunde a la ciudadanía.

Línea de tiempo

Distintos magistrados consultados coincidieron en señalar que “siempre” se trabajó con un déficit de vacantes, pero que la situación se agravó “en los últimos diez años” que involucra a tres gestiones de gobierno: Daniel Scioli, María Eugenia Vidal y Axel Kicillof. En conversaciones reservadas, la magistratura suele apuntar contra la “politización” de la Justicia, que se traduce en negociaciones “interminables” en el Consejo de la Magistratura y en la Cámara de Senadores, donde está el último filtro. Además, alegan insuficiencia presupuestaria.

El mecanismo

El nombramiento de magistrados (jueces, fiscales, defensores y asesores de incapaces) consiste en diversas etapas de engorroso seguimiento, dada la cantidad de organismos y pasos burocráticos actualmente exigidos para las designaciones.

Las vacancias se generan por dos vías: por la renuncia, expulsión, jubilación o fallecimiento de magistrados, o por la creación de nuevas plazas avaladas por la Legislatura bonaerense. Por ejemplo, en una resolución del 15 de junio de 2023, la Corte requirió a los poderes Ejecutivo y Legislativo la creación de 44 juzgados, tribunales y salas para ampliar la planta de Tribunales de la provincia.

Una vez corroborada la necesidad de cobertura, es el Consejo de la Magistratura quien debe llamar a concurso y definir la fecha de evaluación. Los aspirantes deben sortear una prueba escrita y, en caso de desaprobar, pueden pedir la revisión del examen. Una vez finalizada la etapa evaluatoria, se confecciona la lista de aprobados, a los que se les toma una entrevista personal. Luego se envían los integrantes o preseleccionados al Ejecutivo provincial, quien debe escoger dentro de una terna.

El último paso ocurre en el Senado bonaerense, que da el visto bueno final a la designación. Esta es la parte formal de la historia, pero hay un secreto a voces: el peso de los padrinos políticos. En este tópico entra a tallar el poder de lobby de legisladores, intendentes, colegios de la Magistratura y de la abogacía. También las universidades nacionales con sede en la provincia hacen fuerza por alguno de sus "candidatos o candidatas".

En este juego sensible de lucha de poderes nadie alza la voz porque se trata de acuerdos teñidos de política que nadie quiere reconocer y, en algunos casos, se nombran ”outsiders” de la maquinaria de poder para cuidar las formas. Ser y parecer, uno de los apotegmas de la "familia judicial".

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Fuentes consultadas

Para la realización de esta investigación se enviaron solicitudes de acceso a la información pública al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, donde respondieron que no contaban con la información solicitada. También fueron consultadas las áreas de Comunicación de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires y de la Procuración General. Solo la primera aportó parcialmente los datos solicitados.

Otra de las áreas consultadas por canales oficiales fue el Consejo de la Magistratura. Se comprometieron a brindar información, pero no la brindaron hasta finales de julio de 2023.

Por último se enviaron correos electrónicos a los senadores provinciales que integran la comisión de Acuerdos Constitucionales. Solo una legisladora de la oposición respondió y reveló que la información solicitada (listado de ternas enviadas desde el Ejecutivo) estaba en poder de la presidencia de la comisión y que (al momento de la consulta) ningún integrante de la comisión contaba con esos datos.

Extraoficialmente trascendió que en los primeros días del mes de junio el Ejecutivo bonaerense envió al Senado provincial 11 pliegos de magistrados para su tratamiento. En paralelo, también existen contactos entre las bancadas para descongelar más de 46 pliegos judiciales que aguardan una decisión desde 2022, de los cuales unos cinco tienen despacho favorable y en otros 41 se concretaron las entrevistas, pero no obtuvieron dictamen. Este trabajo se realizó en los días previos al cierre de las listas y del inicio de la campaña electoral 2023, lo que generó complicaciones adicionales para acceder a la información del Senado de la provincia de Buenos Aires.

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Martín Soler elaboró esta investigación en el ámbito del programa de Periodismo Judicial. Investigar con Datos y en Red desarrollado por el Foro de Periodismo Argentino, y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia durante 2023.

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Las opiniones y puntos de vista de esta nota son responsabilidad de su autor/a y no necesariamente reflejan la posición de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.