La digitalización de los expedientes judiciales ha sido presentada en los últimos años como un avance ineludible en términos de modernización, eficiencia y transparencia. Sin embargo, su impacto en la práctica cotidiana del litigio muestra un costado inquietante: la creciente despersonalización de la Justicia.

Quienes litigan hoy rara vez saben quién redacta o impulsa los proveídos. Los escritos se cargan en sistemas electrónicos y los movimientos procesales ocurren como por arte de magia, sin que sea posible identificar a la persona detrás de cada decisión de trámite. Los empleados judiciales que “mueven” los expedientes suelen desconocer a las partes y a sus abogados, y los abogados, a su vez, nunca saben con quién interactúan. Se pierde así el contacto humano que permitía dimensionar distintos aspectos del expediente.

La actividad presencial es casi inexistente. Las audiencias se celebran por Zoom, en encuentros en los que la virtualidad refuerza la distancia. La posibilidad de un intercambio real, con matices y lenguaje corporal, se diluye en la pantalla. La palabra viva, fundamento del debate judicial, es sustituida por la escritura digital y la comunicación fragmentada.

Los jueces, por su parte, ya no firman de manera ológrafa: lo hacen digitalmente. En este escenario, resulta imposible para quienes litigan saber si alguna vez revisaron el expediente o si simplemente delegaron sus contraseñas en los empleados para que estos rubricaran resoluciones en su nombre. Anteriormente, el momento de la firma física era una oportunidad para que los magistrados revisen el expediente, muchas veces por primera vez.

La Justicia, al igual que la medicina, requiere necesariamente un grado de personalización. Así como ningún paciente aceptaría ser tratado por un sistema automático en el que desconoce quién lo examina o prescribe el tratamiento, tampoco resulta aceptable que quienes litigan ignoren quién lee, valora y decide sobre sus planteos. La función jurisdiccional, por definición, implica escuchar, ponderar, comprender matices y, en definitiva, ejercer un juicio humano. Cuando ese vínculo se diluye en un expediente digital anónimo, se pierde no solo cercanía sino también legitimidad, porque la decisión judicial deja de percibirse como el resultado de un ejercicio personal y responsable de autoridad.

A este cuadro se suma otro dato preocupante: los tribunales se han convertido en zonas desiertas, a las que nadie desea concurrir. Incluso empleados y jueces hacen el mayor esfuerzo por evitar la presencialidad. Pese a que la Corte Suprema ha señalado en dos oportunidades que corresponde retomar la asistencia plena —en la Acordada 24/21 y en una respuesta al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal—, es sabido que muchos tribunales funcionan con esquemas de turnos. Cualquiera que conozca a alguien que trabaja en tribunales sabe que, en la mayoría de los casos, empleados y sobre todo jueces no concurren todos los días.

Esto no implica, por supuesto, desconocer las ventajas que trajo la digitalización en términos de celeridad y acceso remoto. Pero sí revela la necesidad urgente de reformar los códigos procesales para garantizar que, junto con los expedientes electrónicos, exista una etapa oral sustantiva, en la que las partes puedan conocerse, exponer sus posiciones en forma directa, explorar posibles acercamientos y donde los jueces y funcionarios tomen contacto real con los planteos.

Solo a través de una oralidad fortalecida, que no se reduzca a audiencias esporádicas por Zoom sino que forme parte estructural del proceso, la Justicia podrá evitar convertirse en un trámite anónimo y recuperar su esencia: ser un espacio de deliberación pública, con rostros, voces y responsabilidades claras.

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Las opiniones y puntos de vista de esta nota son responsabilidad de su autor y no necesariamente reflejan la posición de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.